SC4480-2021 (2019-03417-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4480-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03417-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de anulaci\u00f3n formulado por la Compa\u00f1\u00eda 8768820 CANADA INC. frente al laudo arbitral de 2 de agosto de 2019, con adici\u00f3n del 12 de septiembre siguiente, proferido por el Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia, dentro del proceso arbitral promovido por la recurrente contra la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S y otros. <\/p>\n
1. PRETENSIONES <\/p>\n
1.1. La recurrente pretende que esta Corporaci\u00f3n disponga: <\/p>\n
1.1.1. Anular el laudo proferido el 2 de agosto de 2019, por la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia, complementado mediante auto del 12 de septiembre del mismo a\u00f1o, con fundamento en el numeral 1\u00b0, literal d) del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
1.1.2. Ordenar la devoluci\u00f3n de todos los gastos y costos sufragados debido al proceso arbitral y al laudo; as\u00ed como proceder a las restituciones correspondientes, si el laudo anulado hubiere sido ejecutado en todo o en parte. <\/p>\n
1.1.3. Mantener la validez de la cl\u00e1usula compromisoria para convocar, de nuevo, un nuevo Tribunal Arbitral, manteniendo las pruebas debidamente practicadas y las actuaciones no afectadas por la anulaci\u00f3n. <\/p>\n
2. ANTECEDENTES <\/p>\n
2.1.1. En el 2010 se constituy\u00f3 legalmente la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S., debidamente registrada en la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia, lugar donde fij\u00f3 su domicilio. El objeto social de aqu\u00e9lla se fij\u00f3 en desarrollar la actividad minera. <\/p>\n
2.1.2. Desde su constituci\u00f3n, hasta el 18 de diciembre de 2014, dicha compa\u00f1\u00eda tuvo un \u00fanico accionista, llamado Ary Fernando Pernett M\u00e1rquez, con 30.000 acciones. <\/p>\n
2.1.3. El 19 de diciembre de 2014 Pernett M\u00e1rquez, en su condici\u00f3n de \u00fanico socio, emiti\u00f3 el t\u00edtulo No. 1 de traspaso del total de las acciones, es decir 30.000, a favor de la sociedad 8768820 Canad\u00e1 Inc. mediante contrato de compraventa. Se buscaba que las acciones de la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S fueran negociadas en el mercado p\u00fablico de valores, raz\u00f3n por la cual el pago de la segunda parte del precio pactado se someti\u00f3 a condici\u00f3n suspensiva, la cual no se pudo concretar porque Droz Fenestor -representante de Canad\u00e1 Inc.- no era el de la sociedad minera. <\/p>\n
2.1.4. En marzo de 2015, la sociedad 8768820 Canad\u00e1 Inc. design\u00f3 como representante legal de la compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S. a Jos\u00e9 Luis Avella Santos, tal y como consta en el acta No. 6, la cual fue debidamente registrada en el registro p\u00fablico mercantil. <\/p>\n
2.1.5. El 22 de noviembre de 2016, 8768820 Canad\u00e1 Inc. remueve la representaci\u00f3n de Avella Santos, como se evidencia en el acta No. 7 y designa como representante a Droz Fenestor, decisi\u00f3n que se encontraba exclusivamente en cabeza del \u00fanico accionista 87688220 Canad\u00e1 INC. <\/p>\n
2.1.6. La referida designaci\u00f3n se realiz\u00f3 en medio de una reuni\u00f3n de Asamblea General de accionistas consignada en Acta No. 8 del 13 de julio de 2017 pero, en dicho relato se deja constancia de una participaci\u00f3n accionaria, que seg\u00fan la solicitante no concuerda con la realidad. <\/p>\n
2.1.7. A su vez, el 13 de julio de 2017 Avella Santos inici\u00f3 acciones legales ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn de Antioquia, con el prop\u00f3sito de remover a los administradores de la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates y para nombrar a otros; esto \u00faltimo debidamente registrado e inscrito, como consta en el Acta No. 8 de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
2.1.8. En los estatutos de la compa\u00f1\u00eda minera, en su art\u00edculo 36, se acord\u00f3 pacto arbitral, espec\u00edficamente. para dirimir las impugnaciones de las decisiones de la Asamblea General de accionistas. <\/p>\n
2.1.9. Droz Fenestor impuls\u00f3 el tr\u00e1mite arbitral ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, contra la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S., Ary Fernando Pernett M\u00e1rquez, Jos\u00e9 Avella Santos y Hern\u00e1n Alfonso Garc\u00eda, pretendiendo se declarara <\/p>\n
\u201c(\u2026) [l]a Nulidad del Acta No. 8 del 13 de julio de 2017 de la Asamblea de Accionistas de la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S conforme a la falta de legitimaci\u00f3n de los se\u00f1ores ARY FERNANDO PERNETT M\u00c1RQUEZ, JOS\u00c9 LUIS AVELLA SANTOS Y HERN\u00c1N ALFONSO GARC\u00cdA COLONIA para actuar como accionistas de la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S, [que en consecuencia] cesen los efectos de la inscripci\u00f3n realizada el 31 de octubre de 2017, [como] de los actos realizados por el Sr. Jos\u00e9 Luis Avella Santos en calidad de representante legal principal y\/o del Sr. Herman Alfonso Garc\u00eda Colonia en calidad de representante legal suplente\u201d. <\/p>\n
2.1.10. La Unidad de Arbitraje del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable composici\u00f3n, design\u00f3 como \u00e1rbitro a Luis Fernando P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, ante la falta de acuerdo entre las partes, sin presentarse, frente a ello, oposici\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.1.11. Posesionado P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, la autoridad arbitral estableci\u00f3 que el tr\u00e1mite era de naturaleza internacional, conforme a lo previsto en el literal a) del art\u00edculo 62 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que la parte demandante en el proceso fue la sociedad 87688220 Canad\u00e1 INC., domiciliada en Canad\u00e1. <\/p>\n
