SC4160-2021 (2018-00035-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4160-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00035-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide anticipadamente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, interpuesto por C & CO DRILLING S.A.S. contra el Laudo Arbitral de 9 de diciembre del 2015, aclarado el 18 de diciembre siguiente, proferido por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 en el litigio instaurado por la recurrente contra TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTDA. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
Seg\u00fan se observa en la actuaci\u00f3n, en septiembre de 2009, C&CO DRILLING SAS remiti\u00f3 oferta a TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTDA., para llevar a cabo la perforaci\u00f3n y corazonamiento de los pozos estratigr\u00e1ficos Segua-1 y Segua-2. All\u00ed, indic\u00f3 su experiencia e hizo especial \u00e9nfasis en su pericia con el sistema denominado Slim Hole o agujero delgado, con fundamento en la utilizaci\u00f3n de un taladro con di\u00e1metro menor al ordinario para la perforaci\u00f3n de pozos petroleros. <\/p>\n
El 8 de agosto de 2011, las partes firmaron un convenio para cumplir con el fin descrito; la primera, como contratista y, la segunda, la contratante. Como \u201cObjeto\u201d, en la cl\u00e1usula 1.1. se estipul\u00f3, que C & CO obrar\u00eda de manera oportuna y diligente, en forma independiente, con plena autonom\u00eda t\u00e9cnica, directiva y financiera y, bajo la modalidad \u201cllave en mano1\u201d; sin embargo, Talisman intervino dando instrucciones y \u00f3rdenes relativas al desarrollo del negocio, desdibujando lo pactado. <\/p>\n
El servicio contratado por Talisman consisti\u00f3 en la perforaci\u00f3n y corazonamiento de un n\u00famero m\u00ednimo de dos pozos, cuya profundidad ser\u00eda de 2400, 2500 o 2600 pies, seg\u00fan fuera indicando la contratante. Tambi\u00e9n se regul\u00f3 de manera expresa la posibilidad de que, en el evento de no alcanzar el calado requerido, tal circunstancia no era constitutiva de incumplimiento contractual. <\/p>\n
El 4 de marzo de 2012, C & CO inici\u00f3 la perforaci\u00f3n del pozo Segua, llegando hasta los 2.159 pies, sin ning\u00fan contratiempo, se recuperaron 161 corazones o muestras de las formaciones del subsuelo, alcanzando el 97.11% de recobro; sin embargo, no fue posible avanzar hasta los 2.400 pies, seg\u00fan las previsiones obligacionales, debido a una formaci\u00f3n del subsuelo, denominada \u201cLe\u00f3n\u201d, consistente en una arcilla que al contacto con el lodo, se hincha, cerrando el pozo e impidiendo la perforaci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, para mitigar este riesgo e inestabilidad, C&CO plante\u00f3 diferentes alternativas, entre otras, aislar la formaci\u00f3n y continuar labores con una broca de menor di\u00e1metro, hasta llegar a la profundidad requerida; no obstante, esa propuesta fue rechazada por la pasiva, argumentando que se deb\u00eda cumplir el di\u00e1metro exigido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. <\/p>\n
Por lo expuesto, el 20 de abril de 2012, se tom\u00f3 la decisi\u00f3n conjunta de abandonar el pozo Segua-2. El 4 de mayo posterior, el gerente general de C&CO remiti\u00f3 una comunicaci\u00f3n a Talisman, describiendo los hechos ocurridos que conllevaron al abandono del pozo. <\/p>\n
Seg\u00fan se afirma, el 9 de mayo de 2012, la interpelada, en contrav\u00eda de las previsiones contractuales, radic\u00f3 en las oficinas de la promotora, carta de terminaci\u00f3n unilateral del convenio con fundamento en: (i) un retraso en el inicio de las operaciones; (ii) incumplimientos de normas de seguridad ambiental, medio ambiente y salud ocupacional; (iii) falta de pagos del personal; (iv) problemas en la perforaci\u00f3n del pozo falta de experiencia del personal, falta de idoneidad de los equipos, p\u00e9rdida del pozo por la reducci\u00f3n del peso del lodo y la supuesta recomendaci\u00f3n de C & CO de abandonar el pozo. <\/p>\n
La demandante indica que la terminaci\u00f3n unilateral del contrato por parte de la convocada, le gener\u00f3 m\u00faltiples perjuicios y, por tanto, solicit\u00f3 su pago, junto con los costos, multas y utilidades dejadas de percibir. <\/p>\n
El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, mediante Laudo Arbitral de 9 de diciembre del 2015, aclarado el 18 de diciembre posterior, declar\u00f3 la existencia del contrato \u201cpara la perforaci\u00f3n y corazonamiento de pozos estratigr\u00e1ficos\u201d celebrado el 8 de agosto de 2011; se\u00f1al\u00f3 su incumplimiento por parte de TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTDA., como consecuencia de haberlo terminado de manera unilateral e impuso las respectivas condenas. <\/p>\n
2. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N Y SU TR\u00c1MITE <\/p>\n
2.1. Invoca como causales las previstas en los numerales 1\u00ba y 6\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. La primera, porque con posterioridad al pronunciamiento del Laudo, C & CO tuvo conocimiento y acceso a elementos de juicio demostrativos de la notificaci\u00f3n que hiciera la convocada a la Litoteca Nacional Bernardo Taborda, mediante documentos de 12 de marzo de 2015, donde, adem\u00e1s, inform\u00f3 que las muestras de corazones del intervalo 1339 a 1346 pies del pozo SEGUA-2 no se lograron recuperar. <\/p>\n
En la misma data, tambi\u00e9n se entregaron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las muestras correspondientes a los corazones obtenidos en la perforaci\u00f3n del pozo SEGUA-2, desde los 300 hasta los 2.159,12 pies del proyecto de perforaci\u00f3n estratigr\u00e1fica BLOQUE CPE-8. <\/p>\n
2.4. Las muestras entregadas por Talisman a las entidades p\u00fablicas mencionadas, corresponden a aquellas que le fueran facilitadas por C & CO el 25 de julio de 2013 y, por las cuales, se suscribi\u00f3 el \u201cActa de recibo total\u201d, a satisfacci\u00f3n, de los n\u00facleos del pozo SEGUA-2. Estos hechos, seg\u00fan la recurrente, conllevaron el desconocimiento de los beneficios directos e indirectos de las muestras de corazones, demostrativas del cumplimiento de su labor. <\/p>\n
2.5. Precisa, que los documentos de 12 de marzo de 2015, no fueron aportados al decurso arbitral por Talisman, y el conocimiento que obtuvo de ellos, se dio con posterioridad a la notificaci\u00f3n de la providencia recurrida. Por tanto, esa situaci\u00f3n, les resto el valor probatorio que pod\u00edan aportar al litigio, en favor de la demandante. <\/p>\n
