SC4158-2021 (2015-00393-00)_1<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4158-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00393-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Juan de Dios Mart\u00ednez Pacheco y Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar contra la sentencia de 5 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, en el proceso de Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras instaurado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Seccional Magdalena y la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, a favor de los se\u00f1ores Ra\u00fal Rafael Paso Ospino, Ana Isabel Chamorro Paso, Domingo Antonio Polo de la Cruz, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Garcer\u00e1n Madariaga, Virginia Camacho Pertuz, Nicolas Bola\u00f1o Lagos, Manuel Antonio Ramos \u00c1ngulo, Mar\u00eda del Amparo Varela Dom\u00ednguez, Jos\u00e9 Samuel Garavito Triana donde fungieron como opositores Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar y Juan de Dios Mart\u00ednez Pacheco. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Se\u00f1alan los hechos de la demanda principal que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Seccional Magdalena, y la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, present\u00f3 demanda a favor de Ra\u00fal Rafael Paso Ospino, Domingo Antonio Polo de la Cruz, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Garcer\u00e1n Madariaga, Virginia Camacho Pertuz, Nicolas Bola\u00f1o Lagos, Manuel Antonio Ramos \u00c1ngulo y Jos\u00e9 Samuel Garavito Triana, con el fin de que se les adjudicar\u00e1n los predios bald\u00edos denominados: \u201cLa bendici\u00f3n, Villa Mary, El Carmen, San Mart\u00edn, Villa Nueva y El Progreso\u201d, los cuales hacen parte del inmueble de mayor extensi\u00f3n llamado \u201cVilla Luz\u201d identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 226-1661, ubicado entre los municipios de Plato y Chibolo (Magdalena). <\/p>\n
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2. Se\u00f1alan que, para el a\u00f1o 1980, ocuparon las tierras de la finca \u201cLa Pola\u201d solicitando posteriormente la intervenci\u00f3n del INCORA para que les adjudicara aquellas que hab\u00edan ocupado y explotado. <\/p>\n
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3. A\u00f1aden, que fueron perturbados por la persecuci\u00f3n y hostigamiento de terratenientes y fuerza p\u00fablica, present\u00e1ndose masacres y quema de casas. <\/p>\n
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4. El 19 julio de 1997, en reuni\u00f3n convocada por el bloque norte de las autodefensas en el sitio \u201cEl Balc\u00f3n\u201d coaccionaron la entrega de las tierras de \u201cLa Pola\u201d. Los grupos al margen de la ley manifestaron que pagar\u00edan cien mil pesos por hect\u00e1rea a los portadores del t\u00edtulo de propiedad y a los ocupantes les reconocer\u00edan las mejoras. <\/p>\n
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5. Posteriormente, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en el a\u00f1o 2006, se produjo la desmovilizaci\u00f3n del bloque norte de las autodefensas; por tanto, los campesinos comenzaron su retorno progresivo y, hac\u00eda el 2007, se reasentaron permanentemente en sus parcelas. <\/p>\n
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6. Al regreso de los demandantes, se reactivaron los procesos ante el INCODER, quien, en el a\u00f1o 2009, les concedi\u00f3 t\u00edtulo de propiedad a varios campesinos que hab\u00edan llegado a los fundos desde los 80. El tr\u00e1mite no culmin\u00f3 con \u00e9xito porque la citada entidad, hab\u00eda adjudicado el fundo \u201cVista Hermosa\u201d a Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar, mediante resoluci\u00f3n 052 de 31 de enero de 1984, dando apertura a la matr\u00edcula inmobiliaria No. 226-8318. <\/p>\n
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7. Posteriormente, Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar, rectific\u00f3 la cabida y linderos de esa heredad, mediante escritura p\u00fablica 2053 del 30 de julio de 1984, de la Notar\u00eda Primera de Barranquilla, ampli\u00e1ndola en 20.74 hect\u00e1reas. \u00c9ste, dividi\u00f3 el terreno en dos; y, hacia noviembre del 2008, vendi\u00f3 el lote No. 1 a Juan de Dios Mart\u00ednez Pacheco. <\/p>\n
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8. Aducen, presentaron escrito de oposici\u00f3n dentro del decurso de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edo, argumentando su calidad de desplazados. <\/p>\n
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9. Por causa de la oposici\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, remiti\u00f3 el expediente por competencia a la Sala hom\u00f3loga del Tribunal Superior de Cartagena, quien consider\u00f3 que ambos predios guardaban identidad f\u00edsica y espacial. Del primero, \u201cVilla Luz\u201d, adujo, tiene su propia historia registral privada que data de 1958; del segundo, \u201cVista Hermosa\u201d, se\u00f1al\u00f3 que, a partir de 1984, inici\u00f3 un antecedente registral paralelo; sin embargo, no se lograron determinar sus linderos. <\/p>\n
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10. La resoluci\u00f3n No. 052 del 31 de enero de 1984, por la cual el INCORA le adjudic\u00f3 la heredad a Guzm\u00e1n Escobar, se declar\u00f3 ajustada a derecho por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 20 de agosto de 1993, y se confirm\u00f3 por el Consejo de Estado el 30 de noviembre de 1995, tras considerar que no se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de legalidad de los actos acusados de nulidad ni se demostr\u00f3 la identidad de los predios. <\/p>\n
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11. Con todo, el Colegiado de tierras, para solucionar la duplicidad de folios sobre el mismo terreno, y en aplicaci\u00f3n al principio registral \u201cprimero en el tiempo primero en el derecho\u201d, orden\u00f3 el cierre del folio aperturado, por considerarlo contrario a las normas registrales y resultar lesivo al principio de legalidad. Destac\u00f3 que el predio \u201cVilla Luz\u201d desde sus inicios fue de propiedad privada, al paso que \u201cVista Hermosa\u201d se calific\u00f3 como bald\u00edo de la naci\u00f3n. <\/p>\n
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12. Adicionalmente, expuso que, para la fecha de emisi\u00f3n del acto administrativo de adjudicaci\u00f3n, se encontraba vigente la Ley 135 de 1961, disposici\u00f3n que adem\u00e1s de los requisitos particulares exig\u00eda naturalmente que el bien tuviera la condici\u00f3n de bald\u00edo nacional. <\/p>\n
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13. Sin embargo, precis\u00f3, que una vez verificada la situaci\u00f3n jur\u00eddica reflejada en el folio 226-1661 del inmueble \u201cVilla Luz\u201d, as\u00ed como los t\u00edtulos de transmisi\u00f3n de dominio, para 1984, ostentaba el car\u00e1cter de bien de dominio privado, situaci\u00f3n que continu\u00f3 as\u00ed hasta el 2007, cuando se concret\u00f3 el decurso de extinci\u00f3n de dominio, mediante resoluci\u00f3n 0606 del 20 de marzo del mismo a\u00f1o, por tanto, no era susceptible de adjudicaci\u00f3n por el extinto INCORA. <\/p>\n
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14. Se\u00f1al\u00f3, que cuando en el citado acto administrativo se consign\u00f3 que Guzm\u00e1n Escobar ven\u00eda explotando el bien, quince a\u00f1os atr\u00e1s y, por tanto, lo amparaba la presunci\u00f3n de bald\u00edo consagrada en el art\u00edculo 6\u00ba, de la Ley 97 de 1946, se configur\u00f3 una falsa motivaci\u00f3n, am\u00e9n que ninguno de los elementos probatorios aportados al decurso daba cuenta que ese bien hubiera sido explotado econ\u00f3micamente; en consecuencia, decret\u00f3 la ilegalidad del acto de adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
