SC4156-2021 (2016-02934-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4156-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-02934-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, decisoria del recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Edgardo Navarro Vives, respecto de la sentencia de 30 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, en el Proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por Villegas y CIA. Sociedad en Comandita Simple, contra el recurrente. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
Petitum de la acci\u00f3n ejecutiva. En mayo 27 de 2013, la Sociedad Villegas y CIA, Sociedad en Comandita Simple- Villegas y CIA, S. en C., formul\u00f3 demanda frente a Edgardo Navarro Vives, para que, previo a los tr\u00e1mites del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario, se librar\u00e1 mandamiento de pago a su favor y a cargo del demandado, por la suma de $510.510.164 m\u00e1s los intereses moratorios desde el 3 de enero de 2011. Igualmente, decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas. <\/p>\n
El accionado, una vez notificado, present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u201cIneficacia de la negociaci\u00f3n de deudas adquiridas, inexistencia de obligaci\u00f3n, cobro de lo no debido, pago total de la obligaci\u00f3n, pagar\u00e9 llenado fuera de causa, ineficacia de la carta de instrucci\u00f3n recaudo ejecutivo y prescripci\u00f3n, inexistencia del negocio causal y mala fe en el llenado del t\u00edtulo presentado a recaudo ejecutivo\u201d. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite probatorio, fue definida la instancia mediante sentencia del 16 de diciembre de 2014, declarando probados los medios defensivos de \u201cinexistencia del negocio causal\u201d, \u201cpago\u201d y \u201ccobro de lo no debido\u201d, raz\u00f3n por la cual, se abstuvo de continuar la ejecuci\u00f3n; declar\u00f3 no probada la \u201cprescripcion\u201d, decret\u00f3 la cancelaci\u00f3n de los embargos y secuestro de los inmuebles de propiedad de Navarro Vives y conden\u00f3 en costas al demandante. <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por virtud de la apelaci\u00f3n en la decisi\u00f3n que ahora es objeto del recurso, revoc\u00f3 la del a quo y dispuso continuar la ejecuci\u00f3n, orden\u00f3 proceder a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, realizar el aval\u00fao y remate de los inmuebles objeto de cautelas, por \u00faltimo, conden\u00f3 en costas al apelante. Razon\u00f3 el ad quem con relaci\u00f3n a la responsabilidad cambiaria del codeudor, Navarro Vives, el demandado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) quien compromete su patrimonio para garantizar sus obligaciones y la sociedad Caf\u00e9 Universal no es ella misma sino un tercero, quien suscribe como prueba de ello un pagar\u00e9 como persona natural, por lo que la restricci\u00f3n del art\u00edculo 17 de la Ley 550 de 1999 no tiene aplicaci\u00f3n al caso, dado que el supuesto subjetivo a quien va la norma no se encuadra en la circunstancia de hecho concreta. <\/p>\n
Es m\u00e1s, no colocando en riesgo el principio de la par conditio por la raz\u00f3n anterior, no existe inconveniente en que una tercera persona garantice exclusivamente con sus bienes las obligaciones tanto incluidas en el acuerdo de reestructuraci\u00f3n, como las adquiridas con posterioridad, porque contrario a lo expresado por el excepcionante, esa garant\u00eda viene a ser un respaldo para los acreedores de las obligaciones, o de uno de los acreedores. Nada, en sana l\u00f3gica, se deduce de la situaci\u00f3n descrita como perjudicial a los acreedores, por cuanto la garant\u00eda de un tercero no afecta la masa distribuible del reestructurado, am\u00e9n de que, como ya se hab\u00eda dejado expresado, el garante expresa responder por toda clase de deuda personal y de la Sociedad Caf\u00e9 Universal S.A (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
II. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
