AC4993-2021 (2021-03246-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4993-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03246-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta de Familia de Bogot\u00e1 y Quinto de Familia de Bucaramanga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, Isabella Castellanos Azuero, mayor de edad, present\u00f3 demanda ejecutiva contra su progenitor, Ramiro Castellanos Mart\u00ednez, para obtener el pago de los alimentos acordados en la audiencia celebrada el 23 de febrero de 1999 en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que curs\u00f3 en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga con el radicado n\u00b01998-809. La accionante justific\u00f3 la elecci\u00f3n de esa sede, entre otras circunstancias, por \u00abel domicilio del deudor y la naturaleza del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad rechaz\u00f3 el libelo con fundamento en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso y lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo de Bucaramanga, porque fue \u00aball\u00ed donde se fij\u00f3 la cuota alimentaria\u00bb (25 junio 2021). <\/p>\n
3. El receptor se rehus\u00f3 a acogerlo con fundamento en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues aunque esa sede \u00abfij\u00f3 cuota de alimentos en diligencia de conciliaci\u00f3n del 23 de febrero de 1999\u00bb, actualmente la alimentaria es \u00abmayor de edad\u00bb y el alimentante \u00abreside en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirla (Providencia notificada por estado de 25 agosto 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le ata\u00f1e a la Corte dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso es claro al consagrar que en los procesos contenciosos la competencia por el factor territorial recae en el juez del domicilio del demandado, a menos que exista \u00abdisposici\u00f3n legal en contrario\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 397 de la misma codificaci\u00f3n fija las reglas que imperan en los juicios de alimentos y en lo relevante advierte que el cobro de los \u00abalimentos provisionales\u00bb fijados por el juez \u00abse adelantar\u00e1 en el mismo expediente\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba) y asimismo que si el demandado no paga los ordenados en la \u00absentencia\u00bb en el curso de los diez d\u00edas siguientes a su ejecutoria, \u00abel demandante podr\u00e1 ejecutar la sentencia en la forma establecida en el art\u00edculo 306\u00bb (n\u00fam. 4\u00ba). <\/p>\n
A su turno, el precitado art\u00edculo 306 ib\u00eddem establece que: <\/p>\n
\u00abCuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (\u2026) <\/p>\n
Lo previsto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobadas en el mismo (\u2026). <\/p>\n
Sobre el entendimiento de esta \u00faltima norma, la Sala ha destacado que la misma consagra un factor de asignaci\u00f3n de competencia, de car\u00e1cter prevalente, <\/p>\n
(\u2026) Su raz\u00f3n de ser se sustenta en el principio de econom\u00eda procesal y sus m\u00e1s connotadas manifestaciones las constituyen las acumulaciones de pretensiones, de demandas y de procesos, as\u00ed como algunos tr\u00e1mites en particular. Tal acontece, verbi gratia, con el inciso primero del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General de Proceso, seg\u00fan el cual \u201c[c]uando la sentencia condene al pago de una suma de dinero (\u2026) o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n (\u2026) ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (\u2026)\u201d. En esas condiciones, funge como factor determinante, prevalente y excluyente el de atracci\u00f3n o de conexi\u00f3n, por virtud de una disposici\u00f3n especial que repele la aplicaci\u00f3n de las reglas generales (Subrayas ajenas al texto original – CSJ AC270-2019. Reiterada en AC3015-2019). <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, se ha clarificado que, <\/p>\n
(\u2026) trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos de alimentos, la ley establece pautas especiales que permiten asignar el tr\u00e1mite de una controversia a determinado juzgador. <\/p>\n
As\u00ed, cuando se reclama el pago de la prestaci\u00f3n alimentaria cuyo destinatario es un menor, [acorde con] el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), se deduce que la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial (\u2026), est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria. <\/p>\n
Contrario sensu, el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 la alternativa cuando el alimentario demandante es mayor de edad, pues en tal evento debe observarse lo [all\u00ed] normado (\u2026) <\/p>\n
De la disposici\u00f3n que se acaba de trascribir, resalta la Corte que el legislador orden\u00f3 con apego al principio de econom\u00eda procesal, que en los eventos taxativamente se\u00f1alados en esa norma se debe iniciar la ejecuci\u00f3n con base en una sentencia de condena ante el sentenciador que conoci\u00f3 del proceso y dentro del mismo expediente en que se profiri\u00f3 aquella providencia, sin que se pueda someter el asunto a las reglas generales de la competencia. <\/p>\n
El referido precepto asign\u00f3 a dicho funcionario una competencia privativa y exclusiva, dado que s\u00f3lo el juez de conocimiento puede tramitar la ejecuci\u00f3n a continuaci\u00f3n, excluyendo en forma absoluta a todos los dem\u00e1s. Dicha competencia tampoco puede ampliarse ni hacerse extensiva, mediante una interpretaci\u00f3n anal\u00f3gica, a otros casos que no se encuentren expresamente contemplados en la norma en comento. <\/p>\n
As\u00ed pues, es el art\u00edculo 306 y no el canon 28, la pauta legal que determina la competencia para conocer de los procesos ejecutivos que se siguen a continuaci\u00f3n de los declarativos o de liquidaci\u00f3n, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala. (Subrayas ajenas al original – CSJ AC2312-2019 Cfr. AC3015-2019, AC2878-2019, AC570-2019, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que no solo la ejecuci\u00f3n de la sentencia proferida en causas alimentarias, sino tambi\u00e9n de las obligaciones reconocidas en conciliaciones judiciales o transacciones aprobadas en el curso de esos procesos deber\u00e1n adelantarse ante el funcionario que ha conocido previamente de la controversia sin mirar los dem\u00e1s aspectos como el territorial, puesto que la asignada por el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso es una especie de \u00abcompetencia\u00bb por el foro de \u00abconexidad\u00bb o \u00abatracci\u00f3n\u00bb que desplaza a los restantes, salvo en los pleitos que involucran menores, como en otras oportunidades lo ha ense\u00f1ado la Sala. <\/p>\n
3. Con ese panorama, se evidencia el desatino en que incurri\u00f3 la juzgadora de Bucaramanga al separarse del pleito con fundamento en la pauta general de competencia que consagra el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y un precedente de la Sala relacionado con la ejecuci\u00f3n de prestaciones alimentarias derivadas de una \u00abtransacci\u00f3n extrajudicial\u00bb que no guarda relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que aqu\u00ed se presenta (AC1738-2020), pues pas\u00f3 por alto el fuero de \u00abatracci\u00f3n\u00bb o \u00abconexidad\u00bb previsto en el canon 306 ibidem que le resultaba perentorio, ello si se tiene en cuenta que las pretensiones de la ejecutante mayor de edad se originan en una \u00abconciliaci\u00f3n judicial\u00bb aprobada por ese mismo estrado en el juicio de \u00abfijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb que all\u00ed se adelant\u00f3 contra Ramiro Castellanos Mart\u00ednez (Exp. 1998-00809-00). <\/p>\n
4. En estas condiciones, se justifica el retorno de las diligencias a la sede judicial de la capital de Santander, para que le imparta el curso pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga es el competente para asumir el conocimiento de la demanda de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir la actuaci\u00f3n al citado despacho y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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