ATC1580-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1580-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01285-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Mediante el memorial que antecede, la accionante deprec\u00f3 \u00abse oculte del acceso, del conocimiento del p\u00fablico en general, cualquier informaci\u00f3n judicial, administrativa, historia y de comunicaci\u00f3n social que exista en sus respectivas bases de datos institucionales en cualquiera de las salas especial[iz]adas, en sus motores de b\u00fasqueda que se refieran o hagan alu[s]i\u00f3n a [sus] antecedentes penales del pasado que ya est\u00e1n caducos y\/o prescrito\u00bb. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia1y la jurisprudencia supralegal han se\u00f1alado, en torno del principio de publicidad, que los procesos judiciales deben ser p\u00fablicos, salvo los casos de reserva legal donde es posible acceder a las decisiones adoptadas por los juzgadores. <\/p>\n
En efecto, tal situaci\u00f3n se acent\u00faa cuando se trata de decisiones emanadas de las Corporaciones que tienen el deber de unificar la jurisprudencia con el prop\u00f3sito de orientar la labor de los distintos jueces de la Rep\u00fablica, al paso que el art\u00edculo 64 de la Ley 270 de 1996, en cuanto a la comunicaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n de las providencias, se\u00f1ala: <\/p>\n
Las decisiones en firme podr\u00e1n ser consultadas en las oficinas abiertas al p\u00fablico que existan en cada corporaci\u00f3n para tal efecto o en las secretar\u00edas de los dem\u00e1s despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducci\u00f3n exacta por cualquier medio t\u00e9cnico adecuado, las cuales deber\u00e1n expedirse, a costa del interesado (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
De igual forma, la Ley 1712 de 2014, \u00abLey de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Nacional (\u2026)\u00bb, regul\u00f3 el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, la cual en su art\u00edculo 2\u00ba contiene el \u00abPrincipio de m\u00e1xima publicidad para titular universal\u00bb, seg\u00fan el cual \u00abToda informaci\u00f3n en posesi\u00f3n, bajo control o custodia de un sujeto obligado es p\u00fablica y no podr\u00e1 ser reservada o limitada sino por disposici\u00f3n constitucional o legal, de conformidad con la presente ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, mediante la citada norma se establece la posibilidad de rechazar o denegar el acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada, cuando su posible difusi\u00f3n pueda causar un da\u00f1o a los derechos a la intimidad personal, la vida, la salud o la seguridad de las personas, o por tratarse de secretos comerciales, industriales o profesionales; sin embargo, dado que esta condici\u00f3n es excepcional y su hermen\u00e9utica estricta, la directriz se\u00f1alada en el an\u00e1lisis constitucional a la Ley 1712 de 2014, indica que es preciso, en los casos como el de estudio, acreditar que la restricci\u00f3n a la informaci\u00f3n sea razonable como proporcionada y que el posible da\u00f1o a un derecho debe ser real, probable, espec\u00edfico y sustancial. <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1581 de 2012, consagra que son datos sensibles \u00abaquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminaci\u00f3n, tales como aquellos que revelen el origen racial o \u00e9tnico, la orientaci\u00f3n pol\u00edtica, las convicciones religiosas o filos\u00f3ficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido pol\u00edtico o que garanticen los derechos y garant\u00edas de partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n as\u00ed como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biom\u00e9tricos\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la ley contempla los casos en que no est\u00e1 permitido revelar datos de las partes o de terceros que participan en un proceso, como, por ejemplo, lo prescrito en los art\u00edculos 47 y 153 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
3. En situaciones muy espec\u00edficas la jurisprudencia constitucional ha admitido la reserva de nombre frente a sujetos que sufren patolog\u00edas, las cuales por el impacto que generan en la percepci\u00f3n de la comunidad, pueden conducir a que sean objeto de discriminaci\u00f3n o de exclusi\u00f3n, tal como los pacientes con VIH. <\/p>\n
Precisamente, sobre este punto, la Corte Constitucional en sentencia T-509\/10, expuso que \u00ab[a]s\u00ed, en casos como el que examinamos, a pesar de que los procesos judiciales son de conocimiento p\u00fablico, se pueden tomar las medidas espec\u00edficas, que permitan garantizar la privacidad e intimidad de\u2026 y su familia, imposibilitando su identificaci\u00f3n, vistas las connotaciones que una enfermedad como el VIH-SIDA tienen frente a la sociedad. Con esta medida se evitar\u00e1 que el accionante o su familia se vean expuestos a tratos degradantes o discriminatorios en su entorno familiar y social\u00bb. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con antecedentes penales, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n fij\u00f3 un protocolo, a cuyo tenor: <\/p>\n
a. Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisi\u00f3n de demandas de casaci\u00f3n, por ejemplo), se ofrecer\u00e1n \u00edntegras a la comunidad en su servidor de acceso p\u00fablico \u2013sin la supresi\u00f3n de los nombres de los procesados- permiti\u00e9ndose que los ciudadanos accedan a ellas a trav\u00e9s de los buscadores web o del full text de la Corte y s\u00f3lo con autorizaci\u00f3n de lectura. <\/p>\n
