SC4112-2021 (2003-00976-01)_1<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4112-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-008-2003-00976-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por las demandantes BLASTINGMAR LTDA (hoy BLASTINGMAR S.A.S), NICASTILLO LTDA. (hoy NICASTILLO S.A en liquidaci\u00f3n) y SOTELO V\u00c9LEZ SOVEL LTDA frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 27 de julio de 2015, a prop\u00f3sito del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que instaur\u00f3 en contra de FIDUANGLO S.A (HOY FIDUCIARIA GNB S.A). <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con la demanda -y el escrito que la reform\u00f3- se pretende: i) Que se declare que la demandada, Fiduciaria -GNB.S.A.-, incumpli\u00f3 el contrato de fiducia contenido en la Escritura P\u00fablica N\u00b01352 de 8 de junio de 1994 de la Notar\u00eda 46 de Bogot\u00e1 D.C. ii) Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a indemnizar a favor de las sociedades demandantes, el pago de todos los perjuicios compensatorios derivados de tal incumplimiento. Y, iii) solicit\u00f3 que se condene al pago de los intereses moratorios comerciales, calculados sobre el monto de los perjuicios probados desde la fecha de su ocurrencia hasta cuando se verifique su efectivo pago. <\/p>\n
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B. Causa petendi <\/p>\n
2.1. Adujeron que la Compa\u00f1\u00eda de Astilleros S.A. -Conastil- fue constituida con escritura p\u00fablica no. 157 del 26 de febrero de 1969, otorgada en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Cartagena. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alaron que, en el a\u00f1o de 1989, Conastil inici\u00f3 un tr\u00e1mite de concordato preventivo -al amparo del Decreto 350 de 1993-. El 22 de abril de 19941, se inici\u00f3 una audiencia concordataria entre la sociedad demandada y sus acreedores. Esta diligencia, tras ser suspendida en varias oportunidades, concluy\u00f3 en la sesi\u00f3n del 6 de mayo de 1994, en la cual se adoptaron las siguientes determinaciones: <\/p>\n
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a. Derogar en su totalidad el acuerdo concordatario previamente celebrado entre Conastil y sus acreedores el 26 de junio de 1990, as\u00ed como su reforma del 20 de diciembre de 1991. <\/p>\n
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b. Se acord\u00f3 con los acreedores concordatarios que, con el prop\u00f3sito de generar una fuente de pago de los pasivos a cargo de la concordada, se aprobara celebrar un contrato de fiducia con Fiduanglo S.A. En virtud de tal negocio, se transfiri\u00f3 el establecimiento de comercio que integra la unidad econ\u00f3mica Conastil S.A., para que fuera vendido en bloque, preservando la unidad industrial, junto con el inmueble \u2013 identificado con folio de matr\u00edcula 060-0042575-, que soportaba una hipoteca en favor del Instituto de Fomento industrial (IFI). <\/p>\n
2.3. Para el a\u00f1o 1995, estos bienes fueron avaluados as\u00ed: a) la unidad comercial -el astillero- en la suma de 4.902.000 d\u00f3lares americanos y b) -el inmueble- en la suma de 20.991.868.800 de pesos colombianos. <\/p>\n
2.4. El negocio fiduciario fue elevado a escritura p\u00fablica No. 1352 de 8 de junio de 1994, en que se convino crear una Junta del fideicomiso que se ocupar\u00eda de impartir las instrucciones para el cumplimiento del objeto del contrato de fiducia. Y en particular la disposici\u00f3n y enajenaci\u00f3n de los bienes fideicomitidos que integran el patrimonio aut\u00f3nomo. <\/p>\n
2.5. El 15 de noviembre de 1994, la Junta del fideicomiso autoriz\u00f3 a la fiduciaria (demandada) para solicitar ante el Instituto de Fomento Industrial -IFI- un cr\u00e9dito en cuant\u00eda de 5.000 millones de pesos para el pago del pasivo laboral de la compa\u00f1\u00eda. Con comunicaci\u00f3n del 7 de diciembre de 1994, el IFI comunic\u00f3 a la demandada la aprobaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de cr\u00e9dito por valor de 7.000 millones de pesos, con un plazo de 3 a\u00f1os, sin periodo de gracia. Adem\u00e1s, que se tuvo como garant\u00eda el certificado expedido por la fiduciaria sobre los bienes del fideicomiso y cuya destinaci\u00f3n era el pago de acreencias laborales. Afirmaron que la fiduciaria (demandada) excedi\u00f3 los l\u00edmites de las instrucciones impartidas por la Junta del fideicomiso al ofrecerle al IFI la subrogaci\u00f3n correspondiente a la prelaci\u00f3n de las acreencias laborales post concordatarias. Se\u00f1al\u00f3 que dicho ofrecimiento no fue mencionado ni aprobado por la Junta del fideicomiso cuando se autoriz\u00f3 la solicitud de cr\u00e9dito. Apuntalaron que, posteriormente, en la audiencia concordataria concluida el 15 de agosto de 1997, se aprob\u00f3 la daci\u00f3n en pago de la totalidad de los bienes fideicomitidos al Instituto de Fomento Industrial (en adelante, IFI). Para tal efecto, se estim\u00f3 que, en beneficio del IFI, hab\u00eda operado la subrogaci\u00f3n legal por el pago de las posteriores obligaciones laborales -tal y como hab\u00eda sido ofertada por la Fiduciaria, \u00absin autorizaci\u00f3n alguna\u00bb-. <\/p>\n
2.6. Aseveraron que la decisi\u00f3n referida fue adoptada en la Junta concordataria con el voto favorable del propio (IFI), que representaba el 73.919% de las acreencias concordatarias a cargo de Conastil S.A. junto con el Banco de Comercio Exterior, que ostentaba el 7.07 21%. Adem\u00e1s, que en esa reuni\u00f3n no participaron los demandantes, por tener \u00fanicamente la calidad de acreedores post concordatarios y sin la intervenci\u00f3n de la Junta del fideicomiso, a pesar de ser vocera leg\u00edtima del fideicomitente Conastil S.A. y sus acreedores. Manifestaron que el acto de la daci\u00f3n fue suscrito en el marco de una audiencia concordataria de 10 de noviembre de 1997, en la cual tampoco pod\u00edan votar los demandantes -al ser \u00fanicamente permitido el voto de los acreedores de naturaleza concordataria-. <\/p>\n
2.7. Insistieron en que, sin mediar instrucci\u00f3n alguna de la Junta de fideicomiso, la Fiduciaria demandada, motu proprio, efectu\u00f3 a favor del IFI la daci\u00f3n en pago de todos los bienes que integraban la unidad econ\u00f3mica de Conastil S.A. Expresaron que la mencionada daci\u00f3n en pago signific\u00f3 la entrega de bienes, por parte de la demandada fiduciaria, en cuant\u00eda de 26.000 millones de pesos para cancelar a favor del IFI la operaci\u00f3n ejecutada del mutuo comercial con intereses que correspond\u00eda a un capital de 7.000 millones de pesos, m\u00e1s intereses al DTF m\u00e1s 8 puntos. Aseguraron que el perfeccionamiento de la daci\u00f3n en pago gener\u00f3 un millonario perjuicio directo, en atenci\u00f3n a que sus acreencias fueron totalmente desconocidas, sin posibilidad material de recuperar siquiera parcialmente sus cr\u00e9ditos. <\/p>\n
2.8. Finalmente, adujeron que el acto jur\u00eddico de daci\u00f3n en pago implic\u00f3 graves incumplimientos al contrato de fiducia, a saber: a) El desconocimiento de la Junta del fideicomiso como \u00fanico \u00f3rgano encargado de autorizar la disposici\u00f3n de bienes del fideicomitente. b) La violaci\u00f3n de los l\u00edmites temporales previstos para la gesti\u00f3n de la fiduciaria. c) El desconocimiento de la prelaci\u00f3n en los pagos efectuados. Y d) la grave negligencia en materia del aval\u00fao y verdadero valor de los bienes fideicomitidos que fueron entregados en daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
