ATC1528-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1528-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00735-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Sala lo concerniente al impedimento manifestado por el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo en la tutela que \u201cA\u201d interpuso contra el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante \u201cA\u201d, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, familia, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que \u201cB\u201d y \u00e9l son los padres de tres menores (\u201cC\u201d, \u201cD\u201d y \u201cE\u201d), y que ella lo denunci\u00f3 por el presunto abuso sexual que \u00e9l habr\u00eda perpetrado contra su hija \u201cE\u201d, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 110 Seccional de Bogot\u00e1 y luego se reasign\u00f3 a la hom\u00f3loga 517 Local. <\/p>\n
Por lo anterior, el 5 de julio de 2019, la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II admiti\u00f3 la solicitud de medida de protecci\u00f3n interpuesta por la se\u00f1ora \u201cB\u201d (rad. 1), la cual se decret\u00f3 finalmente en favor de \u201cE\u201d, \u00abhasta tanto la Fiscal\u00eda adopte una decisi\u00f3n de fondo relacionada con la conducta denunciada\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, el 28 de enero de 2021, la Fiscal\u00eda 517 Local dispuso el archivo de las diligencias, \u00abpor cuanto su examen f\u00edsico practicado en Medicina Legal no hall\u00f3 indicios de la comisi\u00f3n de AS [abuso sexual] alguno y los 2 ex\u00e1menes practicados a [\u201cE\u201d] por peritos forenses en psiquiatr\u00eda y psicolog\u00eda, dieron cuenta de la inexistencia del hecho denunciado\u00bb. As\u00ed mismo, la Fiscal\u00eda 110 Seccional \u00abexhort\u00f3 al ICBF a adoptar de manera preventiva todas las medidas que estimen convenientes a fin de lograr la protecci\u00f3n de los menores\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el 31 de enero de 2020, la se\u00f1ora \u201cB\u201d pidi\u00f3 ante la precitada comisar\u00eda la imposici\u00f3n de nuevas medidas de protecci\u00f3n en favor de los menores (rad. 2), \u00abcon el fin de evitar actos abusivos por mi parte\u00bb, en virtud de la cual se le orden\u00f3 abstenerse de ejercer todo acto de agresi\u00f3n, violencia sexual, maltratos, acosos, amenaza o persecuci\u00f3n y \u00abme prohibi\u00f3 acercarme o ingresar a donde ellos se encuentren o los dem\u00e1s miembros de su familia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, en la fecha se le \u00abremiti\u00f3\u00bb la denuncia por la presunta comisi\u00f3n del delito de violencia intrafamiliar instaurada en su contra, la cual se asign\u00f3 a la Fiscal\u00eda 361 de la Unidad de Violencia Intrafamiliar, por lo que la comisar\u00eda decret\u00f3 de oficio un peritaje psicoforense al n\u00facleo familiar dentro del asunto rad. 2. No obstante, con prove\u00eddo de 24 de marzo siguiente, tambi\u00e9n se orden\u00f3 el archivo del expediente penal, \u00abpues se constat\u00f3 que no hab\u00eda motivos ni situaciones que indicaran la presunta violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el 14 de mayo de 2020, la plurimencionada comisar\u00eda avoc\u00f3 la solicitud de medida de protecci\u00f3n (rad. 3) que \u00e9l present\u00f3 en su favor y el de sus hijos \u201cC\u201d, \u201cD\u201d y \u201cE\u201d, tr\u00e1mite que se acumul\u00f3 con la anterior causa (rad. 2). Finalmente, el 7 de julio de 2020 dicha autoridad resolvi\u00f3 de forma provisional \u00abel r\u00e9gimen de visitas para establecer m\u00ednimos en los cuales nuestros hijos [\u201cC\u201d y \u201cD\u201d] y yo pudi\u00e9ramos comunicarnos de manera telef\u00f3nica o video llamada (\u2026) y visitas con saludas presenciales los s\u00e1bados cada 8 d\u00edas por 4 horas\u00bb. De igual forma, se declararon no probados los hechos del rad. 2 y se levantaron las medidas provisionales decretadas en su contra. <\/p>\n
