SC4155-2021 (2019-00650-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4155-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00650-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Cidys Rosa Usta Castillo contra la sentencia de 14 de octubre de 2014, proferida el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el ejecutivo promovido por Bancolombia S.A., antes Conavi, contra la recurrente. <\/p>\n
1.1. El asunto compulsivo fue incoado para obtener el pago del saldo insoluto contenido en los pagar\u00e9s 4163320007441, 4163320008669 y 4163320009197, ante el incumplimiento de algunas cuotas de amortizaci\u00f3n. La obligaci\u00f3n se encontraba garantizada con hipoteca sobre el apartamento 401 de la calle 99 No. 49D-149, edificio Portal del Mar de la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
1.2. Librado el mandamiento de pago y notificado a la ejecutada por conducta concluyente, formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que nomin\u00f3 prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, pago parcial e inexistencia obligaci\u00f3n. <\/p>\n
1.3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, en prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2013, declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria derivada de los pagar\u00e9s 4163320008669 y 4163320009197, no as\u00ed la del t\u00edtulo valor 4163320007441. Como consecuencia, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y decret\u00f3 el avalu\u00f3 y remate de los bienes trabados. <\/p>\n
1.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil Familia, mediante sentencia de 14 de octubre de 2014, modific\u00f3 lo as\u00ed decidido al resolver el recurso de apelaci\u00f3n elevado por ambas partes. En sustituci\u00f3n, neg\u00f3 todas las excepciones propuestas y orden\u00f3 continuar el cobro compulsivo en la forma como se hab\u00eda dispuesto en el respectivo mandamiento de pago. <\/p>\n
2. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
2.1. La ejecutada, ahora recurrente, invoc\u00f3 la causal prevista en el art\u00edculo 355, numeral 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que o era susceptible de recurso\u201d. <\/p>\n
2.2. Sustenta la impugnaci\u00f3n en punto a que el tr\u00e1mite adelantado no era el escenario id\u00f3neo para acelerar la exigibilidad de las cuotas de amortizaci\u00f3n. El art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 1999, lo prohib\u00eda, en trat\u00e1ndose de obligaciones hipotecarias destinadas a la adquisici\u00f3n de vivienda. Para la extinci\u00f3n anticipada del plazo, agrega, debi\u00f3 promoverse un proceso verbal, como se preve\u00eda en el canon 427, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed se haya incurrido en mora en el pago de cuotas. <\/p>\n
La falta, dice, afect\u00f3 la sentencia confutada, en tanto, el proceso se adelant\u00f3 \u201csin el cumplimiento\u201d de un requisito legal, como era \u201cpreviamente acelerar el plazo de la obligaci\u00f3n del cr\u00e9dito de vivienda\u201d. Y no se ha saneado, pues el defecto se origin\u00f3 en el mismo fallo. <\/p>\n
2.3. Admitido el recurso, el curador ad-litem nombrado a la parte ejecutante, se opuso a su prosperidad. Evidenci\u00f3 que su interposici\u00f3n dilataba el impulso del ejecutivo. En todo caso, se atuvo a cuanto resultare probado. <\/p>\n
2.4. La audiencia del art\u00edculo 358, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, no fue se\u00f1alada, pues ninguna de las pruebas decretadas hab\u00eda lugar a evacuarla. Todas eran documentales y se encontraban en el expediente. <\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.1. La decisi\u00f3n se adoptar\u00e1 de manera escrita teniendo en cuenta que el requisito para hacerlo de manera oral, el se\u00f1alamiento de una audiencia en los eventos en que hay lugar a practicar pruebas, resulta relevado. Ninguna hab\u00eda para intermediar y evacuar materialmente, cual qued\u00f3 memorado en el n\u00famero 2.4. <\/p>\n
El art\u00edculo 279, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, autoriza el fallo escrito dentro del sistema oral. Llegado el caso, ante la imposibilidad de emitirlo de viva voz en la audiencia de juzgamiento (precepto 373, numeral 5\u00ba, inciso 3\u00ba). Tambi\u00e9n, en los casos de sentencia anticipada (regla 278, inciso 3\u00ba), siendo una de sus hip\u00f3tesis, \u201ccuando no hubieren pruebas por practicar\u201d. Lo mismo, es un paso necesario, en situaciones iguales a la resaltada, verbi gratia, en los procedimientos de revisi\u00f3n (norma 358, in fine) o del exequ\u00e1tur (canon 607, inciso 2\u00ba, numeral 4\u00ba), en cualquier evento, por ser improcedente la audiencia, ciertamente, cuando no existen pruebas para evacuar. <\/p>\n
Refrenda lo anterior el Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se expidieron normas para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de judicial y el derecho fundamental al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el marco de la promulgada Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica a ra\u00edz de la pandemia Coronavirus COVID-19. Entre las directrices se\u00f1aladas para el efecto se hallan: la regla de principio, las actuaciones no presenciales y \u201cexcepcionalmente de manera presencial\u201d. <\/p>\n