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15. Estableci\u00f3, que la relaci\u00f3n jur\u00eddica del opositor con el inmueble present\u00f3 varias inconsistencias, con soporte, no solo en la decisi\u00f3n de declarar la invalidez de la resoluci\u00f3n 0052 de 1984, sino, adicionalmente, al determinar la imposibilidad de declarar que existi\u00f3 buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
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16. En relaci\u00f3n con la oposici\u00f3n de Juan de Dios Mart\u00ednez Pacheco, quien adujo la explotaci\u00f3n del predio, no aport\u00f3 medio indicativo de las actividades agr\u00edcolas y agropecuarias desarrolladas en este o, la compra de insumos que afirm\u00f3 haber efectuado. <\/p>\n
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17. La decisi\u00f3n de 5 de marzo de 2013, declar\u00f3 la prosperidad de las pretensiones y el rechazo de las oposiciones. Hall\u00f3 demostrados con suficiencia, cada uno de los requisitos legales para ordenar la restituci\u00f3n del predio \u201cVilla Luz\u201d e imparti\u00f3 \u00f3rdenes a la ORIP del Plato (Magdalena) tendientes a la cancelaci\u00f3n de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria relacionados con \u201cVista Hermosa\u201d; al INCODER Seccional Magdalena, para la expedici\u00f3n de los actos de adjudicaci\u00f3n a favor de los demandantes en restituci\u00f3n. Dispuso la compulsa de copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para investigar la conducta del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos del Plato (Magdalena) al aperturar la matr\u00edcula inmobiliaria de \u201cVista Hermosa\u201d y, consecuentemente, al inscribir la ampliaci\u00f3n de cabida de linderos atr\u00e1s relacionada. En el mismo sentido, emiti\u00f3 orden frente a la Inspectora de Polic\u00eda y los agentes que participaron en el desalojo del 7 de julio de 2008. <\/p>\n
2. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N Y SU TR\u00c1MITE <\/p>\n
2.1. En el remedio extraordinario, se\u00f1alan los recurrentes que la Unidad de Tierras present\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras, contra los aqu\u00ed promotores, para efectos de obtener la adjudicaci\u00f3n de los predios antes descritos y por los hechos compendiados. Indican que el juzgado admiti\u00f3, instruy\u00f3 parcialmente el litigio y, ante su oposici\u00f3n, lo remiti\u00f3 a la Sala especializada de Tierras del Tribunal de Cartagena, quien dict\u00f3 la sentencia de 5 de marzo de 2013, ahora recurrida, estimatoria para los solicitantes, en aplicaci\u00f3n de la Ley 1148 de 2011. <\/p>\n
2.2. Como motivo de revisi\u00f3n, se alega la causal 8\u00aa del art. 380 del C. de P. C., hoy, 355 del C. G. del P., al existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible del recurso. <\/p>\n
Como hechos fundantes de la causal, indican que la providencia recurrida, presenta vac\u00edos argumentales que dan lugar a la invalidez. No basta la presencia objetiva de fundamentos en la sentencia para que el fallo quede blindado de nulidad, sino que se debe averiguar si la motivaci\u00f3n, apenas tiene el grado de aparente, y si, de ese modo, puede encubrir un caso de verdadera ausencia de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n quiebra de manera indirecta el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 72 y el literal r, del canon 98 de la Ley 1448 de 2011, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de los errores de hecho cometidos por el Tribunal en la inferencia probatoria. <\/p>\n
2.2. Aduce que el fallo combatido carece de argumentos sobre la necesidad de establecer si los terceros opositores, aqu\u00ed revisionistas, demostraron su buena fe exenta de culpa respecto de las pretensiones restitutorias de los accionantes luego de probarse en ese decurso: i) ser leg\u00edtimos propietarios del inmueble \u201cVista Hermosa\u201d; ii) no haber sido condenados por pertenecer, colaborar o financiar a grupos armados al margen de la ley, por narcotr\u00e1fico o por delitos conexos; iii) la resoluci\u00f3n 0052 del 31 de enero de 1984, donde el INCORA adjudic\u00f3 la heredad a Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar se declar\u00f3 ajustada a derecho por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 20 de agosto de 1993, y se confirm\u00f3 por el Consejo de Estado el 30 de noviembre de 1995; iv) tener la calidad de v\u00edctimas de la violencia, pues los grupos armados en la regi\u00f3n, las FARC, provocaron su abandono forzoso antes de 1991; v) dar paso para que nuevos colonos (los ahora restituidos) detentaran el mismo, hasta su posterior destierro y despojo del que fueron v\u00edctimas por las autodefensas al mando del comandante alias \u201cJorge 40\u201d. <\/p>\n
2.3. Refiere, que los anteriores supuestos no fueron confrontados con algunas de las presunciones de despojo previstas en la regla 77 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como tampoco se dio cr\u00e9dito de la buena fe exenta de culpa alegada, lo cual mengu\u00f3 a los revisionistas la posibilidad de ser compensados de conformidad con el literal \u201cr\u201d del precepto 91 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
2.4. La sentencia acusada, en su sentir, pas\u00f3 por alto el an\u00e1lisis de los elementos documentales y testimoniales, tampoco indag\u00f3 sobre hechos distintos a los expuestos, constituyendo una flagrante violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que impone al Juez la obligaci\u00f3n de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba. <\/p>\n
2.5. Solicitan, en consecuencia, se invalide la providencia cuestionada, con base en el numeral 8\u00ba, del canon 380, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al \u201c(\u2026) no haberse emitido una sola palabra acerca de la buena fe exenta de culpa de los revisionistas en relaci\u00f3n con las presunciones de despojo contempladas en la regla 77 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.6. Aceptada la cauci\u00f3n, recibido el legajo del juicio, se admiti\u00f3 el libelo y convoc\u00f3 a los interesados demandados, a las entidades Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena-, Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, y al Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
2.7. Algunos contestaron, otros guardaron silencio. Hubo oposici\u00f3n, aduciendo en lo fundamental, que en el litigio de restituci\u00f3n se demostr\u00f3 que el predio \u201cVilla Hermosa\u201d adjudicado a Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar, se omiti\u00f3 el procedimiento previsto en la Ley 135 de 1961. Expusieron, que Guzm\u00e1n Escobar ni su familia, se ocuparon de explotarlo, pues sus actividades econ\u00f3micas y acad\u00e9micas se adelantaron lejos de esa propiedad. <\/p>\n
2.8. El Procurador Delegado para asuntos de Restituci\u00f3n de Tierras, se pronunci\u00f3 sobre el particular, mientras la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Magdalena- guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.9. El curador ad-litem de Presentaci\u00f3n G\u00e1mez P\u00faa, no se opuso a las s\u00faplicas, pero supedit\u00f3 su posici\u00f3n a lo probado en el litigio. Agotada la instrucci\u00f3n y surtido el tr\u00e1mite se procede a dictar sentencia. <\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.1. La Sala es la facultada para resolver esta revisi\u00f3n por virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011, contra la sentencia que se profiera en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, precepto seg\u00fan el cual: \u201cse podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d (se resalta). <\/p>\n