2.1.12. Los all\u00ed convocados se opusieron proponiendo las defensas de falta de legitimaci\u00f3n por activa, indebida representaci\u00f3n legal y caducidad. <\/p>\n
2.1.13. Fundamentalmente, aqu\u00e9llos alegaron que la sociedad 87688220 Canad\u00e1 INC nunca ostent\u00f3 la calidad de \u00fanica accionista de la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Maste S.A.S. pues la compra de las acciones de Ary Fernando Pernett M\u00e1rquez no le otorgaba dicha calidad, ya que \u00e9ste no fung\u00eda como \u00fanico accionista de la compa\u00f1\u00eda, a saber, tambi\u00e9n lo eran Jos\u00e9 Luis Avella Santos y Hern\u00e1n Garc\u00eda Colonia. <\/p>\n
2.1.14. El laudo se profiri\u00f3 el 2 de agosto de 2019, declar\u00e1ndose pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en causa por activa de la sociedad 87688220 Canad\u00e1 INC, alegada por la compa\u00f1\u00eda convocada. <\/p>\n
2.1.15. El 14 de agosto de 2019, la sociedad Canad\u00e1 INC solicit\u00f3 la correcci\u00f3n, adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n del laudo, pues en su sentir, la composici\u00f3n del Tribunal de arbitramento fue err\u00f3nea ya que el \u00e1rbitro que lo decidi\u00f3 hac\u00eda parte de la lista de \u00e1rbitros nacionales, mas no de la internacional, esta \u00faltima de la cual debi\u00f3 designarse la autoridad judicial, por cuanto, adujo, una de las partes es extranjera, lo que impon\u00eda aplicar las reglas y procedimientos del arbitraje internacional. <\/p>\n
2.1.16. Sobre lo anterior, el Tribunal Arbitral resolvi\u00f3: i) \u201c(\u2026) aclarar el laudo proferido el 2 de agosto de 2019 indicando que el escrito de la demanda que se tuvo en cuenta para proferir la decisi\u00f3n fue efectivamente el radicado por la parte convocante el 4 de febrero de 2019, como escrito de demanda definitivo e integrado con los requisitos que se orden\u00f3 subsanar\u201d; y, ii) negar la solicitud de incompetencia, as\u00ed como la correcci\u00f3n de las irregularidades presentadas en el registro accionario (Fl. 88-89 cdno. principal) <\/p>\n
3. El RECURSO DE ANULACI\u00d3N <\/p>\n
3.1. El extremo vencido formul\u00f3 recurso de anulaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n arbitral, alegando la causal prevista en el numeral 1\u00b0, literal d) del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, seg\u00fan el cual el laudo se podr\u00e1 anular a petici\u00f3n de parte o de oficio en los siguientes eventos: <\/p>\n
\u201c1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: (\u2026) d) que la composici\u00f3n del tribunal o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposici\u00f3n de esta secci\u00f3n de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta secci\u00f3n de la ley\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3.2. Refiere la recurrente, dado que una de las partes del litigio es una sociedad extranjera, tanto la composici\u00f3n del Tribunal como el procedimiento Arbitral es el correspondiente al internacional, establecido en la Ley 1563 de 2012. Agreg\u00f3 que, si bien, en cuanto a las reglas del arbitraje, se procedi\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n a las internacionales, no sucedi\u00f3 lo mismo con el nombramiento del \u00e1rbitro. <\/p>\n
3.3. En torno a lo expuesto, la parte recurrente, expuso: <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de acuerdo con el Reglamento de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, el \u00e1rbitro competente para conocer la controversia deb\u00eda hacer parte de la lista de \u00e1rbitros internacionales del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn; tal supuesto, adujo, no se cumpli\u00f3 a pesar de la buena fe de los accionantes y de las manifestaciones de \u00e9stos ante el Tribunal para que lo advirtiera, circunstancia que, asevera, configura una irregularidad procesal digna de causar la nulidad del laudo, seg\u00fan la jurisprudencia presentada por la parte recurrente. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. Esta Corporaci\u00f3n es competente para resolver el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n aqu\u00ed presentado, de acuerdo con el inciso segundo del art\u00edculo 68 de la Ley 1563 de 2012, que precept\u00faa su competencia con respecto a dichos recursos en contra de laudos arbitrales internacionales, con sustento en las causales taxativas previstas por la ley; supuestos que se configuran en el presente caso. <\/p>\n
En efecto, existe un laudo impugnado, de fecha 2 de agosto de 2019, complementado por el Addendum del 12 de septiembre del mismo a\u00f1o, proferido por la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, en su Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n, con sede en esa ciudad, e integrado para dirimir la controversia surgida entre las sociedades 8768820 CANADA INC. y la compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S., Ary Fernando Pernett M\u00e1rquez, Jos\u00e9 Luis Avella Santos y Hern\u00e1n Alfonso Garc\u00eda Colonia; siendo la primera parte una sociedad constituida en Canad\u00e1, con domicilio en la ciudad de Montreal y, las dem\u00e1s sociedades, con origen colombiano. <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n es competente pues se han cumplido con rigor los t\u00e9rminos de traslado y lo encomendado por el art\u00edculo 109 de la Ley 1563 de 2012, siendo posible en este punto, sin que haya lugar a m\u00e1s tr\u00e1mite, que sea proferida sentencia que resuelva los problemas jur\u00eddicos que aqu\u00ed se discuten. <\/p>\n
4.2. Es pertinente en este punto dar cuenta de la naturaleza jur\u00eddica del proceso que es objeto de debate en esta providencia, siendo este el arbitramento internacional; esta misma Corporaci\u00f3n, en su precedente, ha aclarado que el arbitramento: <\/p>\n