La convocada en el compulsivo descrito, estando en t\u00e9rmino, impetr\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n el 5 de octubre de 2016, con fundamento en la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 380 del C. de P. C. y 355 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en existir \u201c(\u2026) nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.2. Alega, el recurrente que la parte demandante, circunscribi\u00f3 la apelaci\u00f3n \u201c(\u2026) \u00fanica y exclusivamente al numeral segundo de la sentencia de primera instancia [que] de forma clara y expresa le estableci\u00f3 los l\u00edmites al juzgador de segunda instancia, quien no podr\u00eda violentarlos decidiendo sobre temas no debatidos, para su conocimiento, ni mucho menos pronunci\u00e1ndose al respecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asevera, la nulidad tiene su origen en el desbordamiento de la competencia funcional en la que incurre el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, cuando en el fallo de segundo grado se pronuncia sobre aspectos que no fueron objeto del recurso de apelaci\u00f3n, los cuales, en su concepto, se encuentran excluidos del debate sustancial en esa instancia. A\u00f1ade que la Corte ha explicado que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como bien se sabe, para la distribuci\u00f3n de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideraci\u00f3n a estadios procesales (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Para puntualizar, el desbordamiento de las atribuciones del juez de la alzada expone: \u201c(\u2026) el a-quo no estudia ni analiza los argumentos para declarar la prosperidad de las pretensiones, desborda sus facultades al pronunciarse de forma ilimitada sobre la totalidad del proceso, como si el recurso se hubiere presentado sobre la sentencia de primera instancia en su integridad, cuando en ella dista el memorial presentado por Villegas & CIA S, en C (\u2026)\u201d. Finalmente, se\u00f1ala que el Tribunal no tuvo en cuenta el contrato de mutuo, vulnerando el art. 357 del C. de P. C. <\/p>\n
2.3. Admitida la demanda de revisi\u00f3n, notificada en legal forma, la convocada se opuso, resaltando el cumplimiento de las reglas 306 del C. de P. C. y 282 del C. G. del P. <\/p>\n
Ante la ausencia de solicitud de medios de convicci\u00f3n diferentes a las documentales y que ameritaran su pr\u00e1ctica, resulta innecesario fijar la audiencia. <\/p>\n
3.1. Prima facie, debe anunciarse que si bien el inciso 7\u00ba del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso, prescribe para el presente tr\u00e1mite, \u201cSurtido el traslado a los demandados se decretar\u00e1n las pruebas pedidas, y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y proferir sentencia\u201d, el canon 278 ib\u00eddem, faculta al Juez a dictar sentencia anticipada total o parcial, \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201ccuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, cual se verific\u00f3 en el caso que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, imponi\u00e9ndole, en consecuencia, la resoluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Por consiguiente, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad una causal legal para lo pertinente, si se tiene en cuenta la etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Por supuesto, la esencia del car\u00e1cter anticipado de una decisi\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la efectivizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda, habilitantes de la expedici\u00f3n del fallo por adelantado en las inusuales hip\u00f3tesis estipuladas por el legislador para la definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, si bien es cierto la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, tal pauta admite numerosas exclusiones, como en el presente caso, donde las circunstancias para proveer de fondo y por anticipado, se configuran cuando la actuaci\u00f3n no ha superado su fase escritural, y la convocatoria a la mentada audiencia resulta inane3. <\/p>\n
3.2. El recurso de revisi\u00f3n se encuentra consagrado como una medida excepcional encaminada a sacrificar la inmutabilidad de la cosa juzgada, en los eventos en que una sentencia est\u00e1 en firme, no obstante, hallarse amparada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, es contraria a la justicia y al derecho. <\/p>\n
Las sentencias judiciales proferidas en procesos contenciosos, una vez ejecutoriadas, es regla general, adquieren el sello y fuerza de cosa juzgada, raz\u00f3n por la cual, en salvaguarda de los principios de certeza, seguridad jur\u00eddica y paz social, se tornan inmodificables e inimpugnables, y como consecuencia, coercibles. En ese contexto, y por excepci\u00f3n a tan importante garant\u00eda, seg\u00fan el art\u00edculo 354 del C.G.P., el \u201crecurso extraordinario de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas\u201d y por los motivos instituidos en el precepto 355 ej\u00fasdem. <\/p>\n