La interpelada Fiduanglo S.A (hoy, Fiduciaria GNB S.A.) se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de m\u00e9rito que nomin\u00f3: \u00abcar\u00e1cter vinculante del acuerdo concordatario y sus modificaciones contra las demandantes\u00bb; \u00abconsentimiento y autorizaci\u00f3n de los acreedores\u00bb; \u00abla daci\u00f3n en pago no es un acto de la fiduciaria\u00bb; \u00abimprocedencia procesal\u00bb; \u00abfalta de competencia\u00bb; \u00abla fiduciaria cumpli\u00f3 sus obligaciones derivadas del contrato de fiducia\u00bb; \u00abinoponibilidad a la fiduciaria de las obligaciones adquiridas por terceros y por el patrimonio aut\u00f3nomo\u00bb; \u00abseparaci\u00f3n de los activos y pasivos del patrimonio aut\u00f3nomo art\u00edculo 1233 del c\u00f3digo de Comercio\u00bb; \u00abel objeto del contrato de fiducia no fue que el patrimonio aut\u00f3nomo se convirtiera en deudor de las obligaciones del Conastil S.A\u00bb; \u00abausencia de novaci\u00f3n\u00bb; \u00abincumplimiento de la condici\u00f3n suspensiva\u00bb; \u00abinexistencia de la relaci\u00f3n de causalidad directa entre los actos de la fiduciaria y los da\u00f1os objeto de las reclamaciones de las demandantes\u00bb. Adicionalmente, llam\u00f3 en garant\u00eda al IFI. <\/p>\n
D. Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones. El fallo fue oportunamente apelado, siendo confirmado por el Tribunal. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Comenz\u00f3 por indicar que el problema jur\u00eddico que se debe resolver se concreta en determinar si la demandada, HSBC Fiduciaria S.A. -antes Fiduanglo S.A.-, incumpli\u00f3 el contrato de fiducia contenido en la escritura p\u00fablica No. 1352 del 8 de junio de 1994. Y, como consecuencia de ello, \u00absi debe ser condenada a indemnizar a favor de las sociedades demandantes los perjuicios compensatorios derivados en la forma y cuant\u00eda solicitadas en el libelo introductorio\u00bb. Seguidamente, se ocup\u00f3 de presentar el desarrollo jurisprudencial de la fiducia mercantil, definiciones y caracter\u00edsticas. En particular, apunt\u00f3 que \u00abestos negocios son actos de confianza en virtud de los cuales si hay transferencia de la propiedad se est\u00e1 ante la denominada fiducia Mercantil y en ello radica su diferencia con el encargo fiduciario en el que s\u00f3lo se da una mera tenencia definida en el art\u00edculo 775 del C\u00f3digo Civil como aquella que se ejerce sobre una cosa en lugar o a nombre de otro\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, y comoquiera que la activa estructur\u00f3 sus pretensiones sobre las actuaciones de la fiduciaria en ejecuci\u00f3n del fideicomiso, procedi\u00f3 a estudiar lo concerniente a su responsabilidad. De tal manera que explic\u00f3 que \u00abla responsabilidad de las entidades fiduciarias se escribe en la denominada responsabilidad profesional la cual implica la utilizaci\u00f3n de un rasero m\u00e1s exigente al ordinario que ha sido construido sobre el nivel de diligencia y cuidado de un buen padre de familia\u00bb. Adicionalmente, precis\u00f3 que la responsabilidad del fiduciario sigue siendo una responsabilidad fundada en la culpa que se enmarca en el principio general de la responsabilidad consagrado en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil. As\u00ed las cosas, resultaba imprescindible que se demostrase: i) una acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte del fiduciario que pudiese ser calificada como culposa; ii) la existencia de un da\u00f1o cierto; y, iii) la debida conexidad entre la negligencia del fiduciario y el da\u00f1o. Aunado a ello, sostuvo que \u00abel da\u00f1o indemnizable, en principio, no se puede constituir en el desagrado con el resultado de la gesti\u00f3n del fiduciario, sino en una situaci\u00f3n de p\u00e9rdida efectiva que tenga como correlato un defecto en los mecanismos y m\u00e9todos utilizados o dejado de utilizar por el fiduciario\u00bb. <\/p>\n
Con soporte en lo expuesto, procedi\u00f3 a examinar los cargos formulados por las recurrentes. Frente al primer argumento, orientado a evidenciar el yerro del juzgador frente al tipo de acci\u00f3n ejercida -que fue la contemplada en el 1610 del C\u00f3digo Civil y no en el 1546 ibidem-, advirti\u00f3 que les asiste raz\u00f3n a las suplicantes, motivo por el cual el presente estudio se enfilar\u00e1 por ese sendero sin que ello altere la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, para viabilizar la procedencia de la acci\u00f3n indemnizatoria, \u00abla parte actora debi\u00f3 demostrar los elementos propios de la responsabilidad contractual derivada del supuesto incumplimiento de las obligaciones que ten\u00eda a su cargo en virtud del contrato de fiducia que celebr\u00f3 con CONASTIL S.A. plasmada una escritura p\u00fablica No. 1352 del 8 de junio de 1994 de la Notar\u00eda 46 de Bogot\u00e1 DC, siendo beneficiarios, entre otros, los aqu\u00ed demandantes \u201cBLASTINGMAR LTDA\u201d, \u201cCOMPETROL LTDA\u201d, \u201cNICASTILLO LTDA\u201d y \u201cSOVEL LTDA\u201d\u00bb. Sentado lo anterior, afirm\u00f3 que el reproche se basa en la preterici\u00f3n de la Junta del fideicomiso en cumplir con las obligaciones consagradas en los numerales 5\u00b0, 6\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 34 del contrato bajo estudio, a saber, \u00ab\u201cAutorizar los actos de disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos y de los eventuales rendimientos que se produjeren todo en orden a cumplir con el objeto del contrato\u201d, \u201cAutorizar la contrataci\u00f3n de cr\u00e9ditos por cuenta y con garant\u00eda del fideicomiso\u201d y \u201cOrdenar la enajenaci\u00f3n de los bienes fideicomitidos para cubrir las obligaciones directamente contra\u00eddas por el fideicomiso\u201d\u00bb. Se dolieron de la existencia de una diferencia entre las instrucciones impartidas por la Junta del fideicomiso, quien simplemente autoriz\u00f3 un mutuo mercantil, con las actuaciones desplegadas por la fiduciaria, quien extendi\u00f3 la garant\u00eda que otorg\u00f3 al IFI al ofrecer una subrogaci\u00f3n de la prelaci\u00f3n de las acreencias laborales que resultaren canceladas y\/o al incluir el cr\u00e9dito como gasto del fideicomiso. <\/p>\n
Frente a tal reproche, observ\u00f3 que en el acta No. 5 del 15 de noviembre de 1994, la Junta de la fiducia de Conastil S.A. \u00abautoriz\u00f3 a la Sociedad Fiduciaria Anglo S.A. \u201cFiduanglo\u201d, para que como administradora del patrimonio aut\u00f3nomo solicitara un cr\u00e9dito al IFI por un valor hasta de $5.000.000.000.oo, con destino al pago del pasivo laboral\u00bb. Por virtud de tal autorizaci\u00f3n, HSBC Fiduciaria S.A. solicit\u00f3 un cr\u00e9dito al IFI mediante comunicaci\u00f3n de 28 de noviembre de 1994 en la que, en particular, se dijo lo siguiente: \u00abno s\u00f3lo se sustituye para efectos del cr\u00e9dito en el rengl\u00f3n de acreencia laboral, sino que por ser un cr\u00e9dito al fideicomiso, adquiere el primer rengl\u00f3n para efectos de cualquier pago que se vaya a realizar, una vez vendidos los activos de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. A su turno, observ\u00f3 que en el acta No. 6 del 19 de diciembre de 1994, la Junta de la fiducia de Conastil S.A., en el numeral 4 -denominado \u201caceptaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobado por el IFI\u201d-, confirm\u00f3 la aceptaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la suma de 7.000.000.000 para el pago del pasivo laboral. As\u00ed, en sentir del Tribunal, \u00abla demandada obr\u00f3 de conformidad con las directrices y autorizaciones de la referida Junta raz\u00f3n por la cual cae en el vac\u00edo el argumento de la recurrente\u00bb. Por lo dem\u00e1s, evidenci\u00f3 que la tantas veces citada Junta \u00abjam\u00e1s le