\u00abes un mecanismo alternativo de resoluci\u00f3n de conflictos, autorizado por la Constituci\u00f3n Nacional, mediante el cual las partes de una controversia, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, conf\u00edan su decisi\u00f3n a unos particulares, que adquieren el car\u00e1cter de \u00e1rbitros y administran justicia en esa espec\u00edfica disputa, a trav\u00e9s de un procedimiento preestablecido y en \u00fanica instancia que finaliza con el laudo, cuya obligatoriedad han aceptado de antemano, sus efectos hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada y es susceptible de ser atacado a trav\u00e9s del recurso de anulaci\u00f3n, y contra la sentencia que decide este y el mismo laudo, el de revisi\u00f3n, medios impugnativos que por su car\u00e1cter extraordinario no permiten reexaminarlo integralmente, sino por las causales previstas taxativamente en la ley\u00bb1. <\/p>\n
En concordancia con las directrices del derecho internacional, el Estado colombiano ha adoptado distintos mecanismos para la armonizaci\u00f3n de su sistema jur\u00eddico con el internacional. En tal medida, incorpor\u00f3 la Convenci\u00f3n de Nueva York de 10 de junio de 1958 por medio de la Ley 29 de 1990, que trata sobre el reconocimiento y ejecuci\u00f3n de laudos arbitrales internacionales. Aunque la mencionada ley fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la entonces Corte Suprema de Justicia, la Convenci\u00f3n de Nueva York sigue brindando un \u00fatil marco para entender el procedimiento para reconocer adecuadamente los laudos internacionales, y su viabilidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Del mismo modo, mediante la Ley 44 del 19 de septiembre de 1986, el Estado colombiano adopt\u00f3 en su sistema jur\u00eddico la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de la ciudad de Panam\u00e1 del 30 de enero de 1975, la cual reconoce la validez del arbitraje internacional como mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos y para dirimir diferencias derivadas de negocios mercantiles. <\/p>\n
A su vez, suscribi\u00f3 la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales de la ciudad de Montevideo en Uruguay del 8 de mayo de 1979, y adoptada por la Ley 16 de enero 22 de 1981, que pretende asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales entre los pa\u00edses suscritos al tratado, y que remite a lo no previsto en ella a la Convenci\u00f3n de Panam\u00e1. <\/p>\n
Finalmente, con el objetivo de contribuir de manera importante al establecimiento de un marco jur\u00eddico unificado para la soluci\u00f3n justa y eficaz de controversias nacidas de las relaciones comerciales internacionales el derecho nacional colombiano, mediante los precedentes normativos citados anteriormente, ha acogido lo dispuesto por la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre arbitraje comercial internacional, aprobada el 11 de diciembre de 1985 por la misma organizaci\u00f3n. <\/p>\n
En desarrollo de los precedentes normativos citados anteriormente, el Estado colombiano expidi\u00f3 la Ley 315 del 12 de septiembre de 1996 que regul\u00f3 el arbitraje internacional en el territorio colombiano, donde se dispuso: <\/p>\n
\u201cEl arbitraje internacional se regir\u00e1 en todas sus partes de acuerdo a las normas de la presente Ley, en particular por las disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolos y dem\u00e1s actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los \u00e1rbitros habr\u00e1n de resolver el litigio. Tambi\u00e9n podr\u00e1n directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convocatoria, la constituci\u00f3n, la tramitaci\u00f3n, el idioma, la designaci\u00f3n y nacionalidad de los \u00e1rbitros, as\u00ed como la sede del Tribunal, la cual podr\u00e1 estar en Colombia o en un pa\u00eds extranjero\u201d. <\/p>\n
Esta disposici\u00f3n fue incorporada mediante el Decreto 1818 del 7 de septiembre de 1998, el cual compilaba las normas concernientes a los mecanismos alternativos de soluci\u00f3n de conflictos. Este Decreto fue finalmente derogado por la Ley 1563 de 2012, que actualmente regula el arbitraje nacional e internacional en el pa\u00eds, de acuerdo con las gu\u00edas y preceptos de la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). <\/p>\n
4.2. Ha existido entonces en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano una tendencia a unificar y a fortalecer el arbitraje como mecanismo de soluci\u00f3n de conflictos. No obstante, por su naturaleza especial, los mecanismos para impugnar el laudo arbitral se han limitado rigurosamente al recurso extraordinario de anulaci\u00f3n; bajo unas estrictas causales taxativas, que tienen como fin proteger el derecho al debido proceso de las partes, pero sin la posibilidad de trasladar al juez de la anulaci\u00f3n la potestad de examinar el fondo de la controversia. Siendo lo anterior potestad exclusiva de los \u00e1rbitros, el ordenamiento ha propendido por impedir que el mencionado recurso extraordinario se convierta en una instancia m\u00e1s del proceso. <\/p>\n
4.2.1 De tiempo atr\u00e1s, sobre el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha establecido: <\/p>\n
\u201cSu procedencia est\u00e1 restringida en gran medida, y de manera particular porque solo es dable alegar a trav\u00e9s de \u00e9l las precisas causales que taxativamente enumera la ley con lo que es bastante para destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jur\u00eddica especial as\u00ed advertida, sube m\u00e1s de punto si se observa que a trav\u00e9s de dichas causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuesti\u00f3n material dirimida por los \u00e1rbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la impugnaci\u00f3n. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisi\u00f3n mediante arbitramento, como en tal caso, entre otras cosas, muy f\u00e1cil quedar\u00eda desnaturalizar la teleolog\u00eda de acudir a ese tipo de administraci\u00f3n de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada habr\u00edan avanzado las partes. Por el contrario, las causales de anulaci\u00f3n del laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y est\u00e1n inspiradas porque los m\u00e1s preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por la desviaci\u00f3n procesal del arbitramento\u201d. (Sentencia 13 de junio de 1990). Posteriormente se\u00f1al\u00f3: \u201cPor esta v\u00eda no es factible revisar las cuestiones de fondo, que contenga el laudo ni menos a\u00fan las apreciaciones cr\u00edticas, l\u00f3gicas o hist\u00f3ricas en que se funda en el campo de la prueba, sino que su cometido es el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral\u201d2. <\/p>\n
