SC4122-2021 (2014-00552-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4122-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2014-00552-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el recurso de revisi\u00f3n, interpuesto por Dar\u00edo S\u00e1nchez Duarte y Leonardo Mac\u00edas Villalba1 frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 21 de marzo de 2013, en el proceso promovido por Blanca Marina Prada de Basto contra Gloria Ruiz Quiroz. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Blanca Marina Prada de Basto (q.e.p.d.) demand\u00f3 a Gloria Ruiz Quiroz para que se declarara la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la compraventa celebrada entre ellas, sobre el inmueble denominado \u00abLA CABA\u00d1A\u00bb, ubicado en el municipio de Yond\u00f3 (Antioquia), identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 027-0000240 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Segovia. En consecuencia, solicit\u00f3 se condenara a la demandada a pagar el valor de los gastos procesales, honorarios profesionales, costas del proceso y la inscripci\u00f3n de la correspondiente sentencia en la Oficina de registro respectiva. <\/p>\n
2. Proferido el auto admisorio, el 3 de agosto de 2011, se orden\u00f3 tramitar el asunto por el procedimiento ordinario civil, notificar personalmente a la pasiva y decretar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda sobre el inmueble objeto del litigio. A lo pretendido se opuso la accionada. Para lo cual manifest\u00f3 que la venta s\u00ed se celebr\u00f3 el d\u00eda en que indic\u00f3 la demandante, pero que el precio que se pag\u00f3 fue de $60.000.000, como qued\u00f3 puntualizado en el contrato de promesa de compraventa -obrante a fs. 324 y 325 del C.1-. Y no el valor referido en la demanda. Adem\u00e1s, propuso como excepciones las que denomin\u00f3 as\u00ed: i) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ii) transacci\u00f3n entre las partes, iii) inexistencia de lesi\u00f3n enorme y, iv) excepci\u00f3n gen\u00e9rica o innominada. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la primera instancia culmin\u00f3 con fallo desestimatorio proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio el 27 de abril de 2012. Para ello, consider\u00f3 que la renuncia expresa que realiz\u00f3 Blanca Marina Prada de Basto a cualquier acci\u00f3n judicial renunciable que pudiera tener para impugnar la venta cuestionada, hay que entenderla realizada, como lo ha dicho la Jurisprudencia de esta Corte, cuando hayan desaparecido las condiciones que habr\u00edan inducido a realizar la negociaci\u00f3n y que en esa media su renuncia fue libre y espont\u00e1nea. <\/p>\n
4. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la demandante recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, aduciendo que en el proceso qued\u00f3 demostrado la existencia de una lesi\u00f3n enorme; que el requisito atinente a no haber renunciado el afectado a la acci\u00f3n rescisoria es una creaci\u00f3n del juez para efectos metodol\u00f3gicos y en aras de resolver la cuesti\u00f3n, pues con \u00e9l se desconoce el contenido del art\u00edculo 1950 del C.C. Acot\u00f3 que, se encontraban reunidas las dem\u00e1s exigencias se\u00f1aladas por el fallador de primera instancia para la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme. Esto es, i) perjuicio sufrido por el demandante en la magnitud indicada en la ley. ii) que la compraventa donde se acusa la lesi\u00f3n enorme tenga por objeto un bien inmueble y que no se haya realizado por ministerio de la ley. iii) que la acci\u00f3n se promueva dentro del t\u00e9rmino establecido y, iv) que el bien objeto de la negociaci\u00f3n a\u00fan permanezca en dominio del comprador. <\/p>\n
5. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al resolver el recurso propuesto, con sentencia del 21 de marzo de 2013, resolvi\u00f3 entre otras, revocar la providencia impugnada. Y, en su lugar, declar\u00f3 que \u00abexisti\u00f3 lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa suscrito entre las partes, plasmado en la escritura p\u00fablica n\u00ba 2099 de la Notaria Segunda del C\u00edrculo de Barrancabermeja, que versa sobre el bien inmueble distinguido con F.M.I. 303-71013 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barrancabermeja, donde result\u00f3 lesionada la demandante vendedora, seg\u00fan lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y por tal raz\u00f3n, tal negocio jur\u00eddico se RESCINDE\u00bb. En consecuencia, \u00abla demandada optar\u00e1 por completar el justo precio, pagando $757\u00a8695.768; o