Igualmente, refiri\u00f3 que la convocada, ocult\u00f3 no contar con el Programa de Arqueolog\u00eda Preventiva, para la perforaci\u00f3n y su consecuente subcontrataci\u00f3n de los pozos convenidos con C&CO DRILLING SAS., requisito para poder iniciar las actividades de exploraci\u00f3n estratigr\u00e1fica. Seg\u00fan la recurrente, eso llevo a la Corporaci\u00f3n de instancia a desconocer que el negocio celebrado se encontrara viciado de nulidad absoluta insaneable y declar\u00f3, en su lugar, la validez con los consecuentes riesgos en contra de la recurrente, por la p\u00e9rdida del primer pozo, y de la segunda perforaci\u00f3n. <\/p>\n
Indica, que si los jueces arbitrales hubieran conocido esa situaci\u00f3n, deven\u00eda en consecuencia el acogimiento de las s\u00faplicas indemnizatorias y compensatorias patrimoniales, en aplicaci\u00f3n del principio de prohibici\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa, como medida correctiva procesal y punitiva, por la inducci\u00f3n del error, la deslealtad contractual y, por obrar de mala fe. <\/p>\n
2.6. Bajo estas premisas, refiere que el fundamento de los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieron a C & CO aportar los documentos aducidos, obedeci\u00f3 a su ocultamiento por parte de Talisman. <\/p>\n
2.8. Solicita, en consecuencia, se invalide el Laudo cuestionado, y se profiera la sentencia que en derecho corresponda. <\/p>\n
La contestaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n. Inicialmente atac\u00f3 por caducidad la decisi\u00f3n, recurso que devino frustrado. En la contestaci\u00f3n se opuso a la demanda por no estructurarse las causales de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Estando la actuaci\u00f3n para dictar sentencia, la decisi\u00f3n se toma de conformidad con lo previsto en el numeral 2\u00ba del art. 278 del C\u00f3digo General del Proceso, que autoriza al Juez para dictarla anticipadamente, total o parcial, \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, tal como sucede en el asunto. <\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.1. El inciso final del art. 358 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que \u201cSurtido el traslado a los demandados se decretar\u00e1n las pruebas pedidas, y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y proferir la sentencia\u201d. La decisi\u00f3n se toma de conformidad con lo previsto en el numeral 2\u00ba del art. 278 ej\u00fasdem. <\/p>\n
Conforme al precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n2, cuando no existen pruebas pendientes de practicar \u2013como ocurre en este caso\u2013, resulta procedente, definir el litigio anticipadamente, prescindiendo de las etapas que prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(…) el fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente [cuando] se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que (…) impone un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. (…) Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural (…)\u201d3. <\/p>\n
3.2. En lo que concierne a la tempestividad para proponer el recurso de revisi\u00f3n, el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que este \u201cpodr\u00e1 interponerse dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1\u00ba, 6\u00ba, 8\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo precedente\u201d. Por lo tanto, como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala el fallo atacado fue proferido el 9 de diciembre de 2015, aclarado el 18 de diciembre posterior, alcanzando ejecutoria el 19 de diciembre ulterior, la demanda radicada el 19 de diciembre de 2017, fue tempestiva, aspecto que fue definido en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
3.3. El recurso de revisi\u00f3n es un medio de impugnaci\u00f3n de naturaleza excepcional, extraordinaria y taxativa, de ah\u00ed que su procedencia se concreta a los casos en los que la controversia fue dirimida por medios injustos, los cuales constituyan hechos nuevos y distintos a los que debieron ser expuestos y analizados en las instancias. <\/p>\n
Es una excepci\u00f3n al principio de inmutabilidad de las sentencias cuya finalidad es hacer prevalecer la justicia, y dispensar protecci\u00f3n al derecho de defensa de los intervinientes y a la cosa juzgada material producida por un fallo anterior. <\/p>\n
En tales eventos -explica Chiovenda- \u201c(\u2026) Nada ofende en s\u00ed a la raz\u00f3n, que la ley admita la impugnaci\u00f3n de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbaci\u00f3n y el da\u00f1o mayores que se producir\u00edan de conservarse una sentencia intolerablemente injusta (\u2026)\u201d.4 <\/p>\n
Empero, el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere la delimitaci\u00f3n precisa de su ejercicio, pues de otro modo, se desfigurar\u00eda su naturaleza extraordinaria y la seguridad jur\u00eddica de los fallos legalmente en firme sufrir\u00eda un grave menoscabo. <\/p>\n
Es por eso que, en sede de revisi\u00f3n, resulta inadmisible -seg\u00fan lo tiene aceptado la jurisprudencia-, plantear \u201ctemas ya litigados y decididos en proceso anterior\u00bb, ni es la v\u00eda regular \u201cpara corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente\u201d, como tampoco un mecanismo al alcance de los litigantes que les permita \u201cmejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar\u201d o \u201cencontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi\u201d5. Por ello, el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso consagra las \u00fanicas nueve hip\u00f3tesis por las que es posible reclamar la revisi\u00f3n de una sentencia. <\/p>\n
3.4. En la impugnaci\u00f3n extraordinaria objeto de estudio, lo discutido versa sobre la sentencia dictada en un juicio arbitral. <\/p>\n
El recurso extraordinario de revisi\u00f3n frente al Laudo Arbitral <\/p>\n
Como introito a la presente cuesti\u00f3n, desde ya, advierte la Sala que, tanto el arbitraje nacional como el internacional, en el derecho nacional, cuenta hoy, con un Estatuto de Arbitraje, consignado en la Ley 1563 de 2012, normativa publicada en el Diario Oficial No. 48.489 del 12 de julio de 2012. <\/p>\n
El art\u00edculo 45 de la Ley 1563 de 2012, dispone que tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su anulaci\u00f3n son susceptibles de este remedio extraordinario por las causales y mediante el tr\u00e1mite se\u00f1alado en las normas generales del enjuiciamiento civil. <\/p>\n
