ATC1575-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1575-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00192-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece (13) de octubre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 14 de septiembre de 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Adadier Perdomo Urquina contra el Departamento del Huila, el Municipio de Acevedo, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y los representantes de los Consorcios San Marcos e Interventor\u00eda San Marcos, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas, con la falta de respuesta a los derechos de petici\u00f3n de informaci\u00f3n radicadas el 16 de julio de los corrientes. <\/p>\n
Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene \u00aba los representantes legales de las instituciones [accionadas] (\u2026) o a quienes hagan sus veces, se [l]e otorgue una respuesta clara y objetiva y sin dilaciones y condicionamientos de ninguna naturaleza\u00bb; y, que \u00abcomo consecuencia de lo anterior, se les ordene expedir las copias y la informaci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que el \u00abpasado 16 de julio de 2021, present[\u00f3] derecho de petici\u00f3n de informaci\u00f3n [ante] las instituciones aqu\u00ed accionadas, a trav\u00e9s de sus correos destinados para notificaciones judiciales\u00bb, todas relacionadas con la ejecuci\u00f3n del \u00abcontrato 01 de 2016, CONSTRUCCI\u00d3N DE PAVIMENTO FLEXIBLE V\u00cdA LA VICTORIA – SAN MARCOS DEL K0+000 AL K7+000 MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de amparo, hubiere recibido respuesta alguna. <\/p>\n
3. Mediante decisi\u00f3n del 14 de septiembre de la presente anualidad, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, frente algunas entidades, por inexistencia de la vulneraci\u00f3n, pues las respuestas requeridas hab\u00edan sido brindadas antes de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n tuitiva de la referencia, y respecto de otras, por hecho superado. <\/p>\n
4. La sentencia fue impugnada por el accionante, lo que justifica la remisi\u00f3n del tr\u00e1mite a esta instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el presente asunto, el ciudadano Adadier Perdomo Urquina cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional, la falta de respuesta frente a los derechos de petici\u00f3n de informaci\u00f3n que radic\u00f3 ante los aqu\u00ed convocados el pasado 16 de los corrientes, todos \u00e9stos relacionados con el contrato de construcci\u00f3n atr\u00e1s relacionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sin embargo, se ha indicado insistentemente, en que son los cargos esbozados en el escrito de protecci\u00f3n los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional; en el sub examine, no escapa a la atenci\u00f3n de la Sala, que aunque la demanda constitucional se enfil\u00f3 directamente contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n, el Contralor General de la Rep\u00fablica y el Fiscal General de la Naci\u00f3n, por lo que en principio y, aparentemente, se cumplir\u00eda la regla establecida en art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, mediante el cual se modific\u00f3 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, lo cierto es que, lo discutido por el inconforme en nada involucra la gesti\u00f3n directa y propia de esos funcionarios, m\u00e1xime cuando los derechos de petici\u00f3n de informaci\u00f3n fueron radicados a trav\u00e9s de los correos de notificaci\u00f3n judicial de cada una de las entidades convocadas, lo que evidencia, entonces, que su llamamiento es meramente aparente, pues ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta, lesiva de derechos supralegales, les fue enrostrada a \u00e9stos como titulares de esas entidades. <\/p>\n
Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala que \u00ab[n]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC1402-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De este modo, se colige que como la presente acci\u00f3n se enfila contra varias autoridades del orden nacional, otra del departamental, otra del municipal y algunos particulares, al tenor del numeral 11 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, esa disparidad de niveles impone que, entre los jueces habilitados, el caso sea conocido por el de mayor jerarqu\u00eda. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Colegiatura antedicha, est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, motivo por el cual se invalidar\u00e1 lo actuado en la presente acci\u00f3n a partir de su auto admisorio, inclusive, y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de la capital huilense (al que de manera preliminar fue repartido el asunto), autoridad que deber\u00e1 asumir el conocimiento en primera instancia de la queja constitucional. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto entre otros CSJ ATC813-2021 y ATC683 – 2021). <\/p>\n
5. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva, a quien inicialmente fue repartido el asunto, para que le imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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