consentir en la rescisi\u00f3n. Tal opci\u00f3n debe ejercerla en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. Los recurrentes deprecaron la nulidad del fallo anotado con fundamento en la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al no haber sido notificados o emplazados de la existencia del proceso, pese a que al \u00abmomento de rehacer la actuaci\u00f3n procesal, por parte del juzgado CIVIL (sic) CIRCUITO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA\u00bb se encontraban \u00abdebidamente inscritos en su condici\u00f3n de nuevos propietarios\u00bb del inmueble objeto de la litis, \u00abde acuerdo al folio de matr\u00edcula inmobiliaria, desde el 28- de marzo de 2008 en la anotaci\u00f3n Numero 14\u00bb (negrillas originales). Aseveraron que les asist\u00eda todo el inter\u00e9s jur\u00eddico en su condici\u00f3n de nuevos propietarios del inmueble, es decir titulares de derechos reales, conforme lo establece el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Adujeron que la vinculaci\u00f3n, notificaci\u00f3n o emplazamiento procesal, les hubiese permitido \u00abser o\u00eddos como parte procesal y ejercer su derecho constitucional de defensa y contradicci\u00f3n (art\u00edculo 29 C.P.) en su car\u00e1cter de sujetos procesales en condici\u00f3n de terceros de buena fe a voces del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2. Reunidos los requisitos exigidos en la normativa procesal (art\u00edculos 380 y ss.), este Despacho -con auto de 28 de abril de 2015-, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 correr su traslado a las partes del proceso ordinario -Blanca Marina Prada de Basto (q.e.p.d.) y Gloria Ruiz Quiroz-. Adem\u00e1s, y en atenci\u00f3n a que la demandante falleci\u00f3 durante el tr\u00e1mite de este, se orden\u00f3 llamar a los herederos determinados e indeterminados para que la representar\u00e1n en este decurso. Por tanto, se orden\u00f3 el emplazamiento de los indeterminados. <\/p>\n
2.1. Gloria Ruiz Quiroz -demandada-, por medio de apoderado, al contestar la demanda se pronunci\u00f3 sobre los hechos expuestos en ella. Y solicit\u00f3 que \u00abse reconozcan la totalidad de las pretensiones invocadas por [los recurrentes]\u2026, comoquiera, que est\u00e1n respaldadas en los \u00e1mbitos f\u00e1ctico y jur\u00eddico, que justifican la procedencia de la misma y de paso le garantizan los derechos fundamentales a los [promotores y a ella]\u00bb (fls. 81-113 del C. Corte). <\/p>\n
2.2. Jorge Basto Prada, en calidad de \u00abheredero, sucesor procesal de los derechos litigiosos de\u2026 Blanca Marina Prada De Basto\u2026 y demandado\u00bb, pidi\u00f3 se negar\u00e1n las pretensiones contenidas en el escrito inicial de revisi\u00f3n. Y, en consecuencia, ratificar en todas sus partes la providencia atacada (fls. 161-168 ibidem). <\/p>\n
2.3. Surtido el emplazamiento de los herederos indeterminados de Blanca Marina Prada de Basto (q.e.p.d.) y de los determinados de est\u00e1, el curador ad litem designado para representarlos guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. Efectuado el traslado a los demandados y prescindido el periodo probatorio -se tuvieron en cuenta como tales las aportadas-, por auto de 5 de septiembre de 2018, se concedi\u00f3 a las partes un t\u00e9rmino com\u00fan de cinco d\u00edas para que presentar\u00e1n sus alegaciones finales. La parte recurrente y el demandado \u2013Jorge Basto- hicieron uso de esta oportunidad, en la cual, esencialmente ratificaron sus posturas y argumentos de defensa. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurso de revisi\u00f3n fue interpuesto en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Aclarado lo anterior, ha de se\u00f1alarse que la naturaleza extraordinaria del medio en cuesti\u00f3n limita su procedencia a estrictas causales legales -y en las precisas hip\u00f3tesis normativas-. <\/p>\n
2. Conforme se acot\u00f3, en el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala, los recurrentes invocaron la causal 7\u00aa del art\u00edculo 380 del C.P.C. Al respecto de esa v\u00eda, la Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u00ab2.2. La causal de revisi\u00f3n bajo estudio busca remediar el agravio sufrido por el demandado que no fue llamado a juicio en legal forma, como consecuencia de su indebida representaci\u00f3n, emplazamiento o notificaci\u00f3n, motivos que abren el camino a la impugnaci\u00f3n extraordinaria, siempre que no se haya saneado la nulidad. <\/p>\n