De lo anterior se deriva que el recurso tenga como objetivo principal el garantizar el derecho al debido proceso de las partes de la controversia, debiendo la parte afectada recurrir a \u00e9l por medio de las expresas causales que el legislador ha consagrado para ello, demostrando as\u00ed que hubo un error de procedimiento que afecta el mencionado derecho fundamental, pero sin que esto signifique que se pueda demostrar mediante este recurso un error sustantivo en el juzgamiento, pues no est\u00e1 en su naturaleza el fin de reiniciar el debate ya juzgado y fallado por los \u00e1rbitros. <\/p>\n
La ley arbitral colombiana, Ley 1563 de 2012, es clara en establecer que la limitaci\u00f3n planteada al recurso de anulaci\u00f3n busca que los jueces que lo estudian no deban hacer una revisi\u00f3n de fondo de la controversia, con valoraci\u00f3n de pruebas, o donde se juzguen los razonamientos jur\u00eddicos en que se basaron los \u00e1rbitros del tribunal arbitral. Seg\u00fan el art\u00edculo 107 de la citada Ley: \u201cla autoridad judicial no se pronunciar\u00e1 sobre el fondo de la controversia ni calificar\u00e1 los criterios, valoraciones probatorias, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral\u201d. <\/p>\n
Que el recurso de anulaci\u00f3n tenga estas estrictas limitaciones se debe a que la decisi\u00f3n arbitral sea el resultado de la actividad jurisdiccional que transitoriamente los \u00e1rbitros ejercen, pero con una naturaleza definitiva, obligatoria y con efectos de cosa juzgada, cobijada bajo el principio de la inmodificabilidad de las decisiones judiciales. <\/p>\n
Debido a la importancia que tiene la cl\u00e1usula compromisoria, y que en ella las partes delegaron a los \u00e1rbitros competencia para juzgar una eventual controversia, ellas mismas se deben someter a lo que estos decidan, motivo por el cual una posible modificaci\u00f3n al laudo solo ser\u00e1 posible cuando exista un yerro procedimental tan grave que provoque una violaci\u00f3n a las garant\u00edas del debido proceso de las partes o porque se desconozca o afecte el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Igualmente, de acuerdo con la Ley Modelo de la CNUDMI, que tiene las bases de la reglamentaci\u00f3n del arbitraje internacional en Colombia, el tr\u00e1mite del recurso de anulaci\u00f3n deber\u00e1 surtirse con soporte en la normatividad del pa\u00eds sede del arbitraje, de acuerdo con el principio de territorialidad; y atendiendo los principios generales que en la materia han demarcado los convenios internacionales, especialmente la Convenci\u00f3n de Nueva York de 1958, que obliga a los estados firmantes a reconocer la autoridad de la sentencia arbitral. <\/p>\n
Este \u00faltimo convenio internacional previ\u00f3 taxativamente las causales por las cuales se podr\u00e1 negar el reconocimiento de un laudo arbitral internacional (art. V.) y que recogi\u00f3 la Convenci\u00f3n de Panam\u00e1 de 1975 (art. 5\u00ba). La Ley Modelo de Arbitraje de 1985 (CNUDMI) estandariz\u00f3 las razones por las que se puede motivar la petici\u00f3n de nulidad en su art\u00edculo 34; normatividad que ha servido en la pr\u00e1ctica como dispositivo unificador y como base para la Ley 1563 de 2012, que acoge en sus supuestos dichas causales, en su art\u00edculo 108. <\/p>\n
Por lo tanto, de acuerdo con esta tendencia internacional a tener como v\u00e1lidos los laudos arbitrales internacionales, para que el reclamo de nulidad en nuestro pa\u00eds prospere, deber\u00e1 probarse que alguna de las causales del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 existe, sin que sea posible a esta Corporaci\u00f3n extenderse a otros motivos diferentes, o a aplicarse otros por analog\u00eda. <\/p>\n
4.3. En el caso en concreto, la Corte proceder\u00e1 a analizar y estudiar el alcance de las causales que fueron invocadas por la accionante para soportar la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n. Ella invoc\u00f3 como tal el literal d) del art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012, el cual consagra: <\/p>\n
\u201c1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: <\/p>\n
\u201c[\u2026]. <\/p>\n
\u201cd) Que la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposici\u00f3n de esta secci\u00f3n de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta secci\u00f3n de la ley\u201d. <\/p>\n
Es pertinente en este punto referir el art\u00edculo 92 de la Ley 1563 de 2012, el cual regula la naturaleza consensual y el respeto a la voluntad de las partes en materia de arbitramento, declarando que: \u201c[L]as partes, con sujeci\u00f3n a las disposiciones de la presente secci\u00f3n, podr\u00e1n convenir el procedimiento, directamente o por referencia a un reglamento arbitral\u201d y, en ausencia de esta manifestaci\u00f3n de voluntad de los involucrados, es el Tribunal Arbitral quien debe decidir c\u00f3mo proceder en el proceso, con apego a las normas de la misma ley. El citado art\u00edculo indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el tribunal arbitral podr\u00e1 dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en la presente secci\u00f3n y sin necesidad de acudir a las normas procesales de la sede del arbitraje. Esta facultad incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas\u201d. <\/p>\n
4.3.1 De la citada normativa es posible inferir la existencia de dos (2) formas en que es posible dar forma al procedimiento arbitral y al cual debe estar ce\u00f1ida la actuaci\u00f3n. En primer lugar, \u00e9ste puede fijarse por el acuerdo de las partes en su cl\u00e1usula compromisoria o, en segundo y a falta del primero, por el buen saber de los \u00e1rbitros del tribunal, que deber\u00e1n ce\u00f1irse a la ley arbitral y a las normas procesales generales. <\/p>\n
