SC4137-2021 (2015-00125-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4137-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001 31 03 011 2015 00125 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de julio veintid\u00f3s de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Alba Luz G\u00f3mez Montes, frente a la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso verbal promovido por Karen Mej\u00eda Franco y Dorian Mej\u00eda Franco, contra la recurrente y herederos indeterminados de Antonio Crescenzi D\u00b4Alessandro. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicitaron los convocantes declarar que Alba Luz G\u00f3mez Montes y los herederos indeterminados de Antonio Crescenzi, deben perder y devolver doblados los siguientes bienes: i) 660 partes de inter\u00e9s social, que a la muerte de Rosa Franco de Crescenzi pose\u00eda su c\u00f3nyuge en la sociedad Mej\u00eda Franco Limitada; ii) los c\u00e1nones de arrendamiento que generaron algunos inmuebles desde la muerte de la c\u00f3nyuge hasta el mes de junio de 2010; iii) el 33% de los frutos civiles que ha generado la sociedad Mej\u00eda Franco Ltda. desde el fallecimiento de Rosa Franco y, iv) la suma de $580.380.640, que Antonio Crescenzi retir\u00f3 de Corficolombiana el 5 de octubre de 2007. <\/p>\n
Como sustrato f\u00e1ctico se expuso que Rosa Franco y Antonio Crescenzi contrajeron matrimonio el 11 de diciembre de 1984 por virtud del cual se conform\u00f3 entre ellos una comunidad de bienes. Desde el fallecimiento de su esposa, el se\u00f1or Antonio efectu\u00f3 maniobras fraudulentas para sustraer bienes de la sociedad conyugal y espec\u00edficamente, dentro del proceso sucesorio de aquella que se adelanta ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, en la etapa de inventarios y aval\u00faos omiti\u00f3 relacionar los bienes referidos en las pretensiones de la demanda, de donde se infiere su actuar doloso y temerario. <\/p>\n
Los aqu\u00ed demandantes son los herederos de Rosa Franco y convocaron por pasiva a Alba Luz G\u00f3mez Montes en su calidad de adquirente a t\u00edtulo universal de los derechos de Mar\u00eda Rosario Crescenzi, sobrina y heredera de Antonio Crescenzi. <\/p>\n
2.- La enjuiciada se notific\u00f3 personalmente del auto admisorio, se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, y como excepciones de m\u00e9rito aleg\u00f3 \u00abinexistencia del derecho reclamado\u00bb, \u00abcosa juzgada\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva\u00bb (fls. 820 \u2013 827, ib.). <\/p>\n
El curador ad litem designado a los herederos indeterminados del causante, manifest\u00f3 atenerse a lo que resulte probado (fl. 843- 844 ib.). <\/p>\n
3.- El a quo accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda (fls. 1097 \u2013 1098 ib.). <\/p>\n
5.- El Superior confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia (fls. 32 \u2013 33, c. 19). <\/p>\n
II.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
En sustento de su decisi\u00f3n, el Tribunal acot\u00f3 que, de acuerdo con los motivos de la impugnaci\u00f3n y las razones de la sentencia, se debe resolver si se equivoc\u00f3 el juzgador de primera instancia al declarar la sanci\u00f3n por ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes sociales incoada por los actores por cuanto no hubo dolo u ocultaci\u00f3n, o si la decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a derecho. En orden a resolver esa cuesti\u00f3n, en s\u00edntesis, expuso: <\/p>\n
El ordenamiento reprime aquella conducta dolosa del c\u00f3nyuge que busca defraudar al otro, y conforme al art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, \u201caquel de los dos c\u00f3nyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distra\u00eddo alguna cosa de la sociedad perder\u00e1 su porci\u00f3n en la misma cosa y ser\u00e1 obligado a restituirla doblada\u201d. Dicha norma busca asegurar la exactitud y buena fe en la confecci\u00f3n del inventario, sancionando civilmente los fraudes que en tal caso se cometan y para su aplicaci\u00f3n se requiere que la distracci\u00f3n u ocultaci\u00f3n sea dolosa, es decir, que se ejecute con el prop\u00f3sito o intenci\u00f3n positiva de perjudicar al otro c\u00f3nyuge y a sabiendas de que el bien distra\u00eddo u ocultado hace parte del haber social. <\/p>\n
La demandada impugn\u00f3 la sentencia de primer grado \u00fanicamente en lo atinente a las 660 cuotas de la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., aduciendo que no est\u00e1 acreditado el dolo como condici\u00f3n sine qua non de esta acci\u00f3n, y adem\u00e1s, porque al encontrarse embargadas las referidas cuotas a solicitud de los demandantes, aquellas estaban fuera del comercio y ese hecho imped\u00eda materializar su traspaso a terceras personas y con ello la sustracci\u00f3n de bienes, por lo tanto, esa inconformidad guiar\u00e1 el an\u00e1lisis en esta instancia seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No cabe duda que la carga de probar el dolo de Antonio Crescenzi en la sucesi\u00f3n de su c\u00f3nyuge recae en los accionantes, de conformidad con el art\u00edculo 1516 del C\u00f3digo Civil. Revisado el acervo probatorio, se evidencia que en el proceso de sucesi\u00f3n de Rosa Franco de Crescenzi promovido por sus hijos Dorian, Karen y Norman y su c\u00f3nyuge Antonio Crescenzi ante el Juzgado Cuarto de Familia se denunci\u00f3 la presencia de todos los bienes de la causante c\u00f3mo se observa a folio 763 relacion\u00e1ndose como social, entre otros, las 660 cuotas que la pareja Crescenzi Franco ten\u00eda en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., por haber sido adquiridas el 13 de noviembre de 1996, en vigencia del matrimonio celebrado entre ellos el 11 de diciembre de 1984. <\/p>\n
El se\u00f1or Crescenzi a trav\u00e9s de su apoderado judicial omiti\u00f3 incluir tales bienes en la diligencia de inventarios y aval\u00faos efectuada el 9 de octubre de 2009 que se observa folios 738, y luego, seg\u00fan folio 66 del cuaderno principal, Alba luz G\u00f3mez Montes en su calidad de cesionaria de los derechos herenciales de la \u00fanica heredera de Antonio Crescenzi, por intermedio del mismo apoderado que represent\u00f3 al causante en la sucesi\u00f3n de su c\u00f3nyuge, incluy\u00f3 esos bienes en la diligencia de inventario y aval\u00fao presentada el 10 de mayo de 2013 dentro del proceso de sucesi\u00f3n que curs\u00f3 en el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, con la finalidad de que se le adjudicaran a su cedente esas cuotas en su totalidad, como si se tratara de un bien propio, desconociendo con ello la caracter\u00edstica de social, as\u00ed como la lealtad y buena fe que el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso impone a las partes en todos sus actos procesales. <\/p>\n
Analizada objetivamente la conducta procesal descrita, es obvio que, contrario a lo afirmado por la recurrente, se vislumbra la intenci\u00f3n dolosa tanto del finado Antonio Crescenzi, como de la cesionaria de derechos herenciales, de distraer esos bienes de la sociedad conyugal en desmedro de los intereses de los herederos de Rosa Franco de Crescenzi, \u00abpues a sabiendas de que las mismas correspond\u00edan a un bien social lo relacionaron como propio en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Antonio Cresenci\u00bb, tr\u00e1mite en el que, adem\u00e1s, omitieron vincular a los herederos de la esposa del finado a fin de que no se hicieran parte y aunque con posterioridad aquellos intervinieron, esa circunstancia no disminuye la advertida conducta fraudulenta de la accionada. <\/p>\n
El hecho de que las mencionadas cuotas sociales no se encuentren registradas a nombre de la demandada por estar embargadas por orden de autoridad judicial, no implica que la defraudaci\u00f3n de bienes en el tr\u00e1mite de las sucesiones de la pareja Crescenzi Franco no se materializara como err\u00f3neamente afirma la recurrente, pues \u00ablo que se sanciona no es el acto jur\u00eddico del que se haya servido el respectivo c\u00f3nyuge para sustraer el bien perteneciente a la sociedad conyugal, sino la intenci\u00f3n dolosa con que \u00e9ste actu\u00f3 para lograr tal efecto, que como se dijo en el p\u00e1rrafo que antecede, se encuentra debidamente acreditada en este caso\u00bb. En ese sentido, puede consultarse CSJ SC1\u00b0 abr. 2009 y SC 2379-2016. <\/p>\n
