SC4049-2021 (2017-01853-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u201ccon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizara\u0301 \u00fanicamente para notificaciones a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1\u0301 con reserva a terceros interesados\u201d. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4049-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-01853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide lo pertinente frente a la demanda de exequ\u00e1tur presentada por Mar\u00eda1 respecto de la sentencia n\u00famero C-13-521171\/FA-RK 12-5556, proferida el 13 de marzo de 2013 por el Tribunal de \u00c1msterdam, Departamento de Derecho Privado de Pa\u00edses Bajos, entre la solicitante y Jos\u00e92. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mar\u00eda, de nacionalidad colombiana, present\u00f3 demanda ante esta Corporaci\u00f3n el 12 de julio de 2017, con el fin de obtener la homologaci\u00f3n de la sentencia n\u00famero C-13-521171\/FA-RK 12-5556, pronunciada el 13 de marzo de 2013 por el Tribunal de \u00c1msterdam de Pa\u00edses Bajos, mediante la cual se declar\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por la actora con Jos\u00e9. <\/p>\n
1.2. Como soporte de su solicitud, la peticionaria narr\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
1.2.1. El 21 de octubre de 2006, contrajo matrimonio cat\u00f3lico en Bogot\u00e1 (Colombia) con Jos\u00e9 de nacionalidad de Pa\u00edses Bajos. <\/p>\n
1.2.2. Dicho v\u00ednculo fue registrado conforme a las leyes nacionales, el 6 de octubre de 2006, en la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, bajo el indicativo serial 4337812. <\/p>\n
1.2.3. En la sentencia n\u00famero C-13-521171FA-RK 12-5556, proferida el 13 de marzo de 2013 por el Tribunal de \u00c1msterdam de Pa\u00edses Bajos, se declar\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por la promotora con Jos\u00e9, por mutuo acuerdo de los citados exc\u00f3nyuges. <\/p>\n
1.2.4. Durante el matrimonio nacieron Sara3 y Daniel4, quienes se encuentran bajo la guarda y custodia de la demandante y, de igual manera, se estipul\u00f3 un r\u00e9gimen de visitas para el padre, junto a la regulaci\u00f3n de otras obligaciones. <\/p>\n
Lo antelado, de conformidad con lo estipulado mediante el \u201cplan de paternidad\u201d presentado por los entonces c\u00f3nyuges, el cual fue aprobado por la corporaci\u00f3n de conocimiento el 20 de noviembre del 2013. <\/p>\n
1.2.5. En vigencia del matrimonio no se adquirieron bienes en el territorio colombiano. <\/p>\n
1.2.6. Una vez admitida la petici\u00f3n por esta Sala, mediante auto de 27 de septiembre de 2017, se orden\u00f3 correr traslado del libelo introductorio a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, seg\u00fan los art\u00edculos 290 y 291 del C\u00f3digo General del Proceso, entidad que, en tiempo, a trav\u00e9s de la agente encargada, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara esta agente del Ministerio P\u00fablico, se dan en conjunto las exigencias formales previstas en el C\u00f3digo General del Proceso para homologaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal de \u00c1msterdam, previa demostraci\u00f3n de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, proceder\u00e1 la pretensi\u00f3n de homologaci\u00f3n de la sentencia pronunciada por el Tribunal de \u00c1msterdam, Holanda, para que tenga plena vigencia y sea inscrita en Colombia y sea inscrita en el registro civil\u201d (Fls. 45-46). <\/p>\n
1.3. Se prescindi\u00f3 de vincular a Jos\u00e9, por cuanto el fallo objeto de este pronunciamiento, fue producto de la voluntad de los, para entonces, consortes. <\/p>\n
1.4.1. El 27 de abril de 2018, notificado el Ministerio P\u00fablico y vencido el traslado para la contestaci\u00f3n del exequ\u00e1tur, esta Corte orden\u00f3, de oficio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a costa de la parte interesada, remitir copia, \u201c[si] existen[,] convenios o tratados internacionales vigentes sobre el reconocimiento rec\u00edproco de efectos jur\u00eddicos a las sentencias de divorcio, emitidas por la autoridades judiciales [de Colombia y Pa\u00edses Bajos]\u201d (Fl.59). <\/p>\n
1.4.2. En respuesta de lo anterior, la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 24 de mayo de 2018 comunic\u00f3: \u201cno reposa informaci\u00f3n sobre tratados bilaterales o multilaterales\u201d (Fl. 62), acerca del reconocimiento bilateral de las providencias judiciales entre ambos Estados. <\/p>\n
1.4.3. El 20 de noviembre del 2018, esta Corporaci\u00f3n requiri\u00f3 al Consulado General de Colombia en \u00c1msterdam, Pa\u00edses Bajos, copia aut\u00e9ntica de la normatividad pertinente del Reino de Pa\u00edses Bajos, traducida al castellano por un int\u00e9rprete oficial, que permitiera la ejecuci\u00f3n de una sentencia proferida en Colombia en la referida rep\u00fablica extranjera. La exigencia se reiter\u00f3 en los prove\u00eddos de 7 de junio y 14 noviembre de 2019. <\/p>\n