Con esta causal de revisi\u00f3n pretende el legislador garantizar el derecho de defensa de que es titular el convocado, los litisconsortes necesarios de una de las partes en la causa que se controvierte en el proceso, a quien se le denuncia el pleito o en los casos en que por raz\u00f3n de los llamamientos en garant\u00eda y exx officio no se cita a los terceros que se\u00f1alan los art\u00edculos 57 y 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entre otros casos, por lo que si no fueron debidamente vinculados al proceso, por medio de las distintas clases de notificaci\u00f3n enlistadas por la normatividad adjetiva, es evidente que se estructura la causal de revisi\u00f3n referida, a no ser que pese a su ocurrencia haya sido convalidada por el interesado en los t\u00e9rminos previstos en esta codificaci\u00f3n. <\/p>\n
El referido motivo de revisi\u00f3n parte de una premisa garante del derecho de contradicci\u00f3n: que el interesado pueda reclamar contra la falta de notificaci\u00f3n o de emplazamiento en legal forma, cuando se le haya dejado en imposibilidad de comparecer al proceso, pese a que el demandante ten\u00eda conocimiento del lugar en donde hubiera podido surtirse la respectiva notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Su fundamento \u201cest\u00e1 en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de a quien ha debido brind\u00e1rsele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser o\u00eddo, notific\u00e1ndolo o emplaz\u00e1ndolo debidamente, o asegurando su correcta representaci\u00f3n\u201d. (CSJ SC, 9 Abr. 2007) (CSJ SC10825-2015 Ago. 13 de 2015, rad. 2012-00915-00, citada en SC1898-2019). <\/p>\n
3. Ahora bien, es del caso subrayar que al tratarse el recurso de revisi\u00f3n de un mecanismo de impugnaci\u00f3n extraordinario, deben cumplirse tanto los presupuestos taxativamente consagrados en las causales previstas en el canon 380 del estatuto procesal civil, como todas las cargas procesales que son impuestas por el ordenamiento. Para ello, se destaca su presentaci\u00f3n en tiempo y la vinculaci\u00f3n formal y oportuna de todas las partes que integraron la litis en la que se dict\u00f3 la sentencia que es objeto de reproche, so pena de configurarse la caducidad del \u00abrecurso\u00bb. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, al ser la revisi\u00f3n un proceso como tal y no una mera etapa del tr\u00e1mite en que se profiri\u00f3 la providencia cuestionada, el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil resulta aplicable, comoquiera que los t\u00e9rminos consagrados en el canon 381 ibidem son de caducidad. <\/p>\n
Frente al tema, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, como dentro de tal bienio s\u00f3lo fue intimado\u2026, esa notificaci\u00f3n, por s\u00ed sola, no ten\u00eda entidad para desplegar ese efecto impeditivo, porque si la parte demandada est\u00e1 integrada por una pluralidad de sujetos, entre los cuales existe un litisconsorcio necesario, el art. 90 exige \u2018la notificaci\u00f3n a todos ellos para que se surtan dichos efectos\u2019 y precisamente, para los fines del recurso de revisi\u00f3n, entre las personas que fungieron como parte dentro del proceso dentro del cual se dict\u00f3 la sentencia por ese medio recurrida se suscita un litisconsorcio de ese tipo, en atenci\u00f3n a que por mandato del art. 382 de la misma codificaci\u00f3n, todas ellas deben ser llamadas a afrontarlo. Lo anterior, con independencia del que pudiera darse por ministerio de la ley o con ocasi\u00f3n de la relaci\u00f3n material discutida en proceso al que puso fin el pronunciamiento atacado\u201d, (se subraya) (CSJ SC Nov. 20 de 2006, rad. 2000-00028-01. En el mismo sentido, sentencias de 16 de junio de 1997, rad. 6630 y de 18 de octubre de 2006, rad. 7700 reiterada en CSJ SC May. 20 de 2011 rad. 2005-00289-00 y CSJ SC1898-2019). <\/p>\n
Respecto del fen\u00f3meno procesal de la caducidad, ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u2018comprende la expiraci\u00f3n (o decadencia) de un derecho o una potestad, cuando no se realiza el acto id\u00f3neo previsto por la ley para su ejercicio, en el t\u00e9rmino perentoriamente previsto en ella. (\u2026) Por consiguiente, desde esta perspectiva es inherente y esencial a la caducidad la existencia de un t\u00e9rmino fatal fijado por la ley (\u2026), dentro del cual debe ejercerse id\u00f3neamente el poder o el derecho, so pena de extinguirse. <\/p>\n
\u2018O, para decirlo, en otros t\u00e9rminos, acontece que la ley, sin detenerse a consolidar expl\u00edcitamente una particular categor\u00eda, consagra plazos perentorios dentro de los cuales debe realizarse a cabalidad el acto en ella previsto con miras a que una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica no se extinga o sufra restricciones, fen\u00f3meno que, gracias a la labor de diferenciaci\u00f3n emprendida por la doctrina y la jurisprudencia, se denomina caducidad. <\/p>\n
