ATC1627-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1627-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Cotes contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Carrera Judicial y Jilly Paola Zarate T\u00e9llez; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas al trabajo, \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, m\u00ednimo vital y vida en condiciones dignas de su hijo reci\u00e9n nacido, por lo que solicit\u00f3 se ordene \u00absu reinte[gro] a un cargo similar o equivalente al que ven\u00eda ocupando\u00bb, asimismo, a la Direcci\u00f3n Ejecutiva que \u00aben el menor tiempo posible se sirvan pagar la liquidaci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n de los 180 d\u00edas, contemplados en el inciso segundo del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de dicho pedimento, adujo la actora que: <\/p>\n
2.1. Fue vinculado en provisionalidad al cargo de Oficial Mayor adscrito al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta desde el 28 de enero de 2019; sin embargo, el titular del despacho le notific\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0 004 de 29 de abril de 2021 por medio de la cual se acept\u00f3 el traslado de Jilly Paola Zarate T\u00e9llez al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando. <\/p>\n
2.3. El 7 de julio de 2021 Zarate T\u00e9llez tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo, raz\u00f3n por la que qued\u00f3 desempleado; que en el t\u00e9rmino alleg\u00f3 los documentos requeridos para el reconocimiento y pago de su liquidaci\u00f3n, empero, \u00aba la fecha de la presente acci\u00f3n constitucional no ha sido realizado el pago de dichas prestaciones a las cuales por ley t[iene] derecho, pese a que en sedes oportunidades [se] ha dirigido personalmente a dicha dependencia\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ante dicha situaci\u00f3n, solicit\u00f3 a las aqu\u00ed enjuiciadas se reconociera su \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb por el pr\u00f3ximo nacimiento de hijo y, por tanto, se le permitiera continuar en el cargo que desempe\u00f1a; asimismo, se ordene a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta pagar su liquidaci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n contemplada en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
3. El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que, si bien se demostr\u00f3 que para cuando el actor fue desvinculado del cargo, su compa\u00f1era permanente estaba en estado de embarazo, lo cierto es que \u00abde las probanzas aportadas no se puede colegir que el empleador ten\u00eda conocimiento de esa circunstancia al momento de emitir la decisi\u00f3n, y \u00e9ste, al descorrer el traslado de tutela, controvirti\u00f3 tal afirmaci\u00f3n, sin que tampoco pueda determinarse por un hecho notorio, pues, pese a que a aqu\u00e9lla data, el embarazo se encontraba avanzado, en el sub examine el ex empleado, es el padre, al que no le generaron cambios f\u00edsico a ra\u00edz de esa condici\u00f3n\u00bb, sumado a que aqu\u00e9lla est\u00e1 afiliada en calidad de cotizante y no de beneficiaria en el sistema general de seguridad social en salud desde agosto de 2015; de ah\u00ed que no se cumplan con los presupuestos de la estabilidad laboral reforzada reclamada. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el promotor cuenta con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para demandar la resoluci\u00f3n que por esta v\u00eda critica. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla Administraci\u00f3n de Justicia incurri\u00f3 en mora para el reconocimiento de las prestaciones a que tiene derecho el accionante; no obstante, con la expedici\u00f3n del acto administrativo el 22 de septiembre de 2021 se super\u00f3 esta situaci\u00f3n, manifestando adem\u00e1s que le pagar\u00e1n el viernes 24 de septiembre del presente a\u00f1o\u00bb, por lo que se configura una carencia actual de objeto en lo concerniente a la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n que ordene el pago de las prestaciones sociales del promotor. <\/p>\n
4. El promotor del resguardo impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que acaba de rese\u00f1arse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que la queja constitucional se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esa ciudad, censurando que tales autoridades desconocieron la estabilidad reforzada que ostenta por cuanto su compa\u00f1era permanente se encontraba en estado de embaraza y depend\u00eda econ\u00f3micamente de \u00e9l. <\/p>\n
De otro lado, advierte la Sala que las pretensiones del gestor involucran a la Unidad de Carrera Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Debido a ello, se concluye que, si bien la solicitud de protecci\u00f3n constitucional fue dirigida frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Santa Marta, lo all\u00ed esgrimido se hace extensivo al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, atendiendo la relaci\u00f3n funcional de tales entes. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostentaba la condici\u00f3n de empleado judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer, en primera instancia, en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 23 de septiembre de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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