prohibi\u00f3 a FIDUANGLO S.A. extender ese tipo de garant\u00eda, raz\u00f3n adicional para concluir que la fiduciaria en momento alguno incumpli\u00f3 las obligaciones a su cargo con ocasi\u00f3n del fideicomiso objeto de este proceso, ni en el contrato de fiducia se estableci\u00f3 ese tipo de restricciones\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto al reproche seg\u00fan el cual se desconoci\u00f3 la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos ante la inexistencia de la subrogaci\u00f3n legal del IFI frente a las acreencias laborales, para el Tribunal son irrelevantes tales discernimientos en punto de la responsabilidad de la demandada. En efecto, la Junta Fiduciaria aprob\u00f3 el cr\u00e9dito otorgado por el IFI en el acta No. 6 del 19 de diciembre de 1994 y que tales dineros ser\u00edan destinados al pago de las acreencias laborales \u00abes decir la demandada obro de conformidad con las directrices y autorizaciones de la referida Junta raz\u00f3n por la cual inane para socavar la sentencia de la que resulta el argumento de la parte recurrente\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, no se advierte el incumplimiento de las obligaciones contractuales pues el cr\u00e9dito de los 7.000 millones adquiri\u00f3 la calidad de obligaci\u00f3n a cargo del fideicomiso, \u00abraz\u00f3n por la cual, en su momento oportuno, deb\u00eda cubrir dicha obligaci\u00f3n con preferencia respecto a los cr\u00e9ditos concordatarios y post concordatarios\u00bb; ello, de conformidad con la cl\u00e1usula vig\u00e9sima y d\u00e9cimo tercera del contrato de fiducia. Por lo tanto, a juicio del ad quem \u00abno existe duda alguna que el fideicomiso era deudor del IFI y honrar dicho cr\u00e9dito era prioritario, incluso respecto de los beneficiarios del fideicomiso\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando una de las obligaciones de los beneficiarios, a la luz del art\u00edculo vig\u00e9simo sexto, es la de aceptar que los bienes fideicomitidos sirvan de fuente de pago de las obligaciones del fideicomiso. Por el otro lado, mostr\u00f3 que la daci\u00f3n en pago se \u00abgener\u00f3 producto del acuerdo (\u2026) entre CONASTIL S.A. a sus acreedores, sin intervenci\u00f3n de la demandada\u00bb. <\/p>\n
De dichos medios de prueba, observ\u00f3 el juez de segunda instancia que \u00abno resulta de recibo la conclusi\u00f3n a la que llegan las accionantes cuando dicen que era la Junta del fideicomiso y s\u00f3lo a esta a la que le correspond\u00eda adoptar las decisiones concernientes a la disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos, pues dicha competencia la ten\u00edan los acreedores\u00bb. Adem\u00e1s de lo anterior, sostuvo que no pod\u00eda perderse de vista que \u00abindependientemente de la Junta del fideicomiso, la fiduciaria gozaba de plena autonom\u00eda para ejecutar el objeto del contrato fideicomitido. En desarrollo de ese convenio no exist\u00eda un co-gobierno en el que la Junta del fideicomiso tomara las decisiones de consuno con la fiduciaria, sin que pueda obviarse que la fiduciaria no puede delegar deberes que le son propios en cabeza de la Junta del fideicomiso\u00bb. Por su parte, si la Junta consideraba que Fiduanglo S.A. se estaba alejando del objeto del contrato, m\u00e1s que autorizar la daci\u00f3n, deb\u00eda \u00abprohibir tales actos de disposici\u00f3n y tomar los correctivos del caso\u00bb. Sin embargo, evidenci\u00f3 que tal prohibici\u00f3n nunca se surti\u00f3 puesto que \u00ab(i) el contrato autorizaba la fiduciaria para disponer de los bienes. (ii) Cuando se dispuso de los bienes fideicomitidos, se hizo con el prop\u00f3sito de cumplir el objeto del contrato; es decir para cumplir con el fin del fideicomiso; (iii) Fue un acuerdo celebrado entre los acreedores concordatarios, la concordada y el acreedor, en este caso el IFI\u00bb. Por tanto, no hay prueba del incumplimiento de la obligaci\u00f3n de proteger y defender los bienes fideicomitidos. <\/p>\n
En cuarto punto, en cuanto al procedimiento y el t\u00e9rmino para realizar la daci\u00f3n en pago, sentenci\u00f3 el ad quem que \u00abno se presenta el incumplimiento reclamado por las demandantes\u00bb pues \u00abno fue la que realiz\u00f3 la daci\u00f3n en pago y no hay prueba que as\u00ed lo demuestre, raz\u00f3n por la cual el argumento no tiene ning\u00fan soporte probatorio y por ende viene su negativa\u00bb. Todo ello de conformidad con el Acuerdo Concordatario suscrito entre Conastil S.A. y sus acreedores y el Auto 410-650 de la Superintendencia de Sociedades, \u00abdecisi\u00f3n, que junto con el acuerdo, se inscribieron en la referida matr\u00edcula inmobiliaria y le dieron soporte legal a la transmisi\u00f3n del derecho de dominio sobre el bien\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que concierne al precio de los bienes fideicomitidos, evidenci\u00f3 que Fiduanglo S.A. \u00abes ajena a dicha negociaci\u00f3n y por ende no se le puede endilgar responsabilidad alguna pues como qued\u00f3 esclarecido en los numerales anteriores la misma se hizo entre Conastil S.A. y sus acreedores en varios acuerdos, el \u00faltimo de ellos data del 10 de noviembre de 1997 en el que se encontraban presentes los acreedores que representaban el 84. 28% del valor de los cr\u00e9ditos insolutos\u00bb. Tales consideraciones, en parecer del Tribunal, \u00abdemuestra por un lado que la demandada obr\u00f3 con diligencia, prudencia y el cuidado que debe caracterizar a un profesional en el tema frente a un contrato de fiducia, y por el otro, la ausencia de los elementos de la responsabilidad que le endilgan los demandantes; por consiguiente, se deben desestimar los argumentos de las recurrentes para confirmar la sentencia del a quo\u00bb. Inconforme, el pretensor interpuso la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concedida en prove\u00eddo de 10 de febrero de 2016. <\/p>\n
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III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se formul\u00f3 un cargo por la v\u00eda indirecta. Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 740, 756 759, 602, 1602, 1610, 1613 1615 1616 y 1622 del C\u00f3digo Civil; los art\u00edculos 1227, 1233, los numerales 1\u00b0, 6\u00b0 y 7\u00b0 del art\u00edculo 1234 y el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1235 del C\u00f3digo de Comercio; y el art\u00edculo 43 del Decreto 1950 de 1970, todos por falta de aplicaci\u00f3n como consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
En su desarrollo, el censor sostuvo que la sentencia del Tribunal incurri\u00f3 en tres errores de hecho: <\/p>\n
El primero se cimenta en que se hizo un an\u00e1lisis tergiversado del contrato de fiducia por dos razones: i) \u00abindic\u00f3 que la fiduciaria no requer\u00eda instrucci\u00f3n alguna de la Junta del fideicomiso para efectos de realizar la daci\u00f3n en pago a favor del IFI\u00bb; ii) \u00abSostuvo que el cr\u00e9dito del IFI deb\u00eda pagarse con preferencia a las acreencias de las sociedades demandantes\u00bb. <\/p>\n