\u2018[\u2026] \u2018El legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros. <\/p>\n
\u2018N\u00f3tese, por consiguiente, c\u00f3mo la caducidad descansa, en \u00faltimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad de ciertas y determinadas relaciones jur\u00eddicas, respecto de las cuales el ordenamiento desea, de manera perentoria, su consolidaci\u00f3n, sin que ella deba concebirse como una sanci\u00f3n por abandono, ni haya lugar a deducir que envuelve una presunci\u00f3n de pago o cumplimiento de la obligaci\u00f3n, como tampoco pretende interpretar el querer del titular del derecho. <\/p>\n
\u2018De ah\u00ed que la expresi\u00f3n: \u2018Tanto tiempo tanto derecho\u2019, demuestre de manera gr\u00e1fica sus alcances, esto es, que el plazo se\u00f1ala el comienzo y el fin del derecho o potestad respectivo, por lo que su titular se encuentra ante una alternativa: o lo ejercit\u00f3 oportunamente o no lo hizo, sin que medie pr\u00f3rroga posible, ni sea viable detener la inexorable marcha del tiempo.\u2019 [Sentencia del 23 de septiembre de 2002, exp. 6054, reiterada en la de 4 de agosto de 2010, exp. 2007-01946-00, y en la de 31 de octubre de 2012, exp. 11001-0203-000-2003-00004-01]\u00bb (CSJ SC, 11 jul. 2013, rad. 2011-01067-00, citada en SC2313-2018 Jun. 25 de 2018, rad. 2012-01848-00). <\/p>\n
3.2. Depurado lo anterior, se debe tener en cuenta que el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no es id\u00e9ntico para todas las causales previstas para el recurso de revisi\u00f3n. En lo atinente a la invocada en el presente asunto -numeral 7\u00b0 del canon 380 ibidem-, se prev\u00e9 que el recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los 2 a\u00f1os siguientes al momento en que la parte recurrente haya tenido conocimiento de la sentencia, con un l\u00edmite m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os. <\/p>\n
3.3. En el sub examine, y de acuerdo con las pruebas arrimadas a la actuaci\u00f3n, se destaca que la determinaci\u00f3n objeto del recurso se profiri\u00f3 el 21 de marzo de 2013 -notificada por edicto desfijado el 9 de abril de 2013 a las 5:00 P.M. (fl. 53, Cd 11 Trib.) y ejecutoriada el 12 de abril de 20132. Esto es, los 2 a\u00f1os previstos para la presentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria se cumpl\u00edan el 12 de abril de 2015. De modo que, al haberse radicado el escrito introductorio el 17 de marzo de 2014 \u2013antes de cumplido el plazo se\u00f1alado-, en principio la alegaci\u00f3n de esta causal result\u00f3 tempestiva, teniendo la virtualidad de impedir la caducidad. Esto, siempre y cuando el auto admisorio se notificara a cada uno de los integrantes de la litis dentro del plazo de un (1) a\u00f1o a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del demandante -por estado-. <\/p>\n
En efecto, el prove\u00eddo con el cual se admiti\u00f3 el asunto fue proferido el 28 de abril de 2015 y notificado por estado el 30 de abril siguiente (folios 74-75 Cd. Corte). Es decir, los recurrentes contaban hasta el 30 de abril de 2016 para efectos de enterar a todos los sujetos que por imperativo legal estaban llamados a comparecer al tr\u00e1mite. Lo anterior, con la finalidad de evitar que se configurara la caducidad del recurso, tal como lo contempla el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Al respecto, la Corte sostuvo: <\/p>\n
\u00absi de \u2018entrada se advierte que la caducidad ya est\u00e1 consumada, el juzgador deber\u00e1 rechazar in limine la impugnaci\u00f3n\u2019. Pero si no lo est\u00e1, para que la presentaci\u00f3n oportuna de la demanda impida que el t\u00e9rmino de caducidad contin\u00fae corriendo, al recurrente le corresponde cumplir la \u2018carga de notificaci\u00f3n al demandado dentro del t\u00e9rmino del art\u00edculo 90\u2019 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues si la inobserva, \u2018pierde la presentaci\u00f3n de la demanda aqu\u00e9l efecto inicial, porque la caducidad ya no se detendr\u00e1 sino cuando efectivamente se notifique al demandado; hip\u00f3tesis \u00e9sta que alude a una consumaci\u00f3n de caducidad sobreviniente, la que por razones obvias, ha de ser analizada y decidida en la sentencia misma con que concluya el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n\u2019\u201d (CSJ SC 18 de octubre de 2006, rad. 7700 que remite a la sentencia 071 de 21 de agosto de 1998, CCVL-413, reiterada en CSJ SC May. 20 de 2011 rad. 2005-00289-00, citada en SC1898-2019). <\/p>\n