Es objeto de ese medio de impugnaci\u00f3n, hacer imperar la justicia, restablecer el derecho de defensa cuando ha sido conculcado y asegurar la certeza judicial, esto \u00faltimo, cerrando ataques ulteriores a la pretensi\u00f3n reconocida o impidiendo reclamarla de nuevo si ha sido negada. <\/p>\n
Desde luego, no se trata de un medio id\u00f3neo para reeditar el discurso de las instancias u ocasionalmente el de la casaci\u00f3n de ser viable, sino que al ser extraordinario y exceptivo, s\u00f3lo procede en los casos previstos por el legislador y en las precisas hip\u00f3tesis normativas, las cuales, en general, ata\u00f1en a cuestiones desconocidas en la actuaci\u00f3n donde los fallos con el sello de cosa juzgada fueron proferidos. <\/p>\n
En palabras de la Corte, el recurso <\/p>\n
\u201c(\u2026) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por esto, cual en otra ocasi\u00f3n se se\u00f1al\u00f3, el anotado tr\u00e1mite tiene <\/p>\n
\u201c(\u2026) venero en circunstancias que, en t\u00e9rminos generales, son extr\u00ednsecas o ajenas al proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a \u00e9l, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hip\u00f3tesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redund\u00f3 en la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n injusta (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
De ah\u00ed, como son diferentes las instancias del proceso frente al recurso de revisi\u00f3n, cuando la impugnaci\u00f3n se fundamenta en cuestiones inmanentes o presentes al interior del juicio, no se puede hablar de algo desconocido para la parte agraviada, ni para los juzgadores lo cual denota, en principio, que todo fue objeto de consideraci\u00f3n, expresa o impl\u00edcitamente. <\/p>\n
En punto de la ejecutoria de la sentencia recurrida en revisi\u00f3n para los efectos de la caducidad en su interposici\u00f3n, es por regla general, salvo algunas excepciones especiales, el hito para estimar el t\u00e9rmino para su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se trata de providencias de segundo grado, de no proceder m\u00e1s recursos, su ejecutoria se predica una vez notificado el prove\u00eddo y finiquitado el t\u00e9rmino previsto en la norma, que puede ser usado, valga recordarlo, para solicitar la correcci\u00f3n, la aclaraci\u00f3n o la complementaci\u00f3n del veredicto, caso en el cual la ejecutoria aplica una vez emitida la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, respecto del tema que se viene comentando, en providencia CSJ AC 31 jul. 2007, rad. 2006-01218-00, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe lo previsto en el art\u00edculo 331 del mismo c\u00f3digo se infiere c\u00f3mo los recursos que tienen la virtualidad de prolongar el t\u00e9rmino de ejecutoria de las providencias judiciales son \u00fanicamente los que fueran procedentes, de modo que si, de entrada, o a posteriori, se concluye que no lo eran, la firmeza de dichos pronunciamientos se retrotrae al momento del vencimiento de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n o al del se\u00f1alado para la interposici\u00f3n de los que fueran procedentes, pues \u2018si determinado recurso no era procedente , es de entender que jam\u00e1s se interpuso\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el punto, la acci\u00f3n fue oportuna, no est\u00e1 afectada por caducidad y, por ello, se ha llegado al estadio de la decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
3.3. En el caso seg\u00fan qued\u00f3 trasuntado, el iudicium rescindens se enarbola alrededor de la causal 8\u00aa del art\u00edculo 355 de la Ley 1564 de 2012: \u201cExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d. <\/p>\n
El citado motivo hace referencia al momento procesal de dictar el fallo definitorio del juicio, bajo las premisas de improcedencia de los recursos de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, habida consideraci\u00f3n de que, si existe esta posibilidad, el yerro debe alegarse al momento de la sustentaci\u00f3n para que por tales recursos se analicen los aspectos reprochados. <\/p>\n