De los lineamientos jurisprudenciales expuestos se infiere la exigencia de la demostraci\u00f3n del dolo durante el estado de indivisi\u00f3n de la sociedad conyugal, elemento que se encuentra acreditado en este evento, pues la actuaci\u00f3n de la cesionaria de reportar en el tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi un bien social como si fuera propio con la conciencia o intenci\u00f3n de enga\u00f1ar a los herederos del otro integrante de la pareja para que no tuvieran participaci\u00f3n en la totalidad de los bienes del haber social y as\u00ed menoscabar sus derechos leg\u00edtimos, sin duda alguna es una conducta dolosa que ha de ser sancionada conforme lo establece el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Los reparos referidos a la diferencia en el \u00faltimo apellido de la demandada o alteraci\u00f3n del orden de los mismos no encuadran en ninguna causal de invalidaci\u00f3n de lo actuado, toda vez que, de acuerdo con el poder otorgado con su documento de identidad, se determina que se trata de la misma persona aqu\u00ed demandada. <\/p>\n
Acreditado el elemento subjetivo para que opere la sanci\u00f3n que prev\u00e9 la citada disposici\u00f3n para la ocultaci\u00f3n o la distracci\u00f3n intencional de bienes de la sociedad conyugal, la sentencia impugnada est\u00e1 ajustada a derecho y se confirmar\u00e1. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos, con soporte en las causales segunda y quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 19 \u2013 38, c. 10). Mediante auto de 13 de julio de 2020 se declar\u00f3 inadmisible el segundo y se admiti\u00f3 el primero (fls. 47 \u2013 54, ib.). <\/p>\n
IV.- CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria en forma indirecta de los art\u00edculos 1824 y 1516 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, por \u00abfalso juicio de existencia\u00bb de medios probatorios y suposici\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal no indic\u00f3 objetivamente de qu\u00e9 elementos demostrativos obtuvo la plena prueba de la ocultaci\u00f3n o sustracci\u00f3n de las 660 cuotas y del dolo de la demandada, como componentes inexorables de la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. De ese modo, le confiri\u00f3 ese alcance al actuar simple y llano de concurrir Antonio Crescenzi, por un lado, a la sucesi\u00f3n de su esposa, y Alba Luz G\u00f3mez, a presentar una demanda de sucesi\u00f3n en ejercicio de la compra de derechos herenciales. <\/p>\n
El sentenciador fall\u00f3 sin pruebas que acreditaran los supuestos del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, respecto a la p\u00e9rdida de la cosa o el perjuicio a los demandantes y el dolo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1516 de la misma obra, pues se limit\u00f3 a referir que la primera disposici\u00f3n \u00abbusca asegurar la exactitud y buena fe en la confecci\u00f3n del inventario\u00bb, creando as\u00ed una regla ajena a la norma, para realizar una adecuaci\u00f3n t\u00edpica de la afirmaci\u00f3n efectuada en la demanda. <\/p>\n
Desconoci\u00f3 el ad quem que de la literalidad del art\u00edculo 1824 se desprenden tres situaciones f\u00e1cticas, a saber: i) calificaci\u00f3n del sujeto activo, ii) ocultamiento y el perjuicio o da\u00f1o, y iii) el dolo. En este caso ninguna de ellas se acredit\u00f3. La primera, porque Alba Luz G\u00f3mez Montes, no es c\u00f3nyuge ni heredera, sino cesionaria de derechos herenciales, y por lo mismo, no sustituye a los herederos; sobre la segunda, era menester acreditar que en realidad se perdieron u ocultaron 660 cuotas partes y quien sufri\u00f3 perjuicio por ese hecho; y la tercera, pese a que es el elemento determinante, en el fallo no se mencionaron los medios de convicci\u00f3n de los que se dedujo. <\/p>\n
En este caso es evidente que \u201cnada se perdi\u00f3\u201d, \u201cnada se ocult\u00f3\u201d, no se caus\u00f3 perjuicio alguno, pues los ahora demandantes como \u00abv\u00edctimas del ocultamiento\u00bb, desde el primer momento al solicitar la apertura de la sucesi\u00f3n de Rosa Franco de Crescenzi, incluyeron en el inventario de bienes de la difunta las 660 cuotas partes que ten\u00eda su esposo en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., y all\u00ed pidieron su embargo seis (6) a\u00f1os antes del inicio de este proceso. <\/p>\n
Es notorio que no hubo ocultamiento, porque el accionante Dorian Enrique Mej\u00eda Franco, ha sido siempre representante legal de Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda.; Norman Mej\u00eda era heredero y socio de la misma compa\u00f1\u00eda y Karen Mej\u00eda, fue quien le vendi\u00f3 las cuotas a Antonio Crescenzi, por tanto, ninguno de los herederos de Rosa Franco ignoraba que Antonio Crescenzi ten\u00eda esa participaci\u00f3n en la mencionada sociedad. <\/p>\n
Aunque el juzgador no se\u00f1al\u00f3 en qu\u00e9 consiste el \u00abacervo probatorio\u00bb, al que aludi\u00f3 en su exposici\u00f3n, se advierte que el folio 763 corresponde a un segmento de la demanda presentada el 1\u00b0 de agosto de 2008 para la apertura de la sucesi\u00f3n de Rosa Franco ante el Juzgado Cuarto de Familia. All\u00ed se relacion\u00f3 como partida quinta \u00ab660 cuotas partes que el se\u00f1or Antonio Crescenzi, posee en la sociedad Mej\u00eda Franco Ci\u00eda & Ltda. (sic)\u00bb; y a continuaci\u00f3n, en el folio 764 se refirieron como bienes propios dos inmuebles ubicados en Cartagena, m\u00e1s no las 660 cuotas de Antonio Crescenzi. <\/p>\n
El sentenciador concluy\u00f3 que por haberse omitido incluir en el inventario dichas cuotas, ello equivale a que se consider\u00f3 como un bien propio, pasando por alto que \u00aben ning\u00fan momento se aprecia a folio 738, que el apoderado de Antonio Crescenzi, haya mencionado la palabra bienes propios\u00bb. Tampoco tuvo en cuenta el escrito de inventarios y aval\u00faos presentado el 9 de octubre de 2009, en cuyo cap\u00edtulo \u00abaclaraciones al inventario presentado\u00bb, se indic\u00f3: \u00ab[l]os activos correspondiente a las partidas (…) son las propiedades de las sociedades Kador y Manga, que fueron el esfuerzo industrial de la sociedad conyugal; que los hijos de la difunta se transfirieron en una forma indebida, que hoy son objeto de investigaci\u00f3n penal y civil, para la restituci\u00f3n de la propiedad a sus antiguos propietarios, es decir a los esposos Antonio Crescenzi y Rosa Franco de Crescenzi (q.e.p.d) para que se pueda efectuar una real y verdadera liquidaci\u00f3n\u00bb, y en la parte final se agreg\u00f3 que dicho inventario de bienes, \u00abse presenta sin perjuicio que se pueda adicionar otros bienes, que lleven a la partici\u00f3n adicional\u00bb, y con desconocimiento de esta prueba, concluy\u00f3 lo contrario a lo que de ella emerge, pues la ley no indica que los bienes propios son aquellos que no se relacionan en el inventario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pas\u00f3 por alto que en aquel proceso en tres ocasiones el Juzgado aplaz\u00f3 la diligencia de inventario y aval\u00faos por inasistencia de las apoderadas de los demandantes, y que si bien con posterioridad a la misma, ellas formularon recursos, no realizaron ning\u00fan reproche sobre las 660 cuotas de Antonio Crescenzi, ni pidieron su inclusi\u00f3n por ninguna v\u00eda legal. De ah\u00ed, que no exista prueba para demostrar sustracci\u00f3n ni ocultamiento de esos bienes. <\/p>\n
El art\u00edculo 600 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que reg\u00eda para la \u00e9poca de la demanda, regula lo concerniente a las inconsistencias en los inventarios y aval\u00faos en la liquidaci\u00f3n de una sucesi\u00f3n, a manera de objeciones que permiten incluir o excluir bienes no relacionados, y adem\u00e1s prev\u00e9 la posibilidad de efectuar diligencias adicionales de esa \u00edndole. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de inventarios y aval\u00faos realizada el 10 de mayo de 2013 en el Juzgado de Familia de Cartagena (fl. 267), s\u00ed se incluyeron las 660 cuotas partes de Antonio Crescenzi en la mentada sociedad, y en la partida novena tras se\u00f1alar \u00ab660 acciones de su propiedad correspondiente al 33% que tiene dentro de la sociedad Mej\u00eda Franco & C\u00eda Ltda.\u00bb, se aclar\u00f3 que los bienes que compone esta sociedad \u00abse encuentran relacionados en la demanda principal que aparecen como propietarios iniciales las sociedades Inversiones Kador Ltda. e Inmobiliaria Manga Ltda. sin embargo esta venta se encuentra demandada por nulidad absoluta ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla mediante radicado No. 2009- 0055\u00bb. Adem\u00e1s, aquellas se incluyeron en el trabajo de partici\u00f3n presentado el 25 de septiembre de 2013 (fl. 275), que no tuvo efecto jur\u00eddico porque se declar\u00f3 su nulidad. <\/p>\n