3.2. El recurso de revisi\u00f3n se encuentra consagrado como una medida excepcional encaminada a sacrificar la inmutabilidad de la cosa juzgada formal. Procede en los casos en que una sentencia concluyente, pese a estar amparada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, es injusta o contraria a derecho, o atentatoria de la garant\u00eda fundamental a un debido proceso. <\/p>\n
Su objetivo no es otro que hacer prevalecer la justicia, restablecer el derecho de defensa cuando ha sido transgredido y asegurar la certeza judicial. Esto \u00faltimo, cerrando irrupciones ulteriores a la pretensi\u00f3n reconocida o impidiendo que sea reclamada de nuevo si ha sido negada. <\/p>\n
Para la Corte, procede, en general, \u201c(\u2026) en circunstancias que (\u2026) son extr\u00ednsecas o ajenas al proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a \u00e9l, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hip\u00f3tesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redund\u00f3 en la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n injusta (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Obedece, por lo mismo, a causales previstas por el legislador y se estructura en las precisas hip\u00f3tesis normativas. En l\u00ednea de principio, salvo yerros procesales insalvables, responden a cuestiones desconocidas en el litigio que ha sido zanjado de manera definitiva. <\/p>\n
Las desemejanzas entre las instancias del proceso y el recurso de revisi\u00f3n tornan inviable fincar el escenario extraordinario en cuestiones inherentes o concurrentes en el juicio. Se supone que todo fue conocido por las partes y juzgadores, y considerado expresa o impl\u00edcitamente. <\/p>\n
3.3. En lo material, el recurso \u201c(\u2026) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Los cimientos del fallo opugnado solo se socavan mediante el estudio de las circunstancias que, coincidiendo con las causales previstas por la normatividad vigente, son invocadas por el recurrente. De ah\u00ed deriva, sin equ\u00edvoco alguno, que la relaci\u00f3n sustancial conformada en las instancias y las vicisitudes al respecto evaluadas, no pueden ser pasibles del tr\u00e1mite extraordinario. <\/p>\n
3.4. Las irregularidades adjetivas como causales de revisi\u00f3n igualmente son estrictas. Se limitan a la \u201cindebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento\u201d y a las faltas insalvables originadas en la \u201csentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d (art\u00edculo 355, numerales 7\u00ba y 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso). Aunque el legislador no se\u00f1al\u00f3 cuando un vicio adjetivo invalida la sentencia, mutatis mutandis, para esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ello no era necesario, porque determinados yerros encuentran adecuaci\u00f3n t\u00edpica. Por ejemplo, frente a un fallo emitido en un proceso legalmente concluido, interrumpido o suspendido; o cuando se arriba a la providencia sin parar mientes en las etapas probatorias o de alegaciones, o prescindiendo de esta \u00faltima (art\u00edculo 140 numerales 3\u00ba, 5\u00ba y 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
\u201cEn otros casos, porque al fin de cuentas, confrontan problemas relacionados con la competencia (art\u00edculos 140, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). Verbi gratia, imponer condena a una persona ajena al proceso; existir irregularidades en la adopci\u00f3n de la providencia; decidir de fondo sin la presencia de alg\u00fan presupuesto procesal; o reformar o modificar la sentencia por v\u00eda de aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cLo mismo se predica de la incongruencia y de la prohibici\u00f3n de reformar en perjuicio del \u00fanico apelante, puesto que en com\u00fan controlan el poder funcional de quienes se encuentran investidos de jurisdicci\u00f3n, as\u00ed se hayan instituido como causales aut\u00f3nomas en casaci\u00f3n (art\u00edculos 368, numerales 2\u00ba y 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y 336, numerales 3\u00ba y 4\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso). En palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u2018(\u2026) porque una cosa es que, seg\u00fan sea el caso, el juez se encuentre legalmente facultado para resolver un recurso de apelaci\u00f3n o una pretensi\u00f3n determinada, y otra, distinta, que en cumplimiento de ese labor\u00edo, desborde los l\u00edmites de su competencia, pues para hablar de esto \u00faltimo, necesariamente se debe estar investido de lo primero\u20193. <\/p>\n
\u201cNo obstante, la aducci\u00f3n de todas esas cuestiones como motivos de nulidad de la sentencia, resultan viables cuando la ley los agrupa de manera gen\u00e9rica, en la sistem\u00e1tica de la normatividad adjetiva, por v\u00eda de revisi\u00f3n, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 380, numeral 8\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art\u00edculo 355, numeral 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso). En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando procede otro recurso, como el ordinario de apelaci\u00f3n o el extraordinario de casaci\u00f3n, acudi\u00e9ndose, en l\u00ednea de principio, a la causal respectiva (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