De vieja data, en relaci\u00f3n con esta causal, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En igual sentido, la jurisprudencia pac\u00edfica de la Sala viene aclarando que la nulidad surgida en el fallo ha de ser de naturaleza eminentemente adjetiva, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) es indudable que los t\u00e9rminos en que se halla concebida la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o sea \u2018existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u2019, indican que el vicio que emerge del fallo impugnado constitutivo de nulidad debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio ata\u00f1ederos con la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, la interpretaci\u00f3n de las normas y la apreciaci\u00f3n de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador. En realidad, dicho motivo de revisi\u00f3n tiene por finalidad abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa, cual ocurre, por ejemplo, si se dicta contra una persona que no ha sido parte en el proceso o pretermiti\u00e9ndose la etapa de alegaciones (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Asimismo, como lo tiene decantado la doctrina, esta causal de nulidad puede originarse \u201c(\u2026) con la sentencia firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o suspendido o interrumpido (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Aunado a ello, en relaci\u00f3n con la irregularidad bajo estudio la Sala puntualiz\u00f3 que tambi\u00e9n se presenta cuando se condena a quien no ha hecho presencia en el proceso como parte; si al resolverse la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo se termina modific\u00e1ndolo; o por proferir sentencia con pretermisi\u00f3n de las oportunidades procesales de pruebas y\/o alegaciones finales9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la nulidad originada en la sentencia se refiere es a la ausencia de alguno de los requisitos formales exigidos por el legislador para ser dictada, visto \u00fanicamente desde una perspectiva procedimental; es decir, por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho fallo produzca los efectos jur\u00eddicos que la ley instrumental le atribuye. De ah\u00ed que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentaci\u00f3n, pues esto \u00faltimo podr\u00e1 ser objeto de casaci\u00f3n por vicios in iudicando en los casos en los que hubiere lugar, pero no de revisi\u00f3n10. <\/p>\n
Ahora bien, retrotrayendo las argumentaciones expuestas para la estructuraci\u00f3n de la causal octava, es imperativa la concurrencia de dos requisitos: la sentencia debe desatar de manera definitiva el litigio, y no ser susceptible de ser impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. En el caso de autos y dada la naturaleza coercitiva del proceso, la providencia dictada en segunda instancia por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, qued\u00f3 en firme, si en cuenta se tiene la improcedencia de alg\u00fan recurso ordinario, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente en esas calendas. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de desconocer la viabilidad de interponer la impugnaci\u00f3n \u201cextraordinaria de revisi\u00f3n\u201d, factible en relaci\u00f3n con fallos ejecutoriados, precisamente formulada ahora y objeto del presente pronunciamiento. <\/p>\n
Importa recordar, como lo ha venido pregonando la Sala de a\u00f1eja y pac\u00edfica jurisprudencia, el proceso ejecutivo termina cuando se declara la prosperidad de los medios defensivos esgrimidos; no as\u00ed, cuando como en el caso presente se ordena seguir adelante con el cobro, cuya determinaci\u00f3n tiende a la satisfacci\u00f3n de la acreencia mediante la realizaci\u00f3n de los bienes cautelados, raz\u00f3n por la cual el primero de los requisitos atr\u00e1s mencionados no se cumple. <\/p>\n
As\u00ed lo ha entendido la Corte al explicar <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]o normal y corriente es que el proceso ejecutivo termine, no con una sentencia como sucede en la casi totalidad de los procesos, sino con el pago de la acreencia; \u00fanicamente cuando en ella se acogen las excepciones propuestas por el demandado termina el proceso por sentencia, esta s\u00ed recurrible en revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201cLa causal invocada por la recurrente fue establecida por el legislador a fin de que pudiere impetrarse la nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso cuando contra ella no proceda recurso alguno, porque al terminarse el litigio desaparece la oportunidad para solicitarla como incidente o de alegarla por medio de los recursos extraordinarios. Por lo