SC4121-2021 (2021-00147-00)_1<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00147-00 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
SC4121-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00147-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte decide por sentencia anticipada, sobre la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Linney Arias Manrique, respecto del fallo de divorcio proferido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 2 de El Prat de Llobregat (Espa\u00f1a) -el 27 de octubre de 2015-. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante, por medio de apoderado judicial especialmente constituido para tal fin, deprec\u00f3 el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera ab initio citada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del soporte de la solicitud y las pruebas allegadas, se evidencia la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Vicente Calomarde P\u00e9rez y la aqu\u00ed actora, de nacionalidades espa\u00f1ola y colombiana, respectivamente, contrajeron matrimonio civil el 17 de abril de 2006, en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. Uni\u00f3n de la cual no se procrearon hijos. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Los c\u00f3nyuges, de mutuo acuerdo, solicitaron ante la autoridad judicial correspondiente el divorcio, el cual se tramit\u00f3 y decret\u00f3 en sentencia proferida por el Despacho de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 2 de El Prat de Llobregat – Espa\u00f1a el 27 de octubre de 2015. Anexo al escrito inicial, se arrimaron documentos como el registro civil de matrimonio1, ejemplar aut\u00e9ntico de la sentencia objeto de homologaci\u00f3n2 y copia del Convenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles suscrito entre Colombia y Espa\u00f1a3. <\/p>\n
<\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE OBSERVADO <\/p>\n
<\/p>\n
Cumplidas las exigencias formales4, el 2 de junio de 2021, fue admitida la solicitud y, en el mismo prove\u00eddo, se orden\u00f3 correr traslado al Ministerio P\u00fablico. Entidad que, en t\u00e9rmino, a trav\u00e9s de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abtodas las exigencias formales previstas en la normativa aludida se satisfacen en conjunto, por lo que, [\u2026] procede la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que tenga plena vigencia en Colombia y sean inscritas en el registro civil correspondiente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Seg\u00fan lo reglado por el C\u00f3digo General del Proceso (art. 678), es permitido que el juez si bien lo considera, y bajo el cumplimiento de ciertos par\u00e1metros legales, profiera sentencia anticipada. Ahora, si bien el numeral 4\u00ba del canon 607 ibidem presupone que \u00abVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb, la presente decisi\u00f3n, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que se cumple lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del precepto 278. Aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas seg\u00fan la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada. De lo anterior se desprende, que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio, o que de llevar este \u00faltimo a cabo resultar\u00eda inocuo, proferir el fallo sin diligencias adicionales. Esto, en cabal cumplimiento con lo expuesto y en armon\u00eda con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha plasmado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abTal codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
<\/p>\n
Significa que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial\u00bb (CSJ SC132-2018. 12 feb. 2018. Rad. 2016-01173-00. Reiterado en SC439-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 ago. 2017, rad. n\u00b0 2016-03591-00. Reiterado en SC439-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Bajo ese panorama, y al abordar el caso objeto de estudio, es procedente el fallo anticipado. Ello pues, conforme a las pruebas allegadas, la situaci\u00f3n de facto particular y la normativa internacional respectiva, no son necesarios elementos adicionales que permitan el convencimiento del fallador, siendo insustancial llevar el juicio, incluso, hasta la etapa de alegaciones finales, como as\u00ed lo refiere el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 del C.G.P. Efectivamente, el Ministerio P\u00fablico no present\u00f3 contradicciones al respecto, ni tampoco elev\u00f3 solicitud alguna sobre pruebas en esta causa. Por el contrario, concluy\u00f3 que debe salir avante la concesi\u00f3n del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Como se sabe, hoy en d\u00eda, es posible que una resoluci\u00f3n adoptada por un operador judicial for\u00e1neo genere consecuencias dentro de nuestras fronteras. Empero, por expreso mandato legal, esta posibilidad est\u00e1 supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtenci\u00f3n del exequ\u00e1tur. Dentro de este tr\u00e1mite, entre otras condiciones, debe acreditarse que en el pa\u00eds de donde proviene el veredicto objeto de homologaci\u00f3n, se brinda a los pronunciamientos de los juzgadores nacionales un tratamiento similar. Es decir, que all\u00ed tambi\u00e9n pueden ser cumplidas las providencias emitidas por las autoridades de Colombia facultadas para ello. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa directriz est\u00e1 consagrada expresamente en el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso. La Corte se ha ocupado de esta exigencia de manera reiterada y constante, por ello, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a las decisiones extranjeras se debe: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab[\u2026] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia [\u2026]\u00bb (G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo que haya regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Pues bien, en el expediente se encuentra certificaci\u00f3n emitida por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo del Centro Integral de Atenci\u00f3n al Ciudadano5 de nuestro pa\u00eds, donde se informa que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abuna vez revisado el archivo del Grupo Interno, se pudo constatar que el \u201cConvenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a\u201d, suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908 y aprobado por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 7 de 1908, se encuentra vigente para ambos Estados, desde el 16 de abril de 1909\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, aparece copia del Convenio celebrado entre Espa\u00f1a y Colombia el 30 de mayo de 19086, referente a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias, a trav\u00e9s del cual ambos Estados concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes ser\u00edan ejecutadas en uno y otro pa\u00eds. Dicho tratado supra fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, con la ley 7 de doce (12) de agosto de mil novecientos ocho (1908). Los \u00fanicos condicionamientos establecidos en el acuerdo se concentraron en que los fallos objeto de cumplimiento: \u00ab1. Sean definitivos y que est\u00e9n ejecutoriados como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlos en el pa\u00eds en que se haya dictado; 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tales estipulaciones, efectivamente, est\u00e1n reunidas en el presente asunto, pues en el sumario aparece la constancia de que la providencia que se pretende convalidar se encuentra debidamente ejecutoriada7 y no se opone a las leyes vigentes de nuestro ordenamiento. As\u00ed las cosas, y toda vez que existe pacto vigente entre las dos naciones, se encuentra debidamente acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, lo que excluye cualquier ensayo tendiente a demostrar la legislativa, como as\u00ed fue advertido en precedencia. En un asunto de similares contornos, la Sala reconoci\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00aben el expediente aparece copia del Convenio celebrado el 30 de mayo de 1908 (Fl. 60), entre Espa\u00f1a y Colombia, referente a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias, a trav\u00e9s del cual ambos Estados concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes serian ejecutadas en uno y otro pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
[\u2026] Dicho tratado [\u2026] fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la ley 7 de doce (12) de agosto de mil novecientos ocho (1908). Los \u00fanicos condicionamientos establecidos en el acuerdo se concentraron en que los fallos objeto de cumplimiento: \u00ab1. Sean definitivos y que est\u00e9n ejecutoriados como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlos en el pa\u00eds en que se haya dictado; 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, habiendo pacto vigente entre las dos naciones se encuentra debidamente acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, lo que excluye cualquier ensayo tendiente a demostrar la legislativa, como as\u00ed fue advertido en precedencia. Debe agregarse, que las dos condiciones establecidas en el pacto referido fueron acatadas a cabalidad, pues en el sumario aparece la constancia de que la decisi\u00f3n for\u00e1nea se encuentra ejecutoriada\u00bb (CSJ SC571-2021. Marzo 1\u00b0 de 2021. Rad. 2019-00021-00). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora bien, comprobada la referida exigencia \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica-, la Corte procede a verificar el cumplimiento de los restantes requisitos previstos en el art\u00edculo 606 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
Entre ellos se destacan: <\/p>\n
<\/p>\n
6.1. Constancia de ejecutoria del fallo objeto de convalidaci\u00f3n8 del 21 de septiembre de 2020. Al respecto, resulta menester indicar que la Subdirecci\u00f3n de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y de Derechos Humanos de Espa\u00f1a certific\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abConforme al art\u00edculo 2 del Convenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles entre Espa\u00f1a y Colombia en Madrid el 30 de mayo de 1908 [\u2026], el Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00b0 de El Prat de Llobregat, hace constar que la sentencia dictada en el procedimiento divorcio de mutuo acuerdo 279\/2015 tramitado por ese Juzgado a instancia de D. Vicente Calomarde P\u00e9rez y Da. Linney Arias Manrique, es firme\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6.2. Copia del prove\u00eddo extranjero en idioma castellano, la cual satisface las formalidades previstas en la \u00ab[\u2026] Convenci\u00f3n sobre abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros [\u2026]\u00bb, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, aprobado por la Ley 455 de 1998.9 <\/p>\n
<\/p>\n
6.3. Del an\u00e1lisis efectuado, la decisi\u00f3n objeto de exequ\u00e1tur no transgrede principios o leyes de orden p\u00fablico, pues las partes son mayores de edad, capaces de disponer de sus derechos y, la causal de divorcio por mutuo acuerdo expresada en el fallo extranjero, se acompasa con la regulaci\u00f3n colombiana consagrada en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el 6\u00ba de la Ley 25 de 199210. Por lo dem\u00e1s, la controversia no es de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que as\u00ed lo se\u00f1ale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se surta por la misma causa en nuestro pa\u00eds. Igualmente, se puede constatar que la determinaci\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En las condiciones referidas, por cuanto est\u00e1n reunidos a plenitud los presupuestos que determinan los art\u00edculos 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso y las dem\u00e1s normas concordantes \u2013numeral 9\u00b0 del canon 154 de la ley sustancial civil que permite la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital por mutuo consenso, causal que fue determinante para fundamentar la providencia for\u00e1nea-, es procedente otorgar efecto jur\u00eddico a la sentencia referenciada y, ordenar la inscripci\u00f3n de esta decisi\u00f3n en el respectivo registro civil de nacimiento y matrimonio de la pareja. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: Conceder el exequ\u00e1tur conforme a lo expresado en la parte motiva de esta determinaci\u00f3n, solicitado por Linney Arias Manrique, con respecto a la sentencia proferida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 2 de El Prat de Llobregat (Espa\u00f1a) el 27 de octubre de 2015, a trav\u00e9s de la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre Vicente Calomarde P\u00e9rez y la ac\u00e1 actora. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, y de conformidad con el canon 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con el fallo reconocido, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior, arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 18 Anexos de la demanda. <\/p>\n
2\u0002 Folios 6 a 8 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 26 a 27 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Contempladas en el Art. 605 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5\u0002 Folios 24 a 25 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 26 a 27 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 16 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 10 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 \u00ab[\u2026] consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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