La finalidad del recurso de revisi\u00f3n es otorgar un medio de defensa cuando, luego de proferido un fallo que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, aparezcan circunstancias que no fueron conocidas en el curso del litigio, o elementos de juicio que no fueron incorporadas al mismo, o se evidencien graves irregularidades procesales, de modo que, la decisi\u00f3n recurrida fue adoptada sobre bases probatorias o procesales afectadas de una grave irregularidad. <\/p>\n
El fin superlativo del recurso es la b\u00fasqueda de la verdad material, de la justicia y de la honradez, para lo cual se habilita levantar los efectos de cosa juzgada del laudo o de la sentencia. Se procura quebrar su sello de inmutabilidad, al estar contaminado por un vicio que impide mantener erguida una decisi\u00f3n en firme de llegarse a evidenciar su anormalidad o injusticia. <\/p>\n
El medio no pretende corregir errores in iudicando o in procedendo, que pudieron discutirse en la respectiva instancia o no puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisi\u00f3n que puso t\u00e9rmino al proceso, pues si de tales yerros se trata, para lo pertinente, est\u00e1n previstos los recursos ordinarios dentro del propio proceso. <\/p>\n
La revisi\u00f3n enfrenta ciertos hechos nuevos que afectan la decisi\u00f3n adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. De la misma manera, se trata del planteamiento de cargos que controviertan el sentido de certeza de la cosa juzgada. <\/p>\n
<\/p>\n
Al proceder en lo arbitral contra el laudo o la sentencia que resuelva la anulaci\u00f3n, significa que el yerro del propio laudo en algunas causales, el recurso puede ser interpuesto, sin que se haga depender el ejercicio de la revisi\u00f3n del agotamiento previo de la anulaci\u00f3n, a fin de hallar formas \u00e1giles de soluci\u00f3n de los yerros en correspondencia con los t\u00e9rminos cortos del juicio arbitral. <\/p>\n
La Ley de Arbitraje tambi\u00e9n se\u00f1ala como efecto de la prosperidad, la autoridad judicial competente de la revisi\u00f3n \u201cdictar\u00e1 la sentencia que en derecho corresponda\u201d, aniquilado el fallo y proveyendo nueva decisi\u00f3n sustitutiva en lo declarado fundado. Y el conocimiento del recurso, compete a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo en el caso, de las entidades p\u00fablicas con funciones administrativas, porque, en su caso, corresponder\u00e1 a lo contencioso administrativo. <\/p>\n
La anulaci\u00f3n de laudos <\/p>\n
3.5. Ahora, al ser los recursos de revisi\u00f3n y anulaci\u00f3n los \u00fanicos medios de defensa judicial que proceden contra los laudos arbitrales, es pertinente poner de presente que la anulaci\u00f3n del laudo no habilita que pueda adelantarse un nuevo juicio sobre el tema definido por el panel arbitral. <\/p>\n
Dicho medio procesal de impugnaci\u00f3n tiene un alcance restringido y el agraviado no puede pretender una nueva resoluci\u00f3n del litigio, sino, muy concretamente, la invalidaci\u00f3n de la decisi\u00f3n recurrida. Asimismo, la anulaci\u00f3n se ha deferido a la jurisdicci\u00f3n, pese a que un sector del arbitraje aduce que la naturaleza contractual de la cl\u00e1usula arbitral emancipar\u00eda de revisi\u00f3n el fallo de los \u00e1rbitros; en todo caso, tampoco puede concederse como principio general, que aun, ante la existencia de recursos contra el laudo, ellos tengan la virtualidad de un ataque ilimitado del fallo de los \u00e1rbitros. <\/p>\n
Lo propicio, entonces, es el establecimiento de medios de impugnaci\u00f3n frente al laudo, pero, como contrapartida a esta regla, que ellos no se extiendan a la revisi\u00f3n de fondo, es decir, no se asimilen a una segunda instancia. El juez que conoce de la anulaci\u00f3n contra el laudo no puede enmendar la definici\u00f3n arbitral ni declararse competente para conocer de cualquier oposici\u00f3n en su contra, ya que solo puede fundar su examen en motivos legalmente previstos. En consecuencia, le est\u00e1 vedado a la jurisdicci\u00f3n entrar a conocer in extenso el contenido del laudo o, lo que ser\u00eda lo mismo, reiniciar el debate fallado por los \u00e1rbitros. <\/p>\n
La casi unanimidad de legislaciones que contemplan este recurso, por no decir que todas, lo afincan en motivos tasados de procedibilidad. As\u00ed lo dictamina, por ejemplo, la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional -aprobada por la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional-, que establece como motivos de anulaci\u00f3n una triple escala de control, a saber: el control de la existencia y validez del convenio arbitral; el control de la regularidad del procedimiento en garant\u00eda del derecho de defensa y de los principios de igualdad, audiencia y contradicci\u00f3n, y el control sobre la garant\u00eda del orden p\u00fablico. <\/p>\n
En tal sentido, tan solo opera frente a determinadas circunstancias, en las que se fija como causas impugnatorias: la inobservancia de formalidades, la emisi\u00f3n fuera de plazo, la resoluci\u00f3n de aspectos no sometidos a la decisi\u00f3n arbitral o de materias no susceptibles de arbitraje. O sea, lo que en \u00faltimas puede encuadrarse en la ocurrencia de vicios formales o procedimentales o en la extralimitaci\u00f3n temporal u objetiva. Por consiguiente, el recurso de anulaci\u00f3n no puede desembocar en el estudio de vicios in iudicando de la decisi\u00f3n arbitral. <\/p>\n
Igualmente, la formalidad normativa de implantar causales para la procedencia del recurso en tratativas, hace referencia a que solo las infracciones arbitrales que se subsumen en las mismas, llevan a la afectaci\u00f3n del laudo. De manera tal que podr\u00edamos estar hablando de una modalidad de \u201ctipicidad\u201d, establecida en orden a prescribir ciertas incorrecciones arbitrales que se sancionan con la anulaci\u00f3n del laudo. De ah\u00ed que bien puede expresarse, en relaci\u00f3n con esta mencionada tipicidad de la anulaci\u00f3n, que ella comprende una doble finalidad. La primera, de orden material, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jur\u00eddicos anteriores o \u201cmotivos\u201d que permitan atribuir certeza de aquellas conductas arbitrales probablemente vulneradoras del regular funcionamiento de este tr\u00e1mite. La segunda, de car\u00e1cter formal, relativa a la exigencia de real existencia de un evento arbitral que pueda encuadrarse dentro de tales causales de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, es plausible dilucidar que configur\u00e1ndose de manera objetiva el motivo de anulaci\u00f3n pretendido, para lo cual se le impone al solicitante la carga de establecer \u2013con certeza y claridad- dentro de qu\u00e9 causal se configura el vicio alegado y la correspondiente l\u00ednea argumentativa de sustento, el debate concluir\u00e1 con la declaratoria de invalidez del laudo arbitral. <\/p>\n
