ATC1300-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1300-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01353-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n formulada por Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva, frente al fallo de tutela de doce (11) de agosto de 2021 (STC101308). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Superintendencia de Sociedades -Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial-, por considerar que esa autoridad judicial incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, en tanto (I) le atribuy\u00f3 una conducta il\u00edcita relacionada con la captaci\u00f3n ilegal o no autorizada de recursos del p\u00fablico que ella y Silapi S.A.S. no cometieron; (II) el auto que orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n as\u00ed como las medidas cautelares materializadas en su contra desconocen que ella no tuvo nada que ver con la planeaci\u00f3n y\/o ejecuci\u00f3n de las captaciones irregulares de \u00c9lite; y (III) en violaci\u00f3n del precedente judicial1, porque el an\u00e1lisis realizado por la Supersociedades es tendencioso, imaginativo y especulativo, parte de la presunci\u00f3n de culpabilidad, cuando el principio imperante es la presunci\u00f3n de inocencia, lo que afect\u00f3 su buen nombre y le caus\u00f3 perjuicios. <\/p>\n
2. Correspondi\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 resolver la primera instancia del amparo invocado, sentencia que declar\u00f3 razonable la decisi\u00f3n adoptada por el despacho fustigado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, mediante sentencia de 11 de agosto de 2021 (STC10138), confirm\u00f3 el fallo dictado por el juzgador a quo constitucional, en tanto consider\u00f3 que la totalidad de las actuaciones desplegadas por la Superintendencia cuestionada gozan de plena legalidad, pues el recaudo probatorio, as\u00ed como su decisi\u00f3n fueron coherentes y consecuentes, adem\u00e1s se hizo una adecuaci\u00f3n subjetiva de la conducta que dio origen la responsabilidad civil reclamada contra la tutelante. En concreto se expres\u00f3: <\/p>\n
Descendiendo a la queja bajo estudio la Sala advierte su infructuosidad, toda vez que el despacho acusado, al valorar las pruebas recaudadas en la etapa administrativa y analizar cuidadosamente los sujetos de intervenci\u00f3n judicial con ocasi\u00f3n de la captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico sin autorizaci\u00f3n desarrolladas por \u00c9lite International S.A.S., encontr\u00f3 acreditado que una porci\u00f3n de sus activos y dividendos fueron transferidos a Afecaf\u00e9 S.A.S. -hoy en liquidaci\u00f3n- y en \u00faltimo orden a Silapi S.A.S., derivando de all\u00ed la facultad para perseguir tales bienes y restituirlos a las v\u00edctimas de las operaciones fraudulentas que ocasion\u00f3 la emergencia social y econ\u00f3mica decretada por el Gobierno Nacional en el a\u00f1o 2008 (\u2026) <\/p>\n
Y enfatiz\u00f3 esta misma c\u00e9lula judicial: <\/p>\n
Ahora, en lo relativo a los reproches sobre el respeto y garant\u00eda al buen nombre, as\u00ed como al principio de presunci\u00f3n de inocencia no se observa la violaci\u00f3n endilgada por la \u00c1lvarez Leyva, en tanto las investigaciones de car\u00e1cter administrativo y judicial cuentan con protecci\u00f3n constitucional por los fines y la naturaleza propia que revisten, llegando a la conclusi\u00f3n plasmada en el numeral inmediatamente anterior, que desvirt\u00faa el reclamo de las peticionarias. <\/p>\n
Sobre el particular precis\u00f3 la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia: <\/p>\n
El principio de presunci\u00f3n de inocencia est\u00e1 constituido al menos por tres garant\u00edas b\u00e1sicas: (i) nadie puede considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la acusaci\u00f3n en un proceso en el cual se respeten sus garant\u00edas; (ii) la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusaci\u00f3n; (iii) el trato a las personas bajo investigaci\u00f3n por un delito debe ser acorde con este principio. (C-003 de 2017). <\/p>\n
Prerrogativas que se encuentran satisfechas a juicio de esta Sala, en raz\u00f3n a que el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n fue surtido con todas las garant\u00edas de rigor, en el que, asumiendo la carga de la prueba, la Superintendencia de Sociedades prob\u00f3 y motiv\u00f3 con suficiencia el actuar irregular de las accionantes, situaci\u00f3n que desvirt\u00faa la violaci\u00f3n al precedente referido por las quejosas, proferido por esta c\u00e9lula judicial -STC248 de 2020. <\/p>\n
