ATC1541-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1541-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Santiago Gaviria S\u00e1nchez le instaur\u00f3 a la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello \u2013Antioquia-, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, no autoincriminaci\u00f3n, trabajo y dignidad humana\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la entidad convocada: (i) Se \u00abanule y deje sin efecto la decisi\u00f3n proferida el 21 de abril de 2021 (de la) Sala Penal, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn\u00bb y, (ii) Se aceptara la recusaci\u00f3n por \u00e9l presentada dentro del expediente disciplinario (n\u00ba 2020-0002) que en calidad de Secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello le adelant\u00f3 su nominadora. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte desestim\u00f3 el amparo al apreciar que no se satisfizo el requisito de la subsidiariedad, porque \u00abmientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuaci\u00f3n del juez ordinario, el afectado tendr\u00e1 la posibilidad de reclamar al interior del tr\u00e1mite el respeto de las garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela\u00bb. <\/p>\n
3.- Ese desenlace fue impugnado por el promotor, quien manifest\u00f3 haber agotado las herramientas ordinarias para obtener \u00abla separaci\u00f3n de la funcionaria que lo conoce como \u201cJuez natural\u201d, por evidente retaliaci\u00f3n e inter\u00e9s directo en adelantar y sancionar el proceso disciplinario\u00bb. Adem\u00e1s, adujo v\u00edas de hecho en el procedimiento en el que fue declarado insubsistente el 29 de junio de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ha sostenido esta Sala, que pese a ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal sentido, el factor competencia adem\u00e1s de valorarse conforme al Decreto 2591 de 1991 (art\u00edculo 37), debe responder a las normas compiladas en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, por cuanto el primero se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, y los segundos introdujeron y conservaron el \u00abfuncional\u00bb, pretendiendo as\u00ed, \u00abel conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado\u00bb (CSJ. ATC726-2021). <\/p>\n
El \u00faltimo de tales preceptos se\u00f1al\u00f3 en la parte considerativa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica , incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, pol\u00edticas, programas y\/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos , consejos o entidades p\u00fablicas relacionadas con la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, (iii) las acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento , con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por \u00f3rganos judiciales que refuercen la desconcentraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, preserven la jerarqu\u00eda funcional, y garanticen la unificaci\u00f3n jurisprudencial y el inter\u00e9s general\u2026\u201d. <\/p>\n
Y en su numeral 8\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abLas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
2.- Ahora, de conformidad con lo consagrado en el canon 115 de la Ley 270 de 1996, las decisiones que se adopten en un juicio \u00abdisciplinario\u00bb contra un empleado de la Rama Judicial, \u00abconstituyen actos administrativos, y no jurisdiccionales\u00bb, en tanto prev\u00e9 que \u00abLas decisiones que se adopten podr\u00e1n ser impugnadas ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
3.- En el sub judice se evidencia la falta de \u00abcompetencia\u00bb de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver en primera instancia la salvaguarda, al advertirse que el reproche se circunscribe a cuestionar las determinaciones emitidas en el disciplinario seguido en contra de Santiago Gaviria S\u00e1nchez como empleado del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello (n\u00ba 2020-0002). Esto es, se dirige contra un \u00abempleado\u00bb perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En efecto, la providencia censurada (21 abr. 2021), por medio de la cual el Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n planteada, as\u00ed como aquellas que impulsan y definen ese procedimiento, constituyen actos administrativos y no jurisdiccionales, lo que implica que, en principio la \u00abcompetencia\u00bb estar\u00eda dada por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que consagra: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
No obstante, atendiendo el mismo Decreto 333 de 2021, surge la necesidad de aplicar su inciso segundo, numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, para asignar el conocimiento de las tutelas \u00abpresentadas por (\u2026) empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, a los Jueces Administrativos del Circuito del lugar donde se predica la afectaci\u00f3n. Lo anterior siguiendo los lineamientos consagrados en los arts. 306 del CPACA y 15 del CGP, en virtud a que el asunto, hoy1 no est\u00e1 asignado a otro organismo de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, el juez llamado a conocer de esta \u00abacci\u00f3n\u00bb en primera instancia es el juez administrativo, por lo que se dejar\u00e1 sin valor y efecto lo diligenciado en el sub lite. <\/p>\n
4.- En consecuencia, se impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, extensivo a este expedito procedimiento por mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 que reglament\u00f3 el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 8 de junio de 2021 en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Medell\u00edn \u2013Antioquia-, para que se tramite en primera instancia la solicitud de amparo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPALSE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La ley 2080 de 2021 en algunos aspectos relacionados con la competencia, empieza a regir en 2022. <\/p>\n
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