SC4115-2021 (2015-00327-01)_1<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4115-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-31-10-002-2015-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante DIEGO REN\u00c9 VALENCIA GONZALEZ frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 13 de junio de 2017, dentro el proceso verbal que instaur\u00f3 en contra de LIDA PEDRAZA MACHUCA. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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Con la demanda y el escrito que la reform\u00f3, el actor pretende se declare: i) la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n de la sociedad conyugal de Lida Pedraza y Diego Ren\u00e9 Valencia, contenida en la escritura p\u00fablica No.0874 de 19 de abril de 2011, emanada de la Notar\u00eda Primera de Tunja; ii) la nulidad relativa por vicios del consentimiento de dicho instrumento; iii) dejar sin efectos jur\u00eddicos la renuncia a gananciales; iv) que, como consecuencia de lo anterior, se declare que la sociedad conyugal no ha sido liquidada y se ordene la restituci\u00f3n de los bienes al haber social, junto con los frutos civiles. Y v) pidi\u00f3, finalmente, que se aplique la sanci\u00f3n por ocultamiento de bienes prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
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B. Causa petendi <\/p>\n
2.1. Con escritura p\u00fablica No. 3005 del 13 de octubre de 2006, otorgada en la Notar\u00eda Primera del Circulo de Tunja, Lida Pedraza Machuca y Diego Valencia Gonz\u00e1lez suscribieron unas \u201ccapitulaciones matrimoniales\u201d, por fuerza de las cuales determinaron el r\u00e9gimen patrimonial al cual se someter\u00edan los bienes de propiedad de cada uno \u00aben la futura sociedad conyugal\u00bb. Los futuros consortes contrajeron matrimonio -por virtud del rito cat\u00f3lico-, el d\u00eda 14 de octubre de 2006 en la parroquia Santa Mar\u00eda de la Paz de Tunja. Por lo dem\u00e1s, con escritura p\u00fablica n\u00famero 0874 del 19 de abril de 2011 -protocolizada en la Notar\u00eda Primera-, \u00ablos c\u00f3nyuges disolvieron y liquidaron la sociedad\u00bb. Manifest\u00f3 que la demandada, en el referido acto, determin\u00f3 el valor de los \u00abbienes sociales\u00bb -muebles, inmuebles, acciones y cuotas partes- en $555.461.130. En consecuencia, correspondi\u00f3 a cada c\u00f3nyuge, como cuota, la suma de $ 277.734.565. No obstante, aleg\u00f3 el actor que tales valores no se compadecen con la realidad econ\u00f3mica de las sociedades, ni con el aval\u00fao comercial de los bienes ra\u00edces. <\/p>\n
2.2. Adujo que la c\u00f3nyuge Lida ocult\u00f3 los siguientes bienes: \u00ablocal comercial M.I. 070-129193, local comercial M.I 070-129194, veh\u00edculo automotor Volkswagen, participaci\u00f3n del demandante en la sociedad Andina Kids S.A.S\u00bb. En consecuencia, sostuvo que existe una diferencia sustancial entre el valor declarado y el aval\u00fao comercial de la totalidad de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal por una suma de $953.538.959. Afirm\u00f3, con base en lo expuesto, que el valor del activo social de la sociedad conyugal Pedraza Valencia, determinado en el acto jur\u00eddico de partici\u00f3n ($ 555.461.131), corresponde al 37% del verdadero valor del haber social, que asciende, -en su sentir- a la suma de $1.509.000.095. <\/p>\n
Acot\u00f3 que le corresponde al demandante, por concepto de gananciales, la suma de $754.500.048. Y no la suma establecida en el acto de partici\u00f3n ($277.734.565). Por ello, la cuota que le correspondi\u00f3 es sustancialmente inferior a la mitad del valor real de los gananciales, estructur\u00e1ndose, as\u00ed, la lesi\u00f3n enorme. Dijo que la demandada, al omitir incluir, en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal parte de los bienes sociales y ocultar el verdadero estado de los negocios de las empresas, enga\u00f1\u00f3 al demandante. De tal manera que se configur\u00f3 el \u00abactuar doloso de la se\u00f1ora Pedraza, quien mantuvo en error a su c\u00f3nyuge Diego Valencia\u00bb. <\/p>\n
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C. Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
La interpelada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de m\u00e9rito que nomin\u00f3: \u00abinexistencia de lesi\u00f3n enorme\u00bb, \u00abinexistencia de ocultamiento de bienes\u00bb y \u00abausencia de vicios del consentimiento\u00bb. <\/p>\n
D. Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Tunja profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones -el 21 de junio de 2016-. El fallo fue oportunamente apelado, siendo confirmado por el Tribunal. <\/p>\n
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Previo a desatar la alzada, el Tribunal resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad que hiciera la parte demandante con fundamento en el numeral 5 del art\u00edculo 133 del CGP. En concreto, el postulante consider\u00f3 que el perito designado por el despacho no fue id\u00f3neo para rendir la experticia \u00abya que el avaluador es una persona autorizada para emitir peritazgos, pero sobre bienes inmuebles rurales m\u00e1s no urbanos ni de sociedades comerciales\u00bb. Al respecto, el Colegiado manifest\u00f3 la abierta improcedencia del reparo, porque \u00ablas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a ella si ocurrieron en esa providencia, pero en este caso pues ni lo ha puesto de presente ni se evidencia que la nulidad haya ocurrido con ocasi\u00f3n de la sentencia la plantea acerca de una circunstancia procesal de manejo interno en la primera instancia\u00bb <\/p>\n
Seguidamente, pas\u00f3 al fondo del asunto. Destac\u00f3 que los comparecientes al juicio, antes de contraer nupcias, suscribieron \u00abcapitulaciones matrimoniales\u00bb conforme a la escritura p\u00fablica 3005 protocolizada en la notaria 1\u00b0 de Tunja. En efecto, \u00aben esas capitulaciones manifestaron que excluyen de manera definitiva de la futura sociedad conyugal los bienes que a continuaci\u00f3n describen que son de propiedad \u00fanica y exclusiva de Lida Yamil\u00e9 Pedraza Machuca, pero ah\u00ed se deja tambi\u00e9n expresamente consignado que no hay bienes propios del se\u00f1or Diego Rene\u00bb. Estim\u00f3 que -tal como fue confeccionado- el acto prenupcial sobre los bienes impidi\u00f3 el nacimiento de la sociedad conyugal. Tal aserto lo deriv\u00f3 de la propia convenci\u00f3n, y puso de presente las estipulaciones respectivas: \u00aben la cl\u00e1usula tercera se relacion\u00f3 cu\u00e1les eran los bienes propios que ten\u00eda la se\u00f1ora Lida Yamil\u00e9 y se dej\u00f3 claro que no iban a ser una sociedad conyugal\u00bb. En la quinta excluyen de cualquier sociedad conyugal, que se diera el futuro, los bienes que adquirieran cada uno. En la octava se cuidan m\u00e1s en aclarar previo a su matrimonio que ni siquiera las valorizaciones