SC4377-2021 (2020-03024-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4377-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03024-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur que elev\u00f3 Linney Arias Manrique. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Arias Manrique pidi\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo que el 26 de julio de 2013 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 2 de Sant Boi de Llobregat, Reino de Espa\u00f1a, dentro del tr\u00e1mite de incapacitaci\u00f3n de su hijo, mayor de edad, Germ\u00e1n Andr\u00e9s Enciso Arias. <\/p>\n
2. En sustento de su s\u00faplica, relat\u00f3 que el se\u00f1or Enciso Arias padece esquizofrenia paranoide grave, lo que \u00ablimita de forma parcial la capacidad de autogobierno (…) y le impide administrar su patrimonio\u00bb. Por esa raz\u00f3n, solicit\u00f3 su incapacitaci\u00f3n parcial, a lo que accedi\u00f3 la dependencia judicial referida, tras sostener que \u00abde la prueba practicada (…) resulta que D. Germ\u00e1n Andr\u00e9s Enciso Arias se encuentra diagnosticado de esquizofrenia paranoide (…) trastorno mental [que] limita de forma parcial la capacidad de autogobierno del demandado, al afectar su grado de aptitud y autonom\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la demanda por auto de 23 de noviembre de 2020, se prescindi\u00f3 de la citaci\u00f3n del se\u00f1or Enciso Arias, comoquiera que el fallo a homologar no se profiri\u00f3 en el marco de un juicio contencioso. <\/p>\n
4. En esa misma providencia, se orden\u00f3 correr traslado de la solicitud de exequatur a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que se pronunci\u00f3 oportunamente, advirtiendo que <\/p>\n
\u00ab(…) formalmente se han satisfecho las exigencias sustanciales y adjetivas previstas en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, compatibles con las previstas en la legislaci\u00f3n colombiana, valga decir, tanto en la Ley 1306 de 2009 \u2013vigente para la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia que se revisa\u2013, como en el C\u00f3digo General del Proceso. Se vincul\u00f3 a persona en condici\u00f3n de discapacidad, la que fue asistida por el Ministerio Fiscal, y a los miembros de la familia e interesados en el proceso, como lo exige el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Civil colombiano y en el numeral 2 del art\u00edculo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Espa\u00f1a. <\/p>\n
Se conjugan en la sentencia a homologar y en su tramitaci\u00f3n, los requisitos formales y sustanciales referidos en l\u00edneas precedentes. Para que las providencias extranjeras produzcan efectos en el territorio patrio, es necesario que adicionalmente re\u00fanan otras exigencias contempladas en la legislaci\u00f3n interna, establecidas para impedir que con la decisi\u00f3n for\u00e1nea se lesionen el orden p\u00fablico o la jurisdicci\u00f3n nacional, esto es, que no se opongan a las leyes u otras normas colombianas de orden p\u00fablico exceptuando las de procedimiento, he de concluir que no existe alguna incompatibilidad entre la legislaci\u00f3n colombiana y la espa\u00f1ola, por lo tanto la acci\u00f3n tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y as\u00ed solicito a la Corte se disponga la homologaci\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
Conforme al precedente inalterado de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica \u2013como ocurre en este caso\u2013, resulta procedente el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que la potestad de expedir normas internas y velar por su cumplimiento constituyen expresiones de la soberan\u00eda estatal dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar dichas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido aun de manera forzada, tambi\u00e9n se circunscribe al espacio territorial de cada Estado en particular. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio soberano en el que fueron proferidas2. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que constantemente surgen v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole (familiares, comerciales, etc.) entre personas que habitan espacios nacionales diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, el legislador patrio admiti\u00f3 \u2013de manera excepcional\u2013 que \u00ablas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso). De esta manera, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. <\/p>\n
En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar. <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb. <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Asimismo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte ha de comprobar que aquella fue presentada en copia debidamente legalizada; que se encuentra ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se realiz\u00f3 la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia objeto de exequatur hubiere tenido naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
En la materia rige el Convenio entre Colombia y Espa\u00f1a para el cumplimiento de sentencias civiles, suscrito en Madrid el d\u00eda 30 de Mayo de 19083, pacto internacional que fue incorporado al ordenamiento patrio mediante la Ley 7 de esa misma anualidad, en virtud del cual se permite que \u00ab[l]as sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, [sean] ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n\u00bb, precisando, a rengl\u00f3n seguido, que \u00ab[l]a primera de [esas] circunstancias (…) se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Se encuentra acreditado que la sentencia de 26 de julio de 2013, proferida por el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 2 de Sant Boi de Llobregat \u2013que obra en copia debidamente compulsada y legalizada\u2013, no versa sobre derechos reales, ni sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces colombianos; adem\u00e1s, milita en el expediente la constancia de firmeza de esa decisi\u00f3n judicial, emitida por la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia espa\u00f1ol. <\/p>\n