3.2. La demanda revisoria se present\u00f3 el 23 de febrero de 2015, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo tanto, se decide conforme las normas de ese estatuto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con a la tempestividad para proponer el recurso de revisi\u00f3n, el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil dispone que este \u201cpodr\u00e1 interponerse dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1\u00ba, 6\u00ba, 8\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo precedente\u201d1. Como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala el fallo atacado fue proferido el 5 de marzo de 2013, alcanzando ejecutoria el 19 de marzo del mismo a\u00f1o, se impone concluir que la demanda radicada el 23 de febrero de 20152 fue presentada dentro del bienio previsto en la normativa procesal. <\/p>\n
3.4. La Ley de Tierras, 1448 de 2011 se funda en un sistema especial de naturaleza extraordinaria, medulado por la justicia transicional3. <\/p>\n
3.4.1. La justicia transicional y proceso de restituci\u00f3n de tierras <\/p>\n
El proceso de restituci\u00f3n de tierras es un mecanismo propio de la justicia transicional, que vio luz en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano mediante la Ley 1448 de 2011. Su prop\u00f3sito, es revertir la situaci\u00f3n de despojo y abandono de las tierras, padecida por las v\u00edctimas del conflicto, procurando, preferentemente, retornarlas a los predios que ocupaban como propietarias o poseedoras antes de la situaci\u00f3n conflictiva de naturaleza sociopol\u00edtica de la sociedad colombiana que les impuso \u00e9xodos individuales o masivos. Cuando se prueban las causas del despojo, pero no se hace posible el restablecimiento de su retorno. Se contempla, subsidiariamente, la restituci\u00f3n por equivalente o el reconocimiento de una compensaci\u00f3n4. <\/p>\n
Tal cual se halla previsto en el sistema ideado en el derecho nacional, la restituci\u00f3n de tierras por abandono forzado o despojo se surte con un tr\u00e1mite que incorpora dos etapas; una primera, de naturaleza administrativa ante la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras (URT). La segunda, de linaje judicial, a cargo de los jueces civiles del circuito especializados en restituci\u00f3n de tierras y de las salas civiles especializadas en restituci\u00f3n de tierras de los tribunales superiores de distrito judicial. <\/p>\n
En la fase inicial, la URT determina cu\u00e1les reclamaciones de quienes se presentan como v\u00edctimas de despojo o abandono por el conflicto cumplen las exigencias legales para ser incluidas en el registro de tierras5, como prerrequisito para la activaci\u00f3n de lo judicial6, escenario en el cual, la Unidad est\u00e1 facultada para representar o agenciar los intereses de los peticionarios, si estos as\u00ed lo quieren7. <\/p>\n
En el estadio judicial, la competencia de los jueces civiles especializados en restituci\u00f3n de tierras, cuando no hay opositores, est\u00e1 dada para desarrollar todo el tr\u00e1mite procesal y dictar la sentencia respectiva. No obstante, si hay contenci\u00f3n, formulada por quien se presenta como opositor, su competencia no abarca la facultad para proferir el fallo, sino que se defiere a las salas civiles especializadas en restituci\u00f3n de tierras de los tribunales8. <\/p>\n
El juicio de restituci\u00f3n de tierras se surte en \u00fanica instancia, sin perjuicio de los mecanismos de impugnaci\u00f3n previstos en la aludida ley especial, esto es, la consulta para los fallos desestimatorios de los jueces, grado jurisdiccional del que conocen las salas especializadas del tribunal9, y el recurso de revisi\u00f3n de \u201cla sentencia\u201d ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia10. <\/p>\n
3.4.2. La buena fe cualificada, creadora de derecho, exenta de culpa <\/p>\n
La buena fe es un mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. El C\u00f3digo Civil, al referirse a la adquisici\u00f3n de la propiedad, la define en el art\u00edculo 768 como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. La calificada, exenta de culpa es la creadora de una situaci\u00f3n jur\u00eddica o de una realidad <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es la misma buena fe simple pero acompa\u00f1ada de una conducta objetiva externa que ofrece certeza jur\u00eddica, as\u00ed sea aparente, porque se funda en la creencia invencible de que no se est\u00e1 incurriendo en culpa o fraude; no obstante, esta acompa\u00f1ada de un comportamiento diligente y, por estas razones, tambi\u00e9n es conocida como la teor\u00eda de apariencia de derechos, por virtud de la cual lo irreal se transforma en real, simb\u00f3licamente, generando efectos jur\u00eddicos ante los asociados, pero merced a la ejecuci\u00f3n de actos positivos.\u201d. <\/p>\n
Esta modalidad va m\u00e1s all\u00e1 de la buena fe simple, puesto que debe acompa\u00f1arse de actividades que la transformen y permitan atribuirle el predicado de calificada, porque la persona debe cerciorarse de que su comportamiento corresponde a la verdad y se ajusta al ordenamiento; de ah\u00ed que, por esa otra circunstancia, sea fuente creadora de derecho as\u00ed este edificada en el error o en la apariencia, motivo por el cual, se itera, es el fundamento del principio error communis facit ius. <\/p>\n
En el punto, expresa la Corte Constitucional colombiana: <\/p>\n
\u201cTal m\u00e1xima indica que, si alguien en la adquisici\u00f3n de un derecho o de una situaci\u00f3n comete un error o equivocaci\u00f3n creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situaci\u00f3n jur\u00eddica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situaci\u00f3n no existen por ser meramente aparentes normalmente y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultar\u00e1 adquirido. Pero si el error o equivocaci\u00f3n es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente tambi\u00e9n lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho o situaci\u00f3n aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa (\u2026)\u201d (Corte Constitucional, Sentencia C-131, 2004).11 <\/p>\n
3.4.3. La buena fe en la justicia transicional <\/p>\n
La introducci\u00f3n de elementos de la justicia transicional en el proceso de restituci\u00f3n de tierras se observa, principalmente, en la utilizaci\u00f3n del principio de la buena fe12 frente a las declaraciones de los accionantes, y en la flexibilizaci\u00f3n e inversi\u00f3n de las cargas probatorias tambi\u00e9n a su favor13. <\/p>\n
Las nociones sobre las cuales se ha hecho girar toda la teor\u00eda del onus probandi, entendida como la conducta procesal que debe asumir un sujeto para conseguir el \u00e9xito de sus pretensiones, cambia notablemente en estos asuntos. Lo anterior, por cuanto es al demandado u opositor en quien radica la obligaci\u00f3n, bien de desestimar la condici\u00f3n de v\u00edctima del demandante, o de acreditar su buena fe exenta de culpa, para recibir la compensaci\u00f3n del caso, que en ning\u00fan caso \u201cexceder\u00e1 el valor del predio acreditado en el proceso\u201d14. <\/p>\n
3.4.4. La buena fe en los juicios restitutorios <\/p>\n