que tuvieran los bienes propios de cada c\u00f3nyuge vendr\u00edan a formar parte de ninguna sociedad conyugal\u00bb. Afirm\u00f3 que la naturaleza de las capitulaciones \u00abes el hecho de no formar sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Puso su atenci\u00f3n en el acto de la renuncia a gananciales, el que calific\u00f3 como una donaci\u00f3n. Para el efecto, manifest\u00f3 que \u00abes absolutamente claro esto desde la juridicidad no hay ninguna duda de que ustedes no ten\u00edan ninguna sociedad conyugal y por lo mismo a nosotros nos extra\u00f1\u00f3 pues que hubiera existido esa liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal sin embargo lo entendemos como alg\u00fan acuerdo entre ustedes\u00bb, que no fue objeto de debate en el pleito. En lo que concierne a los reparos en torno a la valoraci\u00f3n probatoria formulada por el recurrente, elucid\u00f3 los siguiente: \u00aben el audio de la sentencia de primer grado se advierte que s\u00ed hubo valoraci\u00f3n de todos los medios de prueba, incluso de uno que no pod\u00eda ser valorado es el documento que se alleg\u00f3 en los alegatos de conclusi\u00f3n que tiene que ver con un dictamen pericial privado, no podemos ni siquiera tomarlo en cuenta porque no fue objeto de discusi\u00f3n all\u00ed no pod\u00eda hacerlo por el momento procesal en que se aport\u00f3\u00bb. A su turno, se ocup\u00f3 de indicar que los vicios del consentimiento alegados -el error y el dolo- no se configuraron. Explic\u00f3 que \u00abno hay posibilidad de entender que el se\u00f1or Rene no conociera las circunstancias de valor y de porcentajes de crecimiento de las empresas y de cu\u00e1les eran los estados financieros primero que todo era el esposo y ten\u00eda acceso a todas las empresas de su c\u00f3nyuge\u00bb. De igual modo, del acervo probatorio no advirti\u00f3 \u00abque ella le mantuviera oculto durante el tiempo que permaneci\u00f3 en vigencia su matrimonio, los movimientos de los estados financieros de cada una de las empresas\u00bb. Seguidamente, indic\u00f3 que, al momento de suscribir la escritura de renuncia a gananciales, el se\u00f1or Diego Rene Jim\u00e9nez \u00abten\u00eda posibilidad de conocer todo lo que pasaba con las empresas: primero, sab\u00eda cu\u00e1les eran. Si no ten\u00edan los documentos, ten\u00eda la posibilidad de conocerlos porque todos son documentos p\u00fablicos que pueden ser adquiridos inclusive ahora mediante medios electr\u00f3nicos\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que respecta a la lesi\u00f3n enorme atribuida a la renuncia de gananciales, la Corporaci\u00f3n ad quem avizor\u00f3, conforme a los dict\u00e1menes rendidos en oportunidad, \u00abque en realidad el mayor valor que pudieran haber tenido no supera en modo alguno el 50% de su valor, la suma que le correspondi\u00f3 al actor por concepto de gananciales\u00bb. Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que, al no existir sociedad conyugal, la renuncia constitu\u00eda un desprop\u00f3sito. El Tribunal ultim\u00f3 que \u00abno se demostr\u00f3 que hubiera alguna clase de ocultamiento de bienes o de actuaci\u00f3n dolosa de parte de la demandada. En consecuencia, se reitera que, como no hab\u00eda sociedad conyugal esa liquidaci\u00f3n tampoco pod\u00eda darse. No hab\u00eda lugar para que hubiera hecho renuncia a gananciales\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el pretensor interpuso la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concedida en prove\u00eddo de 18 de julio de 2017 <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon tres cargos contra la sentencia de Tribunal. Para comenzar, valga aclarar lo siguiente: las capitulaciones matrimoniales del 13 de octubre de 2006 dejan sin piso jur\u00eddico todo el debate planteado por el pretensor \u2013 y as\u00ed mismo se entender\u00eda erosionado su inter\u00e9s-. En el caso sub examine, la sociedad conyugal no naci\u00f3 -por las referidas capitulaciones-. As\u00ed las cosas, discutir sobre la renuncia a gananciales de una sociedad patrimonial que no naci\u00f3 ser\u00eda inane. Y lo ser\u00edan tambi\u00e9n los otros aspectos planteados por el censor (v.g. el debatir sobre la lesi\u00f3n enorme de una partici\u00f3n de una sociedad inexistente). As\u00ed y todo, al lado de esta precisi\u00f3n preliminar, se ofrece lo que viene. <\/p>\n
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A. PRIMER CARGO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea los art\u00edculos 180, 1774, 1777 y 1841 del C\u00f3digo Civil. En orden a sustentarlo, se\u00f1ala que los mencionados preceptos fueron indebidamente aplicados, en tanto que es equivocado sostener \u00abque las capitulaciones matrimoniales impiden el nacimiento de la sociedad conyugal\u00bb. Para soportar tal aserto, manifest\u00f3 que una lectura sistem\u00e1tica de las disposiciones vulneradas indica que, \u00ablas capitulaciones no podr\u00e1n pactar el nacimiento y por defecto tampoco la inexistencia de la sociedad conyugal, debido a que, la misma es regulada por una norma de orden p\u00fablico, como es el art\u00edculo 180 del CC., lo que hacen las capitulaciones es la modificaci\u00f3n de las reglas patrimoniales de la sociedad conyugal, porque recordemos nuevamente, las capitulaciones son convenciones que permiten excluir o generar concesiones sobre bienes que se aportan o se excluyen de la sociedad de bienes entre c\u00f3nyuges, por cuanto, ello no es palmario de manifestar la inexistencia de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que, seg\u00fan el art\u00edculo 1774 del estatuto civil, \u00abel nacimiento de la sociedad conyugal, es regulado por normas de orden p\u00fablico, y los acuerdos privados no pueden indicar la inexistencia de la sociedad conyugal, sino \u00fanicamente pueden modificar las reglas patrimoniales de la sociedad com\u00fan de bienes entre los c\u00f3nyuges, siendo importante resaltar que dentro del texto legal, que regula la sociedad conyugal, no existe proposici\u00f3n jur\u00eddica que indique que las capitulaciones eviten el nacimiento de la sociedad conyugal, al contrario, se observan una serie de disposiciones normativas de orden p\u00fablico, que describen cuando nace y como se disuelve y liquidan, permitiendo concluir que la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal, no atiende a la realidad jur\u00eddica de la instituci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La acusaci\u00f3n se perfila por la v\u00eda directa cuando la discrepancia por la que se duele la censura reside exclusivamente en un plano de estricta juridicidad. Desligado, por consiguiente, de cualquier equivocaci\u00f3n en el \u00e1mbito probatorio. Sumado a ello, el embate debe estar dirigido a derruir los falsos juicios de las normas que gobiernan el caso. Ya porque el ad quem no las tuvo en cuenta -falta de aplicaci\u00f3n-, ya porque se equivoc\u00f3 al elegirlas -aplicaci\u00f3n indebida-. O, a pesar de ser las correctas, le dio una interpretaci\u00f3n ajena a su alcance -interpretaci\u00f3n err\u00f3nea-. Es que, como se ha dicho: <\/p>\n