4.3.2 La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha explicado3 que la primera forma en que pueden configurarse las normas de procedimiento del litigio se deriva o es una exteriorizaci\u00f3n del ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad de las partes involucradas, en el sentido en que la ley les permite convenir libremente el procedimiento al que deber\u00e1n ajustarse los \u00e1rbitros en las actuaciones del litigio. <\/p>\n
Estas incluyen, aunque no se limitan, al n\u00famero y designaci\u00f3n, al igual que la calidad, de los \u00e1rbitros, as\u00ed como la forma en que pueden ser reemplazados de ser necesario; al idioma en que deber\u00e1 darse el proceso y el laudo final; a la manera de aportar pruebas, pr\u00e1ctica de audiencias, t\u00e9rminos, entre otros. <\/p>\n
El l\u00edmite, se ha dicho, es el respeto a la igualdad y al debido proceso de los involucrados, como lo indica el art\u00edculo 91 de la Ley 1563. A\u00fan m\u00e1s, las partes podr\u00edan estipular que el proceso arbitral se sujete a las reglas preestablecidas de uno u otro reglamento arbitral determinado, siendo ejemplos los referidos en la Ley Modelo de la CNUDMI, la Comisi\u00f3n Interamericana de Arbitraje Internacional o la C\u00e1mara Internacional de Comercio, entre otros. <\/p>\n
Es usual que la primera forma de fijar el procedimiento del litigio se d\u00e9 en los denominados arbitrajes ad hoc, mientras que el segundo modo es m\u00e1s com\u00fan en el arbitraje institucional, en donde es com\u00fan que los \u00e1rbitros deban ce\u00f1irse a las reglas preestablecidas del centro de arbitraje en el que se est\u00e9n llevando las controversias. <\/p>\n
4.3.3 La segunda forma de establecer el procedimiento del litigio, en el que los \u00e1rbitros pueden dirigirlo de acuerdo con su sano juicio, tiene como l\u00edmite fundamental el respeto al derecho fundamental al debido proceso de las partes, sin que ellos deban remitirse obligatoriamente a las normas de procedimiento de la sede de arbitraje, pero siempre garantizando los par\u00e1metros que prev\u00e9 la ley arbitral, al igual que la normatividad internacional avalada por Colombia. <\/p>\n
4.3.4. Aunque la libre autonom\u00eda de las partes es el principio rector que gu\u00eda el establecimiento de las reglas de procedimiento del litigio, se ha establecido que las normas y convenciones internacionales tienen un car\u00e1cter meramente supletivo. Esto quiere decir que, a falta de un acuerdo expreso entre las partes sobre dichas reglas, y faltando el buen juicio de los \u00e1rbitros para decidir las normas de procedimiento, habr\u00e1 lugar a aplicar las reglas de la Convenci\u00f3n de Panam\u00e1, que en su art\u00edculo 3\u00ba establece que: \u00aba falta de acuerdo expreso entre las partes del arbitraje se llevar\u00e1 a cabo conforme las reglas de procedimiento de la Comisi\u00f3n Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). <\/p>\n
De esta forma se llenan todos los posibles vac\u00edos o lagunas normativas a la hora de determinar el procedimiento de la controversia, ante una cl\u00e1usula compromisoria an\u00f3mala, remitiendo ante un vac\u00edo a las reglas de la Comisi\u00f3n Interamericana de Arbitraje Internacional. <\/p>\n
4.3.5. En lo que respecta a las cl\u00e1usulas en que las partes expresamente disponen qu\u00e9 reglas deber\u00e1n seguir los \u00e1rbitros al momento de llevar la controversia, se ha indicado que es posible que se disponga una actuaci\u00f3n en derecho o en equidad. En el primero de los casos el tribunal deber\u00e1 decidir de acuerdo con las normas de derecho elegidas por las partes, y en ausencia de esta indicaci\u00f3n, deber\u00e1n aplicar aquellas normas de derecho que estime pertinentes. Siendo claramente aquellas correspondientes al derecho sustantivo del Estado en que se est\u00e1 llevando la controversia, para nuestro caso las leyes del ordenamiento colombiano. <\/p>\n
En el segundo caso, cuando las partes dispongan que deber\u00e1 llevarse el procedimiento en equidad (\u201cex aequo et bono\u201d) esta manifestaci\u00f3n deber\u00e1 ser expresa y, de acuerdo con el art\u00edculo 101 de la Ley arbitral, 1563 de 2012, y el 28 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje internacional, los \u00e1rbitros deber\u00e1n decidir \u201ccon arreglo a las estipulaciones del contrato y teniendo en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, salvo manifestaci\u00f3n explicita en contrario, la decisi\u00f3n arbitral y el procedimiento mismo deber\u00e1 darse en derecho, con arreglo a las disposiciones expuestas por las partes, teniendo como gu\u00eda y norte las estipulaciones contractuales al igual que cualquier otro uso comercial pertinente. <\/p>\n
4.3.6. A forma de conclusi\u00f3n de este apartado, es posible establecer, siguiendo el precedente de esta Corporaci\u00f3n4, que la causal de anulaci\u00f3n referida en el literal d) del art\u00edculo 108 de la Ley Arbitral (1563 de 2012), se configura cuando el tribunal arbitral desatiende sin justificaci\u00f3n alguna aquellas pautas de procedimiento fijadas por las partes en la cl\u00e1usula compromisoria (o por remisi\u00f3n, en caso as\u00ed dispuesto por ellas), de tal forma que la omisi\u00f3n recaiga sobre todo el tr\u00e1mite arbitral y no sobre una actuaci\u00f3n determinada. Este yerro puede haber causado una vulneraci\u00f3n al derecho de contradicci\u00f3n y defensa de las partes involucradas, habi\u00e9ndose puesto de presente al tribunal por la parte afectada, siendo ignorada su petici\u00f3n para superar la respectiva vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este \u00faltimo punto es importante, pues debe la parte, o las partes, manifestar oportunamente que existe un yerro jur\u00eddico en la respectiva oportunidad procesal, no habiendo lugar a cuestionamientos posteriores, si estas no lo hicieren oportunamente. De la misma forma, la causal se configura cuando, por ejemplo, los \u00e1rbitros hubiesen decidido fallar en equidad, no existiendo por las partes una manifestaci\u00f3n expresa a hacerlo de ese modo. <\/p>\n
