SC4159-2021 (2018-00732-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4159-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2018-00732-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de revisi\u00f3n de Gloria Janneth y Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez, Teresa Gonz\u00e1les de Ayala y Robert Johny Ayala Garc\u00eda, interpuesto contra la sentencia de 5 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por el menor Sebasti\u00e1n Restrepo Mogoll\u00f3n, representado por su progenitora Libiam Restrepo Mogoll\u00f3n; frente a los recurrentes y H\u00e9ctor Ra\u00fal Ayala Gonz\u00e1lez, en calidad de sucesores determinados del causante Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn, y dem\u00e1s herederos indeterminados. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES DEL LITIGIO <\/p>\n
1.1. En el tr\u00e1mite ordinario, el demandante solicit\u00f3 declarar, frente a Janneth, Carlos Augusto y H\u00e9ctor Ra\u00fal Ayala Gonz\u00e1lez, y Teresa Gonz\u00e1lez de Ayala, y dem\u00e1s herederos indeterminados, que es hijo extramatrimonial del fallecido Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn. <\/p>\n
1.2. El recurrente al sustentar la pretensi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que naci\u00f3 el 6 de noviembre de 2001, fruto de la convivencia de su progenitora con el presunto padre, desde 1994, hasta el 19 de junio de 2002. Agrega, que la relaci\u00f3n de pareja fue notoria y a la vista de familiares y vecinos. <\/p>\n
1.3. Admitida la demanda, Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez y Teresa Gonz\u00e1lez de Ayala, fueron notificados por conducta concluyente. Janneth y H\u00e9ctor Ra\u00fal Ayala Gonz\u00e1lez, y dem\u00e1s herederos indeterminados fueron vinculados a trav\u00e9s de un curador ad-litem. <\/p>\n
1.4. Tramitado el proceso, el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, mediante sentencia de 11 de julio de 2016, neg\u00f3 las s\u00faplicas. Encontr\u00f3 que las dos pruebas de ADN sobre los restos \u00f3seos del causante, no hab\u00edan sido concluyentes en indicar un \u00edndice probable de paternidad superior al 99.9%. Tampoco, dijo, resultaron suficientes las declaraciones de cargo. <\/p>\n
1.5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en el fallo ahora impugnado, revoc\u00f3 la anterior decisi\u00f3n y accedi\u00f3 a declarar la paternidad demandada. <\/p>\n
1.6. Contra lo decidido, los interpelados, salvo H\u00e9ctor Ra\u00fal Ayala Gonz\u00e1lez, recurrieron extraordinariamente, en conjunto con Robert Jonny Ayala Garc\u00eda. <\/p>\n
2. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
2.1. Los recurrentes invocaron como causales las previstas en el art\u00edculo 355, numerales 6\u00ba y 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1.1. La sexta, por \u201c(\u2026) Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se edifica en punto a que al decurso no se vincul\u00f3 como heredero determinado a Robert Jonny Ayala Garc\u00eda. El extremo demandante, agrega, conoc\u00eda de su existencia y sab\u00eda que \u201cresid\u00eda en Colombia y hab\u00eda m\u00e1s forma de contactarlo para su notificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En adici\u00f3n, los testimonios de Nelson Eduardo Ospina P\u00e9rez y Libiam Restrepo Mogoll\u00f3n, carec\u00edan de credibilidad. Eran \u201cama\u00f1ados\u201d ante la creada imposibilidad de ser controvertidos por Robert Jonny Ayala Garc\u00eda. <\/p>\n
2.1.2. La s\u00e9ptima, al \u201c(\u2026) [e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad (\u2026)\u201d <\/p>\n
Se fundamenta en la omisi\u00f3n de demandar a todos los herederos determinados de Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn. En concreto, al se\u00f1or Robert Jonny Ayala Garc\u00eda. <\/p>\n
2.2. El demandante en el juicio, opositor en el recurso, resisti\u00f3 las causales invocadas. <\/p>\n
2.2.1. En lo relativo a la colusi\u00f3n o fraude, por cuanto su gesti\u00f3n de realizar dos exhumaciones del cad\u00e1ver del presunto padre, en forma p\u00fablica, es un acto de buena fe que elimina cualquier conducta torticera. Se trata de una actuaci\u00f3n dirigida a buscar \u00fanicamente la verdad real y evitar conductas colusorias. <\/p>\n
2.2.2. En lo tocante con la no inclusi\u00f3n en el proceso de heredero determinado, considera, am\u00e9n de innecesaria, que las consecuencias son distintas. El art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, no contempla como hecho constitutivo de nulidad procesal, la no inclusi\u00f3n de herederos determinados. <\/p>\n