1.4.4. El 8 de febrero del 2021, la Sala evidenci\u00f3 que los soportes de la normatividad aportada por la demandante, no cumpl\u00edan con los est\u00e1ndares requeridos en estos asuntos, pues quien efectu\u00f3 la traducci\u00f3n no acredit\u00f3 su calidad como traductora oficial, por ello, se conmin\u00f3 a la parte activa para el efecto. <\/p>\n
1.4.5. Cumplido lo ordenado en las anteriores decisiones, esta Sala, el 23 de marzo de 2021, estableci\u00f3 tener como pruebas la documentaci\u00f3n aportada y se\u00f1al\u00f3 que no se observaba necesaria la celebraci\u00f3n de audiencia, para el recaudo de otros medios de convicci\u00f3n, en tanto, todas las probanzas son escritas y se encuentran en el expediente. Esa decisi\u00f3n se iter\u00f3 el 12 de abril de la presente anualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
La aludida codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribe: \u201c(\u2026) [E]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial (\u2026), [c]uando no hubiere pruebas por practicar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esa manera, cuando los juzgadores adviertan la carencia o inocuidad del debate probatorio, podr\u00e1n proferir fallo definitivo sin m\u00e1s tr\u00e1mites, por innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso5. <\/p>\n
La norma 279, inciso 2\u00ba, ib\u00eddem, en todo caso, permite el fallo escrito. Sucede cuando en la audiencia de juzgamiento es imposible emitirlo de viva voz (art\u00edculo 373, numeral 5\u00ba, inciso 3\u00ba, ej\u00fasdem). Tambi\u00e9n, es una consecuencia necesaria, en las hip\u00f3tesis donde, al no existir pruebas para evacuar, ninguna audiencia habr\u00eda que realizar. Sucede, por ejemplo, en el procedimiento del recurso de revisi\u00f3n (art\u00edculo 358, in fine) y durante el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur, seg\u00fan se anunci\u00f3. <\/p>\n
Refrenda lo anterior el Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se expidieron normas para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de justicia y el derecho fundamental al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, todo, en el marco de la decretada Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica a ra\u00edz de la pandemia Coronavirus COVID-19. Entre las directrices se\u00f1aladas se encuentran, como regla general, las actuaciones no presenciales y \u201cexcepcionalmente de manera presencial\u201d. <\/p>\n
En estas condiciones es plausible dictar sentencia anticipada escrita y por fuera de audiencia, dada la etapa procesal y la naturaleza de la actuaci\u00f3n y el tipo de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Lo anterior rige tambi\u00e9n en materia de exequatur, aspecto que se infiere de la doctrina probable sostenida por esta Corte, particularmente de las siguientes providencias: 11001-02-03-000-2017-01922-00; 11001-02-03-000-2016-00260-00; 11001-02-03-000-2016-2544-00; 001-02-03-000-2016-03018-00; 001-02-03-000-2016-02853-00. <\/p>\n
En el presente tr\u00e1mite, el respeto a las formas propias de cada juicio debe ponderarse con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
En otras palabras, las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, de modo que, al advertirse sus minucias, deber\u00e1n soslayarse, cuando en el decurso se posea todo el material suasorio requerido para tomar una determinaci\u00f3n inmediata. <\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u201c(\u2026) irrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la administraci\u00f3n de justicia \u201c(\u2026) debe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u201d (art. 4, Ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u201c(\u2026) eficiente y que [l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustentaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley (\u2026)\u201d (art. 7 ib\u00eddem). <\/p>\n
El proferimiento de una sentencia anticipada, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, criterio arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. <\/p>\n
Al respecto, expuso esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan al fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
\u201cDe igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderante oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para prever de fondo anticipado se configura cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
En el sublite resulta procedente dictar un fallo anticipado, pues seg\u00fan se infiere, no resultaba indispensable se\u00f1alar y celebrar audiencia para evacuar alguna prueba, pues las ordenadas son documentales, se cuenta, adem\u00e1s, con lo decretado y recaudado en juicio. <\/p>\n
En consecuencia, adelantar una audiencia en este asunto se torna innecesario, en particular, ante la ausencia de oposici\u00f3n, debiendo entonces proferirse decisi\u00f3n definitiva, inmediata y escrita. <\/p>\n