En suma, el concepto de bien propio nunca fue pronunciado ni concebido por Alba Luz G\u00f3mez Montes, y se descarta por el solo hecho de que las cuotas s\u00ed fueron incluidas en el inventario de bienes, pues a la luz del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 600 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abno se incluir\u00e1n en el inventario, los bienes propios del conyugue sup\u00e9rstite\u00bb. El Tribunal desconoci\u00f3 la prueba contenida en los folios 267 y 275 del cuaderno de la sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi ante el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, que da cuenta de la inclusi\u00f3n de las cuotas partes que \u00e9l ten\u00eda en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., de haberlo hecho, otro hubiese sido el sentido del fallo con la interpretaci\u00f3n adecuada y objetiva del contenido real de la prueba. <\/p>\n
Tambi\u00e9n carece de respaldo la aseveraci\u00f3n concerniente a que la demandada omiti\u00f3 \u00abvincular a los herederos de la esposa del finado a fin que no se hicieran parte en dicho proceso\u00bb\u00bb. Ello, por cuanto de conformidad con el art\u00edculo 589 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el emplazamiento es el medio eficaz para vincular a los interesados al proceso sucesorio de una persona, y \u00e9ste se orden\u00f3 por el Juez Segundo de Familia de Cartagena por auto del 5 de marzo de 2013, respecto de \u00ablos que se crean con derechos de intervenir en la sucesi\u00f3n\u00bb (fl. 64), adem\u00e1s, desconoci\u00f3 que en el hecho s\u00e9ptimo de la demanda de sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi se refiri\u00f3 que al momento de su fallecimiento \u00abse encuentra abierta una liquidaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de su esposa Rosa Franco de Crescenzi. y de la sociedad conyugal formada con el matrimonio efectuado el 23 de diciembre de 1984 en la ciudad de Barranquilla, proceso que cursa en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla\u00bb. De ah\u00ed, que no pueda endilgarse a Alba Luz G\u00f3mez Montes, omisi\u00f3n de vincular a los herederos de la esposa del finado Antonio Crescenzi, menos a\u00fan, cuando la decisi\u00f3n de intervenir depend\u00eda exclusivamente de los interesados <\/p>\n
Otro yerro evidente en el razonamiento del Tribunal consistente en que \u00abel hecho de que las mencionadas acciones no se encuentren registradas a nombre de la demandada por estar embargadas por orden de autoridad Judicial no implica que la defraudaci\u00f3n de bienes en el tr\u00e1mite de la sucesiones de la pareja Crescenzi-Franco por parte de la demandada no se materializara como err\u00f3neamente afirma la recurrente, pues a consideraci\u00f3n de esta corporaci\u00f3n lo que se sanciona no es el acto jur\u00eddico del que se haya servido el respectivo c\u00f3nyuge para sustraer el bien perteneciente a la sociedad conyugal sino la intenci\u00f3n dolosa con que este actu\u00f3 para lograr tal efecto\u00bb. En efecto, si no es con la posesi\u00f3n, el haber recibido dividendos de la sociedad o con el registro a nombre Alba Luz G\u00f3mez, no pod\u00eda materializarse la defraudaci\u00f3n, por lo mismo, la deducci\u00f3n del ad quem en punto a la p\u00e9rdida de las cuotas sociales, su ocultamiento o el perjuicio causado a los herederos, en realidad corresponde a una suposici\u00f3n que conllev\u00f3 a una condena gravemente injusta contra la opugnante. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la afirmaci\u00f3n referente a que lo que se sanciona no es el acto jur\u00eddico del que se haya servido el respectivo c\u00f3nyuge para sustraer el bien perteneciente a la sociedad conyugal sino la intenci\u00f3n dolosa, contraviene el art\u00edculo 1516 del C\u00f3digo Civil, pues el dolo no se deduce, sino que debe ser demostrado por cualquier medio probatorio. La \u00abintenci\u00f3n dolosa\u00bb, comporta un elemento subjetivo que debe aparecer manifiesto en el mundo exterior, esto es, la voluntad de da\u00f1ar o de causar perjuicio y en la sentencia, como exigencia imprescindible de toda resoluci\u00f3n judicial, se ha debido indicar con exactitud cu\u00e1l es el medio probatorio que sirvi\u00f3 de sustento a esa conclusi\u00f3n, lo que se echa de menos. <\/p>\n
V.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En la definici\u00f3n de este asunto, pese a que la actuaci\u00f3n se inici\u00f3 en vigencia del anterior estatuto procesal, se tendr\u00e1n en cuenta las normas del C\u00f3digo General del Proceso por haber sido las aplicadas al momento en que se profiri\u00f3 el fallo impugnado, a tono con las reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n previstas en el canon 625 ib\u00eddem. <\/p>\n
Por otra parte, se precisa que, as\u00ed como el recurso de apelaci\u00f3n qued\u00f3 circunscrito a la inconformidad con las condenas relacionadas con la p\u00e9rdida de la porci\u00f3n conyugal y devoluci\u00f3n del valor doblado de las 660 cuotas sociales que Antonio Crescenzi ten\u00eda en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., a estos mismos aspectos se contrae el estudio de este recurso extraordinario, dando por sentado que los dem\u00e1s puntos del fallo de primer grado quedaron en firme, al no haber sido cuestionados ante el superior funcional del a quo. <\/p>\n
2.- El art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 la consecuencia jur\u00eddica por el ocultamiento o distracci\u00f3n mal intencionados de los bienes de la sociedad conyugal, al disponer que \u00ab[a]quel de los dos c\u00f3nyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distra\u00eddo alguna cosa de la sociedad, perder\u00e1 su porci\u00f3n en la misma cosa, y ser\u00e1 obligado a restituirla doblada\u00bb. Del tenor de esta disposici\u00f3n se extraen varias exigencias que deben concurrir para el buen suceso de la acci\u00f3n promovida con sustento en ella. <\/p>\n
En primer lugar, es claro que el supuesto normativo consagra dos elementos de naturaleza subjetiva, en la medida que la infracci\u00f3n solo puede provenir del otro c\u00f3nyuge o de sus herederos, cuya actuaci\u00f3n, adem\u00e1s, debe ser de car\u00e1cter doloso, es decir, con un claro fin defraudatorio, pues conforme al canon 63 ib\u00eddem, el dolo consiste en \u201cla intenci\u00f3n positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro\u201d. Y objetivamente, es menester demostrar que los bienes hacen parte de la masa de la sociedad conyugal y que, en efecto, han sido ocultados o distra\u00eddos de aquella, por ese actuar artificioso o ama\u00f1ado del otro c\u00f3nyuge o de sus herederos. <\/p>\n
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola l, el vocablo \u00abocultar\u00bb, significa \u00abesconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista\u00bb, o \u00abcallar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la vedad\u00bb, mientras que \u00abdistraer\u00bb, guarda relaci\u00f3n con \u00abapartar, desviar, alejar\u00bb y en especial, \u00abapartar la atenci\u00f3n de alguien del objeto a que la aplicaba o a que deb\u00eda aplicarla\u00bb. A partir de estos conceptos, y en orden a desentra\u00f1ar la hermen\u00e9utica del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, vale precisar que, trat\u00e1ndose de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, su ocultamiento concierne a las conductas de uno de los c\u00f3nyuges o de sus herederos que propendan por esconderlos del otro miembro de la pareja o de sus causahabientes, o de mantener su existencia por fuera del \u00e1mbito del conocimiento de aquellos, con la intenci\u00f3n mal intencionada de que no ingresen en la partici\u00f3n; mientras que la distracci\u00f3n, en tanto busca alejar la atenci\u00f3n respecto de algunos bienes, generalmente va m\u00e1s all\u00e1 del simple ocultamiento y se traduce en verdaderos actos dispositivos, al amparo de la prerrogativa de la libre administraci\u00f3n y disposici\u00f3n \u00abtanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a \u00e9l, como de los dem\u00e1s que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera\u00bb (art. 1\u00b0 Ley 28 de 1932), con la id\u00e9ntica finalidad de impedir su incorporaci\u00f3n a la masa partible, que en esa medida queda disminuida por un acto defraudatorio. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ SC 14 dic. 1990, puntualiz\u00f3 la Sala, <\/p>\n