2.3. La Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, por su parte, se opuso a la prosperidad de las causales. La colusi\u00f3n o el fraude, al fundarse en meras suposiciones o especulaciones. Y el vicio adjetivo, por cuanto los demandados conoc\u00edan de la existencia del otro heredero determinado, pese a lo cual nada fue reclamado. <\/p>\n
2.4. La audiencia del art\u00edculo 358, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, no fue se\u00f1alada, pues ninguna de las pruebas decretadas hab\u00eda lugar a evacuarla. Todas eran documentales y se encontraban en el expediente. <\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.1. La decisi\u00f3n se adoptar\u00e1 de manera escrita teniendo en cuenta que el requisito para hacerlo de manera oral, el se\u00f1alamiento de una audiencia en los eventos en que hay lugar a practicar pruebas, resulta innecesario. Ninguna hab\u00eda para intermediar y evacuar materialmente, cual qued\u00f3 memorado en el n\u00famero 2.4. <\/p>\n
El art\u00edculo 279, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, autoriza el fallo escrito dentro del sistema oral. Llegado el caso, ante la imposibilidad de emitirlo de viva voz en la audiencia de juzgamiento (precepto 373, numeral 5\u00ba, inciso 3\u00ba). Tambi\u00e9n, en los casos de sentencia anticipada (regla 278, inciso 3\u00ba), siendo una de sus hip\u00f3tesis, \u201ccuando no hubieren pruebas por practicar\u201d. Lo mismo, es un paso necesario, en situaciones iguales a la resaltada, verbi gratia, en los procedimientos de revisi\u00f3n (norma 358, in fine) o del exequ\u00e1tur (canon 607, inciso 2\u00ba, numeral 4\u00ba), en cualquier evento, por ser improcedente la audiencia, ciertamente, cuando no existen pruebas para evacuar. <\/p>\n
Lo anterior se refrenda con el Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante el cual se expidieron normas para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio judicial y el derecho fundamental al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el marco de la promulgada Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica a ra\u00edz de la pandemia Coronavirus COVID-19. Entre las directrices se\u00f1aladas para el efecto se encuentran, como regla de principio, el adelantamiento de actuaciones no presenciales y \u201cexcepcionalmente de manera presencial\u201d. <\/p>\n
3.2. Las sentencias judiciales proferidas en procesos contenciosos, una vez ejecutoriadas, por regla general, adquieren el sello o la fuerza de cosa juzgada. Por esto, en defensa de los principios de certeza, seguridad jur\u00eddica y armon\u00eda sociales, se tornan inmodificables e inimpugnables y, como consecuencia, ejecutables. <\/p>\n
El anterior razonamiento, sin embargo, no es absoluto, en cuanto existen casos que autorizan derruir los aludidos efectos, en concreto, cuando los fallos en firme son contrarios a la justicia, atentan contra el derecho de defensa o desconocen la misma cosa juzgada material. <\/p>\n
La excepci\u00f3n encuentra respuesta en el recurso de revisi\u00f3n, instituido, precisamente para hacer imperar la justicia, restablecer el derecho de defensa cuando ha sido conculcado y asegurar la certeza judicial. Esto \u00faltimo, cerrando ataques ulteriores a la pretensi\u00f3n reconocida o impidiendo reclamarla de nuevo si ha sido negada. <\/p>\n
La naturaleza particular del medio en cuesti\u00f3n limita su procedencia a estrictas causales legales y a las precisas hip\u00f3tesis normativas. Ello, ciertamente, lo diferencia de las instancias y se edifica, generalmente, sobre bases nuevas, desde luego, desconocidas en el litigio. La mayor\u00eda de las veces, fincadas en elementos que transcienden al juicio, y excepcionalmente, que le son inmanentes. <\/p>\n
El recurso, tiene sentado la Corte, \u201c(\u2026) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en el litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