Sobre el particular, a\u00f1adi\u00f3 que en la diligencia se presentaron agresiones por parte de la se\u00f1ora \u201cB\u201d frente a \u00e9l, por lo que solicit\u00f3 el desacato, pero la comisar\u00eda \u00abme indic\u00f3 que no le dar\u00eda tr\u00e1mite por no contar con el expediente en f\u00edsico\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, la se\u00f1ora \u201cB\u201d apel\u00f3 la determinaci\u00f3n, por lo que el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 la revoc\u00f3 y, en su lugar, declar\u00f3 no probados los hechos denunciados por el convocante y, por el contrario, encontr\u00f3 acreditados los constitutivos de violencia intrafamiliar referidos por su contraparte, por lo que fij\u00f3 medida definitiva en favor de los menores involucrados, prohibi\u00e9ndoles visitas presenciales con el progenitor, hasta tanto se resolviera la denuncia por abuso sexual contra \u201cE\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n precis\u00f3 que el 20 de marzo de 2021 pidi\u00f3 ante la comisar\u00eda el levantamiento de la enunciada medida (rad. 2) y ante el estrado judicial hizo lo propio el 20 de abril posterior, \u00absin que a la fecha me hayan notificado respuesta alguna\u00bb. Pese a lo anterior, con auto de 21 de abril de la misma calenda la comisar\u00eda le inform\u00f3 \u00ab(i) Que el restablecimiento de visitas es una acci\u00f3n administrativa de competencia del ICBF. (ii) \u201c(…) el Despacho no ha sido notificado por parte del JUZGADO 31 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 frente a la decisi\u00f3n adoptada frente al recurso de apelaci\u00f3n conforme fue constatado en el expediente que reposa en la Comisar\u00eda\u201d, (iii) Me exige una sentencia de PRECLUSI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N PENAL como requisito para dar tr\u00e1mite a la solicitud de la medida de protecci\u00f3n de mi hija [\u201cE\u201d]\u00bb. <\/p>\n
Por ende, recalc\u00f3 que, nuevamente, el 19 de mayo de 2021 pidi\u00f3 ante el Juzgado Treinta y Uno de Familia de la citada urbe el levantamiento de las medidas definitivas, aport\u00e1ndole copia de las resoluciones de archivo de las denuncias penales, pero este le respondi\u00f3 que \u00absu solicitud no puede ser recibida en este Despacho judicial, toda vez que el expediente ya fue enviado en su integridad a la Comisar\u00eda de origen desde el pasado once (11) de mayo, por tanto, es esa entidad quien debe resolver sus peticiones, por ser la primera instancia en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre el hecho de que \u00abllevo 8 meses sin r\u00e9gimen de visitas con mis menores ni\u00f1os y m\u00e1s de dos a\u00f1os sin contacto alguno con mi hija, debido a la MP definitiva y preventiva impuesta por el JUZGADO 31 DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, quien afirm\u00f3 que soy un progenitor violento y me cercen\u00f3 tanto el r\u00e9gimen de visitas como la comunicaci\u00f3n con nuestra hija [\u201cE\u201d]\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse amparen los derechos fundamentales de mis menores hijos a tener una familia, restableciendo el derecho a un r\u00e9gimen de visitas y mis derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb; \u00abse deje sin efecto la decisi\u00f3n del 17 de noviembre de 2020 [proferida] por el JUZGADO 31 DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1 DC, y se ordene proferir una decisi\u00f3n de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, para que la apelaci\u00f3n a que tiene derecho la progenitora de mis tres hijos, se resuelva en Derecho, en forma imparcial y seg\u00fan la sana cr\u00edtica\u00bb; y \u00abse suspenda el tratamiento que actualmente est\u00e1n tomando mis menores hijos en el Centro Terap\u00e9utico Asociaci\u00f3n Creemos en Ti, para reemplazarlo por un tratamiento id\u00f3neo para restablecer la relaci\u00f3n paterno filial\u00bb. <\/p>\n
En primera instancia, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 tutelar el derecho fundamental al debido proceso del memorialista, vulnerado por la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II y, en consecuencia, dej\u00f3 sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 28 de junio de 2021, \u00aben cuanto clausur\u00f3 prematuramente la solicitud de terminaci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n y neg\u00f3 lo concerniente al restablecimiento de las visitas\u00bb, para disponer que se diera tr\u00e1mite a ese requerimiento. En relaci\u00f3n con lo pretendido frente al Juzgado Treinta y Uno de Familia de esa localidad, se deneg\u00f3 la salvaguarda. <\/p>\n