La sanci\u00f3n prevista en el precepto transcrito es la condigna de una intenci\u00f3n fraudulenta o dolosa atribuida a uno de los c\u00f3nyu\u001fges, orientada a hacer que el otro no tenga o se le dificulte tener – lo que le corresponda a prop\u00f3sito de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Ese proceder se refleja en la ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n de alguna cosa perteneciente al haber social. (\u2026). <\/p>\n
Atendida, pues, la regla de hermen\u00e9utica consistente en que \u00ablas palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras\u201d -art. 28 C. C.-, se infiere – que la sanci\u00f3n de la que se trata est\u00e1 destinada a reprimir aquella conducta dolosa del c\u00f3nyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses en la partici\u00f3n de los bienes sociales vali\u00e9ndose ya de actos u omisiones que se acomodan al significado de la ocultaci\u00f3n, u ora distrayendo bienes, esto es, alej\u00e1ndolos de la – posibilidad de ser incorporados en la masa partible, como se puede considerar todo acto de disposici\u00f3n de los mismos que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o imposible su recuperaci\u00f3n por parte del c\u00f3nyuge afectado. (Subraya intencional). <\/p>\n
No llama a duda que cuando la controversia jur\u00eddica se sustenta en pretensiones dirigidas a que se aplique la referida sanci\u00f3n, a tono con la literalidad de la norma que la consagra, de capital importancia resulta la acreditaci\u00f3n del dolo evidenciado en la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del demandado encaminada a defraudar al otro c\u00f3nyuge, siendo ese el presupuesto sine qua non para abrir la compuerta de una pena de ese calado. Al respecto, en SC 1\u00b0 abr. 2009, exp. 2001-13842-01, se indic\u00f3 que, no basta \u00abque el encubrimiento tenga ocurrencia, sino que aflora indispensable el ingrediente subjetivo, raz\u00f3n por la cual es necesario probar la ocultaci\u00f3n o la distracci\u00f3n intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal\u00bb. Y en sentido similar, en SC 10 ago. 2010, exp. 1994-04260-01, la Corte acot\u00f3, <\/p>\n
La disposici\u00f3n, cuya ratio legis, se orienta a preservar y tutelar la plenitud, igualdad e integridad de los c\u00f3nyuges en lo ata\u00f1edero a sus derechos en la sociedad conyugal formada por el v\u00ednculo matrimonial, sanciona el acto doloso de ocultamiento o distracci\u00f3n de los bienes sociales celebrado o ejecutado por uno de ellos o por sus herederos, y presupone para su aplicaci\u00f3n la plena demostraci\u00f3n f\u00e1ctica, clara e inequ\u00edvoca con pruebas oportunamente allegadas al proceso y sujetas a contradicci\u00f3n, no s\u00f3lo de la calidad jur\u00eddica del sujeto, del bien social y de la ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n, sino del dolo, o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar da\u00f1o, y \u00e9ste igualmente debe probarse porque s\u00f3lo se presume en los casos expresamente disciplinados por el ordenamiento (art\u00edculo 1516 C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Es menester, en consecuencia, la di\u00e1fana conciencia en el c\u00f3nyuge o sus herederos sobre la naturaleza social de la cosa, esto es, la pertenencia del bien, derecho o inter\u00e9s a la sociedad conyugal, as\u00ed como su intenci\u00f3n de generar un da\u00f1o o perjuicio al otro consorte con el acto de ocultaci\u00f3n o distracci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si se procura \u201creprimir aquella conducta dolosa del c\u00f3nyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses en la partici\u00f3n de los bienes sociales, vali\u00e9ndose ya de actos u omisiones que se acomodan al significado de la ocultaci\u00f3n, u ora distrayendo bienes, esto es, alej\u00e1ndolos de la posibilidad de ser incorporados en la masa partible, como se puede considerar todo acto de disposici\u00f3n de los mismos que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o imposible su recuperaci\u00f3n por parte del c\u00f3nyuge afectado\u201d (cas. civ. sentencia de 14 de diciembre de 1990), y por ello \u201ces necesario probar la ocultaci\u00f3n o la distracci\u00f3n intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal\u201d (cas. civ. sentencia de 1\u00b0 de abril de 2009, exp. 11001-3110-010-2001-13842-01). <\/p>\n
3.- En forma muy general el dolo puede describirse como \u00abtodo complejo de malas artes, contrario a las leyes de la honestidad e id\u00f3neo para sorprender la buena fe ajena, generalmente en propio beneficio\u00bb1. El art\u00edculo 1516 del C\u00f3digo Civil consagra la regla general en punto a la demostraci\u00f3n del dolo al se\u00f1alar que \u00e9ste \u00abno se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley\u00bb, mientras que \u00ab[e]n los dem\u00e1s debe probarse\u00bb. Esta disposici\u00f3n armoniza con el postulado de la presunci\u00f3n de buena fe consagrado en el art\u00edculo 83 de la Carta Pol\u00edtica y en el art\u00edculo 769 del C\u00f3digo Civil, \u00faltimo conforme al cual \u00ab[l]a buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunci\u00f3n contraria. En todos los otros, la mala fe deber\u00e1 probarse\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, es claro que, salvo en aquellos eventos en los que a la presunci\u00f3n general de la buena fe se impone la del dolo, vr. gr., los consagrados en los preceptos 1025 (num. 5), 1358 y 2284 ib\u00eddem2, quien alegue el dolo debe probarlo, efecto para el cual rige el principio de libertad probatoria, por lo que deber\u00e1 valerse de los distintos medios de convencimiento admitidos legalmente para cumplir dicha carga. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, comoquiera que el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil no consagra ninguna presunci\u00f3n respecto del dolo, quien por la v\u00eda jurisdiccional alegue que el otro c\u00f3nyuge o sus herederos ocultaron o distrajeron bienes pertenecientes a la sociedad conyugal en desmedro de sus intereses, para sacar avante sus aspiraciones queda compelido a probar el actuar doloso que les endilga. <\/p>\n
4.- El casacionista edific\u00f3 su censura sobre la hip\u00f3tesis de estructuraci\u00f3n de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n probatoria. Sobre esta modalidad de yerro, con insistencia la Sala ha dicho que acontece cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de los medios demostrativos, siempre y cuando dicha anomal\u00eda tenga incidencia en la soluci\u00f3n de la controversia, al punto que, de no haberse presentado, el resultado habr\u00eda sido distinto, todo lo cual debe aparecer evidenciado en forma clara y contundente. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de los requisitos del ataque por error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, resulta muy ilustrativo lo afirmado en CSJ SC 15 abr. 2011, exp. 2006-00039-01, <\/p>\n
Se trata de una cr\u00edtica a la percepci\u00f3n material, a la apreciaci\u00f3n f\u00edsica o, si se quiere, a la contemplaci\u00f3n objetiva de las pruebas, siempre que ello lleve al juzgador a adoptar una decisi\u00f3n contraria a las normas de derecho sustancial que han debido gobernar el caso sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, en el error de hecho la equivocada experiencia de contemplaci\u00f3n de la prueba, lleva al juzgador a suponer su existencia, cuando nada registra el expediente, o a negar aquella que ciertamente se manifiesta en los autos, o a cambiarle el sentido material a las que contempla objetivamente, todo, claro est\u00e1, en perjuicio de una reconstrucci\u00f3n fidedigna y convincente sobre los eventos sucedidos, que sirva por lo tanto al prop\u00f3sito de desatar correctamente la contienda. <\/p>\n
Para ponerlo en otros t\u00e9rminos, a la hora de verificar si los enunciados f\u00e1cticos propuestos por las partes son veraces, el juez realiza varias actividades, subsecuentes y complementarias. Primero, desde una perspectiva meramente ontol\u00f3gica, percibe los elementos de juicio que por iniciativa de las partes o de oficio arribaron al proceso y, luego, toma la informaci\u00f3n que de ellos emerge y la analiza, con el fin de darle un sentido que consulte los postulados de la sana cr\u00edtica, para, ah\u00ed s\u00ed, llegar a una conclusi\u00f3n razonable y convincente sobre la ocurrencia efectiva de un hecho. Puestas de ese modo las cosas, el error de hecho se presenta s\u00f3lo en el primero de esos pasos, es decir, en el momento en que el juez se hace a la imagen de lo que efectivamente obra en el expediente, ya sea porque esa imagen se queda corta, porque es excesiva o porque, en todo caso, est\u00e1 distorsionada, casos todos en los cuales no hay una correspondencia con la realidad. Entonces, la irregularidad ha de buscarse en el juicio de existencia objetiva de la informaci\u00f3n que emerge del proceso, y no en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