El mecanismo extraordinario, asent\u00f3 en otra ocasi\u00f3n la Sala, solo tiene \u201c(\u2026)venero en circunstancias que, en t\u00e9rminos generales, son extr\u00ednsecas o ajenas al proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a \u00e9l, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hip\u00f3tesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redund\u00f3 en la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n injusta (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Lo anterior, significa que cuando la impugnaci\u00f3n se fundamenta en cuestiones inmanentes o presentes al interior del juicio, no puede referirse a asuntos nuevos. Se trata de cuestiones conocidas para los sujetos procesales, En ese caso lo que se crea es una reedici\u00f3n del debate, ajena al objeto preciso y directo del recurso, salvo la presencia de alg\u00fan vicio in procedendo insaneable existente. <\/p>\n
As\u00ed, que los cimientos del fallo opugnado solo se socavan mediante el estudio de las circunstancias que, coincidiendo con las causales previstas por la normatividad vigente, son invocadas por el recurrente. De ah\u00ed deriva, sin equ\u00edvoco alguno, que la relaci\u00f3n sustancial conformada en las instancias y las vicisitudes al respecto evaluadas, no pueden ser pasibles del tr\u00e1mite extraordinario. <\/p>\n
3.3. Siguiendo los derroteros expuestos, pasa a examinarse si las causales de revisi\u00f3n invocadas se encuentran configuradas. Delanteramente, se examinar\u00e1 el error de procedimiento, en tanto, de estructurarse, retrotraer\u00eda la actuaci\u00f3n a los alegatos de primera instancia. Por lo mismo, arrasar\u00eda la sentencia, anegando, la almendra y la sustancia para auscultar la eventual colusi\u00f3n o fraude en que se haya incurrido. <\/p>\n
3.3.1. Con todo, si el recurrente Robert Jonny Ayala Garc\u00eda no fue demandado, de manera alguna se le puede asociar con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda de investigaci\u00f3n de paternidad. Su situaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 133, numeral 8\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, encaja en la hip\u00f3tesis de la falta de citaci\u00f3n de las dem\u00e1s personas que debi\u00e9ndose vincular como parte en el proceso, no lo fueron. <\/p>\n
Lo planteado, entonces, es la falta de integraci\u00f3n de un litisconsorcio necesario. Ello ocurre, al tenor del art\u00edculo 61, ib\u00eddem, cuando el \u201c(\u2026) proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El litisconsorcio necesario lo determina la \u201cnaturaleza del asunto\u201d o alguna \u201cdisposici\u00f3n legal\u201d. No se encuentra al arbitrio de las partes establecerlo ni a los juzgadores inventarlo, sino que todo depende de la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial objeto de controversia. Son muestras del instituto, la nulidad o resoluci\u00f3n de una promesa o de contrato. La raz\u00f3n estriba en que el negocio jur\u00eddico no se puede anular o resolver respecto de unos sujetos y seguir vigente respecto de quienes no fueron demandados. La naturaleza inescindible de la relaci\u00f3n, por si, lo explica. <\/p>\n
En asuntos donde se reclama la paternidad del presunto padre fallecido, la relaci\u00f3n sustancial debe mirarse en el campo personal y patrimonial. En el primero, los demandados no son los herederos o el c\u00f3nyuge, sino la sucesi\u00f3n, representados por aquellos. As\u00ed, lo establece el canon 10\u00ba de la Ley 75 de 1968. \u201cMuerto el presunto padre la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural se adelantar\u00e1 contra sus herederos y su c\u00f3nyuge\u201d. En lo segundo, conforme al inciso final, los efectos de una declaraci\u00f3n favorable de paternidad solo se predican respecto de quienes fueron vinculados en oportunidad al proceso. En palabras de la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En acatamiento de tal preceptiva, ha predicado de tiempo atr\u00e1s esta corporaci\u00f3n que siendo la sentencia de paternidad, de naturaleza declarativa positiva, no hace nada distinto a reconocer una determinada relaci\u00f3n de derecho como resultado o consecuencia de un hecho del padre, creador de v\u00ednculos familiares y patrimoniales en la medida que se procure la acci\u00f3n en el tiempo y condiciones analizadas (…) La Ley 75 de 1968, art\u00edculo 10, concedi\u00f3 la oportunidad para que se tuviera como hijo natural despu\u00e9s de fallecido del presunto padre, empero no lo hizo extensivo a los aspectos patrimoniales en derredor de los que no fueron partes en el correspondiente proceso (\u2026)\u201d (G.J. CLXXXIV, 1986). <\/p>\n