2.2. En el marco del Derecho internacional privado las relaciones entre los estados se afianzan en la medida en que se contemplen mecanismos de reconocimiento rec\u00edproco de sus respectivas decisiones judiciales. El exequ\u00e1tur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de las formalidades legales. <\/p>\n
En Colombia, los jueces como garantes de la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y de la ley asumen responsabilidades que ata\u00f1en directamente con el respeto y la defensa de la soberan\u00eda nacional. El Estado Colombiano a trav\u00e9s de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ha dejado en cabeza de esta Corporaci\u00f3n la tarea de verificar el acatamiento de los requisitos legales, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica y, para el efecto, debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y aqu\u00e9l donde se profiri\u00f3 el fallo, existan tratados que revistan del mismo valor en ese territorio a las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
Sin embargo, ante la ausencia de tales instrumentos de derecho internacional, deber\u00e1 compararse la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si no existe violaci\u00f3n de normas de orden p\u00fablico y si dichos ordenamientos contemplan disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que se impone elucidar \u201c(\u2026) si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u201d8. <\/p>\n
2.3. El exequatur est\u00e1 relacionado con la soberan\u00eda, elemento esencial del Estado, y como emanaci\u00f3n de ella, compete a sus propios jueces impartir justicia en el respectivo territorio. <\/p>\n
Este postulado ha adquirido una nueva dimensi\u00f3n como consecuencia de la creciente interrelaci\u00f3n de los distintos pa\u00edses, por el flujo que se genera en el tr\u00e1fico de bienes y servicios habidos entre ellos, sus naturales o connacionales, por la creciente globalizaci\u00f3n, la formaci\u00f3n de bloques econ\u00f3micos, el aumento de leyes uniformes, permitiendo que decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos no solo en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en \u00e9l, sino tambi\u00e9n en Estados extranjeros, a condici\u00f3n de que se observen determinados principios. <\/p>\n
De ese modo, con fundamento en el sistema de reciprocidad, frecuentemente sentencias o laudos pronunciados en el extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria9, producen efectos vinculantes en Colombia. <\/p>\n
2.4. En nuestro pa\u00eds se reconocen plenas consecuencias a las decisiones adoptadas en otras naciones, siempre y cuando se hayan proferido con igual fuerza a las emitidas por los jueces patrios, (i) ya en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplom\u00e1tica; (ii) ora porque la ley del territorio de donde emana igual alcance confiera a las providencias nacionales, en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
En forma subsidiaria a los anteriores instrumentos, tambi\u00e9n se concede eficacia a los fallos extranjeros, conocido con (iii) el sistema de homologaci\u00f3n jurisprudencial o de hecho, calificable como una modalidad de reciprocidad jurisprudencial. <\/p>\n
2.4.1. La diplom\u00e1tica, convencional o ejecutiva, tiene lugar cuando entre Colombia y el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n judicial objeto del exequatur, se ha suscrito tratado p\u00fablico que permita igual aplicaci\u00f3n en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestaci\u00f3n a la fuerza que \u00e9stas tengan en aqu\u00e9l, las suyas vinculen en nuestro suelo10. <\/p>\n
2.4.2. La legislativa, como reconocimiento de sentencias previsto en la normativa extranjera. <\/p>\n
Bajo este esquema, a falta de Tratado, debe demostrarse que en el pa\u00eds donde se emiti\u00f3 la providencia objeto de exequatur tambi\u00e9n existe ley en ese territorio que le d\u00e9 validez a las dictadas en Colombia. Subordina el goce de los derechos de los extranjeros a la existencia en su pa\u00eds, de una norma de derecho interno que otorgue un trato semejante a los nacionales del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En otras palabras, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva legislaci\u00f3n extranjera para darle al fallo la misma fuerza concedida por esa disposici\u00f3n a los proferidos en Colombia. <\/p>\n
En consecuencia, cuando no hay tratado p\u00fablico, es indispensable demostrar en el proceso respectivo que la ley del pa\u00eds donde fue dictada la sentencia que pretende ejecutarse en Colombia, da el mismo valor a las sentencias de los jueces nacionales colombianos11. <\/p>\n
La prueba de este sistema debe ajustarse a lo previsto en el art. 177 del C.G.P., seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.4.3. La jurisprudencial o de hecho, con la cual se busca dar los mismos efectos a las sentencias proferidas en el exterior a los fallos dictados en el pa\u00eds de origen. Esta posibilidad es de gran aplicaci\u00f3n en los sistemas del common law por virtud de la trascendencia de las decisiones judiciales y del stare decisis. <\/p>\n
