ATC1620-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
ATC1620-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-00941-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Sala lo concerniente al impedimento manifestado por el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo para intervenir en la definici\u00f3n de la tutela instaurada por Esther Yolanda Guevara Blanco, quien act\u00faa como agente oficioso de su progenitor N\u00e9stor Ram\u00f3n Guevara Abella, contra el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con el prop\u00f3sito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir litigios, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse las precisas circunstancias que configuren las causales taxativas de recusaci\u00f3n e impedimento. <\/p>\n
En ese orden, esta Corporaci\u00f3n en auto de 8 de abril de 2005 (rad. 00142-00), reiterado el 18 de agosto de 2011 (rad. 2011-01687), se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u201c[L]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos m\u00e1s acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador\u201d. <\/p>\n
Destacando que <\/p>\n
\u201c(\u2026) seg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley -en el caso de la acci\u00f3n de tutela, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. En el sub lite el Magistrado Quiroz Monsalvo expres\u00f3 que en \u00e9l concurre las causales 1\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00abcomoquiera que [tiene] vinculo consangu\u00edneo en segundo grado con Carolina Mar\u00eda Quiroz Monsalvo, quien fue vinculada e interviene en el presente tr\u00e1mite constitucional como Procuradora 28 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres\u00bb. <\/p>\n
3. Confrontada tal circunstancia, se observa que la misma encuadra con la causal impeditiva prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, consistente en \u00ab[q]ue el funcionario judicial, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o alg\u00fan pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n procesal\u00bb, por lo que se impone aceptar el impedimento manifestado. <\/p>\n
Conviene memorar que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El debido proceso, como principio fundamental de toda actuaci\u00f3n jurisdiccional \u2013en virtud del cual los postulados y valores esenciales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deben ser puestos en vigencia en cada caso concreto\u2013, comprende una serie de exigencias, cuya plena observancia justifica y legitima el ejercicio del poder estatal de juzgar, con efectos definitivos, los conflictos de la comunidad. <\/p>\n
Ahora, por su importancia para definir el problema jur\u00eddico que ocupa la atenci\u00f3n en la Sala, resulta necesario destacar dos de esos requerimientos: la independencia del juez y su imparcialidad, los cuales, a voces de la jurisprudencia constitucional, constituyen objetivos superiores, que <\/p>\n
\u00ab(…) deben ser valoradas desde la \u00f3ptica de los \u00f3rganos del poder p\u00fablico \u2013incluyendo la propia administraci\u00f3n de justicia\u2013, de los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues solo as\u00ed se logra garantizar que las actuaciones judiciales est\u00e9n ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica (art. 209 C.P.). <\/p>\n
La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusi\u00f3n a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros \u00f3rganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio leg\u00edtimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales\u201d. Sobre la imparcialidad, ha se\u00f1alado que esta \u201cse predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garant\u00eda de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no s\u00f3lo de \u00edndole moral y \u00e9tica, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino tambi\u00e9n de responsabilidad judicial\u201d. <\/p>\n
Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noci\u00f3n de imparcialidad, una doble dimensi\u00f3n: (i) subjetiva, esto es, relacionada con \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d; y (ii) una dimensi\u00f3n objetiva, \u201cesto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, \u201cde modo que se ofrezcan las garant\u00edas suficientes, desde un punto de vista funcional y org\u00e1nico, para excluir cualquier duda razonable al respecto\u201d. No se pone con ella en duda la \u201crectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucci\u00f3n\u201d sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucci\u00f3n del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectaci\u00f3n de \u00e1nimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea \u00e9ste mismo quien lo juzgue\u201d\u00bb (CC, sentencia C-496 de 2016, ATC1528-2021). Subraya el despacho. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se acoger\u00e1 el \u00abimpedimento\u00bb prenotado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala ACEPTA el impedimento manifestado por el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo para conocer de la presente acci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En consecuencia, comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n a este Despacho para resolver lo pertinente en torno al amparo de la referencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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