\u201cPara los efectos de casaci\u00f3n, la infracci\u00f3n directa de la ley sustantiva tiene lugar, cuando el sentenciador, contemplando las pruebas tales y como existen en el proceso, sin incurrir en error alguno en la apreciaci\u00f3n de ellas y, por lo mismo, tomando el caso sub judice en su exacta realidad, deja de aplicarle el derecho sustancial que le corresponde, o se lo aplica torcidamente por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n. O le aplica uno diferente. Entonces queda eliminada toda discusi\u00f3n sobre el material probatorio y sobre los hechos que este material suministra, como que lo que ocurre es que el juzgador, no obstante haber visto acertadamente la especie litigiosa, equivoc\u00f3 su tratamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo mismo, cuando en el recurso extraordinario se trata de violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, esto es, de su quebranto por fuera de todo defecto o falla de apreciaci\u00f3n probatoria, el enjuiciamiento de la sentencia recurrida estriba en la confrontaci\u00f3n de su texto con el derecho sustancial que se alega como infringido; y si sobre el resultado probatorio verificado por el juzgador, se advierte que \u00e9ste dej\u00f3 de aplicar o aplic\u00f3 mal aquel derecho, s\u00f3lo entonces podr\u00e1 decirse que la censura por infracci\u00f3n directa es procedente\u201d (CSJ SC del 18 de abril de 1964; en similar sentido: CSJ SC del 29 de mayo de 1963). <\/p>\n
2.- En el caso bajo estudio, la parte recurrente -demandante- soport\u00f3 la censura en un primer cargo por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, al encontrar infringidos los art\u00edculos 180, 1774, 1777 y 1841 del C\u00f3digo Civil pues, a su juicio, al ser el primer canon una norma de orden p\u00fablico no es posible que las partes puedan pactar la inexistencia de la sociedad conyugal a trav\u00e9s de las capitulaciones matrimoniales. <\/p>\n
As\u00ed pues, la afirmaci\u00f3n esbozada por el Tribunal seg\u00fan la cual \u00abal constituirse capitulaciones matrimoniales, no existe la sociedad conyugal\u00bb resulta, en su parecer, \u00abcontraria a la ley y la jurisprudencia, en el entendido que, el Art\u00edculo 180 del C.C. indica que, la sociedad conyugal, nace con la celebraci\u00f3n del matrimonio, por cuanto, se puede inferir, que las capitulaciones matrimoniales, no impiden por si solas el nacimiento de la sociedad conyugal, sino que modificaban el r\u00e9gimen patrimonial de la sociedad conyugal, siendo un evento jur\u00eddico diferente al nacimiento\u00bb. Bajo tal orden de ideas, para el censor las capitulaciones no pueden contener pacto alguno sobre el nacimiento o inexistencia de aludida instituci\u00f3n patrimonial \u00absino \u00fanicamente pueden modificar las reglas patrimoniales de la sociedad com\u00fan de bienes entre los c\u00f3nyuges\u00bb. De manera tal que el aspecto capital del asunto en sede casacional se reduce a determinar si es posible que las partes pacten en las capitulaciones matrimoniales la inexistencia de la sociedad conyugal. O si, por el contrario, tal disposici\u00f3n resultar\u00eda ineficaz por violentar, en sentir del censor, una norma de orden p\u00fablico -art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil-. <\/p>\n
3.- A voz de la doctrina jurisprudencial, \u00ablas capitulaciones matrimoniales corresponden al r\u00e9gimen particular que acuerdan los esposos, para regular todos los aspectos econ\u00f3micos concernientes con ellos, una vez se casen\u00bb (SC005 del 18 de enero del 2021). <\/p>\n
3.1. Ahora bien, como se reclama de cualquier acto jur\u00eddico, deben satisfacer los requisitos de validez enunciados en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil. En ese sentido, y en lo que concierne con el objeto -que es la materia que en este cargo espec\u00edfico se discute-, la ley es expresa en declarar que estas capitulaciones no deben contener \u00abestipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes\u00bb [art. 1773]. Bajo tales consideraciones, alude el casacionista que la disposici\u00f3n 180 del C\u00f3digo Civil prescribe que \u00ab[p]or el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del T\u00edtulo 22, Libro IV, del C\u00f3digo Civil\u00bb y el inciso segundo del art\u00edculo 1777 \u00eddem, lo confirma cuando expresa que \u00ab[n]o se podr\u00e1 pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o despu\u00e9s de contraerse el matrimonio; toda estipulaci\u00f3n en contrario es nula\u00bb. De donde infiere que el matrimonio necesariamente acarrear\u00e1 la existencia postrera de la sociedad conyugal, con lo cual cualquier acuerdo que impida su constituci\u00f3n es contrario a la ley. <\/p>\n
3.2. Sin embargo, el pretensor omite que tales normas deben leerse tambi\u00e9n a la luz de lo prescrito en el canon 1774, que instruye claramente el car\u00e1cter dispositivo de la sociedad conyugal -al condicionar su existencia a la ausencia de pacto en contrario-. Ciertamente, se faculta a las partes, no solo a modificar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la comunidad, sino tambi\u00e9n a impedir su surgimiento -todo ello como una clara manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad-. En efecto, como se dijo en precedencia, las capitulaciones son un acuerdo privado entre las partes, que recae sobre aspectos meramente econ\u00f3micos -que conciernen \u00fanicamente a los futuros contrayentes. Y que, por tanto, son renunciables. <\/p>\n
3.3. En efecto, la posibilidad de desechar el nacimiento de la figura en estudio ha sido contemplada por esta Sala en reciente jurisprudencia, en la cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLas capitulaciones, entonces, son fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros, a trav\u00e9s del cual se definen las reglas que han de regir su sociedad de bienes o, incluso, desechar su nacimiento. Su eficacia, por tanto, est\u00e1 supeditada a que se satisfagan las exigencias del art\u00edculo 1502 del estatuto civil, as\u00ed como las siguientes especiales: <\/p>\n
(i) Acuerdo expreso, libre y voluntario de autorregulaci\u00f3n de intereses (art\u00edculo 1771); <\/p>\n
(ii) Las capitulaciones deben elevarse a escritura p\u00fablica, salvo \u00abcuando no ascienden a m\u00e1s de mil pesos los bienes aportados al matrimonio por ambos esposos juntamente, y en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes ra\u00edces, bastar\u00e1 que consten en escritura privada, firmada por las partes y por tres testigos domiciliados en el territorio\u00bb (art\u00edculo 1772); <\/p>\n
(iii) Se requiere armon\u00eda entre lo pactado y las normas de orden p\u00fablico e imperativas, as\u00ed como las buenas costumbres (art\u00edculo 1773): <\/p>\n