Para soportar tales asertos, trajo las estipulaciones contractuales que, en su sentir, fueron tergiversadas por el Tribunal y que, a la saz\u00f3n, fijan de manera determinante la obligaci\u00f3n de contar con la aquiescencia y autorizaci\u00f3n por parte de la Junta de fideicomiso para la disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos. Insisti\u00f3 en que la gesti\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos estaban sometidos a unos \u00abpar\u00e1metros y reglas\u00bb contractualmente convenidos. Dentro de esa misma l\u00ednea argumentativa, se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo trig\u00e9simo cuarto, al referirse a las funciones de la Junta del fideicomiso, prescribi\u00f3 que: \u00ab(\u2026) 5. Autorizar los actos de disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos y de los eventuales rendimientos que se produjeren, todo en orden a cumplir con el objeto del contrato. 6. Autorizar la contrataci\u00f3n de cr\u00e9ditos por cuenta y con garant\u00eda del fideicomiso. (\u2026) 9. ordenar la enajenaci\u00f3n de los bienes fideicomitidos para cubrir las obligaciones directamente contra\u00eddas por el fideicomiso\u00bb. A su turno, manifest\u00f3 que \u00abel Art\u00edculo trig\u00e9simo primero- obligaciones de la fiduciaria- (\u2026) realizar los actos dispositivos necesarios para cumplir con el objeto de este contrato de conformidad con las instrucciones de la junta del fideicomiso\u00bb. De tal forma, \u00abel an\u00e1lisis del ad quem desconoce el poder de instrucci\u00f3n que ten\u00eda la junta del fideicomiso respecto de las funciones a cargo de la fiduciaria y, concretamente, frente a los actos de disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos\u00bb. Aunado a lo anterior, advirti\u00f3 que es evidente el error de hecho del Tribunal al sostener que la fiduciaria \u00abno deb\u00eda solicitar de la autorizaci\u00f3n de la junta del fideicomiso\u00bb para la disposici\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
De otra parte, en lo referente a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado por el IFI, el censor manifest\u00f3 que en el contrato de fiducia no existe cl\u00e1usula que permita sostener \u00abque el pago de los cr\u00e9ditos u obligaciones con cargo al fideicomiso deba hacerse en forma preferente respecto de las obligaciones a favor de los beneficiarios\u00bb. <\/p>\n
En lo que toca con el segundo error de hecho enrostrado a la sentencia, el pretensor adujo que, en la ejecuci\u00f3n del contrato de fiducia, \u00abla junta del Fideicomiso ciertamente impart\u00eda las instrucciones que conforme al contrato eran a su cargo y responsabilidad y, as\u00ed mismo, la demandada entend\u00eda claramente que deb\u00eda observar tales instrucciones\u00bb. Lo anterior conforme a las probanzas \u00abomitidas por el tribunal\u00bb, que a su juicio evidencian \u00abel ejercicio activo de la junta del fideicomiso en ejercicio de las funciones de su cargo, cu\u00e1l era la de autorizar e instruir a Fiduanglo en lo que contractualmente resultaba de su cargo\u00bb. <\/p>\n
De tal manera que puso de presente documentos que acreditan diversas rendiciones de cuentas por parte de la fiduciaria, en los cuales, en criterio del censor, se advierte el poder de instrucci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de la Junta del fideicomiso en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abse autoriz\u00f3 para destinar los fondos provenientes del cr\u00e9dito del IFI al pago del pasivo laboral (\u2026) Y teniendo en cuenta los asuntos pendientes de resolver el materia laboral, contable y tributaria la junta autoriz\u00f3 la fiduciaria para la contrataci\u00f3n de un auditor interno\u00bb. Asimismo, se sirvi\u00f3 de otro instrumento en el cual se indicaba que \u00abla fiduciaria suscribi\u00f3 en el mes de febrero de 1995 contrato de prestaci\u00f3n de servicios dicha contrataci\u00f3n fue aprobada por la junta del fideicomiso el 8 de febrero de 1995\u00bb. Aunado a lo anterior, expres\u00f3 que en el informe trimestral no. 4, rendido por parte de la fiduciaria, se indic\u00f3 lo siguiente: \u00abla junta del fideicomiso acord\u00f3 el inicio de la venta de los bienes del fideicomiso\u00bb, as\u00ed como \u00abadoptar en caso de enajenaci\u00f3n de los bienes fideicomitidos seg\u00fan el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 34\u00ba del contrato de fiducia la opci\u00f3n y los mecanismos m\u00e1s aconsejables para la venta\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal, al no analizar los documentos referidos, incurri\u00f3 en el error de hecho denunciado, en atenci\u00f3n a la preterici\u00f3n de las pruebas, pues se omiti\u00f3 el examen de dichos instrumentos, \u00abNo obstante a pesar de su existencia procesal fueron todos ignorados (los documentos) en la sentencia del tribunal\u00bb. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con el tercer error de hecho, manifest\u00f3 que el ad quem, al considerar que la fiduciaria \u00abno fue quien realiz\u00f3 la daci\u00f3n en pago a favor del IFI\u00bb, tergivers\u00f3 y distorsion\u00f3 las siguientes documentales: i) \u00abfolio de matr\u00edcula inmobiliaria, pone en evidencia que si fue la fiduciaria quien ejecut\u00f3 la daci\u00f3n en pago a favor del IFI anotaci\u00f3n n\u00famero doce FI No. 060-42575\u00bb; ii) \u00abel documento de rendici\u00f3n final de cuentas consign\u00f3 lo siguiente: en cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo acuerdo concordatario la fiduciaria transfiri\u00f3 al IFI la totalidad de los bienes del fideicomiso el 12 de noviembre de 1997 mediante la inscripci\u00f3n del acuerdo concordatario en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 060-0042575 de la oficina de registro instrumentos p\u00fablicos de Cartagena\u00bb. Por tanto, en su sentir resulta claro que el patrimonio aut\u00f3nomo constituido ante la fiduciaria adquiri\u00f3 los bienes fideicomitidos \u00aby que dicha propiedad fue transferida por la demandada a favor del IFI\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la trascendencia, apunt\u00f3 que \u00aben efecto de haber establecido que la fiduciaria incumpli\u00f3 dicho negocio al realizar la daci\u00f3n en pago a favor del IFI y sin contar con la autorizaci\u00f3n de la junta del fideicomiso, el tribunal habr\u00eda dado aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1243 del c\u00f3digo de Comercio que establece que el fiduciario responder\u00e1 hasta por culpa leve\u00bb. Y, consecuentemente, habr\u00eda entonces pasado definir los perjuicios con base en los art\u00edculos 1613, 1615 y 1616 del C\u00f3digo Civil, accediendo al reconocimiento de las pretensiones incoadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El ataque por la incursi\u00f3n de un error de hecho, conforme se ha dicho invariablemente2, est\u00e1 vinculado al defecto en la contemplaci\u00f3n, existencia y percepci\u00f3n de determinado medio convictivo. De esta manera, se trata de un cuestionamiento de la percepci\u00f3n material de las probanzas con la indisoluble incidencia en la decisi\u00f3n por parte del sentenciador, a contragolpe de la trasgresi\u00f3n de las normas sustanciales que han debido disciplinar el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n. Entonces, en el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, error facti in judicando, el sentenciador parte de premisas f\u00e1cticas equivocadas. Se materializa (i) en la desacertada inferencia de la existencia del medio de prueba -tanto para reputarlo como para negarlo-. Y (ii) cuando concibe su existencia, de cara la realidad del proceso, pero desfigura su contenido. En uno y en otro caso, de manera ostensible y con incidencia decisiva en la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
De ah\u00ed que, con insistencia, esta Corporaci\u00f3n haya considerado que el planteamiento del error de hecho no tiene la virtualidad para reabrir el debate probatorio, cuyo escenario natural est\u00e1 en las instancias. La caracterizaci\u00f3n propia del recurso de casaci\u00f3n impide realizar un nuevo examen f\u00e1ctico sobre la controversia que los contendientes libraron3. No se olvide que \u00ab[d]ada la autonom\u00eda institucional del juzgador, los errores trascendentes en casaci\u00f3n, y por lo tanto la competencia del Tribunal Supremo para penetrar en los problemas de la prueba, motivan un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n a la regla de la autonom\u00eda. As\u00ed que no le compete a la corte ocuparse de los hechos esos casos muy poco frecuentes: cuando el examen de las pruebas en el fallo de instancia viola la ley sustantiva\u201d. (CSJ, Sala de Casaci\u00f3n Civil, G.J. t LXXXII P 604) <\/p>\n