Para su consecuci\u00f3n, la providencia debe contener similares caracter\u00edsticas a las dictadas en Colombia. En pos de acreditarla deben aportarse las resoluciones de tribunales extranjeros, debidamente traducidos y legalizados, con la expresa constancia que en ellas se da cumplimiento a las disposiciones nacionales12. <\/p>\n
Tal homologaci\u00f3n, se itera, es propia del common law, pero aplicable tambi\u00e9n al sistema civilista romano15, pues se edifica en los principios de justicia y armon\u00eda internacionales, cuya pr\u00e1ctica compendia la m\u00e1xima latina \u201cdo ut des facio ut facias\u201d16, pues el reconocimiento de actos de soberan\u00eda de un Estado extranjero, como una sentencia, aun cuando no exista reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, conlleva dos tipos de implicaciones positivas. <\/p>\n
La primera, porque se cumple la obligaci\u00f3n \u00e9tica de obedecer el derecho (duty), esto, por cuanto, prima facie, en toda naci\u00f3n que asuma y profese valores democr\u00e1ticos, ser\u00e1n siempre las autoridades judiciales, por intermedio de sus jueces, a trav\u00e9s de sus providencias, quienes acometen la labor de adjudicar las prerrogativas jur\u00eddicas a los ciudadanos, perspectiva que define e involucra a las instituciones \u201c(\u2026) al servicio de la persona humana, y no al rev\u00e9s (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
Ello se acompasa con uno de los consabidos fines del Derecho, como es su pretensi\u00f3n \u00e9tica18, cuando apunta a situar al individuo en alteridad con los otros sujetos de derecho, con independencia de la nacionalidad a la que pertenezcan, y de ese modo, satisfacer sus necesidades de justicia, dado los rutinarios conflictos que genera la convivencia humana. <\/p>\n
La segunda comporta un valor progresista, en pro de la materializaci\u00f3n de la justicia, entendida esta como esencial virtud de toda forma de organizaci\u00f3n social, ya sea nacional o extranjera. <\/p>\n
As\u00ed, el punto de partida y foco de esta implicaci\u00f3n es dejar claro que la justicia es la estructura b\u00e1sica de toda sociedad democr\u00e1tica, criterio que, por ser universal, impone a los Estados la obligaci\u00f3n de cooperar en su consolidaci\u00f3n, al punto de promover el bienestar de las personas que se favorecen de las decisiones judiciales. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la cooperaci\u00f3n judicial entre naciones implica asumir un sentido transnacional de justicia y una concepci\u00f3n compartida de la misma, donde las diferencias de intereses y objetivos pol\u00edticos de los Estados, no tienen el poder de afectar el fortalecimiento de v\u00ednculos comunes de todo sistema judicial, como la independencia, imparcialidad, legalidad, igualdad, debido proceso, recurso efectivo de amparo ante los jueces y derecho de defensa19. <\/p>\n
Tal enfoque supone que el reconocimiento y cumplimiento de un fallo proferido en el extranjero, en el evento de no existir reciprocidad diplom\u00e1tica y legislativa, ser\u00e1 viable si en el juicio donde se profiri\u00f3 se respetaron las garant\u00edas procesales de los involucrados, siempre y cuando su contenido no sea producto del fraude o colusi\u00f3n, o no violente el orden p\u00fablico nacional o internacional. <\/p>\n
De esa manera, un Estado, por medio de sus jueces, analiza la pertinencia de homologar una sentencia, trata la cuesti\u00f3n y la soluciona para colmar los vac\u00edos legales o la ausencia de instrumentos bilaterales o multilaterales de los Estados, a fin de ensanchar el espacio de los derechos individuales y ofertar recursos de protecci\u00f3n frente a la rigidez o desactualizaci\u00f3n de los sistemas de relaciones internacionales o legislativos, en b\u00fasqueda de un tratamiento de igualdad y de justicia; al mismo tiempo, que por la cortes\u00eda que se deben entre s\u00ed los \u201csoberanos\u201d o los Estados por su condici\u00f3n de iguales. <\/p>\n
El precepto 605 del C. G. del P. abriga dos de los sistemas de reciprocidad, pues, de un lado, \u201c(…) se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds (…)\u201d; y, de otro, a falta de aqu\u00e9llos, \u201c(…) se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (\u2026)\u201d20 <\/p>\n
2.5. Estructurados los antecedentes dogm\u00e1ticos sobre la reciprocidad y evaluados los elementos probatorios de esta actuaci\u00f3n, advierte la Sala reunidos los requisitos para conceder el exequ\u00e1tur solicitado. <\/p>\n
2.5.1. El tema de la reciprocidad, porque si bien, como lo inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores, \u201cno existe tratado en vigor en Colombia y Pa\u00edses Bajos sobre el reconocimiento rec\u00edproco y la ejecuci\u00f3n de sentencias en materia civil (por ejemplo, sentencias de divorcio)\u201d, cierto es, en el Estado for\u00e1neo se contempla la posibilidad de materializar una sentencia judicial proferida fuera de sus fronteras. <\/p>\n