\u201c5. Ahora bien, que la sentencia de filiaci\u00f3n por disposici\u00f3n legal no produzca efectos patrimoniales respecto de los herederos del difunto padre, sin importar el t\u00edtulo que les otorgue esa condici\u00f3n, que no fueron convocados al proceso de investigaci\u00f3n de paternidad, ni de aquellos quienes habi\u00e9ndolo sido no fueron notificados oportunamente de la demanda, se desprende que todo efecto de \u00edndole econ\u00f3mica que tales herederos hayan deducido de la muerte del presunto padre, debe permanecer intacto, lo cual equivale a decir que en esa hip\u00f3tesis, el fallo de paternidad \u00fanicamente toca a quienes fueron citados y vinculados al proceso tempestivamente en los t\u00e9rminos de la citada ley 75, con quienes es dable establecer las acciones pecuniarias consiguientes o derivadas del estado de hijo. <\/p>\n
\u201c6. As\u00ed, en la pr\u00e1ctica, la sentencia de filiaci\u00f3n unas veces se limita a reconocerle al hijo extramatrimonial su vocaci\u00f3n hereditaria, haci\u00e9ndole posible ya acudir al proceso de sucesi\u00f3n, si \u00e9ste no ha concluido, o ya a la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia si los bienes fueron adjudicados y est\u00e1n en posesi\u00f3n de otros herederos, frente a quienes el hijo extramatrimonial reconocido pretende mejor o igual derecho; y otras veces como aqu\u00ed sucedi\u00f3, el juez de la filiaci\u00f3n dispone rehacer la partici\u00f3n, inclusive pretermitiendo las situaciones patrimoniales debidamente consolidadas o sin prever las enajenaciones que hayan efectuado los adjudicatarios, y, por lo tanto, anteponi\u00e9ndose a las acciones de petici\u00f3n de herencia o reivindicatoria frente a terceros. <\/p>\n
\u201c7. Sea lo que fuere, tales situaciones representan efectos patrimoniales que inciden de un modo u otro en los derechos econ\u00f3micos de los herederos que hayan sido reconocidos como tales antes de aparecer el hijo extramatrimonial, y por lo tanto \u00e9ste no puede pretender extender sus derechos a tales herederos si no fueron convocados al proceso de filiaci\u00f3n, o si no fueron notificados oportunamente de la demanda de paternidad, quienes, tanto cualitativa como cuantitativamente, quedan indemnes frente a su reclamo (\u2026)\u201d3 . <\/p>\n
Significa lo expuesto, que en el campo personal no puede hablarse de un litisconsorcio necesario. La representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n es llevada por cualquiera de los herederos o por el c\u00f3nyuge. La ratio legis radica en que el estado civil declarado tiene efectos erga omnes, en tanto, no se puede ser hijo y no hijo a la vez. El car\u00e1cter indivisible de esa calidad as\u00ed lo impone. En lo patrimonial, tampoco puede hablarse de intervenci\u00f3n obligatoria, porque la ausencia de alg\u00fan heredero no impide un fallo de m\u00e9rito, sino una decisi\u00f3n con efectos de cosa juzgada relativa. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El litisconsorcio necesario supone una pluralidad de personas integrando los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, raz\u00f3n por la cual la doctrina suele dividirlo en activo, pasivo o mixto, seg\u00fan que la pluralidad de sujetos se encuentre en la parte demandante o demandada, o en una y otra. Al lado de esta clasificaci\u00f3n, la propia ley distingue, nomin\u00e1ndolos, dos clases de litisconsorcio: el facultativo (art\u00edculo 50 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y el necesario (art\u00edculos 51 y 83, ib\u00eddem). <\/p>\n
\u201cEl segundo, que es el que interesa al caso, el cual propende por resguardar el derecho de defensa de todos aquellos interesados a quienes se extender\u00eda la autoridad de la cosa juzgada material, se determina por la relaci\u00f3n sustancial que se discute, ya sea \u201cpor su naturaleza\u201d, ora por \u201cdisposici\u00f3n legal\u201d. Por esto, si la cuesti\u00f3n ha de resolverse, como la propia ley lo declara, bajo el supuesto de la pluralidad subjetiva, de \u201cmanera uniforme para todos los litisconsortes\u201d (art\u00edculo 51), la sentencia, entonces, tambi\u00e9n ha de ser \u00fanica para todas las \u201cpersonas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos\u201d (art\u00edculo 83). <\/p>\n
