SC4481-2021 (2019-03619-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03619-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la solicitud de reconocimiento de la Empresa Broadgrain Commodities Inc., con sede en Toronto, Canad\u00e1, respecto del laudo proferido el 20 de mayo de 2019 por el Tribunal de la Asociaci\u00f3n de Granos y Piensos de Inglaterra, dentro del proceso promovido por la peticionaria contra Surtiabarrotes Internacional S.A.S., con sede en Barranquilla, Colombia. <\/p>\n
1.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. La actora soporta la s\u00faplica en los hechos adelante resumidos: <\/p>\n
1.1.1. Las partes involucradas en esta controversia, Bradgrain Commodities Inc. y Surituabarrotes S.A.S., suscribieron dos contratos destinados a \u201cla compraventa de lenteja canadiense verde tipo laird\u201d; el primero, con nomenclatura No. 704154, suscrito el 26 de febrero de 2018 y cuyo objeto fue la venta de 300 toneladas del producto; y, el segundo, por la misma cantidad, con nomenclatura No. 704216, el 18 de abril del 2018. <\/p>\n
1.1.2. Las partes acordaron, en tales negocios, que, en caso de un litigio, se someter\u00edan a la jurisdicci\u00f3n y a las reglas de la asociaci\u00f3n GAFTA 125, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cArbitraje: Cualquier disputa que surja de o bajo este contrato deber\u00e1 remitirse a arbitraje de acuerdo con la Cl\u00e1usula de Arbitraje y las Reglas mencionadas en el anterior formato GAFTA. El idioma del arbitraje ser\u00e1 ingl\u00e9s\u201d. <\/p>\n
1.1.3. El 25 de septiembre de 2018 Broadgrain present\u00f3 solicitud de inicio de arbitraje contra Surtiabarrotes. <\/p>\n
1.1.4. Dentro del tr\u00e1mite, el 29 de noviembre de 2018 Broadgrain interpuso demanda arbitral contra Surtiabarrotes, pretendiendo se ordenara el pago de (i) ciento once mil trescientos d\u00f3lares ($111.300 USD), por concepto de da\u00f1os ocasionados por el incumplimiento de los citados contratos; (ii) quince mil doscientos treinta y cinco d\u00f3lares con sesenta y cinco centavos ($15.235,65 USD), por diferencia en cambio; (iii) intereses de mora sobre las cifras descritas; y (iv) los costos asociados al arbitraje. <\/p>\n
1.1.5. El Tribunal emiti\u00f3 laudo arbitral el 20 de mayo de 2019, donde dispuso que los compradores pagaran a los vendedores, de manera inmediata, el monto de USD$111.300 por concepto de da\u00f1os por el incumplimiento de ambos contratos, junto con los intereses correspondientes, a una tasa del 3% anual compuesto cada tres meses, desde el 17 de agosto de 2018 hasta la fecha de pago. <\/p>\n
Igualmente, el Tribunal tambi\u00e9n orden\u00f3 que los compradores pagaran a los vendedores de manera inmediata USD$15.235,65 por concepto de p\u00e9rdidas derivadas de la diferencia en cambio junto con los intereses correspondientes, a una tasa del 3% anual compuesto cada tres meses, desde el 17 de agosto de 2018 hasta la fecha de pago. Tambi\u00e9n dispuso que los compradores deber\u00edan pagar los honorarios y gastos del arbitraje. Finalmente, la autoridad judicial neg\u00f3 la solicitud del vendedor relacionada con los costos legales. <\/p>\n
1.2. El 28 de octubre de 2019, se radic\u00f3, ante esta Corporaci\u00f3n, demanda de reconocimiento de laudo arbitral para darle validez en Colombia e igualmente, se adjunt\u00f3 copia del libelo, sus anexos, junto con un disco compacto para los respectivos traslados. <\/p>\n
1.2.1. El 15 de noviembre de 2019, se admiti\u00f3, por reunir los requisitos formales. Asimismo, se orden\u00f3 correr traslado a la sociedad convocada por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas para que la contestara. Dicha actuaci\u00f3n se surti\u00f3, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico dirigido a la gerencia de Surtiabarrotes S.A.S. (folios 66 a 68). <\/p>\n
1.2.2. El 19 de noviembre de 2019, se realiz\u00f3 la actuaci\u00f3n de notificaci\u00f3n, como se evidencia en el acuse de recibo y prueba verificable de la entrega del noticiamiento expedida por \u201ccertimail\u201d. (folios 69-72). <\/p>\n