De lo dicho se puede colegir con propiedad que la anulaci\u00f3n resultar\u00e1 procedente de concurrir simult\u00e1neamente estos elementos: cuando las acusaciones se realicen respecto de una proposici\u00f3n jur\u00eddica definida en la regulaci\u00f3n arbitral como una causal de anulaci\u00f3n, cuando no se distorsione el \u00e1mbito de acci\u00f3n de las causales objetivamente contempladas y cuando el soporte de los cargos no se ampare en meros supuestos, conjeturas o presunciones del actor. <\/p>\n
Todo esto tiene sentido, si se parte del presupuesto ya indiscutible, que la competencia del juez del recurso de anulaci\u00f3n se rige por el llamado \u201cprincipio dispositivo\u201d, conforme al cual se le impone al solicitante la carga de establecer \u2013con certeza y claridad- dentro de qu\u00e9 causal se configura el vicio alegado y la correspondiente l\u00ednea argumentativa de sustento. El efecto de la previsi\u00f3n es encauzar el examen de la anulaci\u00f3n sobre la procedencia de las causales invocadas, para exclusivamente corroborar el yerro que se alega, eventualmente originado por el resquebrajamiento del procedimiento o por el sobredimensionamiento de la potestad atribuida a los \u00e1rbitros. <\/p>\n
El arbitramento internacional <\/p>\n
El arbitraje internacional es una de las formas y de los m\u00e9todos m\u00e1s activos de resolver controversias en forma extrajudicial para los negocios internacionales, en el mundo globalizado de hoy, apelando a un sistema de justicia desestatizada. Permite solucionar diferencias en forma flexible y especializada, apoyado en la voluntad de las partes y superando los conflictos de jurisdicci\u00f3n, siguiendo entre otros criterios, la autonom\u00eda de la voluntad, la neutralidad, la flexibilidad, la confidencialidad, la eficacia, la libertad en el escogimiento del sistema normativo procedimental, idiom\u00e1tico, de formas, de sede arbitral; as\u00ed como la celeridad en la resoluci\u00f3n de las controversias, cuyo tr\u00e1mite concluye con una decisi\u00f3n vinculante para las partes, y con pocas posibilidades impugnaticias; empero, debe satisfacer la observancia de las garant\u00edas procesales y del debido proceso, pero la misma puede proyectarse, seg\u00fan el querer de las partes en derecho o en equidad (ex aequo et bono). <\/p>\n
Ahora, el cumplimiento en Colombia del laudo internacional, demanda del exequ\u00e1tur, instituci\u00f3n jur\u00eddica con fundamento en el principio de la soberan\u00eda estatal, en procura de hacerlo v\u00e1lido y eficaz nacionalmente y permitir su ejecuci\u00f3n o ejecutabilidad al interior del territorio dada su estirpe de decisi\u00f3n extranjera a fin de que se ajuste al ordenamiento nacional. <\/p>\n
Estos son criterios que el derecho internacional tambi\u00e9n comparte, como, por ejemplo, la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas de Nueva York de 1958, que hasta el a\u00f1o 2012, hab\u00eda sido ratificada por 147 Estados (incluyendo a Colombia) y la Convenci\u00f3n de Panam\u00e1 de 1975. Estos instrumentos son coincidentes al disponer que la ejecuci\u00f3n del laudo arbitral extranjero se rige por las normas procesales del Estado, la Lex fori, donde se pide el reconocimiento de la sentencia. <\/p>\n
En el caso colombiano, la demanda sobre exequ\u00e1tur de una sentencia extranjera, con el fin de que produzca efectos, se tramita ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que, de conformidad con el art. 607 del C. G. del P., definir\u00e1 si el laudo arbitral proferido en el extranjero produce efectos en Colombia y, en consecuencia, es ejecutable, de modo que si lo halla incompatible con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1 inejecutable, ante la prevalencia de esta, con disposiciones extranjeras contrarias a ella. <\/p>\n
El recurso de revisi\u00f3n contra laudos arbitrales <\/p>\n
Interesa subrayar que, mientras el estatuto arbitral se\u00f1ala las causales que proceden para el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n en el art\u00edculo 61, las de revisi\u00f3n se remiten expresamente al canon 355 del Estatuto Procesal Civil. <\/p>\n
El precepto 45 de dicha Ley al determinar que \u201ctanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su anulaci\u00f3n, son susceptibles del recurso extraordinario de revisi\u00f3n por las causales y mediante el tr\u00e1mite se\u00f1alado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, supone que el laudo arbitral, como la eventual sentencia que se dicte en el tr\u00e1mite de anulaci\u00f3n, son susceptibles del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, estructurando un doble control formal por medio del recurso, cuya sentencia estimatoria ajustar\u00e1 la decisi\u00f3n a derecho, pero si lo declara infundado, condenar\u00e1 en costas a pagos y perjuicios. <\/p>\n
La revisi\u00f3n no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso donde se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada, pues, en s\u00ed mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo, concebido para conjurar situaciones irregulares que, en su momento, distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho. <\/p>\n
De manera que el recurso de revisi\u00f3n frente a laudos arbitrales, por disposici\u00f3n legal, mantiene la estructura y din\u00e1mica propia de ese mecanismo impugnaticio dentro del procedimiento civil, con lo cual, la posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada de la que est\u00e1n revestidos los laudos arbitrales solo puede darse en los precisos y estrictos casos mencionados en la norma6. <\/p>\n
Tampoco es el recurso de revisi\u00f3n de laudos arbitrales una oportunidad para que la Corte emprenda un examen oficioso de lo decidido en la instancia por los Tribunales arbitrales, ya que, as\u00ed no fue contemplado por el estatuto procesal civil, contrario a cuanto puede ocurrir, por ejemplo, con el remedio extraordinario de casaci\u00f3n, en donde se otorg\u00f3 a esta Sala la potestad de casar la sentencia oficiosamente \u201ccuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d7. <\/p>\n
Las causales aducidas y los requisitos para su procedencia y su an\u00e1lisis frente al litigio arbitral <\/p>\n