\u201cEn ese sentido la Corte tiene dicho que la figura del litisconsorcio surge cuando no es posible escindir la decisi\u00f3n en tantos \u201csujetos activos o pasivos individualmente considerados existan\u201d, sino que debe presentarse \u201ccomo \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos\u201d. En otros t\u00e9rminos, \u201cun pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aqu\u00e9lla, sino necesariamente con la de todos. (sentencia de 4 de junio de 1970, CXXXIV-170) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Para establecer el litisconsorcio necesario, al decir de tambi\u00e9n de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tampoco son de recibo las normas procesales que disponen la citaci\u00f3n o emplazamiento de personas indeterminadas, como manda el art\u00edculo 81 del estatuto procesal civil para \u201ccuando se pretenda demandar en proceso de conocimiento a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesi\u00f3n no se ha iniciado y cuyos nombres se ignoran, la demanda deber\u00e1 dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenar\u00e1 emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el art\u00edculo 318\u201d, ni por consiguiente el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 332 ib\u00eddem que, en tal hip\u00f3tesis, subsecuentemente otorga los efectos de cosa juzgada a la sentencia que se llegue a dictar en relaci\u00f3n con todas las comprendidas en el emplazamiento – efectos erga omnes -; dado que el mismo c\u00f3digo establece que cuando se trata de cuestiones relativas al estado civil \u00fanicamente pueden obrar las normas civiles y complementarias\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior ha dado pie inclusive para estimar que no es necesario demandar a todos los herederos del difunto padre, en la medida en que as\u00ed ellos vienen a conformar un litisconsorcio facultativo por pasiva, toda vez que resulta en esos t\u00e9rminos admisible definir por separado y aut\u00f3nomamente la relaci\u00f3n jur\u00eddica respecto de cada uno de los que son convocados al proceso, pues es el demandante mediante la integraci\u00f3n del mismo quien expande o restringe los susodichos efectos patrimoniales desde el punto de vista subjetivo, seg\u00fan que la demanda cobije a todos los herederos, lo que debe de entenderse individualmente considerados, como que se exige su presencia para que se pueda deducir, seg\u00fan las circunstancias particulares, la caducidad de tales efectos patrimoniales; o seg\u00fan que \u00e9l mismo limite la convocatoria contra uno o varios de tales herederos, caso en el cual s\u00f3lo contra \u00e9stos se produce la referida secuela pecuniaria (\u2026)\u201d(subrayas fuera de texto)5. <\/p>\n
En alusi\u00f3n a los herederos indeterminados, la Sala, igualmente adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No obstante que lo dicho es suficiente para desestimar el cargo, el singular silogismo que plantea el censor, por cuya virtud el art\u00edculo 81 del C. de P.C., actualmente vigente, impone la necesidad de citar a los herederos indeterminados del causante cuando se encuentra en curso el proceso de sucesi\u00f3n justifica que se hagan algunas precisiones, orientadas a esclarecer si dentro de los procesos destinados a fijar la filiaci\u00f3n cuando los demandados son los herederos del presunto padre, se le debe dar aplicaci\u00f3n al actual art\u00edculo 81 del C. de P.C., y, subsecuentemente, convocar mediante emplazamiento a quienes indeterminadamente tengan tal calidad. <\/p>\n
\u201cA tal fin, se debe empezar por se\u00f1alar que, como no podr\u00eda ser de otra manera, tal convocatoria no tendr\u00eda otra misi\u00f3n que la de que quienes resulten cobijados por el llamamiento edictal queden vinculados a los efectos del fallo. Es decir, que aquellos que siendo herederos del presunto padre y no habiendo sido citados personalmente al proceso por ignorarse su existencia, al ser convocados mediante emplazamiento, pueden verse afectados por la decisi\u00f3n que all\u00ed llegue a tomarse. <\/p>\n
\u201cLa anterior conclusi\u00f3n -que ser\u00eda la que corresponde sacar por estimar aplicable a asuntos como este el art\u00edculo 81 del C. de P.C.- conducir\u00eda a decir, entonces, que las sentencias proferidas en procesos de investigaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial adelantados con llamamiento de los herederos indeterminados del presunto padre, producen efectos de cosa juzgada erga-omnes, con lo que resultar\u00eda radicalmente modificado el criterio anterior -plasmado, entre otros, en el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968- seg\u00fan el cual tales fallos no generan sino efectos relativos, o sea, entre quienes han sido parte en el respectivo proceso. <\/p>\n