No es plausible, en sede casacional, entrar en la disputa de los hechos y en su correlativo entendimiento por parte del Tribunal, y mucho menos definir cu\u00e1l es la \u00fanica y correcta interpretaci\u00f3n de determinado medio de prueba, cuando es posible la concurrencia de diversas conclusiones f\u00e1cticas. \u00abDe ah\u00ed la necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas4\u00bb. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que las sentencias llegan amparadas bajo la presunci\u00f3n de acierto -en el caso doble presunci\u00f3n de acierto-, en lo que concierne al aspecto factual y jur\u00eddico que desataron las instancias. Lo anterior pone de presente la autonom\u00eda del Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Por supuesto, esto salvo los casos en los que realmente se presenten los supuestos para la configuraci\u00f3n del yerro enunciado, a saber, que el ad quem haya pretermitido, supuesto o tergiversado un medio convictivo, caso en el cual corresponder\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n verificar tal circunstancia. Esto lo ha precisado la jurisprudencia en multitud de fallos, algunos de vieja data seg\u00fan los cuales: \u201c[e]rror evidente, es el notorio, el que aparece de bulto, aquel que se descubre f\u00e1cilmente sin necesidad de escol\u00e1sticas alegaciones o de tremendos esfuerzos de imaginaci\u00f3n\u201d5. <\/p>\n
Bajo el mismo tenor, en prove\u00eddo del 25 de noviembre de 1993, se sostuvo que: <\/p>\n
\u201cEl yerro f\u00e1ctico, para que tenga entidad en casaci\u00f3n y pueda, por ende, ocasionar la rotura de un fallo, tiene que ser manifiesto, particularidad que alcanza, cuando es tan grave y notorio que a simple vista se impugna a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, record\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que: \u00abNo sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga, una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb6. <\/p>\n
\u00abEl sentido legal del recurso est\u00e1 determinado inexorablemente por la sentencia misma lo que implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad quem tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto pues alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed mismo presta base s\u00f3lida a dicha resoluci\u00f3n esta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede confirmarse en sede de casaci\u00f3n resultando en consecuencia completamente intrascendente si se logra no demuestra los errores que el impugnante se\u00f1ala en la apreciaci\u00f3n de otras pruebas7\u00bb <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal. Por el contrario, aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe poner de presente -en forma clara y precisa- los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso. Y, en el evento de pretermitir algunos, indicar su influencia para cambiar el sentido del fallo. De ah\u00ed que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb8. <\/p>\n
Lo anterior equivale a decir que, si se alega que la prueba espec\u00edficamente determinada fue mal apreciada, el censor debe, mediante un cotejo o comparaci\u00f3n, poner de presente qu\u00e9 fue lo que concluy\u00f3 el Tribunal de dicha prueba y qu\u00e9 es lo que emerge fluidamente de ella, esto es, sin esforzados razonamientos. Ello, dada la discreta autonom\u00eda del juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio, y la necesidad de que el yerro de hecho sea protuberante, manifiesto, que salte a la vista. De no ser as\u00ed, estar\u00eda la Corte sustituyendo al Tribunal y convirti\u00e9ndose en una instancia adicional. En esta direcci\u00f3n, precis\u00f3 la Sala en a\u00f1ejo fallo: <\/p>\n
\u201cLa apreciaci\u00f3n de las pruebas del expediente hecha por el Tribunal, no puede modificarla la Corte, cuando aquella no est\u00e1 en pugna con la realidad procesal, o implique que se cometi\u00f3 evidente error de hecho o de derecho que aparezca demostrado en el proceso (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
3. El cargo \u00fanico va dirigido a desquiciar las conclusiones referidas, para lo cual el impugnante atribuye al Tribunal un error de hecho en la interpretaci\u00f3n del contrato de fiducia mercantil -por tergiversaci\u00f3n-. Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que el ad quem -pretermiti\u00f3 los informes de rendici\u00f3n de cuentas. Tales yerros, adujo, condujeron equivocadamente a que se considerara que la Fiduciaria pod\u00eda efectuar la daci\u00f3n en pago de los bienes fideicomitidos sin autorizaci\u00f3n de la Junta de la fiduciaria lo que, a su turno, implic\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
4. Parece conveniente comenzar el examen del embate por un aspecto t\u00e9cnico y resaltar la deficiencia advertida de cara a la falta de completitud del ataque. Se acusa a la sentencia de tergiversar el contrato de fiducia mercantil, en atenci\u00f3n a que el razonamiento -fundamental, seg\u00fan el censor- en este punto fue el siguiente: \u201c(\u2026) no cabe duda de que la junta del fideicomiso estaba facultada para autorizar los actos de disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos, pero en orden a cumplir con el objeto del contrato, de suerte que m\u00e1s que una autorizaci\u00f3n, deb\u00edan en caso de que FIDUANGLO S.A se alejara del objeto del contrato de prohibir tales actos de disposici\u00f3n y tomar los correctivos del caso\u201d10. <\/p>\n
Sin embargo, se advierte que dicho argumento no fue ni \u00fanico, ni trascendental de cara a concluir que la daci\u00f3n en pago estuvo ajustada al marco del contrato de fiducia mercantil y que, en consecuencia, no hubo incumplimiento por este aspecto. A voces del Tribunal, \u00abla junta de la fiducia de CONASTIL S.A seg\u00fan se puede observar en el acta N.\u00b0 6 del 19 de diciembre de 1994, en el numeral 4 \u201caceptaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobado por el IFI, indic\u00f3 que la junta del fideicomiso, en uso de sus facultades confirm\u00f3 la aceptaci\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado al fideicomiso por el Instituto de fomento Industrial, por valor de siete mil millones de pesos (\u2026) Destinaci\u00f3n pago de acreencias laborales conforme a las respectivas conciliaciones laborales y contra entrega de los bienes fideicomitidos\u201d tambi\u00e9n aprob\u00f3 que esos dineros ser\u00edan destinados al pago del pasivo laboral. Es decir, la demandada obr\u00f3 de conformidad con las directrices y autorizaciones de la referida junta raz\u00f3n por la cual cae en el vac\u00edo el argumento de la recurrente\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, asever\u00f3 la Colegiatura que fueron \u00ablos mismos acreedores concordatarios quienes aprobaron la daci\u00f3n en pago y para ello modificaron en su oportunidad el \u201cacuerdo de pago\u201d inicialmente celebrado con CONASTIL S.A.\u00bb, tal como se muestra en las modificaciones del acuerdo concordatario presentadas por los acreedores ante la Superintendencia de Sociedades -la del 15 de agosto de 1997 y del 10 de noviembre de 1997- y el Auto No. 10-650 del 15 de agosto de 1997 y el que aprob\u00f3 la reforma, proferidos por tal entidad. Como conclusi\u00f3n de tal an\u00e1lisis probatorio, el ad quem razon\u00f3 que: \u00abDe los art\u00edculos antedichos y de los textos transcritos de las actas referidas no resulta de recibo la conclusi\u00f3n a la que llegan los accionantes cuando dicen que era la junta del fideicomiso, y s\u00f3lo a est\u00e1, a la que le correspond\u00eda adoptar las decisiones concernientes a la disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos, pues dicha competencia la ten\u00edan los acreedores\u00bb. <\/p>\n