Sin embargo, no se satisfacen a cabalidad los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, y que tambi\u00e9n contempla el propio instrumento internacional antes citado, pues lo decidido por la autoridad judicial extranjera en el fallo cuya homologaci\u00f3n se solicit\u00f3, no armoniza con las disposiciones internas de orden p\u00fablico que rigen actualmente en Colombia. <\/p>\n
Ciertamente, en la aludida sentencia se declar\u00f3 la \u00abincapacitaci\u00f3n parcial de D. Germ\u00e1n Andr\u00e9s Enciso Arias, quedando el mismo sometido a la administraci\u00f3n y representaci\u00f3n patrimonial de un curador, que asumir\u00e1 funciones de tutor \u00fanicamente respecto a la supervisi\u00f3n del administraci\u00f3n de sus bienes y patrimonio y a su medicaci\u00f3n\u00bb, forma de interdicci\u00f3n que es incompatible con la novedosa pauta que introdujo el art\u00edculo 6 de la Ley 1996 de 2019, a cuyo tenor \u00ab[t]odas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos. En ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, esa soluci\u00f3n se opone a la regulaci\u00f3n contenida en la Ley 1996 de 2019, normativa que, en desarrollo de los principios de dignidad, autonom\u00eda y primac\u00eda de la voluntad y preferencias del titular del acto jur\u00eddico, reconoce plena capacidad a todas las personas mayores de edad, sin distingos de ninguna clase. Recu\u00e9rdese que, a voces del art\u00edculo 8 ejusdem, \u00ablas personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos\u00bb, regla que proscribe cualquier posibilidad de incapacitaci\u00f3n, aun parcial. <\/p>\n
Expresado de otro modo, en nuestro ordenamiento, quienes padecen enfermedades f\u00edsicas o mentales \u2013como la que afectar\u00eda al se\u00f1or Enciso Arias\u2013 no pueden ser privadas de su capacidad, debi\u00e9ndose entender que est\u00e1n habilitadas \u2013como cualquier otra persona\u2013 para expresar su voluntad de manera libre y aut\u00f3noma, en la medida de sus posibilidades, y sirvi\u00e9ndose, cuando a ello hubiere lugar, de alg\u00fan tipo de apoyo para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, el cual puede establecerse mediante \u00abla celebraci\u00f3n de un acuerdo (…) entre la persona titular del acto jur\u00eddico y las personas (…) que prestar\u00e1n apoyo\u00bb o a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite de \u00abadjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb (art\u00edculo 9, ibidem), seg\u00fan el caso. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que la sentencia for\u00e1nea se profiri\u00f3 en vigencia del art\u00edculo 1504 del C\u00f3digo Civil colombiano, seg\u00fan su texto original, que tambi\u00e9n contemplaba la interdicci\u00f3n parcial, en forma an\u00e1loga a la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola. Pero, a juicio de la Sala, las disposiciones de orden p\u00fablico interno que resultan relevantes para definir la suerte de una solicitud de exequatur son, precisamente, las vigentes para la fecha de la homologaci\u00f3n, pues es all\u00ed cuando debe realizarse la confrontaci\u00f3n que exige el canon 606-2 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
A ello cabe agregar una consideraci\u00f3n adicional. La propia Ley 1996 de 2019 estableci\u00f3 una suerte de r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en virtud del cual el juez que profiri\u00f3 una sentencia de interdicci\u00f3n est\u00e1 obligado a \u00abcitar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb (art\u00edculo 56). <\/p>\n
Lo anterior equivale a decir que, aun los fallos nacionales dictados bajo la \u00e9gida de la legislaci\u00f3n original del C\u00f3digo Civil, tendr\u00e1n que adaptarse a las nuevas disposiciones en materia de capacidad que contempla nuestro ordenamiento; y como esa adecuaci\u00f3n no puede impon\u00e9rsele al juez extranjero que orden\u00f3 la interdicci\u00f3n de un connacional, la homologaci\u00f3n de ese tipo de resoluciones resulta inconveniente, adem\u00e1s de improcedente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que el fallo extranjero no armoniza con las disposiciones internas de orden p\u00fablico en materia de capacidad de las personas, se negar\u00e1 su homologaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NEGAR el exequatur de la sentencia que el 26 de julio de 2013 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 2 de Sant Boi de Llobregat, Reino de Espa\u00f1a, dentro del juicio promovido a instancias de la se\u00f1ora Linney Arias Manrique. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Instrumento vigente, conforme la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la Canciller\u00eda (http:\/\/apw.cancilleria.gov.co\/tratados\/SitePages\/VerTratados.aspx?IDT=3e96fe2a-015b-455d-86d8-84eab50e4579). <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 200, C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol (https:\/\/www.boe.es\/eli\/es\/rd\/1889\/07\/24\/(1)\/con). <\/p>\n
5\u0002 Es pertinente indicar que el r\u00e9gimen de tutelas y curatelas es objeto de regulaci\u00f3n especial en el C\u00f3digo Civil de Catalu\u00f1a (comunidad aut\u00f3noma a la que pertenece la autoridad judicial que profiri\u00f3 el fallo materia del tr\u00e1mite de exequatur). <\/p>\n
<\/p>\n
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