tanto, no hay duda que en la especie en estudio no cabe la invocaci\u00f3n de dicha causal para pretender la revisi\u00f3n del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, pues la sentencia que confirm\u00f3 la orden de seguir con la ejecuci\u00f3n, no es una sentencia que le pone fin al proceso ejecutivo. As\u00ed, por lo dem\u00e1s lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n al considerar que la causal de revisi\u00f3n mencionada, \u00abs\u00f3lo surge cuando la nulidad se origina en la sentencia que pone fin al proceso, caracter\u00edstica que es ajena a la providencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, ya que en este caso es \u00fanicamente un paso, aunque muy importante, en el camino que lleva al pago de la obligaci\u00f3n, fin verdadero y \u00faltimo del proceso ejecutivo. (Sent. de Rev. 17 de noviembre de 1993) (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
La doctrina se halla asentada igualmente en auto que reprodujo el siguiente antecedente de la Corte: <\/p>\n
\u201c\u2018trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos no se abre paso la revisi\u00f3n cuando como causal se invocan nulidades procesales por falta de notificaci\u00f3n o de emplazamiento y la sentencia se ha limitado a ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n, puesto que el incidente puede promoverse en el mismo expediente en raz\u00f3n a que \u00e9ste en esos supuestos no termina el ejecutivo con el proferimiento de la sentencia que ordena llevar adelante la ejecuci\u00f3n o decreta la venta en p\u00fablica subasta del inmueble hipotecado\u2019 (CCXXXI, 42)\u201d12. <\/p>\n
En lo pertinente se sigue la regla de esta Sala, seg\u00fan la cual, al recurso de revisi\u00f3n no puede acudirse para conjurar cuestiones procesales adversas a las partes de un determinado proceso, cuando proferida la sentencia, al interior del mismo se cuentan con mecanismos ordinarios de defensa judicial (Cfr. Sentencia 114 de 21 de julio de 2000), cual acaece en los ejecutivos a la luz del art. 142 del C. de P. C., y ahora de conformidad con el art. 134 del C. G. del P. que se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. <\/p>\n
\u201cLa nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.<\/p>\n
\u201cDichas causales podr\u00e1n alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal. <\/p>\n
\u201cEl juez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias (\u2026)\u201d (subyado para destacar). <\/p>\n
El precepto citado se ajusta con la reiterada jurisprudencia de la Corte, en lo tocante con la improcedencia de alegar por este sendero un motivo de nulidad cuando se omiti\u00f3 hacerlo en los ritos procesales del proceso, como en el caso del ejecutivo, antes de concurrir al medio extraordinario de revisi\u00f3n, de modo tal que, la solicitud de nulidad era pertinente alegarla o agotarla, \u00abmientras no haya[n] terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal\u00bb el proceso ejecutivo. <\/p>\n
La subregla de la improcedencia de alegar como motivo de nulidad aquello que debe o debi\u00f3 ser debatido en el juicio correspondiente, y que por tanto, al recurso de revisi\u00f3n no puede acudirse para conjurar cuestiones procesales adversas a las partes de un determinado proceso, cuando proferida la sentencia, al interior del mismo se cuentan con mecanismos ordinarios de defensa judicial, tambi\u00e9n fue reiterada en reciente auto, con relaci\u00f3n a la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n al rechazar una demanda de revisi\u00f3n que, mutatis mutandis, viene el caso que ahora se decide: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La causal invocada en la demanda contentiva del medio de impugnaci\u00f3n en comento, es la prevista en el art\u00edculo 355, numeral 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u00ab[e]estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya saneado la nulidad\u00bb. <\/p>\n
\u201cLa legitimaci\u00f3n para acceder a los recursos extraordinarios de defensa, particularmente, el de revisi\u00f3n, se encuentra supeditada al agotamiento de los mecanismos comunes dispuestos en el ordenamiento para hacer valer los derechos fundamentales amenazados o conculcados, entre otros, el de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEl car\u00e1cter exceptivo de dicho recurso trae consigo que, para su interposici\u00f3n, al decir de la Corte, \u00abno se puede acudir con desconocimiento de los mecanismos ordinarios con que cuentan las partes al interior del proceso\u00bb13. <\/p>\n