En los negocios jur\u00eddicos ajustados sobre los predios vinculados con asuntos restitutorios se establecen varias presunciones, tanto de derecho como legales. Una de estas \u00faltimas, se relaciona \u201ccon ciertos contratos\u201d: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[S]alvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que en los siguientes negocios jur\u00eddicos hay ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita, en los contratos de compraventa y dem\u00e1s actos jur\u00eddicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesi\u00f3n o la ocupaci\u00f3n sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situaci\u00f3n est\u00e1 prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:\/\/d. En los (\u2026) que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se traslada en el momento de la transacci\u00f3n (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
Ahora bien, la buena fe que opera en favor de los reclamantes no traduce la exoneraci\u00f3n de cualquier esfuerzo demostrativo de los fundamentos que edifican su pretensi\u00f3n restitutoria. Como damnificados que se anuncian del conflicto, es de su resorte probar16, por lo menos, en forma sumaria, su condici\u00f3n de v\u00edctimas y la relaci\u00f3n jur\u00eddica o de hecho con el fundo objeto del proceso, as\u00ed mismo, como los elementos f\u00e1cticos de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Acreditados aqu\u00e9llos supuestos, la aplicaci\u00f3n del principio de la buena fe17 trae como corolario la trasformaci\u00f3n de un cariz de certeza sobre las circunstancias sobre las cuales se produjo el abandono o el despojo, de modo tal que la carga de desvirtuar la calidad de v\u00edctima del demandante o de demostrar la buena fe18 en la adquisici\u00f3n del bien se traslada a los demandados u opositores, \u201c(\u2026) salvo que estos tambi\u00e9n hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio (\u2026)\u201d. Caso en el cual, se entiende, operaran para cada uno de los extremos litigiosos las reglas generales en materia probatoria previstas en la norma procesal civil. <\/p>\n
3.4.5 Buena fe exenta de culpa – segundos ocupantes <\/p>\n
El art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, dispone el reconocimiento en la sentencia de la compensaci\u00f3n a terceros opositores que prueben haber actuado con buena fe exenta de culpa, cual lo defini\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-1007 de 2002, como <\/p>\n
\u201c(\u2026) aquella que exige dos elementos a saber: uno subjetivo y otro objetivo. El primero hace referencia a la conciencia de obrar con lealtad, y el segundo exige tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situaci\u00f3n. Es as\u00ed que, la buena fe simple exige solo conciencia, mientras que la buena fe cualificada exige conciencia y certeza (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En providencia C-740 de 2003, la hom\u00f3loga constitucional, precis\u00f3 los elementos que debe acreditar quien pretenda alegar buena fe exenta de culpa para ser amparado por el ordenamiento jur\u00eddico: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) Que el derecho o situaci\u00f3n jur\u00eddica aparentes, tenga en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda descubrir la verdadera situaci\u00f3n. Este es el error communis, error com\u00fan a muchos. b) Que la adquisici\u00f3n del derecho se verifique normalmente dentro de las condiciones exigidas por la ley; c) Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquirente, es decir, la creencia sincera y leal de adquirir el derecho de quien es leg\u00edtimo due\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, en sentencia C-820 de 2012, se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente, sino tambi\u00e9n la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Por consiguiente, para acceder a la compensaci\u00f3n de que trata la referida disposici\u00f3n 98, el opositor no solo debe acreditar que actu\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, sino que, adem\u00e1s, realiz\u00f3 acciones encaminadas a establecer la legalidad de la tradici\u00f3n del predio, por cuanto la norma le exige una buena fe cualificada o creadora, es decir, aquella con la que act\u00faan las personas prudentes y diligentes en sus negocios.19 <\/p>\n
3.4.6 El recurso de revisi\u00f3n en el r\u00e9gimen de restituci\u00f3n de tierras <\/p>\n
El recurso de revisi\u00f3n en este decurso, pese a su connotaci\u00f3n constitucional, representa una excepci\u00f3n al principio de la doble instancia. <\/p>\n
Se justifica -la brevedad del tr\u00e1mite- como medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas que evita la perpetuaci\u00f3n de despojo material y jur\u00eddico de los predios, por consiguiente, para esta Sala, corresponde a una \u201cfinalidad leg\u00edtima, necesaria, reparadora, restaurativa e importante para las v\u00edctimas del conflicto\u201d. No obstante, su brevedad, los interesados en esos litigios cuentan con las garant\u00edas suficientes para <\/p>\n
\u201c(\u2026)solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas (\u2026) el nombramiento de apoderado judicial que represente a los terceros determinados que no se presenten al proceso para que haga valer sus derechos, la intervenci\u00f3n obligatoria del Ministerio P\u00fablico como garant\u00eda de los derechos de despojados y opositores, la participaci\u00f3n del representante legal del municipio o municipios donde se encuentre ubicado el predio, y en el caso de procesos iniciados sin la intervenci\u00f3n de la Unidad de Tierras, la posibilidad de tomar parte como posible opositora, garantizan un debate amplio de los derechos de todos los que tengan inter\u00e9s en la restituci\u00f3n y de las pruebas que permitan llegar al convencimiento sobre la procedencia de la misma (\u2026)\u201d 20. <\/p>\n
Interesa ahora subrayar, m\u00e1s all\u00e1 de que el proceso restitutorio sea de \u00fanica instancia, la ley ofrece expresamente la posibilidad de que una autoridad diferente a la que profiri\u00f3 la respectiva providencia lo examine, cual sucede con la consulta del fallo desestimatorio que dicte el juez de tierras, o con la revisi\u00f3n de todas las sentencias proferidas ora por jueces o, ya por las salas civiles especializadas de los tribunales. <\/p>\n
El mecanismo de impugnaci\u00f3n que ahora convoca la atenci\u00f3n de la Corte, no tiene en la Ley 1448 de 2011, un desarrollo particular. El legislador se limit\u00f3 a se\u00f1alar en el art\u00edculo 92, su procedencia frente a los fallos que se emitan en los juicios de restituci\u00f3n, la autoridad encargada de resolverlo (Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia), y sus reglas, ser\u00edan las de los preceptos 379 y siguientes del Estatuto Procesal Civil21. <\/p>\n
En estas condiciones, cabe preguntarse si a esa remisi\u00f3n normativa al procedimiento civil conlleva aplicarle alg\u00fan matiz, criterio o enfoque especial, por haberse dictado la sentencia reprochada dentro de un proceso de justicia transicional. No hay duda, hay una evidente trascendencia constitucional en esta clase de juicios, de tal modo que, al resolverse sobre el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, deben contemplarse las reglas, principios, valores y derechos; los prop\u00f3sitos de la justicia restaurativa y las condiciones especiales del conflicto colombiano, que compelen guiar la decisi\u00f3n judicial con perspectiva constitucional y convencional \u201cprov\u00edctima\u201d, para cerrar la brecha a la iniquidad y al despojo. <\/p>\n
3.4.7. El recurso de revisi\u00f3n en general <\/p>\n
Este remedio se concibi\u00f3 en la normativa procesal civil, como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremac\u00eda de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableci\u00f3 de manera taxativa en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 355 del C. G. del P.22. <\/p>\n
En esa medida, como medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que es, no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada. <\/p>\n