La legislaci\u00f3n del Reino de Pa\u00edses Bajos, debidamente acreditada en el asunto, prev\u00e9 esa posibilidad, pues seg\u00fan los art\u00edculos 431, y 985 a 986 del \u201cWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering21\u201d, tiene lugar cuando, mediando convenio o ley, la decisi\u00f3n de un tribunal extranjero solo surte efectos \u201chasta que se haya obtenido la autorizaci\u00f3n judicial a tal efecto\u201d22. Esto traduce en correlaci\u00f3n legislativa en esa precisa materia, aplicable en cada caso concreto. <\/p>\n
2.5.2. Ciertamente, la Corte no viene concediendo exequ\u00e1tur a decisiones provenientes de los pa\u00edses bajos, empero, en el presente caso, resulta plausible atendiendo las siguientes premisas: <\/p>\n
Como ya se se\u00f1al\u00f3, hay correspondencia normativa, seg\u00fan se demuestra con las traducciones legales oficiales para lo cual, esta Corte fue insistente hasta obtenerla, cuyo C\u00f3digo de Procedimiento se halla debidamente actualizado y a tono con las necesidades y soluciones de la familia contempor\u00e1nea, un tanto similares a las nuestras. Y a esta coincidencia jur\u00eddica entre el sistema de aquel ordenamiento normativo con el nuestro, se le suma la reciprocidad \u201crefleja\u201d jurisprudencial, la cual, seg\u00fan se advirti\u00f3, debe entenderse como el reflejo sim\u00e9trico de dos togas a trav\u00e9s del espejo. <\/p>\n
En efecto, el encuentro con otras decisiones judiciales, dictadas con respaldo a id\u00e9nticas garant\u00edas como el debido proceso, y respetuosas de las reglas democr\u00e1ticas, facilita, para el asunto, a pesar de las peculiares diferencias entre el sistema for\u00e1neo con el nuestro, identificar importantes a\u0301reas comunes, y sugiere, por tanto, que los valores y principios nacionales esta\u0301n, de hecho, ligados a valores jur\u00eddicos ma\u0301s universales; por ejemplo, cuando la soluci\u00f3n de un conflicto conyugal es resuelto directamente por las propias partes, con la ayuda de un tercero calificado como un juez. <\/p>\n
Dicho enfoque, en \u00faltimas, sobresale en el sublite, porque, ante todo, privilegia el consentimiento de los c\u00f3nyuges para divorciarse, el cual, para su eficacia, debe manifestarse ante el juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Tal aspecto, consolidado en la sentencia for\u00e1nea, se corresponde con la labor judicial colombiana a trav\u00e9s de lo exigido por el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 del C.C. <\/p>\n
La reciprocidad jurisprudencial, por tanto, se consolida, porque para el caso define no solo el contenido sino la concreci\u00f3n de la expresi\u00f3n de la voluntad de los c\u00f3nyuges, al manifestar su intenci\u00f3n un\u00edvoca de poner fin al matrimonio, relev\u00e1ndoles de expresar los motivos que los llevan a divorciarse. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el tr\u00e1mite judicial, en Colombia y en el pa\u00eds que nos convoca, concretado con la sentencia, no es indiferente ni pasivo, por el contrario, es m\u00e1s activo, por cuanto la labor del juez se concentr\u00f3, no s\u00f3lo en dotar el car\u00e1cter solemne al mutuo consentimiento, sino de velar porque el acuerdo por los c\u00f3nyuges divorciados, garantice el bienestar de sus dos hijos nacidos durante el matrimonio, esto es, lo relativo a c\u00f3mo se atender\u00e1 el cuidado personal de \u00e9stos, su custodia, regulaci\u00f3n de visitas, la forma de cumplir las obligaciones alimentarias, y el estado de la sociedad conyugal. <\/p>\n
La correspondencia judicial \u201crefleja\u201d se cumple, pues, a pesar del trasiego transfronterizo, en la decisi\u00f3n extranjera se logra identificar la salvaguarda de derechos y estructuras del derecho de familia esenciales para el mantenimiento de la unidad y bienestar de sus miembros, no obstante de la ruptura matrimonial, en especial de los menores, circunstancia que evidencia una forma de garant\u00eda al reconocimiento universal del principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o respecto a las reglas comunes sobre divorcio. En efecto, all\u00e1 se protegen, como con celo semejante lo hace el legislador y el juez patrio. <\/p>\n
El derecho de familia, en un mundo globalizado, se presenta en todos los pa\u00edses, como base primordial para el desarrollo del ser humano, de tal forma que paralelamente se plantean nuevos retos frente a la evidente crisis de la instituci\u00f3n familiar, la cual se fija, casi irremediablemente, en el matrimonio, donde concurren, en la actualidad, muchas y diversas situaciones que lo debilitan, como los matrimonios tard\u00edos, poco frecuentes, o de poca duraci\u00f3n, marcados por aspectos transfronterizos, cuestiones todas que marcan la necesidad de orientar las decisiones judiciales llamadas a resolver esos conflictos como una prioridad social y p\u00fablica que debe apoyar la unidad y la estabilidad familiar para el buen desarrollo del ser humano y todo lo que ello origina. <\/p>\n