\u201cLa ratio legis de lo dicho estriba en que, respecto de una misma cuesti\u00f3n f\u00e1ctica, a la vez, no pueden existir alternativas de reclamaci\u00f3n ante jueces distintos, pues ello no solo desconoce los principios procesales de econom\u00eda e inmediaci\u00f3n, sino que propicia decisiones contradictorias, en desmedro del valor superior de la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
\u201cEl recurso de revisi\u00f3n, por tanto, debe mostrase refractario a enmendar las situaciones graves que actualmente se pueden evitar al interior del proceso con la intervenci\u00f3n oportuna y eficaz del extremo agraviado. <\/p>\n
\u201cTrat\u00e1ndose de la causal de \u00abindebida representaci\u00f3n o la falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento\u00bb, el art\u00edculo 134, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, extiende la posibilidad de alegar el vicio, principalmente, \u00aben la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb, y de manera subsidiara en revisi\u00f3n, solo \u00absi no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb. <\/p>\n
\u201cEn el caso, el laudo arbitral cuestionado declar\u00f3 a la impugnante en revisi\u00f3n contraventora de un reglamento de propiedad horizontal y la conden\u00f3 a \u00abrestituir a los copropietarios las \u00e1reas comunes, los patios del primer piso y vac\u00edo de las escaleras, para que vuelvan a la destinaci\u00f3n que se dispuso en el reglamento\u00bb, am\u00e9n de las costas procesales. <\/p>\n
\u201cFrente a ese panorama, surge de bulto que dicha recurrente carece de legitimaci\u00f3n para invocar en revisi\u00f3n, subsidiariamente, la causal de \u00abindebida representaci\u00f3n o la falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma\u00bb, dado que como la providencia es ejecutable, cuenta con la posibilidad de hacerlo de manera principal al momento de la entrega o restituci\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, debe darse aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 358, inciso 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[s]in m\u00e1s tr\u00e1mite, la demanda [de revisi\u00f3n] ser\u00e1 rechazada cuando (\u2026) haya sido formulada por quien carece de legitimaci\u00f3n para hacerlo (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
En estas condiciones, no solo las normas procesales referenciadas, sino tambi\u00e9n la s\u00f3lida doctrina probable de la Corporaci\u00f3n, cuyos precedentes se han citado, constituyen doctrina probable15 en derecho nacional, los cuales, estructuran toda una instituci\u00f3n encaminada a llenar vac\u00edos, interpretar problemas jur\u00eddicos y brindar soluciones a lagunas del derecho, con fundamento en la jurisprudencia de las cortes de casaci\u00f3n que, como en el caso de los ejecutivos imponen la obligaci\u00f3n de agotar previamente los recursos en los juicios que son motivo de remedios extraordinarios. <\/p>\n
Por ello, al margen de los antecedentes hist\u00f3ricos, esta Corte, ha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea en su funci\u00f3n casacional de unificar la jurisprudencia \u2013 funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad16. Se trata del art. 4 de la Ley 169 de 1896, el cual sin titubeos edifica una categor\u00eda bien diferenciada de los conceptos de jurisprudencia y de precedente. <\/p>\n
El precepto en cuesti\u00f3n dispone: \u201cTres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u201d. Se trata entonces, de un concepto que nace en Colombia con la Ley 169 de 1896, cuya inmediata antecesora fue la doctrina legal espa\u00f1ola. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el primero de los alegatos expuestos no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, resulta infructuosa la revisi\u00f3n de la sentencia en ese sentido. <\/p>\n
3.5. Tampoco encuentra la Sala, desbordamiento de las facultades establecidas en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (vigente entonces), bajo la salvedad derivada de la reformatio in pejus pues, con ocasi\u00f3n de la apelaci\u00f3n el juez de la alzada, adquiere id\u00e9ntica competencia a la ostentada por el a quo; por ello con la exclusi\u00f3n anotada, el superior en su papel de juzgador ad quem tiene la autoridad indispensable para examinar de manera integral el proceso, estando libre de adoptar iguales o diferentes conclusiones a las que arrib\u00f3 su inferior. <\/p>\n