5.- En el asunto sometido a escrutinio, las conductas de defraudaci\u00f3n del haber social atribuidas en el libelo demandatorio a la parte accionada, se refirieron de la siguiente manera: <\/p>\n
Antonio Crescenzi D\u2019Alessandro desde el fallecimiento de su esposa efectu\u00f3 maniobras fraudulentas para sustraer de la masa de bienes de la sociedad conyugal, bienes que ten\u00edan esas caracter\u00edsticas por haber sido adquiridos durante la existencia de la sociedad conyugal (\u2026) por lo que ya se impetr\u00f3 una demanda ordinaria para obtener la devoluci\u00f3n doblada de bienes diferentes a los que aqu\u00ed se pretende, por lo que se demuestra que estamos frente a una conducta dolosa. <\/p>\n
El se\u00f1or Antonio Crescenzi D\u2019Alessandro, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de la se\u00f1ora Rosa Franco de Crescenzi, la cual le hab\u00eda sido reconocida dentro del proceso de sucesi\u00f3n de su esposa (\u2026) que cursa en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, cuando correspondi\u00f3 la etapa procesal de inventarios y aval\u00faos de los bienes sociales por intermedio de su apoderado (\u2026) actuando de mala fe y con temeridad, omiti\u00f3 incluir en ellos los siguientes bienes: (\u2026) Seiscientas sesenta (660) cuotas en la sociedad Mej\u00eda Franco Ltda. (\u2026). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, en orden a hacer ver la mala fe del se\u00f1or Crescenzi, se afirm\u00f3 que \u00e9ste con posterioridad a la muerte de su esposa, le vendi\u00f3 un inmueble de la sociedad conyugal a Roberto \u00c1vila Serrano e incluy\u00f3 bienes de Mej\u00eda Franco Ltda., para que fueran reconocidos como sociales en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, lo que demuestra que tanto \u00e9l como su abogado \u00abconoc\u00edan la existencia de la sociedad Mej\u00eda Franco Ltda.\u00bb, en la cual ten\u00eda cuota parte adquirida durante la vigencia de la sociedad conyugal con Rosa Franco y, por lo tanto, \u00absu no inclusi\u00f3n en la diligencia de inventario y aval\u00faos, constituye una conducta de mala fe, con el \u00e1nimo de sustraerlas de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se le achaca al abogado que promovi\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi, que manifest\u00f3 desconocer a otros herederos, dejando as\u00ed de lado los derechos de los causahabientes de Rosa Franco respecto de los bienes de la sociedad conyugal, pese a que existen otros procesos entre las mismas partes. Y seguidamente, se afirm\u00f3, que, \u00abpara hacer m\u00e1s temeraria la conducta punible del doctor Horta Orozco\u00bb en la demanda de sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi hizo \u00abafirmaciones y solicitudes fraudulentas, que confirman su inter\u00e9s en apropiarse de las acciones que pertenecen a la sociedad conyugal y no al fallecido\u00bb, en especial, en la partida sexta, al pedir la adjudicaci\u00f3n del 33% que ten\u00eda en Mej\u00eda Franco. De modo que, \u00abno solo oculta los bienes en la relaci\u00f3n de inventario y aval\u00fao presentada ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla (\u2026), sino que pretende que se le adjudique a su nueva cliente el 33% de unas acciones de propiedad de una sociedad conyugal disuelta pero no liquidada y sobre el cual solo podr\u00eda adjudicarse el 50%\u00bb <\/p>\n
Del sustrato f\u00e1ctico rese\u00f1ado, emerge que, en estrictez, los impulsores no le endilgaron a Alba Luz G\u00f3mez Montes ninguna conducta dolosa, sino que lo hicieron respecto del fallecido Antonio Crescenzi y del apoderado que la represent\u00f3 en la sucesi\u00f3n de \u00e9ste \u00faltimo y, a su vez, lo hab\u00eda agenciado como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite en el sucesorio de Rosa Franco. <\/p>\n
Por otra parte, seg\u00fan puede advertirse, la imputaci\u00f3n efectuada en el libelo inicial no se inscribe en la figura de la \u00abdistracci\u00f3n\u00bb de bienes, sino en su \u00abocultamiento\u00bb, particularmente y para los fines que interesan en esta sede, de las 660 cuotas partes que en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., ten\u00eda Antonio Crescenzi, por cuanto al haberse solicitado su adjudicaci\u00f3n total a la cesionaria de su heredera, se presentaron tales bienes como propios, cuando en realidad hac\u00edan parte de la masa de la sociedad conyugal conformada por \u00e9l y la tambi\u00e9n fallecida Rosa Franco. <\/p>\n
En la sentencia de primera instancia, el a quo a tono con la tesis de aquellos, concluy\u00f3 que las referidas cuotas al no ser incluidas en el haber social de la pareja Crescenzi \u2013 Franco \u00abfueron ocultadas\u00bb, por lo que estim\u00f3 viable dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, sin realizar ning\u00fan an\u00e1lisis concreto del dolo advertido en esa conducta, y en la parte resolutiva les orden\u00f3 a los accionados \u00abdevolver doblado (\u2026) el valor de los bienes que se sustrajeron de la sociedad conyugal\u00bb, entre ellos, de las 660 cuotas. El Tribunal al resolver el recurso de alzada, modific\u00f3 esa inferencia y emiti\u00f3 su veredicto desde la \u00f3ptica de la \u00abdistracci\u00f3n de esas acciones de la sociedad conyugal en desmedro de los intereses de Rosa Franco de Crescenzi\u00bb, sin explicar por qu\u00e9 se alejaba del planteamiento de los promotores en ese sentido, que fuera el acogido por el a quo. <\/p>\n
El anterior recuento se pone de relieve solo para significar la falta de claridad y concreci\u00f3n en que incurri\u00f3 el Juzgador de segunda instancia, al momento de identificar el problema jur\u00eddico a resolver, de cara a los supuestos que debe acreditar quien promueva la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, que seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, desde el punto de vista subjetivo, ata\u00f1en a la calidad de los infractores -c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite o herederos-, as\u00ed como al dolo que puede predicarse de su conducta, y desde el \u00e1mbito objetivo, a que el bien sea de car\u00e1cter social y haya sido \u00abocultado\u00bb o \u00abdistra\u00eddo\u00bb de la masa de bienes de la sociedad conyugal, acepciones que, como se anotara en otro segmento de este prove\u00eddo, obedecen a diferentes situaciones f\u00e1cticas, aunque al tamiz de la norma en menci\u00f3n, el efecto de su ocurrencia sea el mismo. <\/p>\n
6.- En el descrito panorama, pronto se advierte la pertinencia de los reproches de la opugnante, que dejan ver el grave y trascendente desatino en que incurri\u00f3 el Tribunal en la contemplaci\u00f3n objetiva de algunos de los medios probatorios, por omisi\u00f3n, suposici\u00f3n y cercenamiento. <\/p>\n
Obran en el expediente copias de los expedientes de las sucesiones de Rosa Franco de Crescenzi, iniciado en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla y de Antonio Crescenzi D\u2019Alessandro conocido por el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, los cuales posteriormente fueron acumulados en el primer despacho judicial (fls. 740 \u2013 741, c. 16), y m\u00e1s adelante, reasignados al Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla (fl. 763, c. 16). Al cotejar la sentencia recurrida con lo que emerge de esas probanzas, queda al descubierto que el ad quem no las tuvo en cuenta en su integridad y que se limit\u00f3 a referir en forma aislada algunas piezas procesales, en un evidente cercenamiento de esos medios de convencimiento, que lo condujo a conclusiones contraevidentes, seg\u00fan se expone a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
6.1.- Sucesi\u00f3n de Rosa Franco de Crescenzi. Fue adelantada por su hijo Dorian Mej\u00eda Franco (fls. 374 \u2013 383, c. 14), ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla. <\/p>\n
– En la relaci\u00f3n de bienes contenida en el libelo, se incluy\u00f3 como partida cuarta, \u00ab660 cuotas partes que el se\u00f1or Antonio Crescenzi posee en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. Estas acciones fueron adquiridas mediante compra efectuada a la se\u00f1ora Karen Mej\u00eda Franco el 13 de noviembre de 1996\u00bb. <\/p>\n
