ATC1634-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1634-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2021-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por Juan Pablo Botello Camacho frente a la sentencia de 16 de septiembre pasado, proferida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por aquel contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental a la \u00abpetici\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcado por la dependencia jurisdiccional requerida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene brindar \u00abrespuesta efectiva\u00bb a la solicitud que presentara con relaci\u00f3n al juicio disciplinario n.\u00b0 \u00ab2016-00698\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento, sostuvo haber elevado un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante el ente judicial repelido, dirigido a conocer \u00aben qu\u00e9 qued\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb por \u00e9l intentado frente al fallo proferido el 11 de septiembre de 2019, dentro del dossier descrito l\u00edneas arriba, en el que, adem\u00e1s, funge como quejoso. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de la contestaci\u00f3n dada a su pedimento, pues la agencia accionada debe orientarle sobre el estado actual de la alzada en cuesti\u00f3n, mas no excusarse en que ya el expediente fue enviado al correspondiente superior. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 este \u00faltimo, con insistencia en su reproche. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los medios de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues la \u00abpetici\u00f3n\u00bb materia de controversia fue impetrada en el marco del proceso disciplinario n.\u00b0 \u00ab2016-00698\u00bb, mismo que subi\u00f3 a la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, a fin de surtirse el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que en primer grado emitiera la autoridad judicial criticada, cuya mora alberga impl\u00edcitamente el entorno de la censura. <\/p>\n
Lo anteriormente esbozado impide a esta Sala desatar v\u00e1lidamente la opugnaci\u00f3n de marras, dado que como en lo pertinente ense\u00f1a el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del 333 de 2021): \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra (\u2026) la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia…\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. En consecuencia, el veredicto dimanado en este rito por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para conocer del asunto en primer grado, como se vio, le corresponde a esta, la Corte Suprema de Justicia, al hacerse extensiva la cr\u00edtica a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
Al respecto, se ha se\u00f1alado en este nivel: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al nuevo decreto 333 de los corrientes), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental sub examine. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda General de esta Corte para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed definido a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, libr\u00e1ndose las comunicaciones del caso. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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