La comisar\u00eda querellada impugn\u00f3 la rese\u00f1ada providencia, medio defensivo que se concedi\u00f3 con auto de 31 de agosto de 2021, por lo que las diligencias fueron enviadas a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sometido el proceso a reparto, correspondi\u00f3 al Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, quien manifest\u00f3 a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 27 de septiembre de la misma calenda que en \u00e9l concurr\u00edan las causales de impedimento previstas en los numerales 1.\u00ba y 3.\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La garant\u00eda de imparcialidad e independencia de los jueces <\/p>\n
1.1. El debido proceso, como principio fundamental de toda actuaci\u00f3n jurisdiccional \u2013en virtud del cual los postulados y valores esenciales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deben ser puestos en vigencia en cada caso concreto\u2013, comprende una serie de exigencias, cuya plena observancia justifica y legitima el ejercicio del poder estatal de juzgar, con efectos definitivos, los conflictos de la comunidad. <\/p>\n
\u00ab(…) deben ser valoradas desde la \u00f3ptica de los \u00f3rganos del poder p\u00fablico \u2013incluyendo la propia administraci\u00f3n de justicia\u2013, de los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues solo as\u00ed se logra garantizar que las actuaciones judiciales est\u00e9n ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica (art. 209 C.P.). <\/p>\n
La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusi\u00f3n a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros \u00f3rganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio leg\u00edtimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales\u201d. Sobre la imparcialidad, ha se\u00f1alado que esta \u201cse predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garant\u00eda de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no s\u00f3lo de \u00edndole moral y \u00e9tica, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino tambi\u00e9n de responsabilidad judicial\u201d. <\/p>\n
Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noci\u00f3n de imparcialidad, una doble dimensi\u00f3n: (i) subjetiva, esto es, relacionada con \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d; y (ii) una dimensi\u00f3n objetiva, \u201cesto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, \u201cde modo que se ofrezcan las garant\u00edas suficientes, desde un punto de vista funcional y org\u00e1nico, para excluir cualquier duda razonable al respecto\u201d. No se pone con ella en duda la \u201crectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucci\u00f3n\u201d sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucci\u00f3n del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectaci\u00f3n de \u00e1nimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea \u00e9ste mismo quien lo juzgue\u201d\u00bb (CC, sentencia C-496 de 2016). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a tono con lo dispuesto en el art\u00edculo 8.1. de la CADH2, ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[U]no de los objetivos principales que tiene la separaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos es la garant\u00eda de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio aut\u00f3nomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relaci\u00f3n con el Poder Judicial como sistema, as\u00ed como tambi\u00e9n en conexi\u00f3n con su vertiente individual, es decir, con relaci\u00f3n a la persona del juez espec\u00edfico. El objetivo de la protecci\u00f3n radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su funci\u00f3n por parte de \u00f3rganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisi\u00f3n o apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garant\u00edas suficientes de \u00edndole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brind\u00f3 elementos convincentes que permitan eliminar temores leg\u00edtimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presi\u00f3n, amenaza o intromisi\u00f3n, directa o indirecta, sino \u00fanica y exclusivamente conforme a \u2013y movido por\u2013 el Derecho\u00bb (caso Apitz Barbera y otros \u2013\u201cCorte Primera de lo Contencioso Administrativo\u201d\u2013 vs. Venezuela. 5 de agosto de 2008). <\/p>\n
1.2. Asimismo, existen diversos instrumentos de soft law que incluyen las referidas exigencias del debido proceso dentro del listado de valores \u00e9ticos esenciales del ejercicio de la actividad judicial, destac\u00e1ndose entre ellos los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, elaborados por el Consejo Econ\u00f3mico y Social (ECOSOC) de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas; y el C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial, que prepar\u00f3 la Cumbre Judicial Iberoamericana. <\/p>\n
