ATC1565-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1565-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2020-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 18 de junio de 20201 dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juli\u00e1n Mar\u00edn Ocampo contra la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Manizales \u2013 Caldas, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mediante escrito radicado el 26 de febrero de 2020, actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al trabajo y al \u00abdescanso\u00bb, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas, al no concederle las vacaciones bajo el argumento de ausencia de presupuesto para proveer su reemplazo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere que se desempe\u00f1a en propiedad como Juez Primero Penal del Circuito de Manizales. <\/p>\n
Relata que, pese a que su despacho pertenece al r\u00e9gimen de vacaciones colectivas, lo cierto es, que durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2019 y el 12 de enero de 2020 debi\u00f3 laborar, esto conforme al Acuerdo n\u00ba CSJCAA 19-52 de 25 de noviembre de 2019, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas. <\/p>\n
Manifiesta que, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n n\u00ba 018 de 19 de febrero de 2020 resolvi\u00f3 no concederle el disfrute de su periodo vacacional, esto debido a que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales no expidi\u00f3 el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el reemplazo del juez. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se \u00abordene a las accionadas que, de un lado se expida el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y, por consiguiente se [le] concedan las vacaciones durante el periodo comprendido entre el 13 de abril y 04 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive\u00bb. <\/p>\n
3. El 18 de junio de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Penal otorg\u00f3 el auxilio reclamado, dispuso dejar sin efecto la resoluci\u00f3n cuestionada, y orden\u00f3 (i) a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, \u00abque dentro de los siete (7) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a emitir el acto administrativo mediante el cual las conceda, acorde con lo se\u00f1alado en este fallo\u00bb; y (ii) a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, \u00abque en el t\u00e9rmino de los siete (7) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, realice las gestiones necesarias encaminadas a suplir el reemplazo del accionante durante su periodo de vacaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La anterior sentencia fue impugnada por el Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales, el 16 de octubre de 2020, y el 1\u00ba de octubre de 2021 fue remitida a esta Sala Especializada para el tr\u00e1mite de segunda instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Consideraci\u00f3n preliminar. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo fue radicada el 26 de enero de 2020, seg\u00fan consta en el acta de reparto, las reglas que se aplicaran sobre la materia son las consagradas en el Decreto 1983 de 2017, vigente para ese momento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diversos aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Definici\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Al revisar el libelo introductor, advierte la Corte que la solicitud de amparo se dirige a cuestionar (i) la Resoluci\u00f3n n\u00ba 018 de 19 de febrero de 2020, emitida por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, por medio de la cual neg\u00f3 la concesi\u00f3n de las vacaciones del accionante, quien se desempe\u00f1a como funcionario de la Rama Judicial, y (ii) censura que la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Manizales \u2013 Caldas, se ha rehusado a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer su reemplazo durante el periodo vacacional reclamado. <\/p>\n
De lo anterior, surge claro que el ataque constitucional se dirige \u00fanicamente frente determinaciones de naturaleza administrativa, y no jurisdiccional, y bajo ese contexto, es claro que a este asunto no le es aplicable la regla 5\u00aa del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 20172, sino la prevista en el numeral 1\u00ba de esa misma normativa, seg\u00fan la cual \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb Se resalta. <\/p>\n
No obstante, y teniendo en cuenta que el resguardo tambi\u00e9n se encausa contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Manizales \u2013 Caldas, y que conforme a la regla prevista en el numeral 6\u00ba ib\u00eddem \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb, lo cierto es que el asunto debi\u00f3 ser tramitado en primera instancia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en armon\u00eda con la regla 11 ib que precept\u00faa que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb (Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
<\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En este orden, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer en primera instancia la salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, para lo de su competencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo (proferido el 18 de junio de 2020) se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
<\/p>\n
6. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que, <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 18 de junio de 2020 en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, para que se tr\u00e1mite en primera instancia la solicitud de amparo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Pese a que la sentencia de primera instancia fue proferida el 18 de junio de 2020, y concedida la impugnaci\u00f3n el 9 de diciembre de esa anualidad, el asunto s\u00f3lo fue remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para dicho tr\u00e1mite el 1 de octubre de 2021, seg\u00fan consta en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb <\/p>\n
1 <\/p>\n
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