ATC1628-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1628-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00194-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 1\u00b0 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Paula Andrea Arias Montoya contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del citado Departamento; No obstante, la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas al trabajo, igualdad y salud, entre otros, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas, por tanto, solicit\u00f3, en concreto, ordenar a los convocados iniciar \u201clas acciones pertinentes en aras de garantizar la provisi\u00f3n de los recursos y, proceda[n] a expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal\u201d que se requiere para la concesi\u00f3n de sus vacaciones. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Adecue la gestora que desempe\u00f1a el cargo de secretaria del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro. <\/p>\n
2.2. Asevera que, junto con el titular de ese despacho judicial, iniciaron el tr\u00e1mite tendiente a solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ante la Oficina de Presupuesto y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial Seccional Antioquia para el disfrute de su periodo de vacaciones y el correspondiente reemplazo. <\/p>\n
2.3. Afirma que el 15 de septiembre de 2021, la referida entidad contest\u00f3 su requerimiento expidiendo el \u201cCDP N\u00ba 055821 (\u2026) para cancelar [sus] vacaciones y primas vacacionales\u201d; sin embargo, el \u201ccertificado de disponibilidad presupuestal para autorizar los reemplazos de vacaciones\u201d no se emiti\u00f3, por cuanto ese rubro se encuentra con restricciones para el presente a\u00f1o seg\u00fan la Circular DESAJME18-5220. <\/p>\n
2.4. Manifiesta que por lo anterior su \u201cnominador expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 008, mediante la cual niega [sus] vacaciones (\u2026) argumentado la imposibilidad de otorg\u00e1r[las] ante la necesidad del servicio, aplaza[ndo] las mismas hasta tanto se disponga del presupuesto para el [respectivo] reemplazo\u201d. <\/p>\n
2.5. Aduce que frente a ese acto administrativo interpuso reposici\u00f3n, remedio desestimado el 22 de septiembre pasado. <\/p>\n
2.6. Arguye que las comentadas actuaciones afectan sus prerrogativas supralegales, pues las vacaciones requeridas \u201chacen parte integrante\u201d de sus derechos como trabajadora y, por tanto, \u201cde no permit\u00edrselas, acarrear\u00eda una sobrecarga y estr\u00e9s laboral\u201d. <\/p>\n
3. El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, al considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para esta Corporaci\u00f3n en la mayor\u00eda de los casos no resulta admisible la propuesta del Director Ejecutivo convocado en el sentido de que las vacaciones de la accionante pueden ser otorgadas a\u00fan sin que se le nombre un reemplazo, pues ello y especialmente trat\u00e1ndose del cargo de Secretario implica un gran traumatismo para un juzgado con alta carga laboral que no solo puede impactar negativamente en la prestaci\u00f3n del servicio y la buena marcha de la administraci\u00f3n de justicia, sino incluso en el clima laboral pues necesariamente los dem\u00e1s empleados del juzgado ver\u00edan incrementadas sus cargas en el intento de suplir o cubrir en la mayor medida posible las funciones del cargo cesante con el impacto que ello puede tener en su salud f\u00edsica, mental y emocional. Tambi\u00e9n puede ocasionar que durante el disfrute de su descanso remunerado la carga laboral del empleado en vacaciones se acumule esperando su llegada; en tales condiciones se da al traste con la finalidad propia de las vacaciones pues el trabajador se ver\u00e1 obligado a doblar sus esfuerzos para desatracar su cargo con el impacto que ello pueda tener en los diversos aspectos de su salud\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Antioquia <\/p>\n
\u201cque si a\u00fan no lo ha hecho dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, realice las gestiones necesarias para obtener la asignaci\u00f3n presupuestal requerida para el reemplazo de la accionante PAULA ANDREA ARIAS MONTOYA durante su per\u00edodo de vacaciones, y para que en el mismo t\u00e9rmino proceda a notificar a \u00e9sta y a su nominador sobre el resultado de la gesti\u00f3n realizada\u201d. <\/p>\n
4. La referida entidad impugn\u00f3 mostrando su desacuerdo con la determinaci\u00f3n de primer grado e indicando que \u201cla expedici\u00f3n de CDP para cubrir los gastos por reemplazo del empleado, reviste una complejidad tal que no est\u00e1 en manos de es[e] ordenador del gasto superarla de manera aut\u00f3noma\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente Decreto\u201d. <\/p>\n
\u201cCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n
2. En el subex\u00e1mine, se tiene que la presente queja constitucional se instaur\u00f3 por la negativa del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro de conceder a la aqu\u00ed tutelante las vacaciones que por derecho le asiste al desempe\u00f1arse como secretaria de ese despacho judicial, lo cual obedeci\u00f3 porque la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial Seccional Antioquia no expidi\u00f3 el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de la interesada. <\/p>\n
Bajo ese t\u00f3pico, es evidente, las pretensiones de la gestora involucran directamente al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u201cDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u201d ejercen sus funciones \u201cen el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u201d, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u201cel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u201d (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad convocada y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostenta la condici\u00f3n de empleada judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer en primera instancia en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura: <\/p>\n
\u201cEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u201d.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u201cnulidades\u201d a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el Decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 1\u00b0 de octubre de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1628-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1628-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00194-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 1\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58205","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58205\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}