\u201cEmpero, encuentra la Sala que de por medio existen dos factores que, concatenados, impiden que en la realidad las cosas ocurran de ese modo. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el actual art\u00edculo 81 del C. de P.C., es el producto de la reforma que al texto anterior se le introdujo por el Decreto 2282 de 1989 (mod. 33). La reforma tuvo como finalidad primordial ampliar y clarificar los supuestos en los cuales deben ser convocados los herederos indeterminados de alguien en los procesos de conocimiento y de ejecuci\u00f3n. Y visto el car\u00e1cter generalizador o totalizante que se le imprimi\u00f3 al precepto, con l\u00f3gica aparente bien se pudiera pensar que all\u00ed quedaron comprendidos supuestos como el que ahora considera la Sala. Sin embargo, no se ha de olvidar que el Decreto 2282 fue expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias que al Gobierno Nacional le confiriera la Ley 30 de 1987, entre otras cosas, para \u00absimplificar el tr\u00e1mite de los procesos judiciales y ajustarlos a la inform\u00e1tica y las t\u00e9cnicas modernas\u00bb, de acuerdo con lo que reza el literal f) del art\u00edculo 1 de la citada ley, lo que quiere decir que, al quedarse la reforma referida al campo procesal exclusivamente, no se pod\u00eda ocupar de problemas propios del derecho sustantivo. Por lo mismo, las normas correspondientes, entre ellas el art\u00edculo 81, no caben ser interpretadas con esta orientaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEl otro aspecto, que le sirve de complemento a lo que se acaba de se\u00f1alar, radica en que de acuerdo con el art\u00edculo 332 del C. de P.C., en su inciso 4, \u00ablos efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilan cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regular\u00e1n por lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil y leyes complementarias\u00bb. <\/p>\n
\u201cPues bien: como quiera que la citaci\u00f3n a los herederos indeterminados del presunto padre no podr\u00eda tener por objeto m\u00e1s que el vincularlos a las resultas del fallo, cuesti\u00f3n esta que ata\u00f1e al C\u00f3digo Civil y a las disposiciones complementarias, se debe seguir que la exigencia del art\u00edculo 81 de C. de P.C. no rige para asuntos como el que aqu\u00ed se considera, lo que, desde luego, entra\u00f1a que su no cumplimiento no genera nulidad del proceso; pero tambi\u00e9n que, si de hecho, se produce la citaci\u00f3n de esos herederos indeterminados, no por tal circunstancia se dar\u00e1 la vinculaci\u00f3n al fallo para quien siendo en realidad heredero no haya sido citado de manera directa al proceso, y se le pretende encadenar con base en el gen\u00e9rico llamamiento edictal. <\/p>\n
\u201cNo sobra, en fin, anotar que es vano el argumento conforme al cual debe ser hecha, de todas maneras, la citaci\u00f3n de los herederos indeterminados para que as\u00ed se acate lo prescrito en el art\u00edculo 81 del C. de P.C., sin que ello comporte una injerencia en los efectos propios de la cosa juzgada pues estos seguir\u00edan regulados por las disposiciones sustantivas, porque entonces ello pondr\u00eda de presente que se est\u00e1 ante un tr\u00e1mite in\u00fatil, sin reprensi\u00f3n en la relaci\u00f3n material, cuando, como bien se sabe, las normas procesales deben apuntar hacia la realizaci\u00f3n de los derechos instituidos en la ley sustancial y, claro est\u00e1, dentro de los t\u00e9rminos en que esta los establezca. <\/p>\n
\u201cSe concluye entonces, que no puede alegarse la falta de citaci\u00f3n de los herederos indeterminados a este proceso como causal de nulidad, toda vez que ni la naturaleza del asunto, ni las normas legales exigen el emplazamiento obligatorio de los herederos indeterminados del presunto padre (\u2026), sin que, por lo dem\u00e1s, el art\u00edculo 81 ib., tenga el alcance que propone el casacionista\u201d6. <\/p>\n
Posteriormente, con referencia general a los herederos determinados, esta Colegiatura se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El litisconsorcio necesario puede originarse en la \u201cdisposici\u00f3n legal\u201d o imponerlo directamente la \u201cnaturaleza\u201d de las \u201crelaciones o actos jur\u00eddicos\u201d, respecto de los cuales \u201cverse\u201d el proceso (art\u00edculo 83 ejusdem), present\u00e1ndose este \u00faltimo caso, cuando la relaci\u00f3n de derecho sustancial objeto de la pretensi\u00f3n est\u00e1 conformada por un n\u00famero plural de sujetos, activos o pasivos, \u201cen forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una, \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos\u201d (G.J. t. CXXXIV, p\u00e1g. 170), o como la propia ley lo declara, \u201cCuando la cuesti\u00f3n haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes\u2026\u201d (art\u00edculo 51 C\u00f3digo de Procedimiento Civil)\u00bb, (Sent. Cas. 194 de 24 de octubre de 2000, exp. 5387, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con lo anterior, resulta evidente que en este conflicto los herederos determinados e indeterminados, as\u00ed como la calidad que ahora invoca de sucesora y socia, pidiendo para la sucesi\u00f3n y para sociedad conyugal de la cual hizo parte el extinto Edgar Gerardo Moreno G\u00f3mez no ostentan la condici\u00f3n de litisconsortes necesarios y, por ende, no ten\u00edan que ser citados al proceso para integrar el contradictorio, como quiera que no hay mandato legal que disponga su forzosa intervenci\u00f3n, ni as\u00ed lo exig\u00eda la naturaleza de la controversia, y tampoco el asunto requer\u00eda una decisi\u00f3n uniforme en relaci\u00f3n con cada una de las personas que pudieron resultar agraviadas moral o patrimonialmente por la muerte de aqu\u00e9l, dado que todo depende de los diversos v\u00ednculos jur\u00eddicos que con ellos tuviera el occiso para la \u00e9poca de su deceso, todos independientes unos de otros. De suerte que, sin duda, se trata de litisconsortes simplemente facultativos o voluntarios, puesto que por su lado, cada una de esas personas, libremente y seg\u00fan el grado de afectaci\u00f3n moral o econ\u00f3mico que alguna de \u00e9stas hubiere soportado por la desaparici\u00f3n de Moreno G\u00f3mez, pod\u00eda comparecer a demandar a los responsables con el prop\u00f3sito de obtener contra los mismos la correspondiente declaraci\u00f3n judicial de responsabilidad civil y consiguiente condenaci\u00f3n al respectivo resarcimiento, bien en litigio separado e independiente o dentro del incoado por Mar\u00eda Luz Boh\u00f3rquez Rodr\u00edguez y otros, a trav\u00e9s del mecanismo de la acumulaci\u00f3n de pretensiones, de demandas o de procesos; es m\u00e1s, luego del estudio jur\u00eddico de rigor, no ser\u00eda extra\u00f1o que encaminaran sus pretensiones frente a demandados diversos a los incluidos en la mencionada demanda, en caso de llegar a concluir que \u00e9stos no fueren los verdaderos o \u00fanicos obligados a reparar los perjuicios, sin importar para ello las resultas de las s\u00faplicas erigidas por los primigenios demandantes; de ello deviene que su falta de convocaci\u00f3n al litigio de ninguna manera amenaz\u00f3 o transgredi\u00f3 sus derechos (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Las disquisiciones realizadas en el marco de la Ley procesal anterior siguen vigentes. En t\u00e9rminos generales el C\u00f3digo General del Proceso y C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a nivel conceptual y dogm\u00e1tico en lo referente a los litisconsortes necesarios, son casi id\u00e9nticos (art\u00edculos 87 y 81, respectivamente). Son an\u00e1logos en lo referente a su contenido y fines. Por tal raz\u00f3n, bajo un criterio mutatis mutandis cobran plena operatividad. <\/p>\n
En ese orden, como la vinculaci\u00f3n de Robert Jonny Ayala Garc\u00eda al proceso de investigaci\u00f3n de paternidad era innecesaria, la causal de revisi\u00f3n invocada resulta inviable. En el campo personal, ni le va, ni le viene la declaraci\u00f3n del estado civil del demandante. Y, en el campo patrimonial, en el caso de no cobijarlos sus efectos, los mismos deben invocarse en las oportunidades correspondientes. <\/p>\n
3.3.2. Lo discurrido, es suficiente para negarle prosperidad a la causal de revisi\u00f3n fundamentada en la colusi\u00f3n o fraude. En particular, respecto de la no vinculaci\u00f3n de un heredero determinado al proceso de investigaci\u00f3n de paternidad, aceptando, inclusive, en gracia de discusi\u00f3n, que era conocido de la parte actora. <\/p>\n
Para la prosperidad de la causal sexta, consistente en \u201c[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u201d, es necesario el concurso simult\u00e1neo de los siguientes elementos: a) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con magnitud suficiente para afectar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales hechos no hayan podido alegarse en el marco del tr\u00e1mite procesal de instancia. <\/p>\n