4.4. Del caso concreto <\/p>\n
4.4.2. A partir del material judicial del expediente, se procede ahora a hacer un recuento de lo sucedido entre los \u00e1rbitros y las partes en el litigio, en lo atinente a las etapas del proceso, en donde las partes tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de la designaci\u00f3n de los \u00e1rbitros. <\/p>\n
4.4.3. Para iniciar, la cl\u00e1usula compromisoria, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cARTICULO 36\u00ba Cl\u00e1usula Compromisoria: la impugnaci\u00f3n de las determinaciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas deber\u00e1 adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un \u00e1rbitro, el cual ser\u00e1 designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n Mercantil de la C\u00e1mara de Comercio del domicilio social. El \u00e1rbitro designado ser\u00e1 abogado inscrito, fallar\u00e1 en derecho y se sujetar\u00e1 a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n Mercantil de la C\u00e1mara de Comercio del domicilio social, re regir\u00e1 por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje\u201d. <\/p>\n
4.4.4. De su lectura, fulge patente, en ning\u00fan momento, las partes tuvieron la intenci\u00f3n de que el \u00e1rbitro designado en el proceso arbitral fuese extranjero, ni tampoco, como se ver\u00e1 en las comunicaciones, manifestaron alg\u00fan cuestionamiento dirigido a lograr la modificaci\u00f3n de la cl\u00e1usula compromisoria, en lo atinente a la nacionalidad del \u00e1rbitro. <\/p>\n
4.4.5. Ahora, se hace necesario detenerse en el primer momento procesal donde las partes pudieron recurrir la designaci\u00f3n de los \u00e1rbitros, en particular, se hace referencia a la comunicaci\u00f3n numerada 201830000120 de 10 de enero de 2018, mediante la cual la abogada del centro de arbitraje, Sara Helena Agudelo Duque, inform\u00f3 a la apoderada de la parte convocante que el lunes 22 de enero de 2018 a las 8:30 a.m. se llevar\u00eda a cabo la audiencia en la cual los sujetos procesales, de com\u00fan acuerdo, escoger\u00edan el \u00e1rbitro que integrar\u00eda el Tribunal y, de igual modo, les comunic\u00f3 la posibilidad de modificar la cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
As\u00ed mismo, comunic\u00f3 a la convocada de la presentaci\u00f3n de la solicitud para la integraci\u00f3n de un Tribunal de Arbitramento en contra de la compa\u00f1\u00eda minera Los Mates S.A.S., Jos\u00e9 Luis Avella Santos y Hern\u00e1n Garc\u00eda; as\u00ed como quien obraba como convocante, esto es, Droz Fenestor, dado el pacto arbitral dispuesto en el art\u00edculo 36 de los estatutos de la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S. <\/p>\n
4.4.6. En una segunda oportunidad, esto es, el 22 de enero de 2018 a las 8:30 a.m., se reunieron las partes del litigio para el nombramiento de los \u00e1rbitros. All\u00ed se dej\u00f3 constancia de lo siguiente: \u201clas partes no desean nombrar de mutuo acuerdo al \u00e1rbitro en esta reuni\u00f3n\u201d, para lo cual se\u00f1alaron como una nueva fecha para hacer el nombramiento el 26 de febrero de 2018 a las 8:30 a.m., esto sin perjuicio de que las partes acordaran, por sus medios, el nombre del \u00e1rbitro designado. <\/p>\n
Adicionalmente, se dej\u00f3 constancia que, al ser las pretensiones del litigio menores a 400 SMLV para un eventual sorteo del \u00e1rbitro, se tendr\u00eda en cuenta el reglamento del centro y la cl\u00e1usula compromisoria, en la que se estableci\u00f3 que, el \u00e1rbitro ser\u00eda nombrado por sorteo entre aquellos especializados en sociedades, de la lista B del centro, apoyados en el software de arbitraje MASCINFO. <\/p>\n
4.4.7. En comunicado de 26 de febrero, la jefe de la unidad de arbitraje les inform\u00f3 a los intervinientes la imposibilidad de llevar a cabo la reuni\u00f3n ese d\u00eda, reprogram\u00e1ndola, en consecuencia, para el 28 del mismo mes. En esa oportunidad se indic\u00f3, expresamente, que dicha diligencia ser\u00eda para la designaci\u00f3n del \u00e1rbitro de com\u00fan acuerdo y para, si as\u00ed lo deseaban, modificar el pacto arbitral. <\/p>\n
4.4.8. De acuerdo con lo obrante en el plenario (Fl. 0000079), reposa el acta de reuni\u00f3n en donde se dio tr\u00e1mite al nombramiento de \u00e1rbitros de com\u00fan acuerdo o modificaci\u00f3n de la cl\u00e1usula, all\u00ed se estableci\u00f3 que el nombramiento del \u00e1rbitro se realizar\u00eda por medio de sorteo de la lista B, de \u00e1rbitros especialistas en derecho de sociedades, apoyados por el software del centro. <\/p>\n
4.4.9. El 1\u00ba de marzo de 2018 se realiz\u00f3 el sorteo p\u00fablico para la designaci\u00f3n de \u00e1rbitro principal y dos suplentes, todos especialistas en derecho de sociedades, para conocer el caso (Fl. 0000087). Efectuado dicho sorteo, fue elegido el doctor Luis Fernando P\u00e9rez Gonz\u00e1lez como \u00e1rbitro principal y los doctores Nicol\u00e1s Ruiz Moreno y Juan Sebasti\u00e1n Correa Ruiz, en calidad de \u00e1rbitros suplentes. <\/p>\n
4.4.10. El 6 de marzo de 2018 la jefe de la Unidad de Arbitraje envi\u00f3 a las partes la notificaci\u00f3n sobre la designaci\u00f3n del \u00e1rbitro nombrado, Luis Fernando P\u00e9rez Gonz\u00e1lez (Fl. 0000089). <\/p>\n
Fluye inconcuso que, ni en ese momento, ni en lo que se ha recorrido hasta ahora, se puede encontrar una manifestaci\u00f3n de las partes en contra de la designaci\u00f3n de P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, ni de su nacionalidad ni de sus calidades. <\/p>\n
4.4.11. A su turno, el 15 de marzo de 2018 la jefe de la Unidad cit\u00f3 a las partes a audiencia para el 26 de marzo, en la que se llev\u00f3 a cabo la instalaci\u00f3n del Tribunal arbitral (Fl. 0000092). En el acta de la referida audiencia, se menciona que asistieron las partes y el \u00e1rbitro nombrado, adicionalmente se dicta el primer auto del proceso, donde, entre otros, se declar\u00f3 instalado, se nombra secretario y se hizo el juicio de admisibilidad de la demanda (Fl. 0000096). <\/p>\n