(iv) No pueden menoscabarse los derechos y obligaciones que las leyes se\u00f1alan a cada c\u00f3nyuge -o compa\u00f1ero permanente- respecto al otro o a los descendientes comunes (\u00eddem). En este punto, \u00ab[r]esulta pertinente hacer \u00e9nfasis en que los \u2018derechos derivados de las relaciones de familia\u2019, no son estrictamente id\u00e9nticos a los derechos propios del \u2018r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio\u2019, pues mientras los primeros tienen que ver con la necesidad de que se cumplan los fines esenciales del matrimonio y para su protecci\u00f3n la ley se vale de normas perentorias de orden p\u00fablico, los segundos corresponden a cuestiones meramente patrimoniales, frente a las cuales, en principio, se respeta la voluntad de las partes\u00bb (SC, 29 jul. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00152-01). <\/p>\n
El resultado de esta conjunci\u00f3n de elementos es que los futuros contrayentes normen la comunidad de bienes, incluso para se\u00f1alar que ning\u00fan bien ingresar\u00e1 a la misma, sin que esta estipulaci\u00f3n sea una afrenta a la moral social, las buenas costumbres o una forma de esclavitud, como incorrectamente lo califica la casacionista. Es una mera declaraci\u00f3n de voluntad con efectos econ\u00f3micos, que nada desdice de la relaci\u00f3n sentimental que da origen a una familia\u00bb (Subrayado del despacho) (SC2222-2020 del 13 de julio de 2020). <\/p>\n
3.4. A su turno, esta providencia del 13 de julio de 2020, al referirse a la presunci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial (aplicable al caso en concreto mutatis mutandi), sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, la presunci\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanente, a que se refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, mal podr\u00eda entenderse como una regla de orden p\u00fablico o de contenido imperativo, pues como ya se explic\u00f3, su procedencia est\u00e1 subordinada a que los part\u00edcipes no hayan excluido su aplicaci\u00f3n a trav\u00e9s de una capitulaci\u00f3n matrimonial que reh\u00fase su existencia o modifique su composici\u00f3n, como lo permiten los c\u00e1nones 1771 y 1774 del C\u00f3digo Civil, aplicables a la materia por la remisi\u00f3n expresa de la citada ley, como ya se dijo. <\/p>\n
Tal exclusi\u00f3n, que en el caso se manifest\u00f3 a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 875 de 15 de marzo de 2005 de la Notar\u00eda 12 de Bogot\u00e1, no afect\u00f3 ning\u00fan derecho irrenunciable, pues precisamente la ley le otorga la facultad a los compa\u00f1eros permanentes para que eviten los efectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n, lo que se aviene con la libertad contractual -art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica -art\u00edculo 14 ib\u00eddem- y la capacidad para obligarse -art\u00edculo 1503 del C\u00f3digo Civil-. <\/p>\n
Ahora bien, dice el art\u00edculo 15 del estatuto privado que \u00ab[p]odr\u00e1n renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que s\u00f3lo miren al inter\u00e9s individual del renunciante, y que no est\u00e9 prohibida su renuncia\u00bb; supuestos que se dan en el sub examine, en tanto los compa\u00f1eros decidieron, incluso antes de principiar la vida com\u00fan, impedir la sociedad patrimonial y mantener un r\u00e9gimen de activos individual, por lo que se trata de un asunto meramente patrimonial que s\u00f3lo les conciernen, quienes actuaron conforme a su voluntad. <\/p>\n
Rem\u00e1rcase, las capitulaciones maritales no son una afrenta al derecho que tienen las partes de disolver y liquidar el haber social, sino que sirven, como en efecto procedieron Marisol D\u00edaz Guar\u00edn y Luis Alfonso Rinc\u00f3n Ar\u00e9valo, para repeler el nacimiento de la sociedad de activos, caso en el cual devienen inaplicables, por carencia de objeto, las normas que gobiernan su extinci\u00f3n y la distribuci\u00f3n de activos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por \u00faltimo, el art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil no establece la imperatividad de que, en todos los documentos p\u00fablicos contentivos de las capitulaciones matrimoniales, se incluyan los bienes que se aportan a la sociedad, las donaciones y concesiones que quiera hacerse la pareja, pues estas exigencias s\u00f3lo deben satisfacerse en los casos en que resulten procedentes, seg\u00fan la finalidad deseada por los interesados al suscribir las capitulaciones. <\/p>\n
Pretender, como lo hace la recurrente, que en materia de capitulaciones en la sociedad conyugal y patrimonial de hecho, siempre deban incorporarse las estipulaciones en menci\u00f3n, es atentar contra la voluntad de los futuros c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros, ya que, como se ha dicho con insistencia, son ellos quienes definen si habr\u00e1 o no comunidad de bienes y, en caso de que se conforme, cu\u00e1l ser\u00e1 su integraci\u00f3n y los activos propios que aportar\u00e1n a la misma, sin que el legislador haya impuesto un contenido m\u00ednimo, en punto a aportes o donaciones\u00bb (SC2222-2020 del 13 de julio de 2020). <\/p>\n
3.5. Tal postura fue reiterada por esta Corporaci\u00f3n en sentencia SC2130-2021 del 02 de junio del 2021, en la cual se sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAl abordar el estudio de las \u00abcapitulaciones matrimoniales\u00bb, en CSJ SC 29 jul. 2011, rad.2007-00152-01, se aclar\u00f3 que los art\u00edculos 180 inciso 1\u00ba y 1774 del C\u00f3digo Civil advierten que, salvo pacto en contrario, el matrimonio genera sociedad conyugal, lo que significa que la pareja puede pactar libremente, a trav\u00e9s de las capitulaciones, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico por el que habr\u00e1n de regirse o desechar su nacimiento y si nada dicen se entiende que conforman una comunidad de gananciales, acorde con las reglas de los art\u00edculos 1771 y s.s. ib\u00eddem, as\u00ed como lo hizo la Corte en CSJ SC2222-2020, donde explic\u00f3 que las capitulaciones son fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros y, por ende, su eficacia depende de que satisfagan las exigencias del art\u00edculo 1502 del estatuto civil, sean producto de un acuerdo de voluntades expreso, libre y voluntario, no contradigan el orden p\u00fablico, ni las normas imperativas y tampoco menoscaben los derechos y obligaciones que las leyes imponen a cada c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, no hay duda de que las capitulaciones matrimoniales son un negocio jur\u00eddico; en concreto, una convenci\u00f3n, en virtud de la cual los contrayentes regulan entre s\u00ed el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del connubio, ya sea para elegir las reglas que habr\u00e1n de regir ese efecto patrimonial ora para evitar que se produzca, pues, al tratarse de un asunto de inter\u00e9s privado es susceptible de ser ajustado por la pareja (art. 15 C.C.) sin exceder el \u00e1mbito de la ley ni las buenas costumbres. <\/p>\n
