ATC1630-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1630-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-000-2021-00300-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Casilda Pe\u00f1a Herrera contra el Juzgado Segundo de Familia de esa localidad; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionantes reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb y \u00abplazo razonable\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial convocada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene que \u00abprofiera el pronunciamiento correspondiente [frente] al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Casilda Pe\u00f1a Herrera promovi\u00f3 acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad en contra la menor hija de Susana Beatriz Baque Ch\u00e1vez, que fue admitida con auto del 11 de enero de 2019, prove\u00eddo modificado, v\u00eda reposici\u00f3n, con decisi\u00f3n del 5 de febrero de esas mismas calendas. <\/p>\n
2.2. Notificada la parte demandada, contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la demandante solicit\u00f3 al juzgado convocado, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, declarar su p\u00e9rdida de competencia, a lo que accedi\u00f3 la autoridad judicial con providencia del 7 de septiembre de 2020, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n la parte enjuiciada. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de auto del 23 de octubre de 2020, el estrado acusado desestim\u00f3 la anotada reposici\u00f3n, dispuso la remisi\u00f3n del expediente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, \u00aben cumplimiento al inciso 4 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y, adicionalmente, en su parte resolutiva, destac\u00f3 que \u00abcontra la presente decisi\u00f3n no procede recurso de apelaci\u00f3n por estar enlistado ni en la norma general ni en la especial\u00bb. <\/p>\n
2.5. Remitido el expediente a la mencionada Sala de Gobierno, dicho ente, mediante providencia del 25 de marzo de 2021, decidi\u00f3 \u00ababstenerse de asignar el conocimiento del proceso [de impugnaci\u00f3n]\u00bb, por lo que orden\u00f3 \u00abla devoluci\u00f3n del asunto al Juzgado Segundo de Familia para que se pronuncie sobre el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el apoderado de la demandada contra el auto proferido\u2026 el 7 de septiembre de 202[0]\u00bb, determinaci\u00f3n que orden\u00f3 notificar a las partes. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el juzgado convocado \u00abno se ha pronunciado\u00bb respecto a la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el prove\u00eddo de 7 de septiembre de 2020, conforme se lo orden\u00f3 la prenotada Sala de Gobierno, omisi\u00f3n que ha conllevado la paralizaci\u00f3n del proceso, en detrimento de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n, se allegaron las siguientes respuestas: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Segundo de Familia de Florencia destac\u00f3 que \u00abfrente al recurso de apelaci\u00f3n, que se pide sea resuelto, hace varios meses se inform\u00f3 al\u2026 Tribunal Superior de ese Distrito Judicial que, mediante auto del 23 de octubre de 2020, el despacho se pronunci\u00f3, dando a conocer en el numeral 3, que contra la decisi\u00f3n no procede el recurso de apelaci\u00f3n, al no encontrarse se\u00f1alado por la ley\u00bb, por lo que solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3.2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 se deber\u00e1 verificar\u2026 el auto mediante el cual el Juzgado Segundo de Familia resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n presentado por la accionante al auto de fecha 07 de septiembre de 2020 y de ah\u00ed poder establecer si el mismo se resolvi\u00f3 y cu\u00e1les fueron los argumentos dados, de dicha valoraci\u00f3n se podr\u00e1 establecer si efectivamente existi\u00f3 o no una vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales\u2026 <\/p>\n
3.3. La Procuradur\u00eda 13 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Florencia rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, al considerar que: <\/p>\n
\u2026 el Juzgado Segundo de Familia de Florencia\u2026, no solo omiti\u00f3 pronunciarse en el auto del 23 de octubre del a\u00f1o anterior sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, contra el auto interlocutorio de\u2026 7 de septiembre de 2020, al interior del proceso [criticado], sino que, pese a que la Sala de Gobierno le hizo ver dicha falencia ha persistido en su comportamiento omisivo\u2026 <\/p>\n
5. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por la sede judicial accionada, autoridad que insisti\u00f3 en que \u00abfrente al recurso de apelaci\u00f3n, que se pide sea resuelto, hace varios meses se inform\u00f3 al\u2026 Tribunal Superior de ese Distrito Judicial que, mediante auto del 23 de octubre de 2020, el despacho se pronunci\u00f3, dando a conocer en el numeral 3, que contra la decisi\u00f3n no procede el recurso de apelaci\u00f3n, al no encontrarse se\u00f1alado por la ley\u00bb, por lo que \u00abhabi\u00e9ndose pronunciado\u2026 sobre la apelaci\u00f3n solicitada, no existe actuaci\u00f3n que deba cumplirse por parte de ese juzgado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el reclamo involucra directamente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que lo que critic\u00f3 la promotora es la demora que, supuestamente, se ha suscitado en resolver sobre la concesi\u00f3n de la anotada alzada propuesta contra el prove\u00eddo de 7 de septiembre de la anualidad pasada, conforme lo orden\u00f3 la prenombrada Sala de Gobierno con providencia del 25 de marzo de 2021, es evidente que la queja constitucional involucra esa \u00faltima decisi\u00f3n (de 25 de marzo), por lo que el referido colegiado deb\u00eda ser vinculado por pasiva, lo que imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 20151, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, la Sala dijo que: <\/p>\n
No obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso\u2026memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto \u2026Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
2. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abArt\u00edculo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. Para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (\u2026) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
1 <\/p>\n
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ATC1630-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1630-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-000-2021-00300-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 30 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}