Es un recurso extremo, concebido para conjurar situaciones irregulares que, en su momento, distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de anta\u00f1o, que este instrumento procesal <\/p>\n
\u201c(\u2026) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna (\u2026)\u201d.23 <\/p>\n
Ahora bien, que el proceso de restituci\u00f3n de tierras haga parte de un modelo de justicia transicional o que dentro del mismo se est\u00e9 resolviendo sobre un derecho fundamental, no var\u00eda la naturaleza extraordinaria del recurso de revisi\u00f3n frente a los fallos que all\u00ed se dicten, toda vez que, el legislador del 2011, claramente remiti\u00f3 a las reglas del procedimiento civil, art\u00edculos 379 y siguientes del C. de P.C., hoy las del C. G. del P.24 Esa remisi\u00f3n incorpor\u00f3, igualmente, los desarrollos y el entendimiento que sobre cada una de las causales de revisi\u00f3n ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su consolidada jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
De manera que el recurso de revisi\u00f3n frente a los fallos proferidos en materia de restituci\u00f3n de tierras, por disposici\u00f3n legal, mantiene la estructura y din\u00e1mica propias de ese mecanismo impugnaticio dentro del procedimiento civil, con lo cual, la posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada de la que est\u00e1n revestidos, solo puede darse en los precisos y estrictos casos previstos por el legislador25. <\/p>\n
Por consiguiente, el recurso no autoriza un amplio margen de maniobra para el recurrente, descart\u00e1ndose que este sea un escenario para reformular la controversia, o para enmendar las omisiones presentadas en las instancias, o para replantear otros argumentos de defensa no esgrimidos en el debate original, o para reparar cualquier irregularidad en la sentencia, o para cuestionar una indebida fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco en las sentencias de tierras es oportunidad para que la Corte emprenda un examen oficioso de lo decidido en la instancia por los jueces o tribunales especializados, ya que ni la Ley 1448 de 2011, como tampoco el estatuto procesal civil lo contemplan; contrario, a cuanto ocurre, por ejemplo, con el remedio extraordinario de casaci\u00f3n, en donde se otorg\u00f3 a la Sala la potestad de casar la sentencia oficiosamente \u201ccuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d26. <\/p>\n
3.5. Las causales aducidas y los requisitos para su procedencia <\/p>\n
El motivo de la impugnaci\u00f3n invocado es el preceptuado en el numeral 8\u00ba, del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que alude a \u201cexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d. <\/p>\n
En primer lugar y como introito al an\u00e1lisis y respuesta a la causal invocada y a las distintas facetas que \u00e9sta reviste, debe se\u00f1alar la Sala, que no se halla la carencia de motivaci\u00f3n en el fallo censurado a la luz de la doctrina que proh\u00edja esta Corporaci\u00f3n, cual pasa a explicarse. <\/p>\n
En la materia, la doctrina y la jurisprudencia, para la prosperidad de la causal han considerado imprescindible la cabal presencia de dos presupuestos: <\/p>\n
a. Que se incurra en nulidad pronunciada en la sentencia recurrida. Es el primer requerimiento. No se trata de nulidades anteriores a la sentencia, susceptibles de saneamiento ni de las que puedan ser adecuadas en alguna de las otras causales de revisi\u00f3n. Como la indebida representaci\u00f3n, la falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento que se estructuran en la causal 7\u00aa de revisi\u00f3n del 380 del C. de P. C.27 Podr\u00eda ser, por ejemplo, la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia. Es la invalidez que tiene su fuente en la sentencia misma, sin que tengan las partes, otra oportunidad, para denunciarla o para reclamar su reconocimiento. <\/p>\n
b. Que contra el fallo as\u00ed pronunciado no proceda recurso alguno. Es el segundo postulado. Significa que la irregularidad constitutiva de nulidad al tiempo de proferir sentencia no sea susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, como cuando se dicta sentencia reviviendo un proceso luego de terminado por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n, o estando suspendido el proceso; cuando se condena a quien no figura como parte en el proceso, o cuando se firma por el n\u00famero de magistrados inferior al m\u00ednimo que exige la Ley. <\/p>\n
Por tanto, si la sentencia era susceptible de los recursos y no se interpusieron, no procede la causal. El haber hecho uso del recurso ordinario o del extraordinario, cuando lo admite, es prerrequisito. A diferencia de la causal s\u00e9ptima exige perentoriamente la proposici\u00f3n o agotamiento de los recursos previamente admisibles. <\/p>\n
Esta exigencia es pertinente porque la procedencia de la causal emerge frente a la sentencia que se profiere en un momento procesal en el cual no permite, procede o admite impugnaci\u00f3n o la formulaci\u00f3n de recursos diferentes al de revisi\u00f3n, como ser\u00edan las sentencias de \u00fanica instancia o las de segunda instancia. Por consiguiente, se excluye, por antonomasia, la dictada en el tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n, ya que por v\u00eda de este medio extraordinario es como se pretende reparar la injusticia, de tal forma que permitir su revisi\u00f3n es tornar inagotable el recurso con desmedro de la seguridad jur\u00eddica para los asociados. <\/p>\n
En consecuencia, en los procesos en donde la decisi\u00f3n de fondo no sea susceptible de recurso de apelaci\u00f3n, como el elenco de sentencias de \u00fanica instancia, el conjunto de sentencias que han surtido la segunda instancia por apelaci\u00f3n o consulta, siempre y cuando contra ellas no proceda el recurso de Casaci\u00f3n28, como ser\u00eda el caso de las dictadas en los ejecutivos, halla terreno f\u00e9rtil la causal para el correspondiente recurso de revisi\u00f3n. Del mismo modo proced\u00eda en el marco del C. de P. C. cuando se omit\u00eda la audiencia del art\u00edculo 360 ej\u00fasdem. <\/p>\n
La causal 8\u00aa seg\u00fan la doctrina de la Sala, expuesta en un sinn\u00famero de decisiones, engloba una pluralidad de motivos que permiten formular un recurso de revisi\u00f3n con fundamento en esta senda. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o, en la antigua perenci\u00f3n, actualmente, por v\u00eda del desistimiento t\u00e1cito, en los casos que resulte procedente.<\/p>\n
2. Dictar sentencia estando suspendido o interrumpido el proceso.<\/p>\n
3. Condenar en ella a quien no ha figurado como parte.<\/p>\n
4. La carencia de motivaci\u00f3n de la sentencia, as\u00ed se trate de sentencia dictada en equidad.<\/p>\n
5. Dictar sentencia por un n\u00famero de magistrados menor al exigido por ley. En t\u00e9rminos de la Ley 270 de 1996, \u201c(\u2026) firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley\u201d.<\/p>\n
7. Dictar sentencia sin correr traslado para alegar, cuando la ley as\u00ed lo exija para el respectivo procedimiento29.<\/p>\n
8. Cuando por v\u00eda de aclaraci\u00f3n se reforma la estructura basilar de la sentencia.<\/p>\n
9. Cuando en la sentencia se incurre en un vicio de incompetencia funcional. <\/p>\n
Observado el enlistamiento, dentro de las variadas razones que ha previsto la doctrina de esta Corte como se anunci\u00f3, l\u00edneas atr\u00e1s, para denunciar la nulidad de la sentencia se encuentra la carencia de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
