ATC1577-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1577-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03568-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartago y el despacho Segundo Civil Municipal de Pereira, atinente al conocimiento de la acci\u00f3n de tutela promovida por Brenda Aguirre V\u00e9lez contra el Instituto de Movilidad de Pereira. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, legalidad, defensa y contradicci\u00f3n presuntamente vulnerados por la accionada con relaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n elevado ante esta autoridad donde solicitaba, entre otros, la prescripci\u00f3n del comparendo No. 66001000000009539183 del 16 de enero de 20151. En consecuencia, pretende se tutelen sus derechos y \u00ab1. Que se revoque todo lo actuado hasta la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago No. 158610 del 23 de octubre del 2017 y la resoluci\u00f3n de embargo No. 46334 del 10 de octubre del 2019. 2. Una vez accedido a lo anterior, se notifique nuevamente el mandamiento de pago No. 158610 del 23 de octubre del 2017, la resoluci\u00f3n de embargo No. 46334 del 10 de octubre del 2019 (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartago (Valle del Cauca), el cual, mediante prove\u00eddo del 23 de septiembre de 2021, declar\u00f3 su falta de competencia territorial para adelantar las diligencias y las remiti\u00f3 a los Juzgados Municipales de Pereira. Fundament\u00f3 su postura en que: <\/p>\n
\u00abComoquiera que del contexto del escrito introductorio, se desprende que los hechos y los Derechos Constitucionales Fundamentales que presuntamente se le vienen quebrantando a BRENDA AGUIRRE VELEZ por parte del \u201cINSTITUTO DE MOVILIDAD\u201d de Pereira, Risaralda, se vienen perpetrando en Pereira, Risaralda; estima esta Operadora Judicial que la competencia para conocer de \u00e9sta, radica en los JUZGADOS MUNICIPALES DE PEREIRA, RISARALDA, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00b0, del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, armonizado con el art\u00edculo 37, del Decreto 2591 del 19 de noviembre 1991. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de lo expuesto, a juicio de esta Funcionaria, se carece de competencia para tramitar y decidir la \u201cAcci\u00f3n Constitucional\u201d impetrada, correspondi\u00e9ndole dicha gesti\u00f3n al Juez Municipal de Pereira, Risaralda. Adem\u00e1s de ello, en el evento de ser necesario vincular a otras entidades; acopiar otras pruebas, independiente de las aportadas a este amparo constitucional, como ser\u00eda la recepci\u00f3n de testimonios o allegar documentos etc., por la inmediatez de las mismas, ser\u00eda mucho m\u00e1s viable y expedito su evacuaci\u00f3n en \u00e9sa. <\/p>\n
Ahora bien, el despacho tiene pleno conocimiento sobre el pronunciamiento establecido por la Corte Constitucional a trav\u00e9s del Auto Nro. 124 de 2009, por medio del cual se fijaron reglas en materia de conflictos de \u201cAcci\u00f3n de Tutela\u201d; sin embargo, esta Judicatura acoge la tesis planteada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia a trav\u00e9s de la Providencia de mayo 14 de 2009 (Exp. 76001-22-03-000-2009-00078-01) (\u2026)\u00bb3 <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites correspondientes, el expediente fue repartido al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira. Sin embargo, en prove\u00eddo del 27 de septiembre hoga\u00f1o se abstuvo de avocar conocimiento del asunto y, entonces, promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para el efecto, apuntal\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) considera este Despacho que ha sido elecci\u00f3n de la accionante incoar la acci\u00f3n de tutela en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, advirtiendo que es su domicilio y en virtud de la posible existencia de un proceso de cobro coactivo, estar\u00eda sujeta a las medidas cautelares que fueren decretadas en su contra (Ver hecho 40 de la acci\u00f3n de tutela) que est\u00e1n, sin lugar a equ\u00edvocos, ubicados en su domicilio, as\u00ed pues se itera, ha sido decisi\u00f3n de la accionante presentar la acci\u00f3n de tutela, en leg\u00edtimo ejercicio de la libertad que le otorg\u00f3 el constituyente, en esa localidad, para procurar la protecci\u00f3n de sus derechos constitucionales fundamentales considerados como vulnerados. Lo anterior sin que se adviertan transgredidas las reglas de competencia por el factor territorial que ya se han revisado. <\/p>\n
Atendiendo igualmente lo expuesto por la hom\u00f3loga Juez Tercera Civil Municipal de Cartago, no comparte la suscrita funcionaria los argumentos esbozados en su providencia, pues es claro que la situaci\u00f3n actual en atenci\u00f3n a las considerables modificaciones que hemos tenido en nuestra normalidad laboral, acudiendo a la virtualidad en todos los asuntos de administraci\u00f3n de justicia, han otorgado la oportunidad para efectuar el recaudo probatorio y citaci\u00f3n de terceros \u201ca un solo click\u201d, es decir, las notificaciones de aqu\u00e9llos que deban ser vinculados y sus respuestas ser\u00e1n remitidas y recibidas v\u00eda correo electr\u00f3nico, la recepci\u00f3n de testimonios y ampliaci\u00f3n de las acciones constitucionales, ahora pueden hacerse por plataformas virtuales sin necesidad de citar a las personas para acudir personalmente a las instalaciones de los Despachos Judiciales, evitando as\u00ed: i) El desplazamiento de los usuarios hasta las instalaciones; ii) el