1.2.3. El 9 de diciembre siguiente, se notific\u00f3 por aviso a la convocada, como lo contempla el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso (Fl. 73-75). Igualmente, obra en el expediente el acuso de recibo de \u201ccertimail\u201d del mensaje de datos enviado por la demandante (Fl.80). <\/p>\n
1.2.4. El 20 de enero de 2020, se notific\u00f3 personalmente la parte convocada del auto admisorio de la solicitud de reconocimiento de laudo arbitral. <\/p>\n
1.3. No habiendo lugar a tr\u00e1mite adicional alguno, se procede a proferir sentencia, como lo ordena el art\u00edculo 115, in fine, de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. Descendiendo al caso concreto; primero: debe precisarse, la normatividad aplicable. <\/p>\n
2.1.1. Basta decir que el principal fundamento normativo aplicable a este caso es la Ley 1563 de 2012, vigente desde el 12 de julio del mismo a\u00f1o, \u201cPor medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones\u201d, la cual se convierte en norte seguro de esta controversia. Las partes decidieron, por medio de la manifestaci\u00f3n as\u00ed plasmada en los contratos objeto de la controversia, llevar la disputa ante un tercero especializado, con domicilio en el extranjero que, de acuerdo a su conocimiento t\u00e9cnico, dirimiera el conflicto entre ellas. <\/p>\n
2.1.2. El Estatuto Arbitral, Ley 1563 de 2012, recoge las recomendaciones y los preceptos en materia de resoluci\u00f3n de conflictos de la Convenci\u00f3n de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecuci\u00f3n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, as\u00ed como lo preceptuado por la Comisi\u00f3n de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), tambi\u00e9n conocida como UNCITRAL. <\/p>\n
\u201c[s]e entiende que el arbitraje es internacional cuando: a) [l]as partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebraci\u00f3n de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o b) [e]l lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relaci\u00f3n m\u00e1s estrecha, est\u00e1 situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o c) [l]a controversia sometida a decisi\u00f3n arbitral afecte los intereses del comercio internacional\u201d. <\/p>\n
Se cumplen las condiciones a) y b) del citado art\u00edculo, pues, por un lado, una de las partes la empresa Broadgrain Commodities Inc del litigio tiene su domicilio fuera del pa\u00eds, m\u00e1s precisamente en Canad\u00e1 y, por el otro, se observa que en los negocios objeto del enunciado pleito, para dar cumplimiento a las obligaciones all\u00ed pactadas, se requer\u00eda hacer tr\u00e1nsito por el extranjero, para que tuviera lugar la venta del producto. <\/p>\n
2.2. Precisado lo anterior, le compete ahora a esta Corporaci\u00f3n determinar si se cumplen los requisitos legales para darle reconocimiento al laudo arbitral de la controversia. <\/p>\n
Para resolver, resulta importante efectuar, primariamente, un breve recuento de las exigencias contenidas en la ley para que un laudo arbitral pueda reconocerse por las autoridades nacionales como v\u00e1lido y as\u00ed se pueda ejecutar en el pa\u00eds. <\/p>\n
2.2.1. Los requisitos de forma que debe cumplir la solicitud de reconocimiento del laudo est\u00e1n descritos desde el art\u00edculo 111 y 116 de la Ley 1563 de 2012. Citando el art\u00edculo 111, \u201creconocimiento y ejecuci\u00f3n\u201d: <\/p>\n
\u201cLos laudos arbitrales se reconocer\u00e1n y ejecutar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n
\u201c1. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el pa\u00eds en que se haya proferido, ser\u00e1 ejecutable ante la autoridad judicial competente, a solicitud de parte interesada. <\/p>\n
\u201c2. La parte que invoque un laudo o pida su ejecuci\u00f3n deber\u00e1 presentar el laudo original o copia de \u00e9l. Si el laudo no estuviere redactado en idioma espa\u00f1ol, la autoridad judicial competente podr\u00e1 solicitar a la parte que presente una traducci\u00f3n del laudo a este idioma. <\/p>\n