En este punto viene diciendo la Sala <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apelaci\u00f3n -ha dicho la Corte – como medio ordinario de impugnaci\u00f3n, da al juez de segundo grado la competencia que originalmente tuvo el funcionario que dict\u00f3 la providencia apelada. En tal virtud tiene aquel el mismo conocimiento y los mismos poderes para enfrentar el estudio de los hechos y del derecho, para valorar las pruebas, de igual o de distinto modo que el de primer grado, revisar \u00edntegramente el proceso y llegar a conclusiones que pueden coincidir en parte o en todo con las del juez a quo y, en fin, revocar la providencia, pues su posici\u00f3n frente a los litigantes es la misma al momento de resolver el recurso que la que tuvo el inferior al tiempo de decidir, entendido todo esto, en la medida en que lo pretenda el apelante y con la limitaci\u00f3n de la reformatio in pejus. \u00abCon las excepciones dichas la competencia adquirida por el juez ad quem no admite reservas. \u00abDe donde pod\u00eda volver al estudio de la relaci\u00f3n procesal, de las condiciones de la pretensi\u00f3n, de los presupuestos procesales, etc., para aceptar el criterio del juez o dirimir el pleito, seg\u00fan su propia inteligencia del problema (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
Asimismo, no puede perderse de vista que la prohibici\u00f3n de la reforma en perjuicio siempre opera es a favor del apelante \u00fanico, no en la contraparte, como lo hace ver el recurrente. <\/p>\n
Dijo la Corte al respecto, <\/p>\n
3.6. En el punto de los procesos ejecutivos, al juez de segunda instancia le compete analizar la regularidad estructural del proceso desde sus inicios, bajo la \u00e9gida indiscutible que tiene para abordar integralmente ese estudio en cuanto conviene de manera particular con los presupuestos espec\u00edficos del coercitivo, por contar con la autorizaci\u00f3n legal, art. 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed tenga que separarse de las razones expuestas en la decisi\u00f3n apelada, aun cuando la decisi\u00f3n haya sido favorable a los intereses de cualquiera de las partes. <\/p>\n
Este criterio ha sido acogido de anta\u00f1o por la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieren en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le den eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal; por lo tanto, no funda la falta de competencia la discrepancia que pueda surgir entre la liminar orden de pago y la sentencia, que, con posterioridad, decida no llevar adelante la ejecuci\u00f3n, por reputar que en el t\u00edtulo aportado para, la misma no militan las condiciones pedidas por el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente, el superior deb\u00eda examinar la cuesti\u00f3n recurrida \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, en lo concerniente con el numeral segundo de la resolutiva de la sentencia de primera instancia, puesto que en \u201c(\u2026) su facultad de estudio se reduc\u00eda al numeral segundo de la demanda recurrida, es decir, solamente para determinar la configuraci\u00f3n o no de la inexistencia del negocio causal, pago y cobro de lo no debido\u201d (subrayas para destacar). <\/p>\n
Con todo, pasa por alto el revisionista que una parte no est\u00e1 obligada a recurrir los aspectos del fallo que en nada le perjudican y, por el contrario, le favorecen; de modo que si el sentenciador dio por no probada la prescripci\u00f3n, justamente a quien le correspond\u00eda debatir esta excepci\u00f3n, era a la parte ejecutada o demandada en el coercitivo, ahora revisionista, porque era precisamente a quien gravaba esa determinaci\u00f3n al no dar por extinguida la obligaci\u00f3n cobrada por el fen\u00f3meno extintivo en el fallo de primer grado. Por otro lado, si la parte accionante de la obligaci\u00f3n, tras haber sido vencida en primera instancia, impugn\u00f3 por la declaraci\u00f3n de las excepciones de inexistencia del negocio causal, pago y cobro de lo no debido, eran estos fen\u00f3menos por haber sido atacados la materia de decisi\u00f3n por el sentenciador de segunda instancia; aspectos todos tocantes con el negocio causal, cuanto deb\u00eda analizar el superior, frente a quien como garante asumi\u00f3 el respaldo de las obligaciones del deudor principal. De tal modo que, en el fondo, no existe desbordamiento de la competencia funcional del Tribunal cuando como consecuencia del remedio vertical que hace la sociedad ejecutante se estudian los antecedentes f\u00e1cticos y los fundamentos de derecho que dieron sustento al fallo del a quo respecto a la existencia del negocio causal. <\/p>\n