Es que si la pareja, en ejercicio del poder de disposici\u00f3n y autogobierno de sus relaciones jur\u00eddicas, acord\u00f3, seg\u00fan el art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil, no conformar sociedad conyugal al tratarse de un derecho renunciable (art. 15 ib\u00eddem) es imposible el estado de latencia que reclama la censora, quien hizo parte de esa convenci\u00f3n y, por ende, desde el casorio estaba habilitada para cuestionar la validez de las capitulaciones matrimoniales en procura de expelerlas del ordenamiento legal y de hacer actuar las normas supletorias que prev\u00e9n, por el hecho del himeneo, comunidad de bienes entre los desposados\u00bb (Resaltado de la Sala). <\/p>\n
4.- De manera tal que la interpretaci\u00f3n otorgada por el Tribunal a las normas en comento, en nada resulta desacertada, comoquiera que, al tratarse la sociedad conyugal de un asunto meramente patrimonial y privado de los consortes, bien pueden renunciar a ella. As\u00ed lo ha aseverado esta Corte, que, en prove\u00eddo SC, 29 jul. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00152-01 sostuvo lo que viene: <\/p>\n
\u00ab Los art\u00edculos 180 -inciso 1\u00ba- y 1774 del C\u00f3digo Civil, dejan en claro que, salvo pacto en contrario, el matrimonio genera sociedad conyugal, esto es, que deja en manos de los miembros de la pareja la posibilidad de pactar libremente, a trav\u00e9s de las capitulaciones, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico que m\u00e1s les convenga y, en todo caso, presume que si nada dicen se entiende que entre ellos se forma una comunidad de gananciales, cuyas inclusiones y exclusiones aparecen establecidas en los art\u00edculos 1771 y s.s. ib\u00eddem. <\/p>\n
A diferencia de lo que sucede con los derechos derivados de las relaciones de familia, en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio se privilegia la voluntad de los contrayentes, de modo que la ley s\u00f3lo interviene subsidiariamente en caso de silencio, para no dejar sin regulaci\u00f3n cuestiones patrimoniales que pueden suscitar incertidumbre entre el marido y la mujer despu\u00e9s de las nupcias. Dicho de otra manera, \u201cmientras las reglas que gobiernan la sociedad de personas (derecho personal matrimonial o derecho de familia puro) tienden a ser de orden p\u00fablico, por no poderse derogar mediante la voluntad de los contrayentes, las que rigen la sociedad de bienes son de orden privado, pues los contrayentes pueden regular por su propia voluntad la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes que tengan antes de celebrar las nupcias, as\u00ed como de los bienes que por cualquier causa adquieran durante \u00e9l; tambi\u00e9n pueden decidir acerca de su distribuci\u00f3n durante el matrimonio o una vez disuelto (por divorcio, nulidad)\u201d. <\/p>\n
Entonces, en dicha materia el Estado privilegia la voluntad de las partes, como expresi\u00f3n de la libertad contractual, y por ello no les impone imperativamente un r\u00e9gimen econ\u00f3mico para el matrimonio, sino que ellos pueden elegir el sustrato cremat\u00edstico que de modo usual acompa\u00f1a la convivencia matrimonial. Por lo mismo, el orden p\u00fablico no se expresa con el mismo \u00e9nfasis en las relaciones econ\u00f3micas propias del v\u00ednculo matrimonial\u00bb. <\/p>\n
5.- Bajo tales consideraciones, es apenas evidente que el cargo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que aviene su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con soporte en la causal segunda de casaci\u00f3n, se censura la sentencia de Tribunal de haber violado indirectamente el inciso 2 del art\u00edculo 1838 del C\u00f3digo Civil. En concreto, indic\u00f3 que el ad quem no tuvo en cuenta que las manifestaciones rendidas revelaban \u00abque ella conoc\u00eda los estados financieros de cada una de las empresas, que ella acepta hechos, con los cuales se observa un control total del conocimiento de los negocios sociales, omitiendo informaci\u00f3n a mi poderdante, en el momento de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, respecto a la partici\u00f3n de los gananciales, donde la causa de la de renuncia de los mismos, correspond\u00eda por la cuant\u00eda y valor de los bienes inventariados\u00bb. Asegur\u00f3 adem\u00e1s que, en el proceso se encontr\u00f3 probado el \u201cdolo\u201d, comoquiera que \u00abdebido a que los capitales de las empresas despu\u00e9s de unos meses de haberse liquidado y disuelto la sociedad conyugal aumentaron de manera importante, donde solo benefici\u00f3 a la parte demandada, y el estado real de los negocios solo la demandada los conoc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ninguno de los testimonios practicados dentro de la audiencia da cuenta de que \u00abel se\u00f1or DIEGO RENE VALENCIA conociera el estado actual de los negocios sociales de las empresas que la se\u00f1ora LIDA YAMIL\u00c9 donde es socia, e incluso lo \u00fanico que se corrobor\u00f3 es que la se\u00f1ora, s\u00ed conoc\u00eda de cada aspecto contable de las empresas de la cual hace parte como socia, ya que era deber de los contadores y revisores fiscales entregarle dicha informaci\u00f3n cada dos meses, como ella lo manifest\u00f3 en el interrogatorio de parte\u00bb. De manera que el demandante renunci\u00f3 a sus gananciales \u00absin conocer el estado actual de los negocios aceptando los valores indicados por la demandada en la escritura de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, conforme al principio de buena fe (hecho indicador No. 3), seis meses despu\u00e9s hubo aumento significativo de capitales en las empresas ,(hecho indicador No 4), cuando ya ten\u00eda toda la propiedad sobre los bienes que eran parte de la masa social, siendo favorable \u00fanicamente a la demandada es decir que bajo una inferencia l\u00f3gica material y formal, se constituye el supuesto f\u00e1ctico descrito en el art\u00edculo 1838 del CC. En el inciso segundo\u00bb. <\/p>\n
