AC4994-2021 (2021-03375-00) <\/p>\n
AC4994-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03375-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Puerto Triunfo y Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito San Luis demand\u00f3 ejecutivamente a Junner Alberto Contreras Villa y atribuy\u00f3 la competencia territorial a esa sede por \u00abla naturaleza del asunto, el domicilio de los demandados (sic) y el lugar cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado se rehus\u00f3 a asumir el caso y orden\u00f3 remitirlo a sus hom\u00f3logos de La Dorada, conforme a la regla prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues indic\u00f3 que all\u00ed \u00abtiene su domicilio principal\u00bb el demandado (11 agosto. 2021). <\/p>\n
3. El destinatario tambi\u00e9n lo repeli\u00f3 y contradijo el argumento de su predecesora, toda vez que pese al lugar de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb del ejecutado, la demanda se\u00f1ala que est\u00e1 domiciliado en \u00abPuerto Triunfo\u00bb, lo que justificaba la elecci\u00f3n de esa sede por parte de la acreedora. Asimismo, resalt\u00f3 que el pagar\u00e9 establece como \u00ablugar de pago\u00bb la localidad de \u00abDoradal, Antioquia, corregimiento del municipio de Puerto Triunfo\u00bb. En consecuencia, plante\u00f3 el conflicto y para definirlo remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n (1\u00ba septiembre 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le incumbe a la Corte dirimirla como superior funcional com\u00fan de los mismos, en Sala Unitaria, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb y a\u00f1ade que si \u00abson varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 3\u00ba de la misma norma establece que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, de suerte que en los juicios coercitivos el promotor estar\u00e1 facultado para elegir el territorio donde desea adelantarlos conforme a cualquiera de esas directrices; eso s\u00ed, deber\u00e1 concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equ\u00edvocos el domicilio del interpelado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan el par\u00e1metro seleccionado. <\/p>\n
Realizada la escogencia, al juzgador le corresponde respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que oportunamente el demandado la cuestione, evento en el cual le corresponder\u00e1 precisar y acreditar las razones por las que disiente. <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. <\/p>\n
Realizada la elecci\u00f3n, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n alegue falta de competencia. <\/p>\n
3. En el caso particular, uno de los par\u00e1metros a los que acudi\u00f3 la accionante para atribuir el conocimiento de este asunto tuvo fundamento en el domicilio del deudor que ubic\u00f3 en \u00abPuerto Triunfo\u00bb, seg\u00fan la aseveraci\u00f3n, a\u00fan no desvirtuada, plasmada en la demanda y a la que debe plegarse la judicatura, muy a pesar de la \u00abdirecci\u00f3n f\u00edsica\u00bb que posteriormente inform\u00f3 para \u00abnotificar al demandado\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, es patente el yerro de la funcionaria inicial al asimilar el sitio de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb personal del ejecutado con su \u00abdomicilio\u00bb, pues seg\u00fan lo ha reiterado esta Sala obedecen a conceptos distintos, este \u00faltimo claramente definido en el art\u00edculo 76 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2441-2016, reiterado en AC3595-2019 se se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) para efectos de determinar la competencia no pueden confundirse el domicilio y la direcci\u00f3n indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato \u201csatisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusi\u00f3n al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificaci\u00f3n personal\u201d. <\/p>\n
Y aunque la anterior circunstancia basta para zanjar este asunto n\u00f3tese que la segunda pauta de competencia que se esgrimi\u00f3 en este caso ata\u00f1e al lugar de cumplimiento de las obligaciones a cargo del ejecutado, que tambi\u00e9n se ubica en el municipio de Puerto Triunfo, comoquiera que en esa jurisdicci\u00f3n territorial se ubica la localidad de \u00abDoradal\u00bb, convenida por las partes para atender el compromiso pactado en el t\u00edtulo valor, acorde con la informaci\u00f3n consignada en el pagar\u00e9 n\u00b0 68441 base de recaudo. <\/p>\n
Desde esta \u00f3rbita, aparece claro que la primera servidora se equivoc\u00f3 al negarse a impulsar la contienda bajo la egida del \u00abdomicilio\u00bb del convocado, pues de conformidad con lo ilustrado y de cara a lo consignado en el escrito inicial y sus anexos, las pautas de asignaci\u00f3n de competencia expresamente invocadas por el extremo actor resultaban v\u00e1lidas y vinculantes, sin que le estuviera permitido a la funcionaria cognoscente apartarse de esa voluntad, sin perjuicio, claro est\u00e1, que en una etapa subsiguiente del litigio y a trav\u00e9s de los mecanismos procesales pertinentes el demandado discuta esa elecci\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 a la oficina primigenia, toda vez que se desprendi\u00f3 de ella sin justificaci\u00f3n admisible. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Triunfo es el competente para conocer el proceso de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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