3.7. Frente a las anteriores directrices, claramente se advierte c\u00f3mo, el recurso objeto de decisi\u00f3n, en su contexto, resulta totalmente infundado. <\/p>\n
3.8. En consecuencia, al no prosperar el remedio de que se trata, se condenar\u00e1 en costas al impugnante, y para la fijaci\u00f3n en las agencias en derecho se tendr\u00e1 en cuenta la oposici\u00f3n formulada. <\/p>\n
4. DECISI\u00d3N <\/p>\n
4.1. En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisi\u00f3n formulado por Edgardo Navarro Vives, respecto de la sentencia de 30 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Octava Civil-Familia, en el proceso ejecutivo hipotecario incoado por la sociedad Villegas y CIA. Sociedad en Comandita. <\/p>\n
4.2. Consecuentemente, se condena a los recurrentes a pagar los perjuicios ocasionados, cuyo monto se establecer\u00e1 mediante tr\u00e1mite incidental; as\u00ed como las costas en revisi\u00f3n, incluyendo en la liquidaci\u00f3n a realizar por secretar\u00eda, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000.oo), como agencias en derecho. <\/p>\n
4.3. Para los efectos de lo anterior, hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada mediante p\u00f3liza 85-41-101037470 expedida el 22 de febrero de 2017 por Seguros del Estado. <\/p>\n
4.4. En su oportunidad, devu\u00e9lvase al juzgado el original del proceso, allegando copia de esta providencia, y archivar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Fl. 51 Cuaderno del Tribunal. <\/p>\n
2\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 4 de mayo de 2009, expediente 05001-3103-002-2002-00099-01, <\/p>\n
3\u0002 Criterio aprobado en COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 12137-2017 de 15 de agosto de 2017. <\/p>\n
4\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
5\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 234 de 1\u00ba de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros. <\/p>\n
6\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 18 de julio de 1974. CXLVIII, 185, citada en Exp. 4347 de 22 de junio de 1994. <\/p>\n
7\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 22 de septiembre de 1999, Exp. 7421. <\/p>\n
8\u0002 Morales Molina Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, 8\u00aa Edici\u00f3n, Bogot\u00e1 ABC, 1983, P\u00e1gina 652, citado en SC9228-2017. <\/p>\n
9\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 12 de marzo de 1993, sin publicar, citada en SC, 21 de febrero de 1996. <\/p>\n
11\u0002 Criterio expuesto en COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de Rev. de 30 de septiembre de 1999, Exp. No. 7245, reiterado el 10 de marzo de 2009, rad. 11001020300020040088500 y Exp. 7480 de 29 de junio de 2000. <\/p>\n
12\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Auto del 26 de octubre de 2004, exp. R-1100102030002004-00043-01 <\/p>\n
13\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencias de 17 de julio de 2000 (expediente 6864) y de 28 de abril de 2009 (radicaci\u00f3n 00885). <\/p>\n
14\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Auto de revisi\u00f3n del 24 de febrero del 2020, radic. 11001-02-03-000-2019-00929-00, en el recurso formulado por Gloria Marleny Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez contra el laudo arbitral de 16 de febrero de 2017. <\/p>\n
15\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 10304-2014 de 5 de agosto de 2014. <\/p>\n
16\u0002 Sentencia C-836 agosto nueve (9) de dos mil uno (2001). Exp. D 3374. <\/p>\n
17\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 23 de septiembre de 1963, Tomo CIII-CIV, p. 160. Citada en SC de 28 de jun. de 2013, Rad. 1998-05970-01. <\/p>\n
18\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 9 de agosto de 1995. Rad. 5093. <\/p>\n
19\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 7 de marzo de 1988. <\/p>\n
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SC4156-2021 (2016-02934-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4156-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-02934-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58221","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58221"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58221\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}