En el subexamine, el apoderado de los impugnantes al reclamar la declaratoria de nulidad del fallo adoptado, expuso las irregularidades o deficiencias en que incurri\u00f3 el Tribunal, al momento de motivar la sentencia proferida, sentando que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La sentencia quebr\u00f3, de manera indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n como consecuencia de los errores de hecho cometidos por el tribunal en la inferencia probatoria, los art\u00edculos: <\/p>\n
-72 inciso 5 Ley 1448 de 2011 \u2026\u201d se le ofrecer\u00e1n alternativas de restituci\u00f3n por equivalente para acceder a terrenos de similares caracter\u00edsticas y condiciones en otra ubicaci\u00f3n, previa consulta con el afectado. La compensaci\u00f3n en dinero solo proceder\u00e1 en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
– 91 literal r (contenido del fallo)\u2026(r) las \u00f3rdenes necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, en los t\u00e9rminos establecidos en la presente ley. <\/p>\n
– 98: el valor de las compensaciones que decrete la sentencia en favor de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa dentro del proceso, ser\u00e1 pagado por el fondo de la unidad administrativa especial de gesti\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras despojadas. <\/p>\n
\u201cel fallo carece de argumentos sobre la necesidad de establecer si los terceros opositores demostraron su buena fe exenta de culpa frente a las pretensiones restitutorias de los accionantes…en consecuencia, la sentencia acusada viola el art\u00edculo 187 del CPC que impone al juez la obligaci\u00f3n de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba. <\/p>\n
El Tribunal Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras no emiti\u00f3 una sola palabra acerca de la \u201c(\u2026) buena fe exenta de culpa (\u2026)\u201d de los revisionistas en relaci\u00f3n con las presunciones de despojo contempladas en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.6. Frente a estos aspectos, adem\u00e1s de lo explicado en precedencia, en relaci\u00f3n con la naturaleza y el objeto de este mecanismo impugnatorio extraordinario, es preciso se\u00f1alar que, en distintas decisiones, la Corte ampli\u00f3 el espectro de las nulidades habilitado como vicio generador de tal sanci\u00f3n, no solo las del art\u00edculo 140 del C. de P.C., sino tambi\u00e9n otras, como la falta de motivaci\u00f3n de los fallos judiciales, por tener incidencia en el debido proceso. <\/p>\n
Determin\u00f3 que la gravedad no s\u00f3lo comprende una inexistencia plena o total de los motivos para fallar la litis, sino, tambi\u00e9n, cuando el sost\u00e9n argumentativo explicitado rompe toda l\u00f3gica o coherencia; se aparta de elementales reglas del sentido com\u00fan y contrar\u00eda, abiertamente, la raz\u00f3n. <\/p>\n
Puede hallarse la causal aducida en aproximaciones a lo inexistente o a lo irreal, al faltar los argumentos nodales del juzgamiento, los cuales aparecen patentes, al brillar por su ausencia, de modo que tornan completamente arbitraria la decisi\u00f3n pecando en lo irracional desconectando del todo la resolutiva del fallo con lo debidamente probado y la fundamentaci\u00f3n legal del caso. Si motivar es justificar las razones adecuadas en la resoluci\u00f3n judicial de modo que enlaza premisas f\u00e1cticas y normativas para llegar a una decisi\u00f3n en forma l\u00f3gica y coherente, por medio de los procesos mentales de an\u00e1lisis y s\u00edntesis, si hay ausencia de las mismas, es forzoso concluir que la sentencia no se halla debidamente motivada al desviarse de la l\u00f3gica, de la epistemolog\u00eda jur\u00eddica y de toda raz\u00f3n. La falta de motivaci\u00f3n demanda demostrar la ausencia de las premisas que expliquen el porqu\u00e9 se han seleccionado los elementos f\u00e1cticos y normativos soportes de la parte resolutiva que procura tornarse en decisi\u00f3n obligatoria para las partes intervinientes. En esta altura, aparece admisible la opini\u00f3n del profesor Jordi Ferrer Beltr\u00e1n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si las premisas f\u00e1cticas y las normativas cumplen con las condiciones requeridas, esto es, han sido correctamente seleccionadas, podr\u00e1 considerarse el razonamiento justificado externamente. Y si la conclusi\u00f3n se deriva l\u00f3gicamente de esas premisas, gozar\u00e1 tambi\u00e9n de justificaci\u00f3n interna. Se dir\u00e1, pues, de una sentencia que est\u00e1 debidamente motivada cuando la norma individual que constituye su conclusi\u00f3n se deriva l\u00f3gicamente de las premisas y expresa anal\u00edticamente las razones que justifiquen la selecci\u00f3n de esas premisas f\u00e1cticas y normativas (\u2026)\u201d.30 <\/p>\n
La motivaci\u00f3n, entendida bajo las premisas anteriores, cumple en nuestro pa\u00eds la funci\u00f3n extraprocesal de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica de la jurisprudencia ante la sociedad, a m\u00e1s de hacer posible el control procesal por parte de los superiores, conforme lo explica el profesor Taruffo31. En ese sentido, la funci\u00f3n de la motivaci\u00f3n es la de ofrecer una explicaci\u00f3n del caso a la sociedad y acercar la justicia a la ciudadan\u00eda. <\/p>\n
Pero no se trata de la presentaci\u00f3n de un tratado, sino de la explicaci\u00f3n clara, sencilla y coherente de las razones de su decisi\u00f3n, para sentir a la justicia como parte fundamental del sistema jur\u00eddico y democr\u00e1tico, al ofrecer de esa manera una comunicaci\u00f3n adecuada con la ciudadan\u00eda y los justiciables, a fin de que puede ejercerse el respectivo control endoprocesal y extraprocesal por las partes y la opini\u00f3n ciudadana con relaci\u00f3n a la actividad de los jueces; por supuesto, de cada segmento en su campo. <\/p>\n
Bajo este derrotero, fluye que la decisi\u00f3n de los jueces de tierras, ahora censurada, de ning\u00fan modo se encuentra afectada por defecto alguno de motivaci\u00f3n. Si la motivaci\u00f3n del fallo condensa el porqu\u00e9 del sentido dado a la realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica surgida de la controversia; pero, al mismo tiempo, exterioriza la percepci\u00f3n racional y justificada del estado de cosas captado por el juzgador con fundamento en las actuaciones validadas, de las pruebas practicadas y de los preceptos normativos principales que gobiernan el caso, no hay raz\u00f3n para reprochar la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Si la decisi\u00f3n judicial identifica y expone, el tema objeto de decisi\u00f3n, lo afronta y soluciona, realiza un examen cr\u00edtico del material probatorio y se valoran los argumentos legales y doctrinarios necesarios para fundamentar la decisi\u00f3n adoptada, es indiscutible, la labor del juzgador cumpli\u00f3 tanto con el razonamiento de justificaci\u00f3n externo como el interno y con las exigencias del ordenamiento. <\/p>\n
El fallo destac\u00f3 en el marco de la justicia transicional la condici\u00f3n de v\u00edctimas de los reclamantes, analiz\u00f3 los hechos materiales del conflicto armado interno que dada su connotaci\u00f3n, se convirti\u00f3 en emblem\u00e1tico a nivel nacional, y la forma como se reflejaron en el caso concreto y sus repercusiones en los predios objeto de restituci\u00f3n, respetando las garant\u00edas de los ahora recurrentes, no encuentra raz\u00f3n la Sala para arrasar la sentencia impugnada. <\/p>\n