contacto directo con personas ajenas que puedan influir negativamente en las medidas biosanitarias que en los Despachos Judiciales e, inclusive, en nuestros n\u00facleos familiares, se han implementado. En resumidas cuentas, considera este Despacho que m\u00e1s all\u00e1 de considerarse un impedimento para la correcta administraci\u00f3n de Justicia, se debe considerar como una nueva oportunidad de brindar acceso permanente a este servicio p\u00fablico, brindando, con mayor capacidad, la celeridad que es necesaria para estos asuntos\u00bb4 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar que, como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Pereira y Cartago (Valle del Cauca), la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009, en armon\u00eda con los c\u00e1nones 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud. <\/p>\n
3. Al respecto, esta Colegiatura ha explicado que el Decreto 333 de 2021, reitera lo codificado en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido que, respecto de este amparo constitucional la competencia se atribuye a prevenci\u00f3n y de modo general, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n \u00abdonde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que la finalidad de la regla contenida en el precepto citado es la de: <\/p>\n
\u00abfacilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionada, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (CSJ ATC1297-2020) (Se resalta). <\/p>\n
De ah\u00ed que, el principal objetivo del legislador no fue otro que permitir al afectado la escogencia de la autoridad que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada. De manera que, la competencia por el factor territorial est\u00e1 instituida a prevenci\u00f3n por el lugar en que, seg\u00fan las afirmaciones de la demanda, ocurren los hechos denunciados o producen sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora del agravio. <\/p>\n
4. En el asunto objeto de definici\u00f3n, se evidencia que la accionante eligi\u00f3 a los Jueces de Cartago (Valle del Cauca) para radicar la salvaguarda de sus derechos fundamentales. Sin embargo, la autoridad de dicha municipalidad lo remiti\u00f3 a los Juzgados Municipales de Pereira, por carecer de competencia territorial, tras advertir que \u00ab(\u2026) del contexto del escrito introductorio, se desprende que los hechos y los Derechos Constitucionales Fundamentales que presuntamente se le vienen quebrantando a BRENDA AGUIRRE VELEZ por parte del \u201cINSTITUTO DE MOVILIDAD\u201d de Pereira, Risaralda, se vienen perpetrando en Pereira, Risaralda; estima esta Operadora Judicial que la competencia para conocer de \u00e9sta, radica en los JUZGADOS MUNICIPALES DE PEREIRA, RISARALDA, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00b0, del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, armonizado con el art\u00edculo 37, del Decreto 2591 del 19 de noviembre 1991\u00bb. <\/p>\n
En efecto, del escrutinio de las documentales allegadas, se constata que los hechos vulneradores de los derechos fundamentales invocados tuvieron lugar en el municipio de Pereira, lugar donde fue impuesta la multa de tr\u00e1nsito que dio causa al posterior derecho de petici\u00f3n presentado ante la autoridad de movilidad de la referida urbe. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, se vislumbra que el lugar donde fueron enviadas las notificaciones del mandamiento de pago fue la ciudad de Cartago, Valle del Cauca; asimismo, afirm\u00f3 la gestora que su domicilio registrado en el Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito -RUNT- se ubica en la misma entidad territorial. En igual sentido, se constata en el libelo introductorio que la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n dispuesta por la promotora tambi\u00e9n se ubica en la jurisdicci\u00f3n donde fue radicado el amparo. Finalmente, seg\u00fan obra en la orden de comparendo, el veh\u00edculo en el que se transportaba la accionante al momento de ser multada se encuentra matriculado igualmente en la referida ciudad5. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, resulta claro que la presunta violaci\u00f3n o trasgresi\u00f3n de la prerrogativa alegada, endilgada a la Secretar\u00eda de Movilidad de Pereira, se presentar\u00eda o irradiar\u00eda efectos en el lugar donde reside con \u00e1nimo de permanencia la accionante, es decir, en el municipio de Cartago (Valle del Cauca), seg\u00fan lo antes expuesto. <\/p>\n
Por consiguiente, y viendo que esos supuestos encajan en uno de los que establece el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 – en torno al aspecto territorial-, se confiere prevalencia a la voluntad y libre elecci\u00f3n de la promotora. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartago, Valle del Cauca. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido en esta providencia al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: La Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios correspondientes y dejar\u00e1 las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 18. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1- 5, archivo \u201c007 \u2013 REMISI\u00d3N POR COMPETENCIA \u2013 PEREIRA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-5, archivo \u201c11AutoConflictoCompetencia\u201d del expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Folio 1, archivo \u201c006 – ANEXOS_22_9_2021, 3_02_43 p. m_\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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