Otras circunstancias que irradian a la instituci\u00f3n familiar, lo constituyen el cambio o consolidaci\u00f3n del domicilio familiar fuera del pa\u00eds, que redunda no solo en aspectos comerciales o econ\u00f3micos, sino personales, lo que implica que han propiciado en abogar por reformas interpretativas que conllevan a aplicar el derecho cuando nos situamos ante una familia multicultural23, como ocurre en este caso, pues se trata de una cuesti\u00f3n de m\u00e1ximo inter\u00e9s y no de menos complejidad. <\/p>\n
Le corresponde al derecho internacional privado, adoptado para el asunto en la reciprocidad jurisprudencial en asuntos de familia, contribuir a ofrecer soluciones sobre la convivencia pac\u00edfica entre sistemas de contacto, los cuales deben ser justos y respetuosos de la diversidad entre ciudadanos nacionales y extranjeros. <\/p>\n
Llamamos a esto el n\u00facleo m\u00ednimo universal de los valores familiares, el cual se debe conectar con un compromiso de los jueces con un punto de referencia transnacional de di\u00e1logo judicial a trav\u00e9s de la sentencia cuando proh\u00edja valores universales de soluci\u00f3n consensuada, adecuada y racional de los conflictos familiares, es decir, con un juicio comparativo judicial cosmopolita. <\/p>\n
2.5.3. Esta Sala, se recuerda nuevamente, a prop\u00f3sito, ha proferido determinaciones negando conceder el exequatur trat\u00e1ndose de sentencias de divorcio proferidas por la justicia del Reino de los Pa\u00edses Bajos, por ejemplo, entre otras, las sentencias SC5500-2018, SC5991-2014, 2006-01448-00 de 19 de diciembre de 2012, y 2010-00211-00 de 9 de noviembre de 2011, respectivamente, cuyas ratios decidendi consistieron, en concreto, por la falta de prueba de la existencia de reciprocidad diplom\u00e1tica y legislativa. <\/p>\n
En el presente caso, la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica es distinta, porque ac\u00e1 se acredit\u00f3 la correspondencia normativa del Estado extranjero frente a la ejecuci\u00f3n de decisiones judiciales proferidas por fuera de sus fronteras, seg\u00fan se advierten los art\u00edculos 431, y 985 a 986 de su Estatuto Procesal, instituci\u00f3n del exequ\u00e1tur que fue acogida, al parecer, por una reforma reciente al mismo en 2017. <\/p>\n
Con todo, seg\u00fan se afirm\u00f3, tambi\u00e9n se demostr\u00f3 la reciprocidad jurisprudencial \u201crefleja\u201d, por cuanto, aun cuando no existan las otras formas principales de reciprocidad, sobresale esta de manera subsidiaria, la cual, superando el exceso ritual manifiesto, permite solucionar tales vac\u00edos, en el sentido de indagar si la sentencia for\u00e1nea consigna valores jur\u00eddicos fundamentales, incluso universales; en particular, frente a las garant\u00edas procesales y sustanciales de los intervinientes, realizando un mayor enfoque en velar que los intereses de los nacionales colombianos no sean desconocidos o vulnerados arbitrariamente, o en su defecto, discriminados por raz\u00f3n de su nacionalidad; circunstancias como, en efecto, no podr\u00eda pasar si se tratara de sentencias dictadas en suelo patrio. <\/p>\n
Am\u00e9n de lo dicho, si nuestro ordenamiento permite que funcionarios diferentes a los jueces aprueben los divorcios o las cesaciones de los efectos civiles de matrimonios, cuando son consensuados o por mutuo acuerdo sin control judicial alguno; y si all\u00ed en el sistema de los Pa\u00edses Bajos, la decisi\u00f3n que se procura homologar, viene autorizada en sentencia judicial, no por autoridades sin facultad ni atribuci\u00f3n jurisdiccional, sino por un Tribunal, como el de \u00c1msterdam, no puede negarse el gran peso, vigor y eficacia judicial que dimanan esas decisiones judiciales, y con mayor raz\u00f3n cuando lo autorizado no fue un asunto contencioso, sino sentencia aprobatoria del acuerdo rec\u00edproco de los consortes, que aqu\u00ed como se reitera, hasta los notarios p\u00fablicos lo pueden autorizar. <\/p>\n
Ahora, a\u00fan cuando protecci\u00f3n brindaron a los hijos aquellas autoridades judiciales sin reproche alguno, el punto tocante con \u00e9stos, no es el exequ\u00e1tur, sino lo referente con un divorcio por mutuo acuerdo, justamente, al que se le otorga aprobaci\u00f3n por esta Corte, por hallarlo concorde con nuestro sistema y con los principios del derecho universal familiar. Las decisiones con relaci\u00f3n a hijos, por el contrario, en los sistemas judiciales como el nuestro est\u00e1n sometidos a las condiciones cambiantes de los responsables de ellos, en cada momento hist\u00f3rico y espacial. Con todo, a ellos se les brind\u00f3 all\u00e1 la protecci\u00f3n del caso. <\/p>\n
2.6. A fin de establecer la viabilidad de autorizaci\u00f3n para la ejecuci\u00f3n en Colombia de la sentencia que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio, proferida por el Tribunal de \u00c1msterdam, Pa\u00edses Bajos; pasa la Sala a auscultar con intensidad, los elementos de juicio acopiados. <\/p>\n