De suerte que, el casacionista pas\u00f3 por alto derruir las premisas fundamentales de ad quem. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cpor v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (Sent. cas. civ. No. 027 de 27 de julio de 1999; subrayas de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche depender\u00e1 de \u201cque se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia\u201d (Sent. cas. civ. No. 002 de 25 de enero de 2008) y \u201cexista completa armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u201d (fallo de 27 de febrero de 2012)\u00bb11. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, la Corte insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb12 <\/p>\n
4.1. Tal defecto se hace a\u00fan m\u00e1s patente, pues el censor se limit\u00f3 controvertir \u00fanicamente i) el contrato de fiducia mercantil y ii) el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble fideicomitido. <\/p>\n
4.2. No obstante, en buena medida, la motivaci\u00f3n de la sentencia descans\u00f3 en tres documentos trascendentales para la decisi\u00f3n adoptada, a saber: <\/p>\n
i) El Acta correspondiente a la audiencia celebrada el 10 de noviembre de 1997 dentro del concordato preventivo obligatorio de Conastil S.A., -aprobada por la Superintendencia de sociedades-. El referido medio le permiti\u00f3 al Tribunal estimar que la Junta del fideicomiso no era la \u00fanica que pod\u00eda adoptar las decisiones concernientes a la disposici\u00f3n de los bienes. Al respecto, \u00abLa compa\u00f1\u00eda colombiana de astilleros CONASTIL S. A y sus acreedores acuerdan celebrar el presente acuerdo: primero el Instituto de fomento Industrial IFI recibe en pago la totalidad de los bienes muebles que integran el complejo industrial de CONASTIL S.A. as\u00ed como tambi\u00e9n un lote de terreno junto con sus construcciones y anexidades (\u2026) una vez perfeccionada la daci\u00f3n en pago el Instituto de fomento Industrial asume la obligaci\u00f3n de cancelar todo el pasivo laboral que aun resulte insoluto\u00bb <\/p>\n
ii) Acta N.\u00b05 de la Junta de fideicomiso de fecha 15 de noviembre de 1994, en virtud de la cual se autoriz\u00f3 a la fiduciaria para solicitar un cr\u00e9dito al IFI. <\/p>\n
Dichas documentales dotaron de m\u00e9rito al ad quem para concluir que \u00abno resulta de recibo la conclusi\u00f3n a la que llegan los accionantes cuando dicen que era la junta del fideicomiso, y s\u00f3lo a est\u00e1, le correspond\u00eda adoptar las decisiones concernientes a la disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos, pues dicha competencia la ten\u00edan los acreedores\u00bb. Sin embargo, el casacionista pas\u00f3 en silencio las referidas probanzas. De tal manera que el inacabado ataque del pretensor hace inviable el quiebre de la sentencia fustigada. Sobre este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha decantado que: \u00abEl sentido legal del recurso est\u00e1 determinado inexorablemente por la sentencia misma, lo que implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta, para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad-quem tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto, pues si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma presta base s\u00f3lida a dicha resoluci\u00f3n, \u00e9sta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede infirmarse en sede de casaci\u00f3n; resultando en consecuencia completamente intrascendente si se logra demostrar errores que el impugnante se\u00f1ala en la apreciaci\u00f3n de otras pruebas\u00bb13. <\/p>\n
5. Se plantea -como segundo yerro- que el Tribunal pretermiti\u00f3 unos informes de rendici\u00f3n de cuentas y que, si los hubiera estimado, la conclusi\u00f3n a la que habr\u00eda arribado ser\u00eda \u00abque la fiduciaria entend\u00eda plenamente que toda disposici\u00f3n de activos requer\u00eda de autorizaci\u00f3n de la junta del fideicomiso y adem\u00e1s deber\u00e1 tramitarse con base en las instrucciones impartidas por dicha junta\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, este aserto se advierte desenfocado pues, se reitera, la raz\u00f3n medular de la decisi\u00f3n de segunda instancia fue que no solamente la Junta del fideicomiso pod\u00eda disponer de los bienes fideicomitidos, sino que los acreedores tambi\u00e9n ten\u00edan la competencia para el efecto. As\u00ed lo concluy\u00f3 el Colegiado tras examinar \u00abel acta correspondiente a la audiencia celebrada el 10 de noviembre de 1997 dentro del concordato preventivo obligatorio de la compa\u00f1\u00eda colombiana de astilleros Conastil. \u2013 acta que no fue objeto de ataque-\u00bb y que dispuso la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
V\u00e9ase que el juzgador de segundo grado consider\u00f3, en atenci\u00f3n a las pruebas documentales referidas, que la fiduciaria obr\u00f3 de conformidad \u00abcon las directrices y autorizaciones de la referida junta en lo que concierne a la solicitud del cr\u00e9dito con el IFI y el pago del pasivo laboral\u00bb. En consecuencia, es intrascendente la supuesta pretermisi\u00f3n de las citadas pruebas -informes de rendici\u00f3n de cuentas-, ya que dichos medios no se oponen a la conclusi\u00f3n medular del Tribunal. Ciertamente, si bien tales probanzas no fueron mencionadas en la sentencia, ello no significa que fueron preteridas. Reit\u00e9rese, que el error probatorio se configura cuando la prueba es determinante en la decisi\u00f3n final. De lo contrario, se trata de una \u00abdeficiencia de expresi\u00f3n de los medios y no un error de ‘apreciaci\u00f3n probatoria’, o como en otra ocasi\u00f3n lo se\u00f1al\u00f3, no se presume ignorancia de las pruebas por el sentenciador, cuando las conclusiones del pronunciamiento se justifican a la luz de las mismas pruebas\u00bb14. <\/p>\n
6. Lo anterior es suficiente para despachar el cargo formulado. Sin embargo, si en gracia de discusi\u00f3n los defectos t\u00e9cnicos se pasaran por alto, no se advierte el error denunciado en lo que concierne a la interpretaci\u00f3n del contrato de fiducia mercantil y la pretermisi\u00f3n de las pruebas. El recurrente, en efecto, fustiga el ejercicio intelectivo del Tribunal en la interpretaci\u00f3n del contrato por cuanto argumenta que se tergivers\u00f3 su contenido al concluir que (i) la fiduciaria no requer\u00eda de instrucci\u00f3n alguna a efectos de realizar la daci\u00f3n en pago a favor del IFI; (ii) el cr\u00e9dito del IFI deb\u00eda pagarse con preferencia a las acreencias de las sociedades demandantes. <\/p>\n