3.5. Se formulan dos causales. La primera, correspondiente a la del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 355 del Estatuto Procesal vigente, esto es: \u201c(\u2026) Haberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Corte, en esta causal, \u201c(\u2026) la finalidad propia del recurso, no se trata (\u2026) de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dict\u00f3 la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra despu\u00e9s de pronunciado el fallo; se contrae (\u2026) a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducci\u00f3n por el litigante interesado, profiri\u00f3 un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto (\u2026)\u201d, puesto que no es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla, ya que, de lo contrario, no habr\u00eda jam\u00e1s cosa juzgada, y bastar\u00eda con que la parte vencida en juicio adecuara la prueba en revisi\u00f3n o produjera otra. <\/p>\n
De all\u00ed que, desde este punto de vista, \u201c(\u2026) la prueba de eficacia en revisi\u00f3n (\u2026) debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acci\u00f3n\u201d, de donde si no constituye \u201c(\u2026) esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una aut\u00e9ntica e incontestable novedad frente al material (\u2026) recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resoluci\u00f3n no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, para la configuraci\u00f3n de la causal que se examina, se exige la presencia concurrente de elementos imprescindibles, que a criterio de la Sala son: \u201c(\u2026) a) [S]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelaci\u00f3n, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca despu\u00e9s de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisi\u00f3n diferente a la adoptada en \u00e9l, es decir, que sea trascendente (\u2026)9\u201d. <\/p>\n
En el subex\u00e1mine, C& CO DRILLIN S.A.S como sustento de su pretensi\u00f3n extraordinaria adujo, en relaci\u00f3n con la causal primera que, si el Tribunal arbitral hubiese conocido los documentos de 12 de marzo de 2015, habr\u00eda \u201ccambiado el sentido de la decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En lo pertinente, expone que con \u201cposterioridad al pronunciamiento del laudo arbitral [de] 9 de diciembre de 2015\u201d y su aclaraci\u00f3n \u201cla sociedad (C&CO) tuvo conocimiento y acceso a documentos que prueban\u201d que Talisman, el 12 de marzo de 2015, notific\u00f3 a la Litoteca Nacional Bernardo Taborda Arango de la imposibilidad de extraer \u201clas muestras de Corazones del intervalo 1339 a 1346\u201d; y, de la entrega a la misma entidad, \u201cde las muestras obtenidas en la perforaci\u00f3n del pozo Segua-2 desde 300\u00b4 hasta 2.159\u00b4 del proyecto de perforaci\u00f3n ESTRATIGR\u00c1FICA BLOQUE CPE-8\u201d, medios demostrativos el cumplimiento contractual. Empero, la revisionista no prueba porqu\u00e9 ni cu\u00e1l de tales elementos \u201chabr\u00edan variado la decisi\u00f3n\u201d conforme a la regla 355, numeral 1\u00ba, \u00eddem., teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n objeto de revisi\u00f3n fue estimatoria a favor de la recurrente. <\/p>\n
Ciertamente, la convocada en el laudo no los aport\u00f3; no obstante, tampoco aparece la demostraci\u00f3n de la fuerza mayor, del caso fortuito o de la obra de la parte contraria, de tales omisiones, m\u00e1xime cuando los mismos pudieron haber sido obtenidos mediante derecho de petici\u00f3n dirigido a la Litoteca, o, mediante inspecci\u00f3n judicial o, con la exhibici\u00f3n de los libros y papeles de la demandada. <\/p>\n
Ahora, los documentos deben ser decisivos o incidentes para variar la decisi\u00f3n y ello, no lo demuestra la recurrente, por cuanto, el objeto del contrato era perforar hasta los 2400 pies en la primera fase exploratoria; sin embargo, con relaci\u00f3n a esto, esas pruebas nada demuestran o controvierten. No prueban haber llegado a los 2400 pies de profundidad por parte de la contratista. Lo pac\u00edfico consisti\u00f3 en que solo explor\u00f3 hasta los 2159 pies, sin sobrepasar dicho calado, circunstancia aceptada por las partes y debidamente contemplada por el tribunal, luego ellos, constituyen elementos intrascendentes para la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Esos elementos de convicci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el litigio nada nuevo se\u00f1alan, simplemente dejan en claro, que algunos hechos irrelevantes en el objeto del contrato entre los contendientes fueron conocidos o notificados a la Litoteca de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tercero ajeno al laudo, no vinculado en el juicio arbitral, y sin incidencia en esta causa. <\/p>\n
La notificaci\u00f3n a la Litoteca y la presentaci\u00f3n de las muestras a ella, ninguna relaci\u00f3n de causa a efecto, de conducencia o pertinencia guardan con la prueba fundante de la causa petendi, con el petitum; ni menos, relaci\u00f3n alguna de car\u00e1cter material con el nexo jur\u00eddico – sustancial de naturaleza contractual existente entre la revisionista y la convocada. Y con mayor raz\u00f3n, nada de novedoso tienen para ello. Cuanto en realidad puede brotar de esas probanzas, es dar, mayor apoyatura al incumplimiento contractual de la demandante en revisi\u00f3n. <\/p>\n
El quid del asunto versaba realmente, si habi\u00e9ndose celebrado el contrato bajo la modalidad llave en mano (en forma aut\u00f3noma e independiente de contrataci\u00f3n), el no haberse alcanzado por parte de la recurrente, la profundidad convenida de los 2400 pies, a causa de los riesgos exploratorios era suficiente para tener por demostrado el cumplimiento del objeto contractual. Empero, la revisionista no pod\u00eda negar que frente a los 2400 pies de profundidad contrajo una obligaci\u00f3n de resultados, obligaci\u00f3n que deshonr\u00f3. <\/p>\n
En la problem\u00e1tica de fondo planteada, la Corte encuentra que en el negocio celebrado y en las estipulaciones acordadas por los contratantes, C&CO DRILLING asumi\u00f3 el desarrollo de una labor, con autonom\u00eda t\u00e9cnica y administrativa, esto es sin subordinaci\u00f3n, a cambio de una remuneraci\u00f3n conforme lo establecido en la letra e) de la cl\u00e1usula 1.1.1. del contrato, donde se especifica: <\/p>\n