La primera de esas normativas se refiri\u00f3 a la independencia e imparcialidad como est\u00e1ndares de comportamiento \u2013que imponen \u00abdefender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales\u00bb (valor 1), as\u00ed como proceder ecu\u00e1nimemente no solo en cuanto a \u00abla decisi\u00f3n en s\u00ed misma, sino tambi\u00e9n al proceso mediante el cual se toma\u00bb (valor 2)\u2013 cuya aplicaci\u00f3n sugiere que: <\/p>\n
\u00ab1.1. Un juez deber\u00e1 ejercer su funci\u00f3n judicial de forma independiente, partiendo de su valoraci\u00f3n de los hechos y en virtud de una comprensi\u00f3n consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier raz\u00f3n. <\/p>\n
1.2. Un juez deber\u00e1 ser independiente en relaci\u00f3n con la sociedad en general y en relaci\u00f3n con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez. <\/p>\n
1.3. Un juez no s\u00f3lo estar\u00e1 libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que tambi\u00e9n deber\u00e1 tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable. <\/p>\n
1.4. Al cumplir sus obligaciones judiciales, un juez ser\u00e1 independiente de sus compa\u00f1eros de oficio con respecto a decisiones que est\u00e9 obligado a tomar de forma independiente. <\/p>\n
1.5. Un juez deber\u00e1 fomentar y mantener salvaguardas para el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, con el fin de mantener y aumentar la independencia de la judicatura. <\/p>\n
1.6. Un juez exhibir\u00e1 y promover\u00e1 altos est\u00e1ndares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del p\u00fablico en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial (…). <\/p>\n
2.1. Un juez deber\u00e1 desempe\u00f1ar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposici\u00f3n o prejuicio. <\/p>\n
2.3. Un juez deber\u00e1, dentro de lo razonable, comportarse de forma que minimice las ocasiones en las cuales pueda ser necesario que el juez sea descalificado para conocer de, o decidir sobre asuntos. <\/p>\n
2.4. Cuando un proceso est\u00e1 sometido o pueda estar sometido a un juez, el juez no realizar\u00e1 intencionadamente ning\u00fan comentario que pueda esperarse razonablemente que afecte al resultado de tal proceso y que deteriore la imparcialidad manifiesta del proceso. El juez tampoco har\u00e1 ning\u00fan comentario en p\u00fablico o de cualquier otra forma, que pueda afectar al juicio justo de una persona o asunto. <\/p>\n
2.5. Un juez se descalificar\u00e1 de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuesti\u00f3n de forma imparcial o en el que pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente. Los citados procesos incluir\u00e1n, sin \u00e1nimo de exhaustividad, situaciones en las que: <\/p>\n
<\/p>\n
a. El juez tenga realmente predisposici\u00f3n o prejuicios para con una parte o posea conocimientos personales sobre los hechos probatorios controvertidos relativos al proceso;<\/p>\n
b. El juez haya actuado previamente como abogado o como testigo material en el asunto controvertido; o<\/p>\n
c. El juez, o alg\u00fan miembro de su familia, tenga un inter\u00e9s econ\u00f3mico en el resultado del asunto sujeto a controversia; lo anterior teniendo en cuenta que no ser\u00e1 necesaria la descalificaci\u00f3n de un juez si no puede constituirse otro tribunal para conocer del caso o cuando, por circunstancias urgentes, la no-participaci\u00f3n del juez puede producir una denegaci\u00f3n de justicia grave\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en desarrollo de la labor de construir un proyecto \u00e9tico com\u00fan entre las autoridades judiciales de los distintos pa\u00edses que integran la regi\u00f3n, el C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial dedic\u00f3 varios de sus preceptos a la descripci\u00f3n de los requerimientos propios de la independencia e imparcialidad en el ejercicio del referido poder del Estado, debi\u00e9ndose destacar lo consagrado en los art\u00edculos 9 y 11 de la normativa, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abArt. 9\u00ba. La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
(…) Art. 11. El juez est\u00e1 obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. El r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones. <\/p>\n