6.1. De entrada, se advierte que la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el Tribunal en lo que concierne a la daci\u00f3n en pago fue que no era necesaria, de manera exclusiva, la autorizaci\u00f3n de la Junta del fideicomiso. En efecto, frente a tal queja, arguy\u00f3 que: \u00abDe los art\u00edculos antedichos y de los textos transcritos de las actas referidas no resulta de recibo la conclusi\u00f3n a la que llegan los accionantes cuando dicen que era la junta de fideicomiso, y s\u00f3lo a esta, a la que le corresponde adoptar las decisiones concernientes a la disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos pues dicha competencia la ten\u00edan los acreedores\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, el ad quem se refiri\u00f3 al objeto del contrato (art 9 del acto) de fiducia mercantil para indicar que el prop\u00f3sito de las partes con la celebraci\u00f3n del negocio consisti\u00f3 en \u00abtransferir los bienes al fideicomiso para que estos sirvieran como fuente de pago de las obligaciones garantizadas por el fideicomiso y de las obligaciones a cargo de CONASTIL S.A y a favor de los beneficiarios respetando estrictamente las relaciones de pago\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puso el acento en que, para lograr dicho prop\u00f3sito, se previ\u00f3 la enajenaci\u00f3n de los bienes fideicomitidos por parte de la Fiduciaria: \u00aben el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo en cita se indica enajenar los bienes fideicomitidos, para lo cual se faculta irrevocablemente a la fiduciaria, conforme a los par\u00e1metros estipulados en este contrato\u00bb. Adicionalmente, al revisar la cl\u00e1usula 20\u00b0, evidenci\u00f3 que se facult\u00f3 a Fiduanglo S.A., \u00abpara hacer daci\u00f3n en pago respecto de los bienes fideicomitidos\u00bb del patrimonio aut\u00f3nomo. En concordancia con lo anterior, sostuvo que, dentro de las obligaciones a cargo de la Fiduciaria contempladas en el art\u00edculo 31\u00ba, se encuentra la de \u00abrealizar total o parcialmente los bienes fideicomitidos y con el producto de los mismos cancelar total o parcialmente las obligaciones del fideicomitente a favor de los beneficiarios de este contrato\u00bb. <\/p>\n
A su turno, analiz\u00f3 el papel de la Junta de fideicomiso y se\u00f1al\u00f3 que la misma es vocera de los acreedores del fideicomitente, de acuerdo con el art\u00edculo 34\u00ba numeral 5\u00b0 \u00aben cuanto a las funciones de la junta se dice autorizar los actos de disposici\u00f3n de los bienes fideicomitidos y de los eventuales rendimientos que se produjeron todo en orden a cumplir con el objeto del contrato\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el Tribunal consider\u00f3 que fueron los acreedores concordatarios mismos quienes aprobaron la daci\u00f3n en pago el 28 de julio y 15 de agosto de 1997 \u00abcon un qu\u00f3rum del 84,9% en los siguientes t\u00e9rminos el Instituto de fomento Industrial y recibe en pago la totalidad de los bienes que integran el complejo industrial CONASTIL S.A\u00bb. Para el Colegiado result\u00f3 relevante, a efectos de determinar el cumplimiento o no de las prestaciones a cargo de la Fiduciaria, la articulaci\u00f3n con el proceso concursal en que se encontraba inmerso el fideicomitente, como qued\u00f3 expuesto. Lo anterior es plausible toda vez que no se puede perder de vista que el contrato de fiducia mercantil se celebr\u00f3 para dar cumplimiento precisamente al acuerdo concordatario, tal como obra en los antecedentes del contrato, que indican: <\/p>\n
\u00ab1. Que la sociedad CONASTIL se encuentra sometida al tr\u00e1mite de concordato preventivo obligatorio ante la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
2. A efectos de facilitar el cumplimiento del concordato suscrito entre Conastil S.A. y sus acreedores hace necesario que Fiduanglo participe en la ejecuci\u00f3n del mismo\u00bb15. <\/p>\n
Adicionalmente, en el acta correspondiente a la audiencia concordataria celebrada el 2 de abril de 1994 se propuso como f\u00f3rmula concordataria \u00abla empresa quiere entregar la totalidad de sus activos para que esos activos sean vendidos y, con el producto de la venta, se cancelen las acreencias respetando la prelaci\u00f3n de ley. Para efecto de poder efectuar esta en una forma organizada, se propone entregar el establecimiento de comercio junto con el inmueble a la fiduciaria ANGLO a fin de que se constituya un fideicomiso con todos los activos de CONASTIL S.A. y el fiduciario proceda a venderlos y entregar el producto de la venta para pagar la totalidad de las acreencias\u00bb16. <\/p>\n
6.2. En lo que concierne a la prioridad en el pago del cr\u00e9dito otorgado por el IFI -Instituto de Fomento Industrial- el ad quem atendi\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 13\u00ba del negocio fiduciario, cuyo tenor se indica lo siguiente: \u00ablas obligaciones que llegar\u00e9 adquirir el fideicomiso as\u00ed como los pr\u00e9stamos que le fueron conseguidos con la finalidad de cumplir este contrato ser\u00e1n garantizados con los activos que integran el patrimonio aut\u00f3nomo\u00bb. Adem\u00e1s, not\u00f3 que \u00aben la cl\u00e1usula 20\u00aa claramente se plasm\u00f3 que primero se pagar\u00e1n las obligaciones a cargo del fideicomiso, y el cr\u00e9dito que otorg\u00f3 el IFI, adquiri\u00f3 esa calidad raz\u00f3n por la cual, en su momento oportuno deb\u00eda cubrir dicha obligaci\u00f3n con preferencia respecto a los cr\u00e9ditos concordatarios posconcordatarios\u00bb. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado advirti\u00f3 precisamente que el cr\u00e9dito fue contra\u00eddo por el fideicomiso con la finalidad de pagar a los beneficiarios del contrato. Sobre este punto, precis\u00f3 que \u00aben el acta n\u00famero 6 del 19 de diciembre de 1994 en el numeral 4\u00b0 la junta del fideicomiso en uso de sus facultades confirm\u00f3 la aceptaci\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado al fideicomiso por el Instituto de fomento Industrial por valor de siete mil millones de pesos (\u2026) destinaci\u00f3n pago de acreencias laborales\u00bb. Puestas as\u00ed las cosas, se evidencia que el error concerniente a la tergiversaci\u00f3n del contrato no existi\u00f3. <\/p>\n
6.3. Se tiene que en materia de interpretaci\u00f3n de contratos en general, de investigaci\u00f3n de su sentido, significado efectivo y genuino, el criterio secular afianzado y reiterado muchas veces por la jurisprudencia es el previsto en el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil: \u201cla voluntad humana es con respecto a ella misma su propia ley.\u201d17 Esto es, la voluntad com\u00fan de las partes ha de recibirse como la regla principal o estructural de la interpretaci\u00f3n: es el \u201cperno fundamental.\u201d18 En una palabra, -siguiendo a Laurent19-, el juez no puede crear la norma contractual: \u00e9sta ha sido edificada por los contratantes. Lisa y llanamente, \u201c[i]nterpretar un contrato no es modificarlo\u201d (CSJ, sentencia del 30 de marzo de 1927, G.J. XXXIV, p. 69).20 <\/p>\n
Esto es, si el convenio consagra cl\u00e1usulas precisas y claras -que no dan lugar a interpretaciones diversas-, lo all\u00ed pactado ha de acogerse como la n\u00edtida voluntad de los contrayentes. Esto es, \u201c[n]o hay necesidad de rastrear por sus antecedentes la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes, cuando ella aparece declarada expresamente en las cl\u00e1usulas del instrumento que otorgan\u201d21. Por lo dem\u00e1s, \u201cel contrato a los ojos de la ley y del Juez no es ni puede ser otro que el que resulta de los hechos, aunque los interesados por ignorancia o fines especiales quieran revestirlo de una calidad que no tiene \u201d22. <\/p>\n
As\u00ed mismo, las reglas interpretativas y decimon\u00f3nicas que figuran en el C\u00f3digo Civil a partir del precepto aludido han sido ya explicadas por esta Corporaci\u00f3n23. Ha de memorarse que de vieja data esta Sala ha venido se\u00f1alando que, en cuanto hace a la interpretaci\u00f3n del contrato, \u00abEn el derecho positivo colombiano impera el principio seg\u00fan el cual las leyes que regulan los contratos son normas supletorias de la voluntad de los contratantes, cuando estos, al celebrar sus convenciones jur\u00eddicas, acatan todas las prescripciones legales requeridas para su formaci\u00f3n y respetan el orden p\u00fablico y las buenas costumbres. El postulado de la normatividad de los actos jur\u00eddicos ( art 1602, C.C) se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones acordadas en \u00e9l\u00bb24. <\/p>\n