El ocultamiento, a sabiendas, de alguien que tambi\u00e9n ha podido resistir las pretensiones, en comuni\u00f3n con otros, no configura la causal. El problema, se reducir\u00eda a la vinculaci\u00f3n al proceso del potencial convocado que fue ocultado, por supuesto, con gobierno propio en otra causal de revisi\u00f3n. Ciertamente, con la analizada en el numeral anterior y, que en \u00faltimas, rod\u00f3 por el piso. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre las \u2018maniobras fraudulentas\u2019 cumple memorar que la Corporaci\u00f3n, de anta\u00f1o, ha dicho que deben involucrar un comportamiento o \u2018una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos por medios il\u00edcitos; es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia\u2019 (Providencias de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, p\u00e1gina 45). <\/p>\n
Por consiguiente, con miras a establecer, ciertamente, un proceder caracterizado por tales vicios, implica evidenciar \u2018(\u2026) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fen\u00f3meno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intenci\u00f3n de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin. (\u2026)8\u201d. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, la credibilidad o no de la prueba testimonial, ata\u00f1e a su valoraci\u00f3n por el juzgador colegiado. No es una cuesti\u00f3n extra\u00f1a para \u00e9l ni para el proceso. El recurso de revisi\u00f3n, cual qued\u00f3 pincelado, no es el medio id\u00f3neo para reeditar la apreciaci\u00f3n probatoria. Recu\u00e9rdese, la revisi\u00f3n ataca una sentencia ejecutoriada y no un asunto en ciernes de resolverse definitivamente. <\/p>\n
3.4. Constatado, entonces, que las causales de revisi\u00f3n invocadas no se estructuran, el fracaso del recurso se muestra inexorable, todo, con las consecuencias de rigor. <\/p>\n
4. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisi\u00f3n de Gloria Janneth y Carlos Augusto Ayala Gonz\u00e1lez, Teresa Gonz\u00e1lez de Ayala y Robert Johny Ayala Garc\u00eda, interpuesto contra la sentencia de 5 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por el menor Sebasti\u00e1n Restrepo Mogoll\u00f3n, representado por Libiam Restrepo Mogoll\u00f3n, su madre, frente a los recurrentes y H\u00e9ctor Ra\u00fal Ayala Gonz\u00e1lez, en calidad de sucesores determinados del causante Benjam\u00edn Ayala Guar\u00edn, y dem\u00e1s herederos indeterminados. <\/p>\n
Consecuentemente, condena a la revisionista a pagar las costas causadas y los perjuicios que con su intervenci\u00f3n hubiere irrogado, para cuyo pago se ordena hacer efectiva la cauci\u00f3n otorgada. Las primeras, liqu\u00eddense por la secretar\u00eda de la Sala e incl\u00fayase la suma de tres millones de pesos ($3\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Para los efectos de lo anterior, hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada. <\/p>\n
En su momento, devu\u00e9lvase el proceso ejecutivo a la oficina de origen y arch\u00edvese la actuaci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando la doctrina anterior. <\/p>\n
2\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 234 de 1\u00ba de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros. <\/p>\n
3COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia del 15 de febrero de 2002. Posici\u00f3n reiterada en sentencia del 4 de julio del mismo a\u00f1o, radicado 6364. <\/p>\n
4\u0002COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia del 25 de abril del 2005, expediente, C-14115. <\/p>\n
5\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia del 1\u00ba de agosto del 2003, exped. 7769. <\/p>\n
6\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia del 28 de abril de 1995, exp. 4075, Pon. Dr. H\u00e9ctor Mar\u00edn Naranjo. <\/p>\n
7\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. del 30 de junio del 2005, expediente 1100102030002003 00010 01, Mg. Pon. Dr. Cesar Julio Valencia Copete. <\/p>\n
8\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 243 de 7 de diciembre de 2000, Exp. 007643 <\/p>\n
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SC4159-2021 (2018-00732-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4159-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2018-00732-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso de revisi\u00f3n de Gloria Janneth y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58224","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58224"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58224\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}