Revisado el expediente, no es posible encontrar ning\u00fan reparo de las partes frente a la designaci\u00f3n de los \u00e1rbitros. Tanto es as\u00ed que, al 8 de abril de 2018, se encuentra el acta de audiencia en donde el \u00e1rbitro, Luis Fernando P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, contin\u00faa desempe\u00f1\u00e1ndose con normalidad en su cargo (Fl. 0000128). <\/p>\n
4.4.12. Aunado a lo anterior, el secretario del Tribunal certific\u00f3 que hasta el 23 de abril de 2018 no hubo oposici\u00f3n por parte de los sujetos procesales con respecto a la designaci\u00f3n o calidad del \u00e1rbitro (Fl. 0000149). Lo mismo ocurri\u00f3 el 11 de mayo siguiente, dej\u00f3 constancia de lo actuado hasta ese momento, advirti\u00e9ndose la ausencia de manifestaci\u00f3n respecto a lo ejecutado y practicado por el \u00e1rbitro (Fl. 0000254). Igualmente, el 20 de junio de 2018 (Fl. 276), no se evidenci\u00f3 acusaci\u00f3n alguna, en relaci\u00f3n con la calidad del \u00e1rbitro. <\/p>\n
4.4.13. Resulta tambi\u00e9n importante mencionar el escrito de fecha 12 de julio de 2018, en donde la convocante decide reformar la demanda, en la cual tampoco hace referencia alguna a la naturaleza del proceso o calidad del \u00e1rbitro. <\/p>\n
4.4.14. Se resalta, en el auto No. 11 de 16 de agosto de 2018 el Tribunal adec\u00faa el tr\u00e1mite del proceso, debido a los domicilios de los extremos en conflicto, pues \u00e9stos figuraban en pa\u00edses diferentes; por tanto, se determin\u00f3 que el procedimiento deb\u00eda ser cambiado a arbitraje internacional. Al punto, la autoridad arbitral expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [T]eniendo en cuenta que las partes no se opusieron al nombramiento del \u00e1rbitro \u00fanico de conformidad con lo indicado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 185 del Reglamento, el Tribunal se encuentra constituido desde el momento en que el centro notific\u00f3 a las partes la aceptaci\u00f3n del \u00c1rbitro, poniendo en conocimiento su declaraci\u00f3n de independencia\u201d. <\/p>\n
4.4.15. Despu\u00e9s de ese auto, el secretario, en diferentes oportunidades, se\u00f1al\u00f3 que lo actuado ten\u00eda validez sin que hubiera manifestaci\u00f3n en contrario, por parte de los involucrados (Fl. 0000494 y 0000495). <\/p>\n
4.4.16. Sobre el acta de declaraci\u00f3n de competencia, fijaci\u00f3n de procedimiento y honorarios (fol. 0000505), se observa que los involucrados no efectuaron pronunciamiento alguno, en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n del tribunal o de sus miembros, cuesti\u00f3n, adem\u00e1s, reiterada en la comunicaci\u00f3n de 19 de noviembre de 2018, efectuada por el secretario. <\/p>\n
4.4.17. Finalmente, se observa que en las fechas: 31 de enero de 2019, 11 de febrero, 15 de marzo y 12 de abril del mismo a\u00f1o, el secretario certific\u00f3 que, para tales datas, no hab\u00eda evidencia de oposiciones, en cuanto al nombramiento del \u00e1rbitro. (Fl 0000642, 0000662, 0000673). <\/p>\n
4.4.18. Se encuentra, asimismo, que el proceso materia de controversia se surti\u00f3 conforme a la ley, respet\u00e1ndose el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes, en cuanto a las solicitudes y pr\u00e1ctica de pruebas, sin que, se reitera, exista evidencia de alg\u00fan cuestionamiento, por parte de aqu\u00e9llos, en torno a la calidad del \u00e1rbitro o frente a las decisiones por \u00e9l emitidas. <\/p>\n
4.4.19. Dest\u00e1case, solo hasta el 14 de agosto de 2019, la parte convocante, en la solicitud de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y modificaci\u00f3n del laudo, censur\u00f3 la designaci\u00f3n del doctor Luis Fernando P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, al no ostentar la calidad de \u00e1rbitro internacional, de acuerdo con la certificaci\u00f3n all\u00ed allegada, expedida por la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn. <\/p>\n
4.5. A la luz del recuento efectuado, se concluye que los interesados tuvieron a su alcance distintas oportunidades para objetar la competencia y calidades del \u00e1rbitro, esto, incluso desde el momento de su nombramiento; no obstante, se mantuvieron silentes hasta la emisi\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que, si bien invocaron lo aqu\u00ed aducido para lograr la anulaci\u00f3n del laudo, al plantear las mencionadas reclamaciones de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y modificaci\u00f3n del mismo, en esa oportunidad la autoridad arbitral ratific\u00f3 su competencia para conocer del asunto, se\u00f1alando, de un lado, no ser contraria a derecho su actuaci\u00f3n y, de otro, resultar improcedente tales pedimentos por los motivos aducidos. <\/p>\n
4.6. Con todo, corresponde advertir que la designaci\u00f3n del \u00e1rbitro estuvo reglamentada en su integridad por la cl\u00e1usula compromisoria, la cual, en el caso concreto, nada conten\u00eda sobre la calidad del \u00e1rbitro. <\/p>\n
Adem\u00e1s, observado el Reglamento de Arbitraje Internacional de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn en su art\u00edculo 1925 -norma aplicable a falta de acuerdo de las partes- se encuentra que las partes deb\u00edan formular la excepci\u00f3n de falta de competencia, a m\u00e1s tardar al momento, al contestar la demanda o con la respuesta al posible libelo de reconvenci\u00f3n; sin embargo, nada de ello sucedi\u00f3, como se expres\u00f3 en los apartados superiores, pues las partes no reprocharon la calidad del \u00e1rbitro designado en las etapas mencionadas. La oportunidad, entonces precluy\u00f3. <\/p>\n
Significa que, en lo debatido, la impugnante est\u00e1 yendo contra sus propios actos, en clar\u00edsima vulneraci\u00f3n de la regla \u201cvenire contra factum propium non valet\u201d, derivada del principio de la buena fe, con expresa consagraci\u00f3n positiva tanto constitucional como legalmente en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. Es principio universal y del derecho nacional que nadie puede venir v\u00e1lidamente contra sus propios actos, con fundamento en la regla: \u201cadversus factum suum quis venire non potest\u201d, seg\u00fan la cual, no es il\u00edcito hacer valer una prerrogativa yendo en contra de su propia conducta anterior, porque resulta incompatible con esa conducta precedente. Se trata de un l\u00edmite al propio derecho subjetivo para observar lealtad y buena fe. <\/p>\n
