ATC1540-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1540-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05000-22-13-000-2014-00174-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la consulta del auto de 1\u00b0 de octubre de 2021, por medio del cual la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Antioquia resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Sandra Liliana Amaya G\u00f3mez contra el Director General de Sanidad Militar \u2013 Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto; si no fuese porque aflora una causal de nulidad que debe ser declarada. <\/p>\n
S\u00e1bese que siendo el proceso una serie de actos coordinados y sucesivos al interior del cual se discuten la pretensi\u00f3n y la oposici\u00f3n correlativa, \u00e9ste ha de estar sometido a una serie de formalidades que garanticen el derecho individual y permitan el cumplimiento de los principios constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
El desconocimiento o inobservancia de las formas legalmente constituidas para el regular desenvolvimiento de la relaci\u00f3n procesal entra\u00f1a anomal\u00edas de las que se deriva nocividad capaz de conculcar los derechos de las partes y cuya ocurrencia ha sido prevista teleol\u00f3gicamente por el legislador, precisamente para evitar que \u00e9stas atenten contra el derecho de defensa de los litigantes. A tal fin, el C\u00f3digo General del Proceso reglament\u00f3 los sucesos que ostentan el car\u00e1cter de nulidad y atribuy\u00f3, en consecuencia, la calidad de irregularidades de menor entidad y por ende saneables a trav\u00e9s de otros medios de impugnaci\u00f3n, a las dem\u00e1s falencias all\u00ed no contempladas. <\/p>\n
Espec\u00edficamente cuando en el transcurso del rito se presenten situaciones t\u00edpicas que vulneren el derecho de defensa, a efectos de salvaguardarlo, fueron consagrados por el estatuto adjetivo, en forma taxativa, los hechos que pueden configurar nulidad procedimental con el fin de preservar la garant\u00eda constitucional del debido proceso. <\/p>\n
La tutela, a pesar de que entra\u00f1a un procedimiento breve y sumario no puede desconocer derechos fundamentales, destacando que la celeridad que es propia de su naturaleza no puede dar al traste con el derecho de defensa de las personas. <\/p>\n
Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el Tribunal Constitucional incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
En efecto, en el sub-examine observa el Despacho, que mediante fallo proferido el 26 de agosto de 2014 la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ampar\u00f3 los derechos fundamentales de la promotora, orden\u00e1ndole a la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar y a la IPS Hospital Militar de Medell\u00edn que: <\/p>\n
\u2026autoricen el procedimiento m\u00e9dico de SLEEVE GASTRICO requerido por la se\u00f1ora SANDRA LILIANA AMAYA G\u00d3MEZ, el que deber\u00e1 realizarse dentro del mes siguiente contado desde la notificaci\u00f3n de la presente providencia y de conformidad con las prescripciones e indicaciones del m\u00e9dico tratante, acorde a las condiciones de salud de dicha paciente. <\/p>\n
TERCERO. -CONCEDER el tratamiento integral por todos aquellos servicios, ex\u00e1menes m\u00e9dicos y de laboratorio, medicamentos, cirug\u00edas, procedimientos, terapias y en general todas aquellas atenciones en salud a favor del paciente que desprendan de la patolog\u00eda OBESIDAD GRADO II CON COMORBILIDADES de que dio cuenta la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El 13 de septiembre de 2021, Sandra Liliana Amaya G\u00f3mez radic\u00f3 escrito en el que solicit\u00f3 el adelantamiento del incidente de desacato consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, lo que dio lugar a que fuera iniciado el presente tr\u00e1mite mediante auto de 24 de septiembre siguiente contra el Director General de Sanidad Militar -Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto- y, posteriormente, en prove\u00eddo de 1\u00b0 de octubre de 2021 fue sancionada dicha persona, con multa de cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de la mentada orden constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, advierte este despacho que los incidentados no fueron debidamente identificados en el prove\u00eddo que dio apertura al tr\u00e1mite, pues all\u00ed \u00fanicamente se dispuso la convocatoria del Director General de Sanidad Militar -Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto-; sin embargo, tanto la orden de amparo, como la petici\u00f3n incidental tambi\u00e9n fue dirigida contra el Hospital Militar de Medell\u00edn, sin que la vinculaci\u00f3n de este \u00faltimo estuviese satisfecha. <\/p>\n
De la misma manera, el referido Director General al acudir al tr\u00e1mite incidental, advirti\u00f3 que la promotora \u00abest\u00e1 a cargo administrativamente de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, y para la prestaci\u00f3n efectiva de servicios de salud tiene asignado por adscripci\u00f3n geogr\u00e1fica el Dispensario M\u00e9dico de Medell\u00edn, quienes manejan la historia cl\u00ednica de la accionante\u00bb, raz\u00f3n por la que la vinculaci\u00f3n de los representantes de dichas dependencias se torna necesaria, lo que tampoco sucedi\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en punto del incumplimiento de una orden de tutela, el desacato debe estar dirigido en concreto contra la persona natural, plenamente identificada, a quien se le imparti\u00f3 la misma o a quien compete acatarla en el evento de que no sea aquella y, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, es necesario, entonces, determinar e individualizar al responsable de la conducta omisiva, notific\u00e1ndole, tambi\u00e9n, el auto que inicia el tr\u00e1mite del incidente de desacato, formalidades \u00e9stas que no fueron cumplidas en el sub lite, como ya se anot\u00f3, conllevando a que resultara sancionada una persona cuya obligaci\u00f3n de acatar la orden constitucional se muestra incierta. <\/p>\n
Luego, como fueron desconocidos los presupuestos aludidos, necesarios para garantizar el debido proceso, se concluye que este rito est\u00e1 afectado por vicios que conducen a la declaratoria de la nulidad de todas aquellas actuaciones surtidas en el presente incidente. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir del auto de 24 de septiembre de 2021, inclusive. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, por el Tribunal de primera instancia renu\u00e9vese la actuaci\u00f3n viciada conforme con lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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