6.4. De otra parte, en el \u00e1mbito del recurso de casaci\u00f3n, est\u00e1 averiguado que, si del texto convencional se descubren varios sentidos razonables, incluso con la aplicaci\u00f3n de las reglas hermen\u00e9uticas anotadas, la elecci\u00f3n que de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser respetada y mantenida por la Corte. <\/p>\n
\u201cCuando una cl\u00e1usula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopci\u00f3n de cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede haber error manifiesto en la interpretaci\u00f3n (Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya caracter\u00edstica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, que salte de bulto o brille al ojo, s\u00f3lo se presenta cuando la \u00fanica estimaci\u00f3n acertada sea la sustitutiva que se propone. Por manera que la demostraci\u00f3n del cargo ha de conducir al convencimiento de la contraevidencia, inconcebible cuando el resultado que se censura es producto de sopesar distintas posibilidades, que termina con la escogencia de la m\u00e1s probable, \u201csin que ninguna de ellas est\u00e9 plenamente contradicha por las otras pruebas del proceso\u201d (Cas. Civ. de 30 de noviembre de 1962, XCVIII, 21; 4 mayo de 1968, a\u00fan no publicada; 20 de mayo de 1970, CXXXIV, 146 y 147)\u201d (CSJ SC del 6 de agosto de 1985). <\/p>\n
6.5. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que la hermen\u00e9utica otorgada por el Tribunal al acto jur\u00eddico no resulta en absoluto arbitraria. En efecto, mal podr\u00eda abrirse paso el embate propuesto, pues siendo \u201c[l]a interpretaci\u00f3n de un contrato (\u2026) una cuesti\u00f3n de hecho, una estimaci\u00f3n circunstancial de factores diversos probablemente establecidos en el juicio, (\u2026) no es posible desestimarla por la Corte, sino al trav\u00e9s de la alegaci\u00f3n demostrada de un evidente error de hecho, que ponga de manifiesto incuestionablemente una arbitraria interpretaci\u00f3n judicial de la voluntad de los contratantes (\u2026)\u201d25; yerro que, como se ha razonado con anterioridad, no est\u00e1 acreditado. <\/p>\n
7. Finalmente, el planteamiento relacionado con el presunto error del Tribunal en considerar que \u00abla daci\u00f3n en pago no la realiz\u00f3 la fiduciaria\u00bb se halla desacertado. En efecto, del escrutinio de la sentencia integralmente, lo que se recibe es que, para el ad quem, la fiduciaria actu\u00f3 en cumplimiento de una decisi\u00f3n de los acreedores, quienes acordaron la realizaci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago. En otras palabras, la iniciativa fue tomada por los propios beneficiarios y aprobada por la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
8. Por tanto, se observa que no fueron atacados la totalidad de los argumentos expuestos por el Tribunal en torno a la ausencia de incumplimiento del contrato de fiducia por parte del demandado. Aunado a ello, se advierte que las quejas elevadas contra la forma en que fueron interpretadas las cl\u00e1usulas del contrato de fiducia no son m\u00e1s que alegatos de instancia. <\/p>\n
9. En pocas palabras, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de Julio de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. Como quiera que la parte opositora replic\u00f3 en tiempo la demanda, con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la correspondiente liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 65 del cuaderno principal <\/p>\n
2\u0002 Por todas: CSJ SSC del 23 de mayo de 1955 (M.P. Jos\u00e9 J. G\u00f3mez); 19 de noviembre de 1956 (M.P. Guillermo Garavito); 24 de abril de 1986 (M.P. H\u00e9ctor Mar\u00edn Naranjo); 2 de julio de 1993 (M.P. Eduardo Garc\u00eda Sarmiento); 9 de noviembre de 1993 (M.P. Eduardo Garc\u00eda Sarmiento). <\/p>\n
3\u0002 Et al: CSJ SSC del 31 de julio de 1945 (M.P. Arturo Tapias P.); 5 de sept. de 1955 (M.P. Agust\u00edn G\u00f3mez); 24 de nov. de 1958 (M.P. Julio Pardo). <\/p>\n
4\u0002 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039). <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC del 2 de agosto de 1958. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
7\u0002 C.S.J- Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 5 de noviembre de 1973, G.J. t CXLVII <\/p>\n
8\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC del 25 de febrero de 1958. <\/p>\n
10\u0002 P\u00e1gina 16 de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
11\u0002 CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC15211-2017, 26 septiembre del 2017. <\/p>\n
13\u0002 CSJ sentencia de 5 de noviembre de 1973, G.J. t CXLVV, P 106. <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 4 de diciembre de 2008, radicado 9354, reiterando fallos de 5 de mayo de 1998 (CCLII-1355) y 092 de 17 de mayo de 2001, expediente 5704; citas recogidas en SC4419-2020 del 17 de noviembre del 2020. <\/p>\n
15\u0002 Folio 361 del Cuaderno 1. <\/p>\n
16\u0002 Folio 65 del Cuaderno 1. <\/p>\n
17\u0002 Carbonnier, Jean. Droit Civil. Obligations. Themis, Par\u00eds, 1956, p\u00e1g. 45 <\/p>\n
18\u0002 Messineo, Francesco. Doctrina general del contrato. T. II, Buenos Aires, Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 1952, p\u00e1g.97. <\/p>\n
19\u0002 Laurent. Cours \u00e9l\u00e9mentaire de Droit civil. T.I. Bruylant-Christophe.Bruselas,1881, p\u00e1g.9. <\/p>\n
20\u0002 La interpretaci\u00f3n es, pues, la pesquisa y determinaci\u00f3n de la lex contractus. Su prop\u00f3sito es \u201cprecisar el sentido de las disposiciones contractuales.\u201d Marty, Gabriel y Raynaud, Pierre. Les Obligations. T. 1. Sirey, Par\u00eds, 1988, p\u00e1g. 249 <\/p>\n
21\u0002 CSJ. G.J. XXIV, p. 121, sentencia del 30 de mayo de 1914. <\/p>\n
22\u0002 CSJ. G.J. VII, p. 92, sentencia del 18 de febrero de 1892. <\/p>\n
Es decir, \u201cdentro este mismo aspecto psicol\u00f3gico una clave valorativa muy significativa pudiera ser el factor motivacional quisque praesumitur consentir\u00e9 in id quod utilitatem affert (se presume que cada cual consiente en lo que le proporciona utilidad).\u201d Mu\u00f1oz, Lluis. Tratado de prob\u00e1tica judicial. Bosch, Zaragoza, 1992, p\u00e1g. 187 -ortograf\u00eda original-. <\/p>\n
23\u0002 Cfr. SC del 5 de julio de 1983, SC139-2002 de agos. 1\u00b0 2002, rad. n\u00b0. 6907; SC127-2008 de dic 19 2008, rad. n.\u00b0 11001-3103-012-2000-00075-01; SC038-2015, de feb 2 de 2015, rad. 1100131030192009002980l, entre otras <\/p>\n
24\u0002 CSJ Sala Civil, Tomo CLXXVI. 2415, p\u00e1g. 249-a 257. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC del 25 de junio de 1951. En direcci\u00f3n an\u00e1loga: CSJ SSC del 11 de agosto de 1953, 7 de noviembre de 1953, 27 de abril de 1955, 28 de febrero de 1958, 21 de nov. de 1969, 28 de agosto de 1978, 6 de sept. de 1983 t 6 de agosto de 1985, entre muchas m\u00e1s. <\/p>\n
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SC4112-2021 (2003-00976-01)_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC4112-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-008-2003-00976-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por las demandantes BLASTINGMAR LTDA (hoy BLASTINGMAR S.A.S), NICASTILLO LTDA. (hoy NICASTILLO S.A en liquidaci\u00f3n) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58213"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58213\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}