El art\u00edculo 140, numeral 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatu\u00eda como causal aut\u00f3noma de nulidad procesal, inclusive con el car\u00e1cter de insaneable, \u201ccuando la demanda se tramita por proceso diferente al que le corresponde\u201d. El C\u00f3digo General del Proceso, canon 133, no contempla como irregularidad invalidante el tr\u00e1mite inadecuado. La raz\u00f3n estriba en que as\u00ed sea equivocado el indicado por el actor, al juez le corresponde adecuarlo por el cauce respectivo (norma 90, ib\u00eddem), decisi\u00f3n que, en todo caso, en ese momento puede controvertir. Y en lo que respecta a la parte interpelada, porque la oportunidad para reclamar el vicio queda definitivamente cerrada con la excepci\u00f3n previa (art\u00edculos 100-7 y 102, ej\u00fasdem). <\/p>\n
3.5. Frente a lo discurrido, resulta claro que la causal de revisi\u00f3n invocada, \u201cexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, de manera alguna se estructura. <\/p>\n
3.5.1. El planteamiento sobre la aceleraci\u00f3n del plazo por el retardo en el pago de cuotas pactadas supone que, en efecto, en la ejecuci\u00f3n tuvo ocurrencia. Ello, empero, involucra un aspecto sustancial relacionado con la exigibilidad de la totalidad de la obligaci\u00f3n. De ah\u00ed que, si en alg\u00fan yerro se incurri\u00f3, no ser\u00eda de actividad o de procedimiento, sino netamente de juzgamiento. <\/p>\n
Con todo, el art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 1999, asociado con cr\u00e9ditos hipotecarios destinados a la adquisici\u00f3n de vivienda, \u00fanicamente proh\u00edbe pactar \u201c(\u2026) cl\u00e1usulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligaci\u00f3n hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial (\u2026)\u201d5. La anticipaci\u00f3n del plazo, por tanto, surge ipso iure, con la sola incoaci\u00f3n del proceso ejecutivo, h\u00e1yase o no estipulado cl\u00e1usulas aceleratorias, que, de existir, simplemente, son ineficaces. <\/p>\n
Lo anterior, por supuesto, no se puede confundir con la \u201cdeclaraci\u00f3n de extinci\u00f3n anticipada del plazo de una obligaci\u00f3n o de cumplimiento de una condici\u00f3n suspensiva\u201d, todo, por el procedimiento verbal (art\u00edculo 427, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), en los dem\u00e1s casos espec\u00edficamente previstos por el legislador. Tiene lugar, relacionado con el plazo, frente a la iliquidez o insolvencia del deudor, o cuando las cauciones que el obligado ha otorgado, por hecho o culpa suya, se han extinguido o disminuido de valor (art\u00edculo 1553 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
3.5.2. En lo dem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que la sentencia impugnada en revisi\u00f3n se emiti\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Si bien, a la saz\u00f3n, el tr\u00e1mite inadecuado de la demanda era insubsanable, desde esa \u00f3ptica, el vicio procesal tampoco se estructura. <\/p>\n
Ello, porque aunado a lo razonado en el numeral anterior, el asunto que en esta ocasi\u00f3n concita la atenci\u00f3n de la Corte no tuvo por finalidad, aut\u00f3nomamente, la \u201cextinci\u00f3n anticipada del plazo\u201d, supuesta cualquiera de las hip\u00f3tesis normativas dichas, sino el cobro compulsivo de una obligaci\u00f3n incumplida. Y, el tr\u00e1mite al respecto impulsado, el del ejecutivo, con las vicisitudes correspondientes, el recurrente no lo puso en entredicho. <\/p>\n
3.6. Constatado, entonces, que el fallo impugnado no se encuentra afectado de ning\u00fan error in procedendo, el fracaso del medio extraordinario se muestra inexorable, todo, con las consecuencias de rigor. <\/p>\n
4. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisi\u00f3n de Cidys Rosa Usta Castillo contra la sentencia de 14 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ejecutivo promovido por el Bancolombia S.A. frente a la recurrente. <\/p>\n
Consecuentemente, condena a la revisionista a pagar las costas causadas y los perjuicios que con su intervenci\u00f3n hubiere irrogado, para cuyo pago se ordena hacer efectiva la cauci\u00f3n otorgada. Las primeras, liqu\u00eddense por la secretar\u00eda de la Sala e incl\u00fayase la suma de tres millones de pesos ($3\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Para los efectos de lo anterior, hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada. <\/p>\n
En su momento, devu\u00e9lvase el proceso ejecutivo a la oficina de origen y arch\u00edvese la actuaci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 234 de 1\u00ba de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando doctrina anterior.. <\/p>\n
3\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 2011, expediente 01489-01. <\/p>\n
4\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de julio de 2017, expediente 000363. <\/p>\n
5\u0002 Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-955 de 26 de julio de 2000. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC4155-2021 (2019-00650-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4155-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00650-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Cidys Rosa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58220\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}