b. Cuando se compruebe que judicialmente se declar\u00f3 cumplida o prescrita la pena, se suprimir\u00e1n de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar p\u00fablica esa informaci\u00f3n en todo tiempo. No obstante, se mantendr\u00e1 el documento \u00edntegro en los archivos de la Corporaci\u00f3n. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, podr\u00e1 consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa. <\/p>\n
c. Las sentencias absolutorias proferidas por la Sala o los autos en los que haga referencia a las dictadas en las instancias (inadmisi\u00f3n de demandas de casaci\u00f3n, por ejemplo) e igualmente las preclusiones de instrucci\u00f3n o cesaciones de procedimiento que dicte en cualquier instancia o en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, se divulgar\u00e1n en sus bases de datos una vez se supriman los nombres de los procesados, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar p\u00fablica esa informaci\u00f3n en todo tiempo. No obstante, se mantendr\u00e1 el documento \u00edntegro en los archivos de la Corporaci\u00f3n. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, podr\u00e1 consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa. (CSJ AP, oct. 7 de 2015, Rad. 25420). <\/p>\n
d. En las sentencias o autos de car\u00e1cter no penal proferidos por la Sala, en los cuales se haga referencia expresa a condenas, cuando se compruebe que judicialmente se declar\u00f3 cumplida o prescrita o extinguida por muerte del condenado la pena, se suprimir\u00e1n de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar p\u00fablica esa informaci\u00f3n en todo tiempo. No obstante, se mantendr\u00e1 el documento \u00edntegro en los archivos de la Corporaci\u00f3n. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, podr\u00e1 consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa (CSJ AP, dic. 2 de 2015, rad. T-25360). (CSJ Auto de 2 ago. 2021, rad. 112727, CUI: 11001-02-04-000-2020-01441-00). <\/p>\n
4. Aplicando las anteriores nociones a la solicitud de que se trata y como quiera que pretende anonimizar la informaci\u00f3n que aparece consignada en el fallo proferido el 8 de julio de 2020 dentro de la acci\u00f3n de tutela 11001-02-03-000-2020-01285-00, en el que se hizo alusi\u00f3n a la condena de emitida en contra de la peticionaria por la comisi\u00f3n del delito de lavado de activos agravado, resulta procedente adoptar medidas tendientes a suprimir el nombre de la solicitante comoquiera que acredit\u00f3 encontrarse dentro de las reglas referidas. <\/p>\n
Ciertamente, la solicitante alleg\u00f3 certificaci\u00f3n del 24 de agosto de 2021 del Juzgado Once de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 en la que se deja constancia de que se decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la condena por pena cumplida en el radicado 11001-31-07-005-2003-00114. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ordenar\u00e1 a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y a la Relator\u00eda de Tutelas de esta Corporaci\u00f3n que realicen las gestiones pertinentes para anonimizar el nombre de la aqu\u00ed solicitante del acta general de reparto de 19 de junio de 2020 y de la providencia de 8 de julio de 2020, respectivamente; as\u00ed como tambi\u00e9n a la Oficina de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las actuaciones necesarias, con la finalidad de anonimizar el nombre de la peticionaria de la informaci\u00f3n p\u00fablica que se encuentra en los sistemas de informaci\u00f3n Justicia Siglo XXI web -TYBA, Consulta de Procesos Nacional Unificada y Consulta de procesos, relacionada con el expediente de tutela 11001-02-03-000-2020-01285-00. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Ordenar a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y a la Relator\u00eda de Tutelas de esta Corporaci\u00f3n que realicen las gestiones pertinentes para anonimizar el nombre de la aqu\u00ed solicitante del acta general de reparto de 19 de junio de 2020 y de la providencia de 8 de julio de 2020, respectivamente, en relaci\u00f3n con el expediente de tutela 11001-02-03-000-2020-01285-00. <\/p>\n
2. Ordenar a la Oficina de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia que adelante las actuaciones necesarias, con la finalidad de anonimizar el nombre de XXXX de la informaci\u00f3n p\u00fablica que se encuentra en los sistemas de informaci\u00f3n Justicia Siglo XXI web -TYBA, Consulta de Procesos Nacional Unificada y Consulta de Procesos, bajo el radicado 11001-02-03-000-2020-01285-00. <\/p>\n
3. Conc\u00e9dase el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles para el cumplimiento de las \u00f3rdenes aqu\u00ed proferidas e ingr\u00e9sese constancia de ello por la Secretar\u00eda. <\/p>\n
4. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a la interesada por el medio m\u00e1s expedito, agr\u00e9guese la presente decisi\u00f3n al expediente una vez retorne de la Corte Constitucional y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 228. La Administraci\u00f3n de Justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado. Su funcionamiento ser\u00e1 desconcentrado y aut\u00f3nomo\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1580-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1580-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01285-00 Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021). 1. Mediante el memorial que antecede, la accionante deprec\u00f3 \u00abse oculte del acceso, del conocimiento del p\u00fablico en general, cualquier informaci\u00f3n judicial, administrativa, historia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}