ATC1526-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1526-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-21-000-2021-00036-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 8 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Enoc Segundo Mogoll\u00f3n Albarado quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su hija menor V.A.M.M. contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensor\u00eda del Pueblo, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en la prenotada calidad, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la nacionalidad, personalidad jur\u00eddica y a la \u00abgarant\u00eda del inter\u00e9s y protecci\u00f3n prevalente\u00bb de la menor, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en el tr\u00e1mite de una solicitud de reconocimiento de la nacionalidad. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relat\u00f3 que en el 2017, su pareja entr\u00f3 en periodo de gestaci\u00f3n de su hija V.A.M.M., a quien le fue suministrado todo el acompa\u00f1amiento en Venezuela hasta el momento de su nacimiento, esto es, el 10 de mayo de 2018, no obstante, afirm\u00f3 que no fue posible la expedici\u00f3n de su Registro Civil en ese pa\u00eds, en tanto se encontraba agotado el papel de seguridad con el que se realizaba esa diligencia, aunado a la implementaci\u00f3n de medidas de aislamiento preventivo producto del \u00abSARS-CoV2\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, refiri\u00f3 que, ante la carencia de recursos y bienes esenciales, el 22 de octubre de 2020, \u00e9l y su grupo familiar \u2013compuesto por su esposa, y sus cinco hijos\u2013 ingresaron a Colombia de \u00abmanera irregular\u00bb, a trav\u00e9s de Maicao (La Guajira), estableci\u00e9ndose en Carepa (Antioquia), ya que no contaban con los medios para asumir el costo de los pasaportes. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, ante la ausencia de autoridad consular en Colombia que realice el tr\u00e1mite de identificaci\u00f3n de su hija, \u00e9sta se ha visto afectada, en tanto \u00abha generado que en distintos espacios institucionales no la identifiquen con su nombre y parentesco, por lo que no le facilitan los respectivos servicios asistenciales que por su edad requiere; aunado a que el grupo familiar del accionante ya adelant\u00f3 el respectivo Registro \u00danico de Migrantes Venezolanos para obtener el permiso de protecci\u00f3n temporal que garantizar\u00e1 la permanencia en Colombia por 10 a\u00f1os, sin embargo, la siguiente fase de ese procedimiento se realizar\u00e1 hasta el 17 de noviembre de 2021, documento que en todo caso, no desvanecer\u00e1 el riesgo de apatridia de la menor de edad, por lo que se hacen necesarias otras medidas que solventen la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, por lo anterior, el 22 de junio de 2021 elev\u00f3 petici\u00f3n dirigida a la Direcci\u00f3n Nacional del Registro Civil de la Registradur\u00eda, el Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensor\u00eda Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la Defensor\u00eda del Pueblo, recibiendo contestaci\u00f3n por parte de las prenombradas entidades \u2013a excepci\u00f3n de la \u00faltima\u2013, pero con ella no se han garantizado ni siquiera de manera transitoria los derechos fundamentales de V.A.M.M. <\/p>\n
En ese orden, expuso que su descendiente \u00abse encuentra en riesgo de apatridia y en un estado latente de vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la nacionalidad, a la personalidad jur\u00eddica, el nombre, la identidad, el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, as\u00ed como la amenaza latente de vulneraci\u00f3n de sus derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales ante la imposibilidad para el acceso a la salud, educaci\u00f3n y programas sociales enfocados en el desarrollo de los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abQue se determine, por parte del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE NACIONALIDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, as\u00ed como por las dem\u00e1s instituciones que deban intervenir en dicho proceso; de acuerdo [con] el procedimiento establecido por la Circular 168 del 2017 de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, que mi hija [V.A.M.M.] se encuentra en estado de APATRIDIA\u00bb.<\/p>\n
ii. \u00abOrdene que se lleve a cabo de forma especial el tr\u00e1mite de registro civil extempor\u00e1neo de mi hija, conforme a lo precisado por el decreto 1069 de 2015 y lo indicado en decreto 356 de 2017, art\u00edculo 2.2.6.12.3.1, el numeral 5\u00b0, o que se adelante el respectivo procedimiento de naturalizaci\u00f3n\/adopci\u00f3n de mi hija por el Estado colombiano, para la concesi\u00f3n de su nacionalidad por adopci\u00f3n en el menor tiempo posible. En el entendido de que dicha petici\u00f3n se corresponde con lo ordenado por art\u00edculos 25.1 y 27 de la Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Ap\u00e1tridas de 1954\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abHasta tanto se consolid[e] dicho registro y reconocimiento de la identidad y nacionalidad de mi hija por las autoridades correspondientes; se emita una resoluci\u00f3n administrativa por la DIRECCI\u00d3N NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA REGISTRADUR\u00cdA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, en la que se indique que dicho acto administrativo cumplir\u00e1 la funci\u00f3n de identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n transitoria de mi hija, [V.A.M.M.], hasta tanto se gestiona su respectiva nacionalidad, as\u00ed como la garant\u00eda plena de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. \u00abQue se adelanten las gestiones pertinentes de cooperaci\u00f3n interinstitucional para que se brinden los tratamientos adecuados que requiere la condici\u00f3n de apatridia de mi hija [V.A.M.M.], y sus respectivas necesidades de acuerdo con su edad, g\u00e9nero y diversidad, y se vele por la garant\u00eda efectiva de sus derechos inalienables. Esto en adecuaci\u00f3n las Directrices sobre la apatridia No. 2 del ACNUR, tratadas por la Corte IDH en la OC-21\/14 y hasta tanto se reconoce su nacionalidad\u00bb. <\/p>\n
3. Inicialmente, el conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, quien, con prove\u00eddo de 31 de agosto de 2021, rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n y remiti\u00f3 las diligencias al Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
4. Al recibir la foliatura y darle tr\u00e1mite a la acci\u00f3n, la colegiatura a-quo concedi\u00f3 el amparo deprecado, tras realizar una exposici\u00f3n en torno a las garant\u00edas del derecho a la nacionalidad, la personalidad jur\u00eddica, la identidad de los \u00abmenores naturales extranjeros, hijos de extranjeros que actualmente residen en Colombia\u00bb, los deberes del Estado, la sociedad y la familia, con base en lo cual concluy\u00f3 que \u00aben este asunto no se encuentra acreditada la vulneraci\u00f3n actual de los derechos fundamentales de la menor de edad [V.A.M.M.], sin embargo, se tiene que los mismos est\u00e1n en estado de amenaza, cierta e inminente\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdadas las circunstancias personales de ENOC SEGUNDO MOGOLL\u00d3N ALBARADO quien act\u00faa a favor de su hija menor de edad [V.A.M.M.], y la actual realidad social, pol\u00edtica y econ\u00f3mica que afronta la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, es que se encuentra que los derechos fundamentales deprecados como vulnerados a la nacionalidad, a la personalidad jur\u00eddica y a la garant\u00eda de su inter\u00e9s y protecci\u00f3n prevalente se encuentran en entredicho, por lo que considera la Sala que es procedente ampararlos, a fin de que las entidades obligadas procedan a garantizar de forma id\u00f3nea los mismos\u00bb <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social cumplir con los procesos pertinentes para el tr\u00e1mite de nacionalizaci\u00f3n requerido por la menor V.A.M.M., facilitando las gestiones administrativas correspondientes, entre otros mandatos. <\/p>\n
5. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional presentaron sendos escritos de impugnaci\u00f3n frente a la mentada determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013 a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de alguno de los funcionarios que, en forma expresa, enlista el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211), sino que, gen\u00e9ricamente se dirige contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras autoridades del orden nacional. <\/p>\n
En un asunto en el que se present\u00f3 una controversia similar sobre el entendimiento de la prenotada disposici\u00f3n, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00abDel relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, 18 abr. 2018, 2018-00033-01). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al tribunal, sino a los jueces del circuito de Apartad\u00f3 \u2013al cual pertenece el municipio de Carepa, en el cual recibe notificaciones el memorialista\u20132; y, como en este asunto, inicialmente el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa localidad fue a quien correspondi\u00f3 la atribuci\u00f3n, all\u00ed debi\u00f3 surtirse el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, a quien fue repartida en primera oportunidad la presente acci\u00f3n3. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo4, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19925\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 21 may. 2020, rad. 00091-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 8 de septiembre de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Escrito inicial, f. 28: \u00abDirecci\u00f3n f\u00edsica: Cl. 82 #67-22; Barrio Gait\u00e1n, Carepa, Antioquia\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Conforme se evidencia en la providencia del 31 de agosto del presente a\u00f1o, proferida por ese estrado judicial, mediante la cual dispuso remitir este asunto al tribunal, tras considerar que carec\u00eda de competencia para tramitarla. <\/p>\n
4\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
5\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1526-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1526-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-21-000-2021-00036-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58155","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58155"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58155\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}