\u201c (\u2026) Teniendo en cuenta la modalidad \u201cllave en mano\u201d del presente Contrato, el CONTRATISTA asume en forma completa todos los riesgos asociados con la prestaci\u00f3n de los Servicios de acuerdo con el Objeto del presente Contrato y libera de responsabilidad a TCOG por cualquier costo en que incurra para lograr los objetivos de perforaci\u00f3n acordados por las Partes salvo casos de Fuerza Mayor y en aquellos eventos no atribuibles al CONTRATISTA siempre y cuando no haya obrado con culpa, culpa grave o dolo y que se encuentren debidamente comprobados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo transcrito permite colegir sin discusi\u00f3n que, la actividad de perforaci\u00f3n del pozo estratigr\u00e1fico, no se limitaba simplemente a la prestaci\u00f3n de unos servicios de perforaci\u00f3n por la revisionista; por el contrario, su objeto era amplio y supon\u00eda la obligaci\u00f3n de entregar una obra completa y lista para usarse, llevar a cabo todas las prestaciones tendientes a alcanzar el resultado comprometido, hasta los 2400 pies de profundidad. <\/p>\n
En consecuencia, ante la imposibilidad de lograr la profundidad definida \u201cpor cualquier raz\u00f3n\u201d lo procedente era continuar con la perforaci\u00f3n por cuenta y riesgo de C&CO, quien deb\u00eda asumir todos los costos. De tal modo, que la simple verificaci\u00f3n de que no se alcanz\u00f3 la profundidad acordada era suficiente para determinar que, para el momento cuando se dio por terminado el contrato, la contratista no alcanz\u00f3 el objetivo propuesto, tras no haber probado los eximentes previstos en la propia cl\u00e1usula. <\/p>\n
As\u00ed, con relaci\u00f3n al primer motivo de revisi\u00f3n invocado, la prueba documental preexistente al proceso, hallada luego de haberse pronunciado el fallo, de ninguna manera lo horada. Por esto, el elemento de prueba, en s\u00ed mismo considerado, y lo edificado alrededor, resulta intrascendente, con relaci\u00f3n a lo fallado, y, por ende, con los problemas jur\u00eddicos planteados en el laudo arbitral, motivo por el cual, la Sala pone en evidencia, la ausencia de relaci\u00f3n causal, pertinencia, conducencia o idoneidad entre la prueba basamento de la causal alegada y los aspectos litigiosos centrales. <\/p>\n
El Tribunal dej\u00f3 sentado, que no se alcanzaron los 2400 pies de profundidad demandados por el convenio y, adem\u00e1s, que la asunci\u00f3n del riesgo derivado de no poderse \u201calcanzar la profundidad definida por TCOG en este contrato por cualquier raz\u00f3n, seg\u00fan la cl\u00e1usula 1.1.1.\u201d se hallaba en manos de la contratista, y era responsabilidad suya, teniendo en cuenta la naturaleza jur\u00eddica del negocio. No se trataba entonces, de un ejercicio para reeditar o de alegar elementos de convicci\u00f3n sin ninguna potencialidad eficaz para hacer variar la decisi\u00f3n del litigio cual se pretende con el motivo invocado ahora. <\/p>\n
En palabras de la Corte, el recurso <\/p>\n
\u201c(\u2026) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
En el caso, el \u201c(\u2026) documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida; lo cual significa que ha de ostentar tal eficacia legal que con vista en \u00e9l hubiera sido bastante para fallar el litigio de una manera contraria o muy distinta a como fue resuelto (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
En el asunto objeto de revisi\u00f3n, esos documentos sustancialmente no tienen eficacia legal para concitar un fallo contrario o diferente a la forma como se resolvi\u00f3 por los \u00e1rbitros, puesto que carecen de la contundencia y conducencia para demostrar una situaci\u00f3n diferente, pues no se trataba de corregir o mejorar errores probatorios o la forma como los juzgadores arbitrales resolvieron el litigio contractual. <\/p>\n
As\u00ed, cual en otra ocasi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 la Sala, el anotado tr\u00e1mite tiene <\/p>\n
\u201c(\u2026) venero en circunstancias que, en t\u00e9rminos generales, son extr\u00ednsecas o ajenas al proceso en el cual se profiri\u00f3 la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a \u00e9l, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empec\u00e9 antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hip\u00f3tesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redund\u00f3 en la adopci\u00f3n de una resoluci\u00f3n injusta (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
De ah\u00ed, como son diferentes las instancias del proceso y el recurso de revisi\u00f3n, cuando la impugnaci\u00f3n se fundamenta en cuestiones inherentes o presentes al interior del juicio, no se puede hablar de algo desconocido para ninguna de las partes intervinientes, denotando esto, en principio, que todo fue objeto de consideraci\u00f3n, expresa o impl\u00edcitamente. <\/p>\n
En s\u00edntesis, no prospera la causal objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
3.6. La segunda, invocada por la revisionista es la consagrada en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201c(\u2026) Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para su configuraci\u00f3n, debe existir una discrepancia entre la verdad material y la acreditada en el proceso, a ra\u00edz de la gestaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n o perpetuaci\u00f3n de maniobras fraudulentas o colusivas por alguno de los sujetos procesales tendientes a perjudicar a su contraparte, sin que, necesariamente, tales conductas tengan connotaci\u00f3n delictiva. <\/p>\n
Su estructuraci\u00f3n demanda comprobar: \u201c(\u2026) a) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
Al plantear este motivo, debe tenerse en cuenta que los sujetos procesales comparecen ante los jueces y magistrados de la Rep\u00fablica o autoridades p\u00fablicas, amparados por la presunci\u00f3n de buena fe prevista por el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; en consecuencia, insoslayable es, a los impugnantes extraordinarios les corresponde desvirtuar las presunciones de verdad y acierto que escoltan los fallos judiciales, y por lo tanto, que acrediten cabalmente las maniobras fraudulentas y colusivas que sus contrapartes realizaron con el prop\u00f3sito de ocasionarles perjuicios, esto con el fin de que el recurso de revisi\u00f3n pueda salir avante. <\/p>\n
La opugnaci\u00f3n, adem\u00e1s, estar\u00e1 destinada al fracaso cuando se pretenda mostrar como sucesos constitutivos de fraude o colusi\u00f3n eventos que, en realidad, fueron expuestos o que pudieron haberse discutido durante las instancias, pues de ellos, no se predica ocultamiento o la maniobra exigida por la causal en comento. <\/p>\n
Sobre el punto la Sala ha expuesto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara su verificaci\u00f3n debe mediar un accionar irregular y consciente de quienes intervinieron en la litis donde se dict\u00f3 el pronunciamiento cuestionado, con incidencia en la producci\u00f3n de \u00e9ste, consistente en la deformaci\u00f3n u ocultamiento de informaci\u00f3n necesaria para el normal desarrollo y soluci\u00f3n del debate. <\/p>\n