Dijo que la causa de la renuncia se debi\u00f3 al \u00abvalor de los bienes inventariados y de las partidas constituidas para cada c\u00f3nyuge, y es muy claro dentro del an\u00e1lisis probatorio que si el inventario se hubiera llevado a cabo conforme a todos los bienes, tanto muebles e inmuebles, las partidas aumentar\u00edan de forma excesiva con la que en principio se zanj\u00f3, y que est\u00e1 contenida en la escritura de disoluci\u00f3n y renuncia de gananciales, en tanto al solo beneficiar a la parte demandante, con un conocimiento claro del estado real de los negocios sociales, y esperando un t\u00e9rmino de seis meses, aument\u00f3 el capital por m\u00e1s del 200%, por cuanto ella omiti\u00f3 y ocult\u00f3 tan vital informaci\u00f3n, respecto del aumento de capital, ello es prueba de la constituci\u00f3n del dolo\u00bb. As\u00ed pues, el conocer la informaci\u00f3n y haber omitido revelarla indujo en error grave al demandante \u00abconcret\u00e1ndose as\u00ed el dolo, bajo el artificio del silencio, en el entendido que la demandada se aprovech\u00f3 del desconocimiento del verdadero estado de los negocios sociales y as\u00ed esta permiti\u00f3 que renunciara a los gananciales por parte del se\u00f1or demandante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Sin embargo, en los casos en que realmente se presenten los supuestos para la configuraci\u00f3n del yerro denunciado, a saber, que el ad quem haya pretermitido, supuesto o tergiversado un medio convictivo, corresponder\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n verificar tal incursi\u00f3n en el presunto error de raigambre valorativo. Para ello, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. En tal sentido, tal ant\u00edtesis ha de quedar comprobada a simple vista en el expediente, distinci\u00f3n que, dicho esto de margen, caracteriza al recurso de casaci\u00f3n y lo diferencia de la instancia del proceso. Al respecto, para la jurisprudencia de esta Sala el \u201c[e]rror evidente, es el notorio, el que aparece de bulto, aquel que se descubre f\u00e1cilmente sin necesidad de escol\u00e1sticas alegaciones o de tremendos esfuerzos de imaginaci\u00f3n\u201d2. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal. Por el contrario, aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe poner de presente en forma clara y precisa los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso y, en el evento de pretermitir algunos, indicar su influencia para cambiar el sentido del fallo. <\/p>\n
De ah\u00ed que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb3. Lo anterior equivale a decir que, si se alega que la prueba espec\u00edficamente determinada fue mal apreciada, el censor debe, con un cotejo o comparaci\u00f3n, exponer qu\u00e9 fue lo que concluy\u00f3 el Tribunal de dicha prueba y qu\u00e9 es lo que emerge fluidamente de ella, esto es, sin esforzados razonamientos. Ello, dada la discreta autonom\u00eda del juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
3. Para empezar, seg\u00fan lo expuesto en el numeral segundo del art\u00edculo 1838 del C\u00f3digo Civil -que se denuncia como vulnerado indirectamente-, la renuncia a gananciales en la sociedad conyugal puede rescindirse si se prueba que el consorte ha \u00absido inducid[o] a renunciar por enga\u00f1o o por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales\u00bb. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, mem\u00f3rese que, en principio, el dolo puede recibirse como un error provocado.4 Como se sabe, para que pueda ser causa del quiebre del del acto jur\u00eddico, se reclaman dos requisitos (art. 1515 C.C.). Primero, la maquinaci\u00f3n o enga\u00f1o debe provenir de la otra orilla negocial \u2013 \u201co que a lo menos \u00e9sta sea c\u00f3mplice del dolo\u201d5-. En efecto, el dolo debe haber sido realizado, gestionado u ocultado por la otra parte -por ejemplo, a trav\u00e9s de su \u201csilencio c\u00f3mplice\u201d6-. Y, por otro lado, la pretendida parte afectada debe haber ignorado el fraude -nemo auditur propriam turpitudinem allegans7-. Segundo, el artificio debe ser de tal naturaleza que, faltando, la parte enga\u00f1ada no hubiere celebrado el acto jur\u00eddico. Esto es, ha de tratarse de un ardid protuberante -apto: ser\u00eda la causa del resultado concreto, el perfeccionamiento del acto jur\u00eddico-. <\/p>\n
3.2. En el caso, el Tribunal no encontr\u00f3 acreditado ninguno de los requisitos narrados. Su estudio se asent\u00f3 en las pruebas testimoniales y documentales obrantes en el plenario, de cuya razonable valoraci\u00f3n pudo concluir que no se logr\u00f3 probar el dolo aducido por el demandante. Para el efecto, estim\u00f3 que \u00ablas manifestaciones que hiciera Lida Yamil\u00e9 Pedraza en su interrogatorio cuando acept\u00f3 que s\u00ed conoc\u00eda a los valores, es que, claro, que ten\u00eda que decirlo no ten\u00eda por qu\u00e9 mentir pues claro que los conoc\u00eda, pero tambi\u00e9n es claro que ellos quisieron hacer ese acuerdo de esa manera\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el ad quem sostuvo que \u00abhay testimonios como lo de la se\u00f1ora \u00c1ngela Arias Martha, Consuelo Luna, Martha Elena Moncayo, Miguel Antonio Bernal y otros donde ellos afirman que durante esos seis a\u00f1os lo vieron a usted siempre en compa\u00f1\u00eda de ella, asist\u00eda no solamente a las reuniones de car\u00e1cter comercial sino de car\u00e1cter social con ella. O sea, no hab\u00eda ninguna duda del absoluto conocimiento y pleno conocimiento que usted tuviera tanto de los bienes como de las sociedades como de los Estados financieros y la vida que en general llevaba quien fuera entonces su esposa\u00bb <\/p>\n
A su turno, el Tribunal advirti\u00f3 la insuficiencia probatoria para la acreditaci\u00f3n de los elementos constitutivos del dolo. El referido discernimiento descans\u00f3 en que: i) valorados los testimonios, se evidenci\u00f3 que la relaci\u00f3n de los consortes era de mutua confianza, al punto de que participaban de las relaciones comerciales que gestaban. En tal sentido, apunt\u00f3 que: \u00abMiguel Antonio Bernal y otros afirman que durante esos seis a\u00f1os lo vieron a usted siempre en compa\u00f1\u00eda de ella, asist\u00eda no solamente a las reuniones de car\u00e1cter comercial se uni\u00f3 car\u00e1cter social\u00bb. Y, ii) para el Colegiado, el interrogatorio rendido por la demandada llev\u00f3 a evidenciar que no existi\u00f3 maquinaci\u00f3n por parte de ella para enga\u00f1ar a la contraparte. En ese sentido, asever\u00f3 el juez de segundo grado que: \u00abcuando acept\u00f3 que s\u00ed conoc\u00eda los valores (de los bienes) pues claro que ten\u00eda que decirlo no ten\u00eda por qu\u00e9 mentir\u00bb y que, por el contrario, \u00abhubiera pensado que hab\u00eda alguna clase de dolo si ella hubiera querido esconder el hecho de que conoc\u00eda el valor de los bienes adem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que le corresponde al censor demostrar que la hermen\u00e9utica probatoria, ofrecida por el juzgador, es contraria a su contenido. Es decir, estaba a su cargo evidenciar la magnitud de yerro f\u00e1ctico, sin que se advierta en el caso en concreto cu\u00e1l fue la equivocaci\u00f3n del Tribunal en la interpretaci\u00f3n ofrecida frente a la ausencia de los requisitos para la configuraci\u00f3n del dolo como vicio del consentimiento. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, para esta Sala el ataque fue incompleto. V\u00e9ase que el ad quem sostuvo que el dolo no se prob\u00f3 porque \u00abde esa escritura ten\u00eda la posibilidad de conocer todo lo que pasaba con las empresas, primero sab\u00eda cu\u00e1les eran, si no ten\u00eda los documentos, ten\u00eda la posibilidad de conocerlos, porque todos son documentos p\u00fablicos que pueden ser adquiridos mediante medios electr\u00f3nicos\u00bb. No obstante, tal argumento no mereci\u00f3 la atenci\u00f3n del casacionista en su escrito. Esto es, fall\u00f3 en su deber de atacar todos los pilares de la sentencia que implicaron la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n relacionada con la rescisi\u00f3n de la renuncia a gananciales. <\/p>\n