4. En consonancia con lo expuesto y para efectos de determinar si se configur\u00f3 el t\u00e9rmino de la caducidad, es necesario cotejar las fechas en las que fueron notificadas cada una de las partes para establecer la oportunidad en que satisfizo la carga procesal. En ese orden, se advierte que Gloria Ru\u00edz Quiroz \u2013demandada- se tuvo por notificada por conducta concluyente -contestaci\u00f3n de la demanda- a partir del 1\u00b0 de junio de 2015 (fl. 178 Cd Corte), Jorge Basto Prada \u2013demandado- fue notificado de manera personal el 10 de noviembre de 2015 (fl. 149 ibidem) y el curador ad-litem de los herederos indeterminados de Blanca Marina Prada de Basto (q.e.p.d.) y de los determinados de \u00e9sta \u2013Olga, Carmen, Cecilia y Miguel Bustos Prada- fue enterado personalmente el 13 de junio de 2018 (fl. 263 ibidem). <\/p>\n
Analizado lo anterior, se concluye que, en el asunto bajo estudio, en relaci\u00f3n con la causal de revisi\u00f3n propuesta, s\u00ed oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la caducidad sobreviniente. Esto es, si bien la demanda se present\u00f3 en tiempo, lo cierto es que no se cumpli\u00f3 con la carga impuesta por el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -en relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n oportuna de todos los sujetos que integraron la litis-. Esto es as\u00ed, porque la presentaci\u00f3n de la demanda no tuvo la virtualidad de impedir que operara el precitado fen\u00f3meno. Pues, conforme se indic\u00f3 en precedencia, el curador ad-litem de los herederos determinados e indeterminados de Blanca Marina Prada de Basto (q.e.p.d.), fue notificado superado el plazo perentorio dispuesto en el citado art\u00edculo 90. En una palabra, resulta consecuencial que el t\u00e9rmino corriera inexorable hasta el momento de la realizaci\u00f3n del acto de enteramiento. <\/p>\n
5. Por lo expuesto en precedencia, se declarar\u00e1 probada de oficio la caducidad respecto de la causal invocada, circunstancia que por s\u00ed misma tiene la virtualidad de relevar a la Corte de examinar el fondo de la acusaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
6. En consecuencia, se condenar\u00e1 a los recurrentes al pago de las costas y los perjuicios que hayan ocasionado con su actuar en el presente recurso, incluyendo las agencias en derecho a favor de los demandados. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la caducidad de la causal 7\u00aa invocada en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Dar\u00edo S\u00e1nchez Duarte y Leonardo Mac\u00edas Villalba frente a la sentencia dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 21 de marzo de 2013, en el proceso ordinario por lesi\u00f3n enorme promovido por Blanca Marina Prada de Basto (q.e.p.d.) contra Gloria Ruiz Quiroz. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar a los recurrentes al pago de las costas y perjuicios ocasionados a la parte citada -para su pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada-. Por secretar\u00eda liqu\u00eddense las costas, incluyendo como agencias en derecho la suma de $2.000.000. <\/p>\n
TERCERO: Devolver al Despacho de origen el expediente contentivo del proceso donde se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n, junto con copia de esta providencia. Por secretar\u00eda l\u00edbrese el oficio correspondiente. <\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior, archivar la actuaci\u00f3n realizada con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Por medio de su apoderado judicial y conforme al poder conferido. <\/p>\n
2\u0002 La providencia se notific\u00f3 por edicto el 5 de abril de 2013 a las 8:00 A.M. y desfijado el 9 de abril de 2013 a las 5:00 P.M., fecha en la que qued\u00f3 notificada, seg\u00fan el art\u00edculo 323 del C.P.C. el t\u00e9rmino de la ejecutoria comenz\u00f3 a correr desde el d\u00eda siguiente en que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n (art\u00edculo 120 ibidem). Por lo tanto, de acuerdo con lo regalado en el art\u00edculo 331 en armon\u00eda con el 369, su ejecutoria se consum\u00f3 el 12 de abril de 2013. <\/p>\n
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SC4122-2021 (2014-00552-00)_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC4122-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2014-00552-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide el recurso de revisi\u00f3n, interpuesto por Dar\u00edo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58217\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}