\u201cSeg\u00fan criterio de la Corte, se\u00f1alado en SR de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, p\u00e1gina 45, citadas en la de 19 de diciembre de 2011, rad. 2008-01281-00, esas maniobras fraudulentas comportan \u201c(\u2026) una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos por medios il\u00edcitos; es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia\u201d. <\/p>\n
\u201cLo que complementa la Sala, seg\u00fan SR 243 de 7 de diciembre de 2000, rad. 007643, con que sus elementos esenciales son \u201c(\u2026) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fen\u00f3meno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intenci\u00f3n de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado a lo anterior, debe corresponder a situaciones ajenas al pleito y que no se hayan controvertido dentro del mismo o que pudi\u00e9ndolo hacer se dejaron pasar, pues, de ser as\u00ed se estar\u00eda reabriendo la discusi\u00f3n como si se tratara de su replanteamiento o un reexamen de los puntos desatados, lo que se aleja de los fines propios de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
\u201cComo estim\u00f3 la Corporaci\u00f3n en SR 208 de 18 de diciembre de 2006, expediente 2003-00159-01, es \u201c(\u2026) requisito para que determinada situaci\u00f3n pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisi\u00f3n\u2026, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de \u00e9l, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, o que pudieron serlo, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, que al juez de revisi\u00f3n se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio (\u2026)14\u201d. <\/p>\n
Reiteradamente la jurisprudencia ha manifestado que: <\/p>\n
\u201c[S]e contrae a hechos externos al litigio, pero con ocurrencia mientras est\u00e1 en curso y con el prop\u00f3sito expreso de torpedearlo, ya sea por desfiguraci\u00f3n u ocultamiento malintencionado de la verdad, sin que se admitan como tales situaciones de insuficiencia en el recaudo de las pruebas o la forma como fueron sopesadas \u00e9stas al proferir la decisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e trata de un proceder de cualquiera de los litigantes encaminado a desfigurar el ambiente procesal, en el que debe primar un desempe\u00f1o con lealtad y probidad, lo que precisamente se desatiende con actuaciones defraudatorias en el devenir contencioso a sabiendas de que ri\u00f1en con el debido ejercicio del derecho de acci\u00f3n o defensa, para direccionar un resultado que atente contra el prop\u00f3sito de lograr una \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb contemplado en el art\u00edculo 2 ej\u00fasdem (\u2026)15\u201d. <\/p>\n
En suma, si por medio del motivo de revisi\u00f3n que se est\u00e1 explicando se pretende que la Corte vuelva a examinar asuntos que hacen parte del plenario, en vez de maniobras enga\u00f1osas, colusivas o fraudulentas realizadas por la parte contraria por fuera del tr\u00e1mite, indefectiblemente la impugnaci\u00f3n extraordinaria estar\u00e1 destinada al fracaso. <\/p>\n
La revisionista, argumenta, que Talism\u00e1n despleg\u00f3 maniobras fraudulentas al ocultar que no contaba para el ejercicio de perforaci\u00f3n, con el programa de arqueolog\u00eda preventiva, ni con el plan de manejo arqueol\u00f3gico previsto en la Ley 1185 de 2008, como requisito para iniciar labores de exploraci\u00f3n estratigr\u00e1fica. <\/p>\n
Alude, que estos actos se presentaron no solo en la etapa contractual, sino en la fase procesal arbitral, en contrav\u00eda del deber jur\u00eddico de buena fe y lealtad procesal, pues al omitir informar de esas falencias a la Corporaci\u00f3n de instancia, la indujo en error y le ocasion\u00f3 mayores costos a la recurrente. <\/p>\n
Si tales hechos son los aducidos, la causal, no se configura pues, la totalidad de los fundamentos expuestos en el recurso extraordinario, versan sobre aspectos que debieron ser debatidos en el decurso, y no sobre circunstancias externas o ajenas al debate judicial, de las cuales fluyan maniobras que hayan tenido el prop\u00f3sito de enga\u00f1ar al fallador o de causar un perjuicio a la ahora recurrente. <\/p>\n
Empero, ning\u00fan enga\u00f1o o fraude puede predicarse de los hechos conductuales ejecutados por Talisman, porque el hecho alegado no resulta externo al litigio. Por el contrario, se trata de circunstancias que pudieron ser alegadas y apreciadas en el debate probatorio planteado. De ninguna manera pueden dar pie al motivo de revisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis los argumentos que alguna de las partes presente tard\u00edamente con el fin de mejorar la prueba e ir en contra de lo pretendido en libelo introductorio, precisamente por carecer de la connotaci\u00f3n oculta que el mismo exige. <\/p>\n
De los aspectos nodales, soporte de la causal, ni la colusi\u00f3n, ni las maniobras, se hallan demostradas. No se evidencia esa acechanza o fraude que hubiera incidido en la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros para transformarla en inicua, o que en verdad haya causado perjuicio; con todo, mem\u00f3rese, el laudo reconoci\u00f3 la mayor\u00eda de las s\u00faplicas invocadas por la revisionista. <\/p>\n
Alegar fraude a partir de exigencias que la propia demandante debi\u00f3 solicitar oportunamente a la contratante en la fase precontractual para el \u00e9xito del objeto negocial no se compadece con los fines y la naturaleza contractual celebrada. Resulta incomprensible para la Corte que, en labores tan especializadas, una empresa puede iniciar un contrato como acaeci\u00f3, sin contar con un programa de arqueolog\u00eda preventiva, ni con el plan de manejo arqueol\u00f3gico. <\/p>\n
La persona jur\u00eddica demandante en revisi\u00f3n y contratista dado su car\u00e1cter especializado y profesional en el \u00e1rea para la cual fue contratada, la experiencia y conocimiento con que en el \u00e1rea deb\u00eda contar, le urg\u00eda tener noci\u00f3n o conocimiento del programa de arqueolog\u00eda preventiva as\u00ed, como del manejo del plan arqueol\u00f3gico exigido por ley. Debi\u00f3, dada la alta capacidad t\u00e9cnica y los requerimientos que se exigen para la actividad exploradora requerirlos u obtenerlos, para la fijaci\u00f3n de los t\u00e9rminos y del valor del contrato o de la obra a ejecutar, para proyectar la duraci\u00f3n de la labor y la naturaleza de la exploraci\u00f3n, la magnitud del proyecto asumido, y por supuesto, para la iniciaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del contrato pues versaba sobre tales aspectos. Y si con tales elementos no cont\u00f3, debi\u00f3 requerirlos en la fase precontractual y alegar esas circunstancias al interior del proceso arbitral, pero no ahora, porque siendo de su incumbencia, no es la revisi\u00f3n el instrumento para reeditar una causa en orden a mejorar la prueba. <\/p>\n