4.1. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cpor v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (Sent. cas. civ. No. 027 de 27 de julio de 1999; subrayas de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche depender\u00e1 de \u201cque se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia\u201d (Sent. cas. civ. No. 002 de 25 de enero de 2008) y \u201cexista completa armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u201d (fallo de 27 de febrero de 2012)\u00bb8. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, la Corte insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb9 <\/p>\n
4.2. De tal manera que el inacabado ataque del pretensor hace inviable el quiebre de la sentencia fustigada. Sobre dicho aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha decantado que: \u00abEl sentido legal del recurso est\u00e1 determinado inexorablemente por la sentencia misma, lo que implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta, para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad-quem tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto, pues si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma presta base s\u00f3lida a dicha resoluci\u00f3n, \u00e9sta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede infirmarse en sede de casaci\u00f3n; resultando en consecuencia completamente intrascendente si se logra demostrar errores que el impugnante se\u00f1ala en la apreciaci\u00f3n de otras pruebas\u00bb10. <\/p>\n
5. En suma, el cargo no prospera. <\/p>\n
C.TERCER CARGO <\/p>\n
En este cargo se acusa la sentencia de violar indirectamente el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n y el 1406 de C\u00f3digo Civil por error de derecho, al valorar la experticia con transgresi\u00f3n de lo dispuesto en los preceptos 226 del C\u00f3digo General del Proceso y 233 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en particular, porque el perito designado carec\u00eda de idoneidad. Adujo que la prueba \u201cfue valorada por las instancias sin cumplir los requisitos legales descritos dentro del derecho procesal vigente en su momento y el actual, ya que, el perito, el se\u00f1or LUIS EDUARDO ROJAS GARAVITO, no cumple con las exigencias, debido a que, no posee los conocimientos t\u00e9cnicos y\/o cient\u00edficos con relaci\u00f3n a la valoraci\u00f3n de bienes de car\u00e1cter urbanos, como se descubre en el folio 468 del expediente, ya que este solo puede valorar bienes de car\u00e1cter rurales, hecho por el cual, los juzgadores de instancia debieron verificar la competencia del perito, por cuanto no se pudo determinar con este medio de prueba, el real valor de los bienes inmuebles, y as\u00ed constatar la lesi\u00f3n enorme\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Antes de entrar al asunto se debe aclarar que el t\u00f3pico de la idoneidad del perito es un asunto con ancha trascendencia jur\u00eddica. En el caso concreto -se aclara-, la prueba pericial en primera instancia fue practicada, conforme al C\u00f3digo de Procedimiento Civil. A su turno, la alzada se tramit\u00f3 por el C\u00f3digo General del Proceso, de conformidad con lo establecido en el literal c de art\u00edculo 625 del estatuto adjetivo. Como se sabe, la violaci\u00f3n indirecta por error de derecho presupone, \u00abcomo es apenas natural entender, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 al constatar la existencia material de los medios en el proceso, tampoco al fijar su contenido objetivo. De ah\u00ed, el recurrente, al estructurar el error de derecho, debe hacerlo sobre la base de aceptar tales t\u00f3picos, esto es, que la prueba, al decir de la Corte, \u00ab(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u00bb\u00bb (CSJ SC de 24 de mayo de 2017, Exp. 2006-00234, reiterado AC5530-2018 de 19 de dic. de 2018, rad. 2008-00369-01). <\/p>\n
2.-Puesta la Sala en la tarea de determinar si el dictamen ten\u00eda que ser valorado o por el contrario desechado, por el error de derecho atribuido tanto a la sentencia de primer como de segundo nivel, se impone hacer el siguiente an\u00e1lisis. Dentro del decurso -en la primera instancia- las fases probatorias (solicitud, decreto, pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n), se hicieron conforme a las previsiones del c\u00f3digo de procedimiento civil, vigente para la \u00e9poca de producci\u00f3n de la prueba. V\u00e9ase que la parte demandante lo solicit\u00f3 en escrito de reforma de la demanda (fls. 82 Cdno. 1), el juez lo decret\u00f3 y design\u00f3 perito avaluador (fl. 366), se alleg\u00f3 al plenario la experticia (fls. 369 a 418). Y, una vez se surti\u00f3 el traslado de rigor, se materializ\u00f3 la contradicci\u00f3n a trav\u00e9s de la objeci\u00f3n por error grave, a la cual se le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite previsto el numeral 5 del art\u00edculo 238 CPC. En consecuencia, se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de otra experticia, la cual fue objeto de complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n (fls. 470-476 Cdno. 1). Se destaca, de este \u00faltimo documento, lo siguiente: \u00abel administrador de empresas Luis Eduardo Rodr\u00edguez Garavito, no resulta un profesional id\u00f3neo para la realizaci\u00f3n del dictamen pericial encomendado, toda vez que si bien se encuentra inscrito en la lonja de propiedad Ra\u00edz de avaluadores y constructores de Colombia est\u00e1 inscrito \u00fanicamente para aval\u00faos de predios rurales.\u00bb Dictamen valorado posteriormente por la instancia. El censor tambi\u00e9n manifest\u00f3 que debido a la falta de idoneidad del perito en su criterio el dictamen no cumple con los requisitos para su valoraci\u00f3n. Postura que reiter\u00f3 en segunda instancia invocando la consumaci\u00f3n de la nulidad prevista en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Frente a lo cual el Tribunal encontr\u00f3 que \u00aben primer lugar que de conformidad con el art\u00edculo 134 del CGP, las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a ella s\u00ed ocurrieron en esa providencia. En este caso ni lo ha puesto de presente, ni se evidencia que la nulidad haya ocurrido con ocasi\u00f3n de la sentencia, la plantea acerca de una circunstancia procesal de manejo interno en la primera instancia. Cuando el perito fue designado, cuando se corri\u00f3 en traslado, cuando posteriormente en la audiencia se hizo la discusi\u00f3n [de la prueba] fueron momentos oportunos para que esta nulidad fuera planteada sea de recordar que el art\u00edculo 78 del c\u00f3digo general del proceso tambi\u00e9n y pone a las partes que act\u00faen de buena fe y que procuren la celeridad en los procesos\u00bb. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el casacionista, si se ventilan reparos contra la idoneidad del perito, el dictamen no puede ser valorado, de lo contrario se incurre en un error de derecho. Sobre el particular, esta Sala estima que el error de derecho no existi\u00f3, con fundamento en lo siguiente: i) En materia probatoria -tanto en el anterior estatuto como en el vigente- las causales de rechazo de los medios de convicci\u00f3n son taxativas y en concreto se presentan cuando las pruebas son: il\u00edcitas, impertinentes, superfluas, inconducentes (arts. 178 CPC y 168 CGP), o que no hayan sido solicitadas o aportadas en las oportunidades procesales correspondientes (arts. 183 CPC y 173 CGP). ii) La lectura de las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 241 de C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 232 del C\u00f3digo General del Proceso, que se dedican a regular lo atinente a la prueba pericial, lo que revelan es precisamente que en la fase de valoraci\u00f3n es donde se estiman las circunstancias de idoneidad y competencia del perito. Al respecto la Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201cEl perito es, pues, un auxiliar t\u00e9cnico del juez. Sus conclusiones o dictamen, de acuerdo con la naturaleza sui g\u00e9neris de sus funciones, y como lo tiene consagrado la doctrina jur\u00eddica universal, constituyen datos o elementos de juicio aprovechables por el funcionario del poder judicial en la medida que encuentre aceptables los fundamentos en que se apoyen las conclusiones a que lleguen, fundamentos que en todo caso deben expresarse con precisi\u00f3n, exactitud y claridad (art\u00edculo 716 del C. J.)'\u00bb. No obstante estar llamados los peritos -dice Dellepiane- a suplir o completar los conocimientos del juez; ilustr\u00e1ndolo sobre cuestiones de hecho que requieren saber especial, su opini\u00f3n no liga imperativamente al magistrado, ni lo dispensa del deber cr\u00edtico (…)\u00bb. <\/p>\n
\u201cLa fuerza vinculante de un experticio, en todo caso, y que obligue al juzgador a someterse a aqu\u00e9l sin discriminaci\u00f3n de ninguna especie, no ha sido aceptada nunca por los expositores ni por nuestra legislaci\u00f3n. De ah\u00ed en \u00e9sta la existencia de los art\u00edculos 722 y 723 del C\u00f3digo Judicial, que no s\u00f3lo permiten sino autorizan el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de los fundamentos de un dictamen; esas normas dan al juzgador amplitud de juicio y de criterio para fijar en cada caso el valor de un peritazgo, sin estar forzado nunca a admitirlo o rechazarlo mec\u00e1nica o ciegamente. El texto e interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 722 del C\u00f3digo Judicial no coh\u00edben al Juez para analizar y apreciar los fundamentos del dictamen pericial, porque, como se ha dicho, ese texto no es ni puede ser de aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica, sino que su alcance y eficacia desprenden no s\u00f3lo del dictamen en s\u00ed mismo considerado sino de los fundamentos de \u00e9ste. El art\u00edculo 723 coloca al Juez en un plano de apreciaci\u00f3n muy amplia, para estudiar la fuerza probatoria del dictamen pericial, de acuerdo con las reglas generales sobre valoraci\u00f3n de pruebas. En trat\u00e1ndose de un dictamen, en cualesquiera de los dos casos a que se refieren las normas que acaban de citarse, el juzgador puede aceptarlo o no, dando las razones para ello, sin que pueda nunca modificarlo, porque entonces su misi\u00f3n ser\u00eda la de perito y no la de Juez\u201d11. (CSJ SC5186, 18 dic. de 2020, rad. 2016-00204-01; en sentido similar: CSJ SC del 14 de sept. de 1981, 18 de nov. de 1955, 14 de abril de 1953, 20 de nov. de 1955, 10 de julio de 1953, 17 de junio de 1960, 21 de abril de 1954, 14 de febrero de 1949, 20 de agosto de 1943, 30 de mayo de 1942. Entre muchas m\u00e1s). <\/p>\n
4.- Por lo tanto, siendo la propiedad esencial de todo dictamen -seg\u00fan la jurisprudencia constante de esta Corporaci\u00f3n-12, su grado de fundamentaci\u00f3n (y entre la cual se subsumen las capacidades o calidades del perito), se concluye que la apreciaci\u00f3n de esta condici\u00f3n s\u00ed se cumpli\u00f3 al momento de valorarse la prueba. <\/p>\n
5. En una palabra, el cargo no puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de junio de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso de marras. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. Se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la correspondiente liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Et al: CSJ SSC del 31 de julio de 1945; 5 de sept. de 1955; 24 de nov. de 1958. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC del 2 de agosto de 1958. <\/p>\n
3\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed y todo, en gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n reconocerse como \u201cdolo\u201d aquel comportamiento fraudulento que erosione el consentimiento del actor, sin que necesariamente se pretenda \u201cinducirlo a error.\u201d De Verda y Beamonte, Jos\u00e9 Ram\u00f3n. El dolo como vicio del consentimiento. En: Idibe.org\/tribuna\/14 de enero de 2020. <\/p>\n
5\u0002 V\u00e9lez, Fernando. Estudios sobre Derecho Civil Colombiano. Tomo 6. Paris Am\u00e9rica, p\u00e1g. 40. <\/p>\n
6\u0002 Demogue, Ren\u00e9. Trait\u00e9 des obligations. Arthur Rousseau, Par\u00eds, 1923, p\u00e1g. 335. <\/p>\n
7\u0002 \u201cNadie puede mejorar su posici\u00f3n por un propio delito\u201d (El Digesto de Justiniano: 50, 17, 134. T.III. D\u2019Ors, Hern\u00e1ndez, Fuenteseca, Garc\u00eda y Burillo. Aranzadi, Pamplona, 1972, p\u00e1g. 878). <\/p>\n
Es decir, \u201c[n]o puede o\u00edrse la alegaci\u00f3n de la propia falta como algo que apoye o favorezca a quien la invoca.\u201d SC, 23 nov. 1936, G.J. 1918, p\u00e1g. 484. En igual sentido: SC, 4 oct. 1982, CLXV, P. 215. Y: SC, Sentencia SC4654-2019 del 30 de octubre de 2019. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC15211-2017, 26 septiembre del 2017. <\/p>\n
10\u0002 CSJ sentencia de 5 de noviembre de 1973, G.J. t CXLVV, P 106. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 9 de mayo de 1938 G.J. Tomo XLVI, N9 1935, p\u00e1ginas 421 y siguientes, reiterada en sentencias de 7 de mayo de 1941 y 17 de agosto de 1944. <\/p>\n
12\u0002 Cfr. entre muchas otras: CSJ SC del 10 de julio de 1953. En similar sentido: CSJ STC2066-2021, de 3 de marzo. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC4115-2021 (2015-00327-01)_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC4115-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-31-10-002-2015-00327-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}