\u201c2. Los laudos dictados en arbitrajes internacionales cuya sede sea Colombia se considerar\u00e1n laudos nacionales y, por ende, no estar\u00e1n sujetos al procedimiento de reconocimiento y podr\u00e1n ser ejecutados directamente sin necesidad de este, salvo cuando se haya renunciado al recurso de anulaci\u00f3n, caso en el cual ser\u00e1 necesario su reconocimiento. <\/p>\n
\u201c3. Para la ejecuci\u00f3n de laudos extranjeros, esto es de aquellos proferidos por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre fuera de Colombia, ser\u00e1 necesario su reconocimiento previo por la autoridad judicial competente\u201d. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo 115 de la Ley, al prescribir los requerimientos para el reconocimiento, dice: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 115. Tr\u00e1mite del reconocimiento. La parte que pida el reconocimiento presentar\u00e1 la solicitud ante la autoridad judicial competente acompa\u00f1ada de los documentos a que se refiere el art\u00edculo 111. <\/p>\n
\u201cEn caso de encontrar completa la documentaci\u00f3n, la autoridad judicial competente admitir\u00e1 la solicitud y dar\u00e1 traslado por diez d\u00edas (10) a la otra u otras partes. <\/p>\n
\u201cVencido el t\u00e9rmino del traslado y sin tr\u00e1mite adicional, la autoridad judicial competente decidir\u00e1 dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes\u201d. <\/p>\n
Los documentos que esta Corte requiere para realizar el reconocimiento aqu\u00ed demandado, son los previstos en el numeral segundo del art\u00edculo 111 de la Ley referida, a saber, \u201cpresentar el laudo original o copia de \u00e9l. Si el laudo no estuviere redactado en idioma espa\u00f1ol, la autoridad judicial competente podr\u00e1 solicitar a la parte que presente una traducci\u00f3n del laudo a este idioma\u201d. <\/p>\n
2.2.2. Las razones legales por las cuales la autoridad judicial puede denegar el reconocimiento del laudo arbitral, se presentan en el art\u00edculo 112 del Estatuto arbitral, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSolo se podr\u00e1 denegar el reconocimiento de un laudo arbitral, cualquiera que sea el pa\u00eds en que se haya dictado, en los casos y por las causales que taxativamente se indican a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201ca) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella pruebe ante la autoridad judicial competente del pa\u00eds en que se pide el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n: <\/p>\n
\u201ci. Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del pa\u00eds en que se haya dictado el laudo; o <\/p>\n
\u201cii. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no fue debidamente notificada de la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro o de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral o no pudo, por cualquiera otra raz\u00f3n, hacer valer sus derechos; o <\/p>\n
\u201ciii. Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo est\u00e1n, se podr\u00e1 dar reconocimiento y ejecuci\u00f3n a las primeras; o <\/p>\n
\u201civ. Que la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley del pa\u00eds donde se adelant\u00f3 o tramit\u00f3 el arbitraje; o <\/p>\n
\u201cv. Que el laudo no es a\u00fan obligatorio para las partes o fue anulado o suspendido por una autoridad judicial del pa\u00eds sede del arbitraje; o <\/p>\n
\u201cb) Cuando la autoridad judicial competente compruebe: <\/p>\n
\u201ci. Que, seg\u00fan la ley colombiana, el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje; o <\/p>\n
\u201cii. Que el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n del laudo ser\u00edan contrarios al orden p\u00fablico internacional de Colombia\u201d. <\/p>\n