La relaci\u00f3n jur\u00eddica de los demandantes con el predio al momento del desplazamiento result\u00f3 acreditada no solo con la prueba testimonial recepcionada en el proceso. Tambi\u00e9n encontr\u00f3 apoyo en las visitas practicadas por el INCODER, as\u00ed como con las distintas actuaciones de los restituidos ante entidades p\u00fablicas. Hubo un detallado an\u00e1lisis de t\u00edtulos, tambi\u00e9n de los informes t\u00e9cnicos de georreferenciaci\u00f3n realizados por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Seccional Magdalena. De ello, se concluy\u00f3, que el predio era uno mismo, pero con dos realidades jur\u00eddicas por doble titulaci\u00f3n de los mismos. Una, que corresponde a \u201cVilla Luz\u201d con matr\u00edcula inmobiliaria No. 226-1661 y otra, la de \u201cVista Hermosa\u201d que se identifica con el No. 226-8318; luego, segregado en lote 1 con No. 226-41060 y lote No. 2 con No. 226-41061. Se dej\u00f3 claro que \u201cVista Hermosa\u201d existe y seg\u00fan los documentos se traslapa o constituye parte de los predios objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal al estudiar la historia traditicia en forma objetiva e imparcial hall\u00f3 una fingida simulaci\u00f3n o duplicidad de folios inmobiliarios que le dio un paralelismo de t\u00edtulos, sin que para la creaci\u00f3n se materializaran en campo sus linderos, pues se concluy\u00f3 que el replicado nunca existi\u00f3 f\u00edsicamente, de modo que uno se superpon\u00eda sobre otro. <\/p>\n
3.7. Respecto al principio de buena fe de los aqu\u00ed solicitantes en revisi\u00f3n, se itera que, durante las distintas etapas judiciales, de los elementos suasorios practicados, qued\u00f3 demostrado que ni estos ni sus familias, estuvieron en el predio; no lo conoc\u00edan, no eran distinguidos en el municipio, nunca lo explotaron y sus actividades familiares, econ\u00f3micas y acad\u00e9micas se adelantaron lejos de ese haber. <\/p>\n
Los revisionistas, respecto de los reclamantes de la restituci\u00f3n, adujeron que eran \u201cinvasores milicianos\u201d, hecho desvirtuado por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial, demostrando la calidad de v\u00edctimas y despojados. <\/p>\n
Tampoco se acreditaron los requisitos fundamentales que exige la Ley 1448 de 2011, para acceder a la compensaci\u00f3n, como, por ejemplo, el elemento subjetivo, entendido como la conciencia de que se actuaba con lealtad y con la seguridad de haber adquirido los inmuebles a trav\u00e9s de negocios jur\u00eddicos celebrados en legal forma, marginando la demostraci\u00f3n de la buena fe calificada. Por el contrario, el Tribunal dio por demostrado, que la relaci\u00f3n jur\u00eddica de los revisionistas con el terreno, present\u00f3 varias inconsistencias, hecho que no solo soport\u00f3 la declaratoria de invalidez de la Resoluci\u00f3n 0052 de 1984, sino que, adicionalmente, prob\u00f3 la inviabilidad o la falencia demostrativa de la buena fe exenta de culpa en cabeza de los opugnadores. <\/p>\n
El sentenciador, analiz\u00f3 las circunstancias expresadas por los demandantes revisionistas, hizo p\u00fablicas las razones tenidas en cuenta para adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, producto del an\u00e1lisis objetivo y reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco normativo adjudicable a los hechos. <\/p>\n
Bajo estas premisas, decl\u00e1rase infundada la causal octava de revisi\u00f3n del art. 380 del C. de P. C. <\/p>\n
3.9. En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 384 ej\u00fasdem, hay lugar a condenar en costas en sede extraordinaria, cuya liquidaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse mediante el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
4.1. En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisi\u00f3n formulado por Miguel \u00c1ngel Guzm\u00e1n Escobar y Juan de Dios Mart\u00ednez Pacheco, respecto de la sentencia de sentencia de 5 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras, instaurado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Seccional Magdalena y la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro, a favor de Ra\u00fal Rafael Paso Ospino, Ana Isabel Chamorro Paso, Domingo Antonio Polo de la Cruz, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Garcer\u00e1n Madariaga, Virginia Camacho Pertuz, Nicolas Bola\u00f1o Lagos, Manuel Antonio Ramos \u00c1ngulo, Mar\u00eda del Amparo Varela Dom\u00ednguez y Jos\u00e9 Samuel Garavito Triana. <\/p>\n
4.2. Consecuentemente, condena a los revisionistas a pagar las costas causadas y los perjuicios que con su intervenci\u00f3n hubiere irrogado, para cuyo pago se ordena hacer efectiva la cauci\u00f3n otorgada. Las primeras, liqu\u00eddense por la secretar\u00eda de la Sala e incl\u00fayase la suma de tres millones de pesos ($3\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
4.3. Para los efectos de lo anterior, hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada mediante p\u00f3liza #BQ-100086893 expedida el 16 de marzo de 2015 por la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. <\/p>\n
4.4. En su oportunidad, devu\u00e9lvase al juzgado el original del proceso, allegando copia de esta providencia, y archivar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00d3PIESE Y NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SC4158-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00393-00 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto plenamente el sentido de la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 la Sala, respetuosamente me permito aclarar mi voto, en relaci\u00f3n con los apartes del fallo que sostienen que la ausencia de motivaci\u00f3n pudiera considerarse como un evento estructurante de la nulidad de la sentencia; ello porque esa hip\u00f3tesis no armoniza con el precedente, ni con la arquitectura del proceso civil. <\/p>\n
Esa acotaci\u00f3n no pretende desconocer la trascendencia del deber de motivaci\u00f3n, ni tampoco su v\u00ednculo con la tutela judicial efectiva; al fin y al cabo, al exigir que se exterioricen los raciocinios \u2013fundados\u2013 que permitieron al juez llegar a una determinada conclusi\u00f3n se diluye la posibilidad de que este act\u00fae en forma arbitraria o caprichosa. Y adem\u00e1s se legitiman los actos jurisdiccionales, a partir de su razonabilidad, pertinencia y adecuaci\u00f3n frente al marco normativo y f\u00e1ctico del litigio. <\/p>\n
Sin embargo, la importancia de la carga de los funcionarios de justificar sus decisiones no puede conducir a afirmar que su inobservancia genera la anulabilidad de las actuaciones judiciales, porque ese efecto no se encuentra previsto en ninguna de las normas que integran el ordenamiento procesal civil vigente. Esa precisi\u00f3n resulta relevante porque, en palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cen punto de la taxatividad de los motivos que constituyen nulidades procesales (\u2018especificidad\u2019), la legislaci\u00f3n colombiana sigui\u00f3 a la francesa de la Revoluci\u00f3n y su gran apego o culto a la ley en cuyo desarrollo acu\u00f1\u00f3 la m\u00e1xima pas de nullit\u00e9 sans texte, esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sint\u00e9ticamente en el encabezamiento del art\u00edculo 140 del estatuto de enjuiciamiento [que corresponde al precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso] al decir que \u201cel proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos (…)\u201d, especificidad que reafirma el inciso 4o. del art\u00edculo 143 ib\u00eddem [135 actual], al disponer que \u201cel juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este cap\u00edtulo…\u201d. <\/p>\n