De lo expresado por los medios de convicci\u00f3n puestos de presente, no aflora la presencia de los elementos estructurales de la causal sexta de revisi\u00f3n, consistente en las maniobras fraudulentas desplegadas por la ejecutada, con tanta suficiencia que determinaran el pronunciamiento de una sentencia inicua y el perjuicio causado con ellas a la demandante, como pasa a concretarse. <\/p>\n
Esta demostrado, que los citados documentos, fueron obtenidos desde el 2 de agosto de 2011 y pod\u00edan ser solicitados por C & CO en la etapa previa a la contrataci\u00f3n, por constituir un requisito para la iniciaci\u00f3n de las labores de exploraci\u00f3n estratigr\u00e1fica; de este modo, no puede ahora, la opugnadora, alegar su propia culpa en provecho propio, pues existe un l\u00edmite al derecho subjetivo para observar lealtad y buena fe. <\/p>\n
Asimismo, como en la causal tambi\u00e9n refiere la invalidez contractual resulta contradictorio que en el libelo inicial se solicite la validez y los efectos jur\u00eddicos del contrato a su favor por causa de la conducta de la convocada y, ahora, suplique la nulidad sustancial del contrato, todo lo cual, echa por el piso el principio vertebral de la buena fe que campea en los negocios jur\u00eddicos. <\/p>\n
Significa que, en los plurales aspectos debatidos e la causal esgrimida, est\u00e1 yendo contra sus propios actos, en clar\u00edsima vulneraci\u00f3n de la regla \u201cvenire contra factum propium non valet\u201d, derivada del principio de la buena fe, expuesto ab initio con expresa consagraci\u00f3n positiva tanto constitucional como legalmente en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. Es principio universal y del derecho nacional que nadie puede venir v\u00e1lidamente contra sus propios actos, con fundamento en la regla: \u201cadversus factum suum quis venire non potest\u201d, seg\u00fan la cual, no es il\u00edcito hacer valer una prerrogativa yendo en contra de su propia conducta anterior, porque resulta incompatible con esa conducta precedente. Se trata de un l\u00edmite al propio derecho subjetivo para observar lealtad y buena fe. <\/p>\n
En ese orden, no se abre paso la causal de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 355, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n que impone declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, y de acuerdo al art\u00edculo 384 del C. de P. C. y 359 del G. del P. hay lugar a condenar en costas en sede extraordinaria, cuya liquidaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse mediante el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
4. DECISI\u00d3N <\/p>\n
4.1. En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, declara infundado el recurso de revisi\u00f3n formulado por C & CO DRILLING S.A.S. contra el Laudo Arbitral de 9 de diciembre del 2015, aclarado el 18 de diciembre siguiente, proferido por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 en el litigio instaurado por la recurrente contra TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTDA. <\/p>\n
4.2. Consecuentemente, se condena a la recurrente a pagar los perjuicios ocasionados, cuyo monto se establecer\u00e1 mediante tr\u00e1mite incidental; as\u00ed como las costas en revisi\u00f3n, incluyendo en la liquidaci\u00f3n a realizar por secretar\u00eda, la suma de tres millones de pesos ($3000.000.oo), como agencias en derecho. <\/p>\n
4.3. Para los efectos de lo anterior, hacer efectiva la cauci\u00f3n prestada mediante p\u00f3liza No. 11-41-101-024432 expedida el 13 de marzo de 2018, por Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
4.4. En su oportunidad, devu\u00e9lvase al Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el original del proceso, allegando copia de esta providencia, y archivar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00d3PIESE Y NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Es aquel que tiene por objeto la confecci\u00f3n de una obra material, incluyendo suministro de equipos e instalaci\u00f3n, en condiciones tales que el contratante pueda ponerla en marcha al momento que se le entrega. <\/p>\n
2\u0002 Colombia, CSJ. Civil. Cas. Sentencia4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Cas. Sentencia 12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 agosto <\/p>\n
4\u0002 Instituciones de derecho procesal civil. Vol. III, Madrid: 1940, p. 406. <\/p>\n
5\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 3 Sep. 1996, Rad. 5231; CSJ SR, 8 Jun. 2011, Rad. 2006-00545-00 <\/p>\n
6\u0002 Ver en este sentido COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 339-2019. <\/p>\n
7\u0002 Inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
8\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, reiterada entre otras, en CS21078-2017. <\/p>\n
9\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 20 ene. 1995, Rad. 4717, enunciada en SC6996-2017). <\/p>\n
10\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Cas. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando doctrina anterior. <\/p>\n
11\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de revisi\u00f3n 045 de 22 de septiembre de 1999 (CCLXI-327, Volumen I), citada luego en fallos de 1\u00ba de marzo de 2011 (expediente 00058) y de 31 de julio de julio de 2013 (expediente 01816), entre otros. <\/p>\n
12\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 234 de 1\u00ba de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros. <\/p>\n
13\u0002 COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 30 oct. 2007, rad. 2005-00791-00). <\/p>\n
14\u0002 C COLOMBIA, CSJ. Cas. Civil. Sentencia 12559-2014, citada en CSJ SC3955-2019, rad. 2018-02393, 26 sep. 2019. <\/p>\n
15\u0002 COLOMBIA, CSJ. Civil. Cas. Sentencia 3955-2019, rad. 2018-02393, 26 sep. 2019. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC4160-2021 (2018-00035-00)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4160-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00035-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58225","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58225\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}