Este apartado es un reflejo del consenso que se cre\u00f3 en 1958, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitramento comercial. El art\u00edculo V del documento, que fue aprobado en Colombia mediante la Ley 39 de 1990, es recogido casi integralmente por el citado art\u00edculo de la Ley 1563. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha recogido y explicado los requisitos formales a cumplir para que se haga efectivo el discutido reconocimiento. En la providencia del 20 de noviembre de 1992, en donde se reconoci\u00f3 un laudo arbitral del 17 de febrero de 1988 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c[L]as \u00fanicas causas que pueden dar lugar a la negaci\u00f3n del reconocimiento de la sentencia arbitral, [son] congreg\u00e1ndolas en dos grupos, seg\u00fan provengan de la actividad desplegada por la parte afectada con la sentencia, al demostrar la falta de convenio o cl\u00e1usula compromisoria o vicios de forma en la integraci\u00f3n del tribunal de arbitramento; o, emanen de la decisi\u00f3n que en tal sentido profiera la autoridad competente del pa\u00eds donde se pide el reconocimiento (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
En el fondo, los fundamentos por los cuales la jurisdicci\u00f3n patria puede denegar el reconocimiento de la decisi\u00f3n internacional est\u00e1n relacionadas con que en dicho proceso no se altere, ni vulnere, como ha se\u00f1alado la jurisprudencia, el \u201corden p\u00fablico\u201d, categor\u00eda que engloba situaciones o conceptos como: que no se incurra en un ejercicio abusivo de derechos, se cometan actos de mala fe, o se pueda ver afectada la imparcialidad del tribunal arbitral o el derecho al debido proceso de las partes. <\/p>\n
Del mismo modo, que, haya una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de las partes, se violenten intereses pol\u00edticos, sociales o econ\u00f3micos del Estado3. Como se puede ver, las razones que son posibles de evocar para solicitar la denegaci\u00f3n del reconocimiento no tienen que ver tanto como un aspecto hermen\u00e9utico de la ley o de su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.3. En cuanto a la competencia de la autoridad judicial nacional en el pa\u00eds para hacer el reconocimiento del laudo arbitral, se ha explicado, por parte de esta Corporaci\u00f3n, que, en raz\u00f3n del fen\u00f3meno de la extraterritorialidad de la decisi\u00f3n arbitral, debe una autoridad judicial nacional hacer la legalizaci\u00f3n de la misma, para que adquieran, por as\u00ed decirlo, una \u201ccara de ciudadan\u00eda\u201d y puedan ser ejecutables en el pa\u00eds4. <\/p>\n
Normalmente, como es tradici\u00f3n dentro de la comunidad de los Estados, suele corresponder a los m\u00e1s altos tribunales el otorgarle validez y eficacia dentro de un pa\u00eds a las decisiones judiciales y laudos arbitrales extranjeros. Aunque no es extra\u00f1o tampoco que algunas veces esta facultad se les otorgue a autoridades de menor jerarqu\u00eda y que su atribuci\u00f3n se les asigne de acuerdo con las reglas generales de competencia. En el caso colombiano, como lo demuestra esta providencia, la tarea fue otorgada a la cabeza de la justicia en el pa\u00eds: la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es claro; evitar que se lesionen intereses superiores como el orden p\u00fablico o que no se invadan las competencias de los jueces nacionales, o tampoco que se vulneren valores o principios constitucionales. <\/p>\n
La evoluci\u00f3n normativa de esta competencia especial de la Corte Suprema de Justicia se remonta al siglo XIX, cuando en el C\u00f3digo Judicial del Estado de Cundinamarca, del a\u00f1o 1858, se sentaron los primeros requisitos a tener en cuenta para la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, requisitos que todav\u00eda subsisten. Posteriormente, ya en el siglo XX, la Ley 105 de 1931, incluy\u00f3 un cap\u00edtulo relativo a las sentencias de tribunales extranjeros, en donde se reiter\u00f3 la exigencia de reciprocidad en el trato del pa\u00eds emisor de la sentencia, al igual que mantuvo en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, el poder de darle validez nacional a la decisi\u00f3n, o, como se conoce entre los juristas, al \u201cexequ\u00e1tur\u201d. Resulta relevante tambi\u00e9n traer a colaci\u00f3n los Decretos 1400 y 2019 de 1970, los cuales ya empezaron a hablar expl\u00edcitamente de los \u201claudos\u201d extranjeros (en su art\u00edculo 695), y reiteraron la competencia de la Corte para conocer de estos casos, en especial titularidad de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, como luego lo estableci\u00f3 el art\u00edculo 25 del ya derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Recientemente, el