La contundencia de esta directriz se pone de presente en estas palabras de la Corte: \u201cLa ley procesal es terminante al se\u00f1alar cu\u00e1les vicios de actividad son generadores de nulidad y cu\u00e1les no, por manera que no es dable al int\u00e9rprete asimilar a los primeros, acudiendo a argumentos de analog\u00eda o por mayor\u00eda de raz\u00f3n, alg\u00fan otro tipo de defecto adjetivo, restricci\u00f3n por cierto claramente definida en una larga tradici\u00f3n jurisprudencial al tenor de la cual se tiene por sabido que \u201c…nuestro C\u00f3digo de procedimiento Civil -aludiendo al de 1931 que as\u00ed como el actual consagraba el principio de la especificidad de las nulidades-, siguiendo el principio que informa el sistema franc\u00e9s, establece que ninguna actuaci\u00f3n del proceso puede ser declarada nula si la causal no est\u00e1 expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaci\u00f3n m\u00e1s o menos importante de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador\u201d (G.J. t. XCI, p\u00e1g. 449)\u00bb (CSJ SC, 22 mar. 1995, rad. 4459; reiterada en CSJ SC5512-2017, 24 abr. y CSJ AC2727-2018, 28 jun.). <\/p>\n
Con apoyo en la comentada regla orientativa del sistema de nulidades procesales, un sector mayoritario de la jurisprudencia ha insistido, consistentemente, en que la \u00abnulidad originada en la sentencia\u00bb ata\u00f1e, de manera exclusiva, a la estructuraci\u00f3n, en la fase conclusiva del juicio, de una cualquiera de las causales de anulabilidad procesal previstas en la codificaci\u00f3n procesal civil vigente. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en el fallo CSJ SC, 27 sep. 1996, rad. 5641 se precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa especificidad de los motivos de revisi\u00f3n viene a ser as\u00ed una nota caracter\u00edstica que impide orientar la impugnaci\u00f3n para cumplir prop\u00f3sitos diferentes seg\u00fan sea el antojo del impugnante, en tanto que el recurso en los t\u00e9rminos en que legalmente est\u00e1 concebido, apunta a eliminar en casos especial\u00edsimos los efectos de cosa juzgada material con todas las consecuencias jur\u00eddicas que ello implica. En esa misma medida, precisa decir que cuando se invoca la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n del art\u00edculo 380 del C. de P.C. consistente en \u201cexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, debe se\u00f1alarse un hecho de orden formal que constituya uno de los vicios procesales de los que enlista el art\u00edculo 140 del C. de P.C. y que se origine s\u00f3lo en la sentencia, lo que de plano descarta que pueda ser considerado como causal de nulidad, y por ende de revisi\u00f3n, el error jur\u00eddico o f\u00e1ctico que en el sentir del impugnante fluya de las consideraciones en que se apoya el fallo objeto de revisi\u00f3n, o, como aqu\u00ed se propone, de las motivaciones que haya efectuado el sentenciador en casaci\u00f3n para proveer sobre el recurso; las discrepancias de ese orden, por razonables que puedan ser (…) am\u00e9n de que quedan en el campo de la divagaci\u00f3n o de la mera conjetura, no constituye defecto formal alguno o vicio procesal que inficione el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, la Corte explic\u00f3 luego que <\/p>\n
\u00ab(…) los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, \u201c\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso\u201d (CLVIII, 134)\u00bb. (CSJ SC, 29 oct. 2004, rad. 2001-00030-01) <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, dijo: <\/p>\n
\u00ab[E]l motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio (…). De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido (…), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.). <\/p>\n
Consecuente con lo expuesto, y dado que el legislador no consagr\u00f3 como causa de anulabilidad procesal la comentada \u00abfalta de motivaci\u00f3n de la sentencia\u00bb, cualquier alegato que pretenda denunciar ese particular vicio no ser\u00e1 apto para fincar, apropiadamente, un recurso de revisi\u00f3n por la causal octava, lo cual es apenas l\u00f3gico, si se tiene en cuenta que la fundamentaci\u00f3n del fallo ata\u00f1e a la labor de juzgamiento, y no al procedimiento <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso es de id\u00e9ntico tenor. <\/p>\n
2\u0002 Folio 126, Cuaderno CSJ <\/p>\n
3\u0002 Tal y como se hizo en la sentencia del 25 de junio del a\u00f1o que avanza (SC339-2019), dentro del radicado No. 11001-02-03-000-2015-02695-00. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 72 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 76 ib. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 76 inc. 5\u00ba ib. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 82 ib. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 79 ib. <\/p>\n
9\u0002 Art\u00edculo 79 ib. <\/p>\n
10\u0002 Art\u00edculo 92 ib. <\/p>\n
11\u0002 En igual sentido, ver las sentencias C-1007\/02, C-740\/03 y C-820\/12 <\/p>\n
12\u0002 Seg\u00fan el art\u00edculo 5\u00ba ib., \u201cEl Estado presumir\u00e1 la buena fe de las v\u00edctimas de que trata la presente ley. La v\u00edctima podr\u00e1 acreditar el da\u00f1o sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastar\u00e1 a la v\u00edctima probar de manera sumaria el da\u00f1o sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparaci\u00f3n administrativa, las autoridades deber\u00e1n acudir a reglas de prueba que faciliten a las v\u00edctimas la demostraci\u00f3n del da\u00f1o sufrido y aplicar\u00e1n siempre el principio de buena fe a favor de estas. En los procesos judiciales de restituci\u00f3n de tierras, la carga de la prueba se regular\u00e1 por lo dispuesto en el art\u00edculo 78 de la presente Ley\u201d. <\/p>\n
13\u0002 De acuerdo con el art\u00edculo 78 ib., \u201cBastar\u00e1 con la prueba sumaria de la propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensi\u00f3n de la v\u00edctima en el curso del proceso de restituci\u00f3n, salvo que estos tambi\u00e9n hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio\u201d. <\/p>\n
14\u0002 Art\u00edculo 98 ib. <\/p>\n
15\u0002 Numeral 2\u00ba, art\u00edculo 78 ib. <\/p>\n
16\u0002 Art. 78 Ley 1448 de 2011 <\/p>\n
18\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2016. <\/p>\n
19\u0002 Sentencia C-795 de 2014 <\/p>\n
20\u0002 Sentencia C-099 de 2013. <\/p>\n
21\u0002 Arts. 354 a 360 del CGP <\/p>\n
22\u0002 Que quedaron id\u00e9nticas en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
23\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 24 abr. 1980, reiterada en CSJ SC, 1 jul. 1988, CXCII. <\/p>\n
24\u0002 Arts. 354 a 360 del C.G.P. <\/p>\n
25\u0002 Ver en este sentido, CSJ, SC339-2019. <\/p>\n
26\u0002 Inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
27\u0002 Art. 355 CGP <\/p>\n
28\u0002 Si la sentencia admite casaci\u00f3n y este recurso no se formul\u00f3, opera un desistimiento t\u00e1cito de la revisi\u00f3n por v\u00eda de este motivo de revisi\u00f3n por cuanto mediante la casaci\u00f3n, el afectado, dispon\u00eda de la causal quinta prevista en el art. 368 del C.P.C., para reparar la injusticia, en las hip\u00f3tesis f\u00e1cticas de nulidades procesales no saneadas, a fin de obtener la reparaci\u00f3n del agravio. Igual razonamiento procede para la apelaci\u00f3n y a fortiori, porque esos medios de impugnaci\u00f3n permiten discutir a plenitud cualquier vicio in procedendo. <\/p>\n
29\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 29 de agosto del 2008, radicado 2004-00729. <\/p>\n
30\u0002 Apuntes sobre el concepto de la motivaci\u00f3n de decisiones judiciales, Universidad de Girona, abril 2011, Isonom\u00eda: Revista de teor\u00eda y filosof\u00eda del derecho #3). <\/p>\n
31\u0002 La motivaci\u00f3n de la sentencia civil, p\u00e1g. 344 y ss <\/p>\n
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SC4158-2021 (2015-00393-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4158-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2015-00393-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por Juan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58223"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58223\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}