Adicionalmente, recu\u00e9rdese, conforme lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la prosperidad de la causal prevista en el literal d), art\u00edculo 108 de la Ley 1563 de 2012 se estructura <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando el tribunal desatiende injustificadamente aquellas pautas de procedimiento fijadas por las partes bien por definici\u00f3n directa o por remisi\u00f3n a un reglamento arbitral, siempre que la omisi\u00f3n recaiga sobre todo el tr\u00e1mite y no de una actuaci\u00f3n determinada, o que con ello se haya vulnerado \u2013 el derecho de contradicci\u00f3n y defensa- y, pese a ser puesto en conocimiento del Tribunal por el afectado, no se hubieran adoptado las medidas para superar la vulneraci\u00f3n, caso contrario, si estas no hacen manifestaci\u00f3n alguna con la mec\u00e1nica procesal, no habr\u00e1 lugares a cuestionamientos posteriores\u201d6. <\/p>\n
No obstante, se itera, lo anterior no tuvo lugar, pues adem\u00e1s de ce\u00f1irse la autoridad arbitral a lo consignado en la clausula compromisoria y a lo preceptuado en Reglamento de Arbitraje Internacional de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, la interesada no invoc\u00f3, de manera oportuna, la supuesta ausencia de competencia del citado juzgador. <\/p>\n
4.7. En consecuencia, no se configura la causal invocada por la recurrente, por cuanto el \u00e1rbitro fue designado conforme a las condiciones establecidas en la cl\u00e1usula compromisoria y, por consiguiente, ante el silencio de las partes en las oportunidades establecidas para rebatir su nombramiento, impide a esta Corte, acoger la anulaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulaci\u00f3n formulado por la sociedad 8768820 CANADA INC. frente al laudo arbitral de 2 de agosto de 2019, del cual se neg\u00f3 su complemento, adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n el 12 de septiembre siguiente, dentro del proceso arbitral promovido por la recurrente contra la Compa\u00f1\u00eda Minera Los Mates S.A.S y otros. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la empresa impugnante, 8768820 CANADA INC., al pago de las costas procesales; incl\u00fayase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6.000.000). La Secretar\u00eda de la Sala practicar\u00e1 la respectiva liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. DEVOLVER el expediente del proceso arbitral al Centro de Arbitraje, Conciliaci\u00f3n y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia y an\u00e9xese copia de este fallo. <\/p>\n
CUARTO. ARCHIVAR oportunamente el expediente de la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 la Corte. <\/p>\n
QUINTO. COMUNICAR la presente decisi\u00f3n a las partes y a la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia, para lo de su cargo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia 11 de septiembre de 2012, Exp. T. N\u00b0. 01862-00 <\/p>\n
2\u0002Corte Suprema de Justicia, Sala Civil sentencia de 21 de febrero de 1996, Rad. 5340. <\/p>\n
3\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 19 de diciembre de 2018, N\u00famero de radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2017-03480-00. <\/p>\n
4\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 19 de diciembre de 2018, N\u00famero de radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2017-03480-00. <\/p>\n
5\u0002 Reglamento de Arbitraje Internacional de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, Art. 192 \u201c . El tribunal arbitral es competente para decidir sobre su propia competencia incluso en lo referente a las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo arbitral. Para esos efectos: <\/p>\n
a. Un Acuerdo de Arbitraje que forme parte de un contrato se considerar\u00e1 un acuerdo independiente de las dem\u00e1s estipulaciones del contrato; y, <\/p>\n
b. La decisi\u00f3n del tribunal arbitral de que el contrato es nulo o inv\u00e1lido no entra\u00f1a ipso jure la nulidad o invalidez de la cl\u00e1usula arbitral. <\/p>\n
2. La excepci\u00f3n de incompetencia del tribunal arbitral deber\u00e1 oponerse a m\u00e1s tardar en el momento de presentar el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda o, con respecto a una reconvenci\u00f3n, en el escrito de contestaci\u00f3n a esa reconvenci\u00f3n. Sin embargo, las partes no se ver\u00e1n impedidas de oponer esta excepci\u00f3n por el hecho de que hayan designado a un \u00e1rbitro o participado en su designaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La excepci\u00f3n basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato, deber\u00e1 oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. <\/p>\n
4. El tribunal arbitral podr\u00e1, en cualquiera de los casos mencionados en los numerales 2 \u00f3 3 del presente art\u00edculo, admitir el tr\u00e1mite de una excepci\u00f3n presentada con posterioridad, si considera justificada la demora. <\/p>\n
5. El tribunal arbitral podr\u00e1 resolver las excepciones a que se hace referencia en los numerales2 y 3 del presente art\u00edculo como cuesti\u00f3n previa, mediante un laudo parcial, o bien en el laudo final. <\/p>\n
6\u0002Corte Suprema de Justicia, Sala Civil Sentencia de 19 de diciembre de 2018, Rad. No. 1001020300020170348000. <\/p>\n
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SC4480-2021 (2019-03417-00) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4480-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03417-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de 2021) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Se resuelve el recurso de anulaci\u00f3n formulado por la Compa\u00f1\u00eda 8768820 CANADA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}