2.6.1. La determinaci\u00f3n en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emiti\u00f3, solo se refiere a la ruptura del v\u00ednculo matrimonial y a cuestiones relacionadas con la guarda y custodia de los menores, domicilio de los hijos, r\u00e9gimen de visitas, obligaciones alimentarias, compromisos especiales sobre el cuidado de los menores, entre otras disposiciones, dichas estipulaciones se encuentran establecidas en la sentencia de divorcio y el acuerdo o plan de paternidad que presentaron los para entonces c\u00f3nyuges y que fue aprobada por el Tribunal de \u00c1msterdam. (Fls. 1-7 y del 18-28). <\/p>\n
2.6.2. El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, ya que \u00e9ste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 6\u00ba de la Ley 25 de 1992, en las cuales se prev\u00e9 el \u00abconsentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb, luego no existe incompatibilidad con la norma nacional. <\/p>\n
2.6.3. La misma alcanz\u00f3 ejecutoria y firmeza desde el 13 de marzo de 2013, como se advierte de la respectiva constancia del estrado judicial de conocimiento (Fls. 8-10), documento ratificado por m.w S.H.M. van Breene actuando en calidad de secretario del Tribunal de \u00c1msterdam. Ello qued\u00f3 debidamente probado, puesto como se advierte en la sentencia pronunciada el 13 de la antelada corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) no se present\u00f3 apelaci\u00f3n contra la separaci\u00f3n de manera que es cosa juzgada\u201d (Fl. 10). <\/p>\n
2.6.4. El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia; desde luego, al estar residenciada la pareja en el Reino de Pa\u00edses Bajos, las competentes autoridades de ese territorio ten\u00edan jurisdicci\u00f3n para pronunciarse sobre la materia, como en efecto se hizo a trav\u00e9s de la providencia invocada. <\/p>\n
2.6.5. En el plenario no obra el menor rastro indicativo de que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio de la solicitante con Jos\u00e9. <\/p>\n
2.6.6. El divorcio se inici\u00f3 y fue adelantado como proceso de mutuo acuerdo, tal como se expone en los antecedentes de la sentencia de primera instancia <\/p>\n
2.6.7. Sobre la citaci\u00f3n del c\u00f3nyuge al interior del tr\u00e1mite homologatorio, esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: \u201c[n]o se orden\u00f3 la citaci\u00f3n de la contraparte, porque el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil la exige cuando la decisi\u00f3n por homologar ha sido adoptada en proceso contencioso, naturaleza de la que no est\u00e1 revestido el procedimiento que se sigui\u00f3 en el caso, dado que el divorcio fue por mutuo acuerdo\u201d (CSJ SC, 4 abr. 2008, Rad. 2006-01256, criterio reiterado CSJ SC, 5 agosto. 2013, Rad. 2011-00104-00). Por ende, no se mira necesario la citaci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9. <\/p>\n
2.6.8. Se acreditan tambi\u00e9n, los presupuestos de apostillaje, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso en lo relativo al apostillaje. <\/p>\n
La Corte Constitucional en sentencia C-164 de 1999, declar\u00f3 la exequibilidad de la Ley 455 de 1998 mediante la cual, se aprob\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u201d. Este tratado de aplicaci\u00f3n obligatoria en el territorio nacional, al haber cumplido los tr\u00e1mites para su incorporaci\u00f3n en el derecho interno, introdujo modificaciones consistentes en sustituir la autenticaci\u00f3n diplom\u00e1tica o a trav\u00e9s del C\u00f3nsul, por un sello de apostilla conforme a los t\u00e9rminos previstos en dicho mecanismo internacional y al ordenamiento jur\u00eddico de los pa\u00edses suscriptores. <\/p>\n
Con lo anterior, la legalizaci\u00f3n de los documentos p\u00fablicos provenientes del extranjero se surte agotando ese procedimiento, sin menoscabo de las exigencias antes previstas en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.7. En conclusi\u00f3n, se otorgar\u00e1 el exequ\u00e1tur. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el exequ\u00e1tur al fallo proferido el 13 de marzo de 2013 por el Tribunal de \u00c1msterdam, (Reino de los Pa\u00edses Bajos), departamento de derecho privado, a trav\u00e9s del cual se decret\u00f3 el divorcio entre Mar\u00eda y Jos\u00e9. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, Ordenar a la Notaria Sexta del Circuito de Bogot\u00e1 D.C, inscribir la presente providencia, junto la sentencia autorizada proferida el 13 de marzo de 2013 por el Tribunal de \u00c1msterdam, Pa\u00edses Bajos, en el registro Civil de Matrimonio con indicativo serial N\u00ba 4337812, y a la Notaria Tercera del Circuito de Bogot\u00e1 D.C, en el registro civil de nacimiento de la solicitante con N\u00ba 34980139. L\u00edbrense los oficios correspondientes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 Esta es la filosof\u00eda que inspira las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las cuales se prev\u00e9 que los procesos pueden fallarse a trav\u00e9s de resoluciones anticipadas, por parecer innecesario agotar las etapas posteriores. (TARUFFO, M. \u201cEl proceso civil de \u201ccivil law\u201d: Aspectos fundamentales\u201d. En \u201cRevista Ius et Praxis\u201d, 12 (1): 69 \u2013 94, 2006). <\/p>\n
