AC5000-2021 (2021-03685-00)<\/p>\n
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AC5000-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03685-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia y Segundo Civil del Circuito de Rionegro, en la acci\u00f3n popular adelantada por Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, el promotor pretende que se ordene a la entidad financiera que \u00abconstruya unidad sanitaria p\u00fablica apta para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc y normas icontec (\u2026)\u00bb en el inmueble donde desarrolla su objeto social ubicado en la \u00abCarrera 51 No. 51-42\/ Rionegro Antioquia\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad, en prove\u00eddo de 15 de marzo de 2021 admiti\u00f3 la demanda y dispuso adelantar algunas gestiones tendientes a definir el caso. <\/p>\n
3. Posteriormente, el 22 de abril, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, rechaz\u00f3 el libelo y lo envi\u00f3 a sus pares de Rionegro, tras considerarlos facultados para rituarlo, \u00abpor tratarse de la municipalidad en la que se encuentran ubicadas las Sedes (sic) de la entidad bancaria en la que se presenta la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en el escrito de demanda\u00bb, decisi\u00f3n que refrend\u00f3 al zanjar la reposicion interpuesta por el accionante (18. jun). <\/p>\n
4. El segundo receptor tambi\u00e9n repeli\u00f3 el asunto con sustento en que el despacho de La Virginia carec\u00eda de la posibilidad de desprenderse motu proprio del caso despu\u00e9s de haberlo admitido, toda vez que la competencia se le prorrog\u00f3. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente para que esta Corporaci\u00f3n la dirima (27 sept. 2021). <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corte resolverlo en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil est\u00e1 determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del \u00ablugar de ocurrencia de los hechos\u00bb o del \u00abdomicilio del demandado\u00bb, destacando a rengl\u00f3n seguido que si los hechos que edifican el reclamo revelan que son varios los jueces llamados a solventarlo, le corresponder\u00e1 \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb a aquel \u00abante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Cabe relievar en este punto que esa misma norma otorga al actor popular la posibilidad de optar entre los fueros concurrentes all\u00ed previstos, voluntad que, como lo ha advertido esta Sala, resulta vinculante para el juez ante quien se concreta esa elecci\u00f3n, siempre que la misma se ajuste cabalmente a las prenotadas pautas (cfr. CSJ AC3261-2018, reiterada en AC2957-2021). <\/p>\n
En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y \u00e9ste inadvierte esa situaci\u00f3n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 el enjuiciado el \u00fanico facultado para discutir el tema a trav\u00e9s de los mecanismos procesales a su disposici\u00f3n; en caso contrario, la competencia permanecer\u00e1 inalterable, a menos que se materialice uno de los supuestos que contempla la legislaci\u00f3n adjetiva (cfr. arts. 16, 27 y 29 CGP), todo ello en virtud de la regla de \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb que le impide al juzgador separarse inopinadamente de los asuntos a su cargo, so pena de desatender los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial, preclusi\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
3. Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci\u00f3n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi\u00f3 (15 mar. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal\u00edas que con posterioridad descubri\u00f3 en la asignaci\u00f3n de competencia por parte del promotor de la acci\u00f3n constitucional (22 abr. 2021), ninguna de las cuales se acompasa con factores funcional o subjetivo que avalaran tal proceder y, menos a\u00fan, han merecido reproche alguno por la sociedad accionada, cuya vinculaci\u00f3n, preciso es advertirlo, a\u00fan no se ha realizado. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, sin necesidad de argumentos adicionales, se dispondr\u00e1 el retorno inmediato de las diligencias al estrado que se asignaron en un comienzo para que contin\u00fae adelantando el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para seguir conociendo del tr\u00e1mite en referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado juzgado e informar lo decidido al otro estrado involucrado en el conflicto. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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