Conforme se indic\u00f3, para materializar los referidos valores es imperativo que los jueces se separen de aquellos juicios en los que encuentren estructuradas circunstancias de hecho, predefinidas por el legislador como causales de recusaci\u00f3n o impedimento, que pudieran poner en duda su independencia e imparcialidad; as\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando existen intereses directos del fallador en el litigo, o preferencias personales suyas por alguno de los contendientes. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en forma consistente, esta Sala haya reconocido que <\/p>\n
\u00ab(…) [c]on el designio de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, en cuanto son condiciones consustanciales al ejercicio de sus funciones (art\u00edculo 228 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y evitar que la rectitud en la administraci\u00f3n de justicia resulte alterada por factores incompatibles con ella, como son el afecto, los sentimientos de animadversi\u00f3n, el inter\u00e9s personal, la predeterminaci\u00f3n del criterio o el amor propio de los funcionarios, as\u00ed como tambi\u00e9n asegurar un debido proceso (art\u00edculo 29 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), el legislador ha consagrado en los c\u00f3digos de procedimiento unas causales de separaci\u00f3n de los funcionarios judiciales del conocimiento de los procesos, por voluntad de los mismos o por petici\u00f3n de las partes, en desarrollo de las instituciones de los impedimentos y las recusaciones. (…) [L]a jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso, y por ende, el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garant\u00eda\u00bb (CSJ AC, 24 may. 2012, rad. 2011-00408-00). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) la imparcialidad de los administradores de justicia, demanda la existencia de claras fronteras con respecto al asunto litigado, las partes en conflicto y los apoderados que las representan, adem\u00e1s que, la toma de decisiones encaminada a solucionar los conflictos sometidos a composici\u00f3n de los jueces debe estar inspirada en los principios de imparcialidad y transparencia que le son propios, sin que haya lugar a sombra o duda sobre los m\u00f3viles que inciden en su producci\u00f3n (…). [L]os jueces (…) deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador, destacando que, \u201cseg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica\u201d (CSJ AC, 8 abr. 2005, rad. 2005-00142-00)\u00bb (CSJ AC4511-2019, 17 oct.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto sub lite, el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo comunic\u00f3 oportunamente a esta Corporaci\u00f3n la circunstancia de que \u00abestoy incurso en las causales 1\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en concordancia con el canon 39 del Decreto 2591 de 19912, comoquiera que tengo v\u00ednculo consangu\u00edneo en segundo grado con Carolina Mar\u00eda Quiroz Monsalvo, a quien el a-quo constitucional vincul\u00f3 al presente tr\u00e1mite supralegal como Procuradora 28 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres\u00bb, aspecto que armoniza con la causal impeditiva prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, consistente en \u00ab[q]ue el funcionario judicial, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o alg\u00fan pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n procesal\u00bb, por lo que se impone aceptar el impedimento manifestado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia ACEPTA el impedimento manifestado por el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. <\/p>\n
En consecuencia, por Secretar\u00eda ingresen las diligencias al despacho que sigue en turno para lo pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9), art\u00edculo 8.1.: \u00abToda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb. <\/p>\n
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ATC1528-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC1528-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00735-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Sala lo concerniente al impedimento manifestado por el Magistrado Aroldo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58157","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58157"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58157\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}