6\u0002 PALACIO L., \u201cManual de Derecho Procesal Civil\u201d, LexisNexis, Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pp. 72. <\/p>\n
7\u0002 CSJ, SC12137, 15 ag. 2017, rad. n\u00ba 2016-03591-00. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC20806-2017, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00. <\/p>\n
9\u0002 \u00abLa sentencia, como producto de la jurisdicci\u00f3n, emana de la soberan\u00eda, y por eso sus efectos jur\u00eddicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberan\u00eda se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequatur no produce en nuestro ordenamiento jur\u00eddico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, seg\u00fan dice muy bien Morelli, deriva un efecto jur\u00eddico, que consiste en hacer surgir en la parte la acci\u00f3n tendiente precisamente al reconocimiento\u00bb (SENTIS MELENDO, S. \u201cLa sentencia extranjera (exequatur)\u201d, Buenos Aires: Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 1958, pp. 40). <\/p>\n
10\u0002 CSJ SC 25 de septiembre de 1996. Exp.5524. <\/p>\n
11\u0002 CSJ SC 0282 de 26 de noviembre de 1984, M.P. Alberto Ospina Botero. <\/p>\n
12\u0002 MONS\u00c1LVEZ, M. \u201cDel cumplimiento en Chile de Resoluciones pronunciadas por Tribunales Extranjeros\u201d, Editorial Andr\u00e9s Bello, p\u00e1g. 100. <\/p>\n
13\u0002 Principio por el cual los Tribunales de un Estado respetan las decisiones de los jueces de otro Estado. <\/p>\n
14\u0002 Se traduce Cortes\u00eda Internacional, es tambi\u00e9n conocida como \u201ccomitas gentium\u201d: \u201cUsos sin car\u00e1cter de obligaci\u00f3n, observados en las relaciones internacionales, simplemente por razones de consideraciones rec\u00edprocas\u201d, (GUILLIEN, R. y otro. Diccionario jur\u00eddico, 2da edic. Bogot\u00e1: Temis, 1990, P. 113-114). Se basa en la voluntad unilateral de un Estado por medio de sus jueces a diferencia por ejemplo de un tratado que es un acto jur\u00eddico bilateral que conlleva el consentimiento de dos o m\u00e1s partes. Es una doctrina que se acerca al Stoppel. <\/p>\n
15\u0002 Tradicionalmente se ha entendido que el sistema romano y el anglosaj\u00f3n resultan totalmente distintos e incompatibles, cuando en realidad comparten asuntos comunes en temas constitucionales, procesales, civiles, comerciales, entre otros. La globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, pol\u00edtica y cultural destruye barreras, intercomunica y amalgama crecientemente modelos, entre ellos, los jur\u00eddicos, de modo que hay una casi natural influencia rec\u00edproca de ambas familias jur\u00eddicas, en las fuentes creadoras del derecho y muchos otros aspectos, pues en uno tiene lugar a trav\u00e9s del se\u00f1alamiento de reglas impersonales, generales y abstractas (leyes); y el otro, se finca en la obligatoriedad del precedente (stare decisis) fijado por los jueces (sentencias), el cual se construye a trav\u00e9s de casos. <\/p>\n
16\u0002 \u201cHago para que des\u201d, locuci\u00f3n que en el derecho romano se refer\u00eda a una denominaci\u00f3n gen\u00e9rica de los contratos innominados, en los cuales una de las partes realizaba una prestaci\u00f3n o ejecutaba alg\u00fan hecho para obtener una cosa de la otra (CABANELLAS DE TORRES, G. \u201cDiccionario jur\u00eddico elemental\u201d. 11a. Ed. Buenos Aires: Heliasta, 1993). <\/p>\n
17\u0002 COTRONEO ORME\u00d1O, C., \u201c\u00bfObligaci\u00f3n moral de obedecer el Derecho? la desobediencia civil en Rawls y su inclusi\u00f3n en el positivismo jur\u00eddico incluyente\u201d en Revista Derecho y Humanidades n\u00b0 25, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 69, (2015). <\/p>\n
18\u0002 Aqu\u00ed se resalta la noci\u00f3n kantiana sobre la relaci\u00f3n hombre y dignidad, la cual alcanza su culmen cuando el Derecho reconoce y respeta al individuo. <\/p>\n
19\u0002 Art\u00edculos 7, 8, 9 y 10 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas \u2013ONU; 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SC G. J., t. LXXX, p\u00e1gina 464, CLI, p\u00e1gina 69, CLVIII, p\u00e1gina. 78, y CLXXVI, pagina 309, entre otras. <\/p>\n
21\u0002 C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
22\u0002 A prop\u00f3sito, se\u00f1ala el canon 985 del mencionado estatuto for\u00e1neo: \u201ccuando una decisi\u00f3n dictada por un tribunal de un Estado extranjero sea ejecutable en los Pa\u00edses Bajos en virtud de un tratado o por ley, no se ejecutar\u00e1 hasta que se haya obtenido la autorizaci\u00f3n judicial a tal efecto. El caso en s\u00ed no se volver\u00e1 a examinar\u201d (se resalta). <\/p>\n
23\u0002 CALVO CARAVACA, Alfonso \u201cEl derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales\u201d Madrid, Colex2003,pp 271 y ss. <\/p>\n
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SC4049-2021 (2017-01853-00)_1 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58210","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58210"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58210\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}