Estatuto Procesal vigente a la fecha, el C\u00f3digo General del Proceso, Ley 1564 de 2013, mantuvo la l\u00ednea de darle a la Corte esta competencia, y expresando que el exequ\u00e1tur de los laudos arbitrales extranjeros deb\u00eda estudiarse de acuerdo a las reglas de la materia aplicables, en su art\u00edculo 605. En el mismo sentido, el Estatuto Arbitral nacional, Ley 1563 de 2013, estructur\u00f3 un conjunto de criterios que ordena aplicar las normas internacionales al reconocimiento de los laudos arbitrales, sin perjuicio de alg\u00fan tratado multilateral o bilateral vigente. All\u00ed mismo se reiter\u00f3 la competencia de la Corte Suprema de Justicia para hacerlo: \u201c(\u2026) [E]l reconocimiento ser\u00e1 competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u201d, como lo expres\u00f3 el art\u00edculo 68 de la citada normatividad. <\/p>\n
As\u00ed entonces, para la validaci\u00f3n de los laudos, la competencia se radica en cabeza de la Corte, con apego a los expresado por el art\u00edculo 115 del Estatuto Arbitral, donde se admitir\u00e1 o denegar\u00e1 la solicitud, con per\u00edodo de traslado de 10 d\u00edas a la contraparte, indicando que una vez surtido este traslado, se decida, sin tr\u00e1mite adicional. En cuanto a la competencia funcional, el art\u00edculo 113 del Estatuto, establece que el reconocimiento se dar\u00e1 en \u00fanica instancia y que, contra la decisi\u00f3n del mismo, no procede recurso o acci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Como se pudo anticipar arriba, la evoluci\u00f3n normativa descrita encaja con el esfuerzo de cooperaci\u00f3n internacional fruto de las Convenciones de Nueva York de 1959 y de Panam\u00e1 de 1975, plasmado en la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, como puede verse expresado claramente en la exposici\u00f3n de motivos del mandato que trajo la citada ley modelo al sistema normativo colombiano. <\/p>\n
2.3. Las sentencias y los laudos arbitrales proferidos en el exterior y que afectan o que inciden en los intereses de personas naturales o jur\u00eddicas extranjeras o, cuando est\u00e1n llamados a ser ejecutados en pa\u00edses diferentes al lugar en donde se dictaron, cumplen unas finalidades muy importantes. Pueden ser personales, sociales, pol\u00edticas, antropol\u00f3gicas, etc. Uno de tales designios es el econ\u00f3mico-jur\u00eddico. En el caso que se estudia se est\u00e1 en presencia de una decisi\u00f3n judicial emitida en otro pa\u00eds y la funci\u00f3n de las autoridades nacionales debe ser la de facilitar el tr\u00e1fico mercantil y la integraci\u00f3n econ\u00f3mica entre los Estados; asegurando el orden p\u00fablico y econ\u00f3mico internacional, los principios de equidad, de solidaridad, seguridad jur\u00eddica, inversi\u00f3n extranjera, respeto a la supremac\u00eda constitucional; y en general, proveyendo un sistema de soluci\u00f3n de controversias racional y estable. <\/p>\n
En este contexto, para efectos de la eficacia y aplicabilidad en el \u00e1mbito interno, como para el desarrollo del principio de cooperaci\u00f3n internacional, el reconocimiento de los laudos arbitrales debe darse en coherencia con el fundamento de la supremac\u00eda que tiene la Constituci\u00f3n Nacional como elemento \u00faltimo de validez y de coherencia legal en el sistema, pero tambi\u00e9n con respeto al corpus iuris international. <\/p>\n
Ahora, estos laudos, por regla general se edifican sobre la base de acuerdos y tratados mercantiles, respecto de los cuales, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n5 ha trazado una distinci\u00f3n entre los tratados internacionales cuyo objeto es la integraci\u00f3n econ\u00f3mica y mercantil6 y aquellos que traten sobre el derecho internacional humanitario por su importancia y finalidad. <\/p>\n
Los tratados sobre Derecho Internacional Humanitario, como los Protocolos I y II de Ginebra o las normas del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, se hacen vinculantes en el ordenamiento nacional por virtud del Bloque de Constitucionalidad, cuesti\u00f3n que les da un car\u00e1cter especial frente al otro tipo de tratados, como por ejemplo, el no poder ser restringidos o suspendidos en estados de excepci\u00f3n, dada la gran importancia de esa particular materia de que tratan7. <\/p>\n