– El 12 de noviembre de 2008, compareci\u00f3 Antonio Crescenzi, para hacer valer su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sobreviviente dentro de ese tr\u00e1mite (fl. 428, c. 14). <\/p>\n
– Mediante auto del 3 de diciembre de 2008, el juzgado decret\u00f3 medidas cautelares, entre ellas, el \u00abembargo e inscripci\u00f3n en la c\u00e1mara de comercio de las cuotas partes que el se\u00f1or Antonio Crescenzi posee en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda.\u00bb (fl. 439, c. 14), medida que fue perfeccionada el 6 de marzo de 2009, mediante oficio 245 del 17 de febrero de 2009, tal y como se advierte en la anotaci\u00f3n visible en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de dicha compa\u00f1\u00eda (fl. 926, c. 1-4). <\/p>\n
– Solicitud de acumulaci\u00f3n a este tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi que se adelantaba en el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena (fl. 402, ib.), a lo que el despacho accedi\u00f3 por auto del 27 de octubre de 2016 (fl. 731 \u2013 732, ib). <\/p>\n
– En la diligencia de inventario y avalu\u00f3, solamente alleg\u00f3 escrito en ese sentido el apoderado del c\u00f3nyuge Antonio Crescenzi (fls. 41 \u2013 51, c. 9), los herederos de Rosa Franco no comparecieron, pero objetaron el presentado por su opositor. Tales objeciones fueron resueltas en las providencias de primera y segunda instancia, emitidas el 24 de noviembre de 2009 y 1\u00b0 de octubre de 2010, respectivamente, confiri\u00e9ndole raz\u00f3n a los inconformes. <\/p>\n
– Mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 2017, las apoderadas de los herederos de Rosa Franco, solicitaron llevar a cabo \u00abdiligencia de inventario adicional\u00bb de la cuota parte que pose\u00eda Antonio Crescenzi en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. que hac\u00edan parte de los bienes de la sociedad conyugal (fl. 764, c. 16). <\/p>\n
6.2.- Sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi. Fue promovida por Alba Luz G\u00f3mez Montes aduciendo su calidad de \u00abheredera sustituta por haber comprado los derechos herenciales y litigiosos\u00bb de Mar\u00eda del Rosario Crescenzi (fl. 595, c. 15). <\/p>\n
– El proceso de sucesi\u00f3n fue abierto mediante auto del 5 de marzo de 2013 (fl. 761, c. 15); En la relaci\u00f3n de bienes no se incluyeron las 660 cuotas partes de la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. (fls. 595 \u2013 607, c. 15). En el hecho sexto se afirm\u00f3 que la demandante \u00abno conoce herederos con mejor derecho, distinta de la sobrina Mar\u00eda del Rosario Crescenzi\u00bb y en el s\u00e9ptimo que, al momento del fallecimiento del causante, \u00abse encontraba abierta una liquidaci\u00f3n de sucesi\u00f3n de su esposa Rosa Franco de Crescenzi y de la sociedad conyugal formada por el matrimonio (\u2026) proceso que cursa en el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
– Relaci\u00f3n de inventario y aval\u00fao de bienes, presentada el 10 de mayo de 2013 (fls. 793 \u2013 795, c. 15). En la partida novena, se relacionan 660 cuotas de su propiedad correspondiente al 33% que tiene en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
– A folio 768- 769 c. 15 obra memorial presentado por el apoderado de la demandante el 25 de septiembre de 2013, referido al \u00abtrabajo de partici\u00f3n\u00bb en el que expresamente se indic\u00f3: <\/p>\n
Al momento de realizar este trabajo nos encontramos que todos los bienes relacionados en la diligencia de inventario y aval\u00fao, hacen parte de la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., donde el difunto es propietario del 33% de las acciones (\u2026) y ese porcentaje se encuentra embargado por el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, seg\u00fan oficio 245 del 17 de febrero de 2009, siendo que dichos bienes cuando son objeto de medida cautelar se encuentran fuera del comercio y no se pueden partir ni adjudicar. <\/p>\n
– Mediante auto del 15 de octubre de 2013 el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, resolvi\u00f3: i) No tener en cuenta el trabajo de partici\u00f3n presentado; ii) declarar la invalidez del auto del 1 de agosto de 2013, por el cual se decret\u00f3 la partici\u00f3n y se design\u00f3 como partidor al apoderado de la demandante; iii) no aprobar el inventario y aval\u00fao presentado el 10 de mayo de 2013 y, iv) se\u00f1alar el 31 de octubre de 2013 para llevar a cabo diligencia de inventario y aval\u00fao, en la que \u00ablas partes deber\u00e1n presentarlo por escrito y acompa\u00f1ar todos los documentos y pruebas tendientes a acreditar la existencia y titularidad de los bienes en cabeza del causante\u00bb (fls. 772 \u2013 774, c. 15). <\/p>\n
– En memorial presentado el 12 de noviembre de 2013, Dorian Mej\u00eda Franco, actuando en nombre propio y como representante legal de Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., confiri\u00f3 poder a una profesional del derecho para que lo representara en el proceso sucesoral de Antonio Crescenzi (fl. 762, c. 15), a quien le fue reconocida personer\u00eda para el efecto el 20 de noviembre siguiente (fl. 805, ib.) <\/p>\n
– El 27 de enero de 2014, los apoderados de la demandante y de Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., acudieron a la diligencia de inventarios y aval\u00faos convocada de nueva cuenta por el Juzgado, sin embargo, la misma no se realiz\u00f3 porque all\u00ed se puso de presente la viabilidad de acumular los procesos de sucesi\u00f3n de los dos c\u00f3nyuges fallecidos, debido a que \u00abcoinciden todos los bienes\u00bb relacionados en las dos causas y se procedi\u00f3 en consecuencia (fl. 806, ib.). <\/p>\n
6.3.- Las rese\u00f1adas pruebas documentales fueron omitidas en parte por el Tribunal. Obs\u00e9rvese que en el segmento de su providencia que destin\u00f3 a referir los elementos demostrativos que lo condujeron a resolver la apelaci\u00f3n del modo que lo hizo, acot\u00f33: <\/p>\n
(\u2026) revisado el acervo probatorio que reposa en el plenario, se evidencia que no obstante que en el proceso de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Rosa Franco de Crescenzi promovido por sus hijos Dorian, Karen y Norman y el c\u00f3nyuge Antonio Crescenzi ante el Juzgado Cuarto de Familia radicado con el n\u00famero 0330 de 2008 se haya denunciado la presencia de todos los bienes de la causante c\u00f3mo se observa a folio 763 relacion\u00e1ndose como social, entre otros, las 660 acciones que la pareja Crescenzi Franco ten\u00eda en la sociedad Mej\u00eda Franco limitada por haber sido adquirida el 13 de noviembre de 1996, vale decir en vigencia del matrimonio celebrado entre ellos el 11 de diciembre de 1984, sobre cuyo hecho no existe discusi\u00f3n alguna, el se\u00f1or Crescenzi a trav\u00e9s de su apoderado judicial doctor Jorge Luis Horta Orozco omiti\u00f3 incluir tales bienes en la diligencia de inventarios y aval\u00faos llevada a cabo por dicho despacho judicial el 9 de octubre de 2009 que se observa folios 738 y luego, seg\u00fan folio 66 del cuaderno principal, la se\u00f1ora Alba Luz G\u00f3mez Montes en su calidad de cesionaria de los derechos herenciales de la \u00fanica heredera del se\u00f1or Antonio Crescenzi, por intermedio del mismo apoderado que represent\u00f3 al causante en la sucesi\u00f3n de su c\u00f3nyuge, incluy\u00f3 esos bienes en la diligencia de inventario y aval\u00fao presentada el 10 de mayo de 2013 dentro del proceso de sucesi\u00f3n que curs\u00f3 en el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, con la finalidad de que se le adjudicaran a su cedente esas cuotas en su totalidad, como si se tratara de un bien propio, desconociendo con ello la caracter\u00edstica de social y la lealtad y buena fe que el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso impone a las partes deben tener en todos sus actos procesales. <\/p>\n