4. En esta nueva oportunidad, \u00c1lvarez Leyva pretende se adicione el fallo el asunto objeto de discusi\u00f3n, pues considera que no hubo pronunciamiento por parte de esta colegiatura frente a la afirmaci\u00f3n consignada en el oficio con radicado 2018-01-319636 de 11 de julio de ese mismo a\u00f1o, suscrito por la Superintendencia accionada, en donde mencion\u00f3 que a la fecha de la investigaci\u00f3n no exist\u00edan elementos que relacionaran a Silapi S.A.S con actuaciones de captaci\u00f3n irregular de recursos del p\u00fablico; que el ente jurisdiccional no especific\u00f3 la fecha en la que, presuntamente, ella incurri\u00f3 en actividades il\u00edcitas derivadas de la actividad comercial de Elite International S.A.S.; y reitera la aludida violaci\u00f3n de precedente, de conformidad con la STC248-2020. <\/p>\n
As\u00ed mismo, solicit\u00f3 aclarar la providencia para que se informe si existen dos tipos de captaci\u00f3n ilegal, una civil y otra penal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En virtud del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo de General del Proceso, aplicable al tr\u00e1mite de la tutela por la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, la sentencia es susceptible de aclaraci\u00f3n cuando existan \u00abconceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, el art\u00edculo 287 del estatuto General del Proceso, establece que el fallo puede adicionarse cuando se \u00abomita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta viable acceder a las peticiones formuladas por Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva, toda vez que no se subsumen en ninguna de las circunstancias consagradas en las normas citadas, comoquiera que no se dej\u00f3 de resolver ninguno de los aspectos que deb\u00edan ser objeto de definici\u00f3n, ni existen palabras que ofrezcan duda en la parte resolutiva de la sentencia. <\/p>\n
En efecto, tal como qued\u00f3 visto, el fallo STC10138-2021 resolvi\u00f3 en integrum el descontento de la gestora respecto a la legalidad de la responsabilidad atribuida por la Superintendencia de Sociedades, abriendo paso a la razonabilidad de la investigaci\u00f3n y juzgamiento llevado a cabo por la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial, lo que le imprime legalidad a todas y cada una de las quejas reveladas por la actora. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, refulge evidente que, so pretexto de una obscuridad o falta de completitud del fallo, lo pretendido por la memorialista es replantear su protesta, inicialmente expresada en el libelo constitucional, fundado en argumentaciones ajenas a las consagradas en los c\u00e1nones 285 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso, sumado a que lo pretendido por v\u00eda de aclaraci\u00f3n es un ejercicio pedag\u00f3gico propio del estudio del derecho que no es deber misional de esta Corporaci\u00f3n resolver. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, en punto a la solicitud de adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n del fallo de tutela, esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la solicitud presentada por la citada al tr\u00e1mite de la tutela, y de cara a lo motivado y resuelto en la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n, es palmario que la parte resolutiva de dicha decisi\u00f3n no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, como tampoco se encuentran estos en la fundamentaci\u00f3n expuesta, por lo que no es procedente, so pretexto de aclarar lo que para el solicitante aparece dudoso, examinar nuevamente una cuesti\u00f3n definida por la Corte. <\/p>\n
(\u2026) En ese orden, si los t\u00e9rminos en que se redact\u00f3 la sentencia son claros; la parte resolutiva de la misma tuvo como fundamento serio lo que sirviera para motivarla, y no se encuentran en su contexto frases o ideas que sean oscuras, como tampoco fue omitida la resoluci\u00f3n de alguna cuesti\u00f3n que deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, es claro que no hay lugar a la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n pretendidas. <\/p>\n
De las razones expuestas, se colige que un pronunciamiento complementario carece por completo de sentido y es por ello por lo que, la solicitud dirigida a obtenerlo, ser\u00e1 negada (CSJ ATC, 20 jun. 2012, rad. 2012-000786-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, niega las solicitudes de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del fallo STC10138-2021, de 11 de agosto de 2021, proferido en la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Por secretar\u00eda, comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los intervinientes mediante el medio m\u00e1s expedito y agr\u00e9guese lo actuado al expediente remitido a la Corte Constitucional. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Referencia a: CSJ STC2480 de 2020. <\/p>\n
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