En orden a verificar las \u00fanicas pruebas tomadas en consideraci\u00f3n por el juzgador para establecer las conductas constitutivas de ocultamiento o distracci\u00f3n de bienes, as\u00ed como del dolo de la demandada, se tiene que el folio 763 corresponde a una de las p\u00e1ginas de la copia de la demanda presentada por Dorian Mej\u00eda Franco, para la apertura del proceso de sucesi\u00f3n de Rosa del Socorro Franco M\u00e9ndez, en el ac\u00e1pite correspondiente a la relaci\u00f3n de bienes sociales de la causante, as\u00ed: \u00abpartida quinta. Las 660 cuotas partes que el se\u00f1or Antonio Crescenzi posee en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. Estas acciones fueron adquiridas mediante compra efectuada a la se\u00f1ora Karen Mej\u00eda Franco el 13 de noviembre de 1996, mediante escritura p\u00fablica No. 1736, ante la Notar\u00eda Sexta de Barranquilla\u00bb; el folio 738, hace parte de la \u00abrelaci\u00f3n de inventarios de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal conformada por Rosa Franco de Crescenzi (q.e.p.d.) y Antonio Crescenzi\u00bb presentada el 9 de octubre de 2009 por el apoderado judicial del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, en cuyo activo no se incluyeron las 660 cuoas de Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., pero se precis\u00f3 que dicho inventario se elaboraba \u00absin perjuicio de que se puedan adicionar otros bienes, que lleven a la partici\u00f3n adicional\u00bb. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, emerge que el Tribunal pas\u00f3 por alto que los herederos de Rosa Franco, pese a que en el pliego demandatorio denunciaron las 660 cuotas como bienes sociales de la pareja Crescenzi Franco, en la oportunidad se\u00f1alada por el Juez del conocimiento, omitieron allegar el inventario y aval\u00fao, limit\u00e1ndose a objetar posteriormente el presentado por la parte contraria, y que, por auto del 24 de noviembre de 2009 (fls. 448 – 449, c. 16), el juez de primera instancia les concedi\u00f3 la raz\u00f3n al excluir las partidas primera a cuarta, as\u00ed como la integrante del pasivo, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla (fls. 558 \u2013 564, c. 16). <\/p>\n
La alusi\u00f3n al folio 66 del cuaderno principal, concierne a la \u00abRelaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos de bienes\u00bb presentada al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena el 10 de mayo de 2013, por el apoderado judicial de Alba Luz G\u00f3mez Montes dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi, en cuya partida novena se incluyeron \u00ab660 acciones de su propiedad correspondiente al 33% que tiene dentro de la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda.\u00bb. No obstante, tal y como se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, por auto del 15 de octubre de 2015, el juzgado del conocimiento, entre otras determinaciones, resolvi\u00f3 no aprobar el inventario y aval\u00fao presentado el 10 de mayo de 2013 y se\u00f1alar nueva fecha para llevar a cabo diligencia, en la que \u00ablas partes deber\u00e1n presentarlo por escrito y acompa\u00f1ar todos los documentos y pruebas tendientes a acreditar la existencia y titularidad de los bienes en cabeza del causante\u00bb (fls. 772 \u2013 774, c. 15). De ah\u00ed, que esa probanza como tal tampoco pod\u00eda considerarse en forma aislada, pues su eficacia ya estaba descartada en el proceso originario. <\/p>\n
La contemplaci\u00f3n segmentada de la documental en referencia, le impidi\u00f3 al ad quem percatarse de que la existencia de las tantas veces mencionadas cuotas sociales, era plenamente conocida por los herederos de Rosa Franco, al punto que ellos mismos las relacionaron en la demanda incoativa del juicio sucesorio de su causante, por lo mismo, no era factible el ocultamiento atribuido al c\u00f3nyuge por el hecho de no haberlas incluido en el posterior inventario. Es m\u00e1s, pese a la desidia del apoderado de dichos herederos al abstenerse de participar en dicha diligencia, objet\u00f3 con \u00e9xito la mayor\u00eda de las partidas incluidas por su oponente, y aunque en esa oportunidad ninguna disconformidad plante\u00f3 por la no inclusi\u00f3n de las 660 cuotas que el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite ten\u00eda en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., con posterioridad, vali\u00e9ndose de la prerrogativa legal que se lo permit\u00eda, solicit\u00f3 llevar a efecto \u00abdiligencia de inventario adicional\u00bb, con relaci\u00f3n a las mentadas cuotas por hacer parte del patrimonio social (fl. 764, c. 16). <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, fluye con nitidez que el sentenciador omiti\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. (fls. 922- 927, c. 1 \u2013 4), conforme al cual, el gerente de dicha compa\u00f1\u00eda es Dorian Enrique Mej\u00eda Franco; Karen del Socorro Mej\u00eda Franco funge como socia y all\u00ed mismo obra la anotaci\u00f3n referente a que mediante oficio 245 del 17 de febrero de 2009, se inscribi\u00f3 el embargo de las cuotas de Antonio Crescenzi, decretado por el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, todo lo cual permite establecer que los impulsores no solo eran conocedores de la existencia de las cuotas, sino tambi\u00e9n de su car\u00e1cter social y que las mismas estaban por fuera del comercio con ocasi\u00f3n del embargo decretado por su propia iniciativa, lo que permite descartar conductas tanto de ocultamiento como de distracci\u00f3n de aquellas por parte de los accionados. <\/p>\n
Emerge de lo expuesto, que ciertamente, el juez colegiado supuso las pruebas del ocultamiento de esas cuotas a los herederos de Rosa Franco, y ante la falta de acreditaci\u00f3n de ese supuesto, se tornaba innecesario incurrir en el estudio del elemento subjetivo relacionado con la actuaci\u00f3n dolosa del c\u00f3nyuge sobreviviente o sus herederos, cuya demostraci\u00f3n le incumb\u00eda a quien aleg\u00f3 el dolo. <\/p>\n
Por otra parte, la aseveraci\u00f3n del Tribunal referente a que en este caso \u00abse vislumbra la intenci\u00f3n dolosa tanto del finado Antonio Crescenzi, como de la cesionaria del derecho herencial de distraer esas acciones de la sociedad conyugal en desmedro de los intereses de los herederos de la se\u00f1ora Rosa Franco\u00bb, igualmente emana de una suposici\u00f3n. N\u00f3tese, que el juzgador no especific\u00f3 cu\u00e1l fue el acto de apropiaci\u00f3n o de disposici\u00f3n de tales bienes para beneficio propio del c\u00f3nyuge o de sus causahabientes en desmedro de la masa de bienes sociales, y por ende, de los derechos de los herederos de la esposa fallecida, que encuadraba en el concepto de distracci\u00f3n de bienes, cuyo an\u00e1lisis, necesariamente, tendr\u00eda que haber involucrado los efectos jur\u00eddicos del embargo que pesaba sobre dichas cuotas, por virtud del cual, desde el 6 de marzo de 2009 estaban fuera del comercio (fl. 28 vto. c.1). <\/p>\n
En s\u00edntesis, la omisi\u00f3n de algunos medios de prueba y el cercenamiento de otros, guiaron al Juzgador de segunda instancia a emitir una decisi\u00f3n que contradice lo que realmente emerge del estudio ponderado de los medios de convicci\u00f3n, en especial, por haberle conferido valor de plena prueba del ocultamiento doloso de un bien social, al hecho de no haberlo incluido en el inventario de bienes de la sucesi\u00f3n de Rosa Franco, con total desconocimiento tanto de las vicisitudes que se presentaron en los procesos de sucesi\u00f3n que posteriormente fueron acumulados -algunas de cuyas copias procesales fueron omitidas por completo-, como de las conductas procesales que all\u00ed adoptaron los aqu\u00ed demandantes. As\u00ed mismo, refulge la trascendencia del yerro advertido, por cuanto de no haberse cometido, la decisi\u00f3n ser\u00eda completamente diferente, de modo que convergen los elementos constitutivos de la violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por error de hecho. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el cargo prospera. De conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del proceso no habr\u00e1 lugar a condena en costas por el recurso extraordinario, y este mismo prove\u00eddo se proferir\u00e1 fallo de reemplazo. <\/p>\n
VI.- SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1.- Con soporte en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, Dorian y Karen Mej\u00eda Franco, como hijos y herederos de Rosa Franco de Crescenzi, demandaron a Alba Luz G\u00f3mez Montes como adquirente de los derechos herenciales de Mar\u00eda Rosario Crescenzi en la sucesi\u00f3n de Antonio Crescenzi D\u2019Alessandro y a los herederos indeterminados de \u00e9ste \u00faltimo, quien fuera el c\u00f3nyuge sobreviviente de la madre de los accionantes, con miras a que se declarara que deben \u00abperder y devolver dobladas\u00bb, entre otros bienes, las 660 partes de inter\u00e9s social que al momento de la muerte de Rosa Franco de Crescenzi pose\u00eda su c\u00f3nyuge en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
2.- Mediante sentencia proferida el 27 de febrero de 2018, el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda, y entre otras decisiones, conden\u00f3 a Alba Luz G\u00f3mez Montes y los herederos indeterminados de Antonio Crescenzi a \u00abperder la porci\u00f3n conyugal a que ten\u00eda derecho el finado sobre el 50% de los siguientes bienes: 1. 660 cuotas de la sociedad Mej\u00eda Franco Ltda. (sic)\u00bb, y adem\u00e1s, les orden\u00f3 \u00abdevolver doblados a tal sociedad, el valor de los bienes que se sustrajeron de la sociedad conyugal (\u2026) la cual es la siguiente (\u2026) 3. $10.282.851.836\u00bb (fls. 1097-1098, c. 1 -4). c. 1). <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que cuando Antonio Crescenzi adquiri\u00f3 las 660 cuotas ya estaba casado con Rosa Franco, por lo que ingresaron al haber social al no existir capitulaciones. Y a continuaci\u00f3n, (hora: 1.02.24 y ss.) acot\u00f3 que los presupuestos de esta clase de procesos se determinaron con certeza puesto que se estableci\u00f3 la existencia de la sociedad conyugal conformada por Antonio Crescenzi y Rosa Franco desde el 11 de diciembre de 1984 hasta la fecha del fallecimiento de \u00e9sta el 5 de octubre del 2007; qu\u00e9 esa sociedad estaba disuelta por la muerte de la esposa; que existieron bienes adquiridos por los c\u00f3nyuges durante la vigencia de la sociedad, \u00ablo \u00faltimo de los requisitos es que se hayan enajenado los bienes sin liquidarse la sociedad conyugal\u00bb, y \u00abno se establecieron la existencia de las 660 acciones de las cuales estaban en cabeza del se\u00f1or Crescenzi y que deb\u00edan entrar al haber social\u00bb. En cumplimiento de estos requisitos, <\/p>\n
(\u2026) se puede determinar que dichos bienes no fueron incluidos y fueron ocultados por lo tanto se aplica lo dispuesto en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil que dispone aquel que los dos c\u00f3nyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distra\u00eddo alguna cosa de la sociedad perder\u00e1 la porci\u00f3n de la misma y ser\u00e1 obligado a restituirla doblada por lo que de acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos se deber\u00e1 condenar a los demandados esto es a la se\u00f1ora Alba luz G\u00f3mez M\u00e9ndez en su calidad de cesionaria de los derechos herenciales del se\u00f1or Antonio Crescenzi y a las personas indeterminadas que hagan parte de la de la porci\u00f3n que le corresponde al mencionado se\u00f1or a perder el 50% que la ley le corresponde en los en la sucesi\u00f3n. Igualmente, se les impondr\u00e1 devolver estos dineros doblados en este sentido se establece que son 660 cuotas de la sociedad Mej\u00eda Franco limitada avaluada c\u00f3mo qued\u00f3 establecido aqu\u00ed por el se\u00f1or perito en la suma de $5.141.425.918. <\/p>\n
3.- La demandada G\u00f3mez Montes refut\u00f3 por v\u00eda de apelaci\u00f3n la sentencia de primer grado, \u00fanicamente en lo que respecta a la condena impuesta por concepto de las 660 cuotas partes en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
Entre los argumentos esgrimidos para sustentar su desacuerdo, enfatiz\u00f3 en que no hab\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico para promover esta acci\u00f3n por cuanto no hubo da\u00f1o, toda vez que las \u00abacciones\u00bb siguen siendo y est\u00e1n dentro de la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., de la que tambi\u00e9n son socios los actores, por lo que hab\u00eda imposibilidad de sustraerlas y la diligencia de inventario y aval\u00fao de bienes presentado ante el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, porque el juez declar\u00f3 su nulidad el 15 de octubre de 2013. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que como cesionaria no ha ostentado la posesi\u00f3n de las partes de inter\u00e9s social y no existe ninguna anotaci\u00f3n en el certificado de la C\u00e1mara de Comercio en sentido contrario; no se da el presupuesto de la generaci\u00f3n de un perjuicio a los herederos demandantes; en el proceso no se prob\u00f3 la sustracci\u00f3n de bienes y menos la intenci\u00f3n dolosa de la demandada; no se tuvo en cuenta que las cuotas estaban embargadas por cuenta del Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla y no se viol\u00f3 el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, porque esa disposici\u00f3n exige como condici\u00f3n que se demuestre el dolo, el cual ni siquiera fue analizado en la sentencia recurrida. <\/p>\n
4.- En orden a resolver el referido recurso vertical, por econom\u00eda procesal se dan por reproducidos los razonamientos expuestos para deducir la prosperidad del cargo alegado en casaci\u00f3n, que, en s\u00edntesis, se concretan a que en este asunto no se acredit\u00f3 ocultamiento o distracci\u00f3n de las 660 cuotas parte que Antonio Crescenzi ten\u00eda en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., por cuanto los herederos de Rosa Franco eran conocedores de su existencia y de que no hab\u00edan salido del patrimonio del adquirente, pues, seg\u00fan qued\u00f3 acreditado, Dorian Mej\u00eda Franco al promover el juicio sucesoral de su ascendiente, las incluy\u00f3 entre los bienes sociales de los c\u00f3nyuges; y de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n, \u00e9l es el gerente de la compa\u00f1\u00eda y aquellas se encuentran embargadas para la sucesi\u00f3n de Rosa Franco de Crescenzi desde el 6 de marzo de 2009. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, teniendo en cuenta que los promotores no cumplieron con la carga de demostrar el ocultamiento o la distracci\u00f3n de las 660 cuotas que Antonio Crescenzi D\u2019Alessandro pose\u00eda en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., que por haber sido adquiridas en vigencia del v\u00ednculo matrimonial con Rosa Franco constitu\u00edan bienes de la sociedad conyugal de la pareja Crescenzi \u2013 Franco, ni conducta dolosa alguna de la demandada Alba Luz G\u00f3mez Montes orientada a ese prop\u00f3sito, su reclamo de tutela jurisdiccional para que se impusiera a la convocada la pena prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, estaba conminado al fracaso. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se revocar\u00e1 parcialmente la sentencia de primera instancia, en lo que respecta a la condena impuesta a la recurrente en relaci\u00f3n con las cuotas partes que su causante ostentaba en Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda., con la consecuente reducci\u00f3n de la condena en costas, de conformidad con el numeral 5 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
VII.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Casar la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 26 de julio de 2018, en el proceso verbal promovido por Karen Mej\u00eda Franco y Dorian Mej\u00eda Franco, contra Alba Luz G\u00f3mez Montes y herederos indeterminados de Antonio Crescenzi D\u00b4Alessandro. Sin costas por el recurso extraordinario. <\/p>\n
Segundo: Actuando como Juez de segunda instancia, revocar parcialmente los ordinales primero y segundo, de la sentencia emitida el 27 de febrero de 2018, por el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla. En su lugar, se niegan las pretensiones en lo que respecta a las 660 partes de inter\u00e9s social del fallecido Antonio Crescenzi D\u00b4Alessandro en la sociedad Mej\u00eda Franco y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
Tercero: Dadas las resultas del proceso, las costas fijadas por el Juez de primer grado se reducen en un 80%. Liqu\u00eddense en su oportunidad. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJERO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Diez – Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Vol. I, ed. 5\u00b0, Madrid, 1996, p\u00e1g. 170. <\/p>\n
2\u0002 C\u00d3DIGO CIVIL. Art\u00edculo. 1025. Son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios: (\u2026) 5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumi\u00e9ndose dolo por el mero hecho de la detenci\u00f3n u ocultaci\u00f3n. <\/p>\n
Art\u00edculo 1358: Se proh\u00edbe al albacea llevar a efecto ninguna disposici\u00f3n del testador, en lo que fuere contraria a las leyes, so pena de nulidad, y de consider\u00e1rsele culpable de dolo. <\/p>\n
Art\u00edculo 2284. Hay dolo en el que hace la apuesta, si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata. <\/p>\n
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SC4137-2021 (2015-00125-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC4137-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001 31 03 011 2015 00125 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de julio veintid\u00f3s de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}