Los que versan sobre materia econ\u00f3mica y que son suscritos por Colombia se incorporan al ordenamiento jur\u00eddico interno por virtud del principio pacta sunt servanda previsto en la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, pero, no tienen el car\u00e1cter ni la pretensi\u00f3n de superioridad en el sistema. Seg\u00fan el citado art\u00edculo de la Convenci\u00f3n: \u201c[\u2026] todo tratado en vigor obliga y debe ser cumplido por las partes de buena fe\u201d. Lo explicado anteriormente ha sido referido por la Corte Constitucional. En Sentencia C-155 de 2007 se indic\u00f3 que los convenios que tratan sobre materia econ\u00f3mica: <\/p>\n
\u201c[N]o son par\u00e1metros de constitucionalidad de las leyes, pues tal condici\u00f3n \u00fanicamente ha sido prevista en la Constituci\u00f3n para los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y proh\u00edben su limitaci\u00f3n en estados de excepci\u00f3n (Art. 93 C.P.) y para aqu\u00e9llos que definen los l\u00edmites territoriales del Estado (art.101 C.P.)8. <\/p>\n
La doctrina constitucional ha decantado la premisa, seg\u00fan la cu\u00e1l, los tratados en lo econ\u00f3mico, no integran el bloque de constitucionalidad. En este sentido la Sentencia C-750 de 2008, fija la siguiente, <\/p>\n
\u201c[R]egla general que est\u00e1 dada en que ni los tratados de integraci\u00f3n econ\u00f3mica y comercial, ni del derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad toda vez que su objeto no es el reconocimiento de derechos humanos sino la ordenaci\u00f3n de aspectos econ\u00f3micos, comerciales, fiscales, aduaneros, inversiones, t\u00e9cnicos, etc9 \u201d. <\/p>\n
En la misma decisi\u00f3n; no obstante, la Corte plante\u00f3 la posibilidad de que existan ciertas excepciones muy limitadas: los tratados internacionales que versen sobre temas econ\u00f3micos o financieros podr\u00edan hacer parte del bloque de constitucionalidad solo si versan directamente sobre derechos humanos en su contenido. Tal fue el caso de la Decisi\u00f3n 351 de 1993, expedida por la Comisi\u00f3n del Acuerdo de Cartagena. Citando la Sentencia C-988 de 2004: <\/p>\n
\u201cCon todo, de manera excepcional\u00edsima, la Corte ha admitido que algunas normas comunitarias pueden integrarse al bloque de constitucionalidad, siempre y cuando se trate de una norma comunitaria que de manera expl\u00edcita y directa reconozca y desarrolle derechos humanos. As\u00ed, con ese criterio, la sentencia C-1490 de 2000, MP Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, Fundamento 3\u00ba, consider\u00f3 que la Decisi\u00f3n 351 de 1993, expedida por la Comisi\u00f3n del Acuerdo de Cartagena, que contiene el R\u00e9gimen Com\u00fan sobre derecho de autor y conexos, hac\u00eda parte del bloque de constitucionalidad, por cuanto dicha norma regulaba los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales. Pero esa sentencia explic\u00f3 que dicha integraci\u00f3n al bloque de constitucionalidad derivaba exclusivamente del hecho de que esa Decisi\u00f3n regulaba los derechos morales de autor, que la Carta reconoce como fundamentales. Pero esa misma sentencia reiter\u00f3 que los acuerdos de comercio o integraci\u00f3n, como el que establece la OMC, no hac\u00edan parte del bloque de constitucionalidad10\u201d. <\/p>\n
2.4. Mientras estuvo vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma anterior al actual C\u00f3digo General del Proceso, existieron dudas concernientes a la compatibilidad de dicha norma con la Convenci\u00f3n de Nueva York de 1958. A\u00fan m\u00e1s, para un sector, el C. de P. C. contrariaba claramente la Convenci\u00f3n. Por ello, se expidi\u00f3 la Ley 1563 de 2012, conocida como el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, preceptiva que se sum\u00f3 al esfuerzo de los especialistas en la materia, para que su contenido no solo cumpliera con los est\u00e1ndares de la Convenci\u00f3n de 1958, sino para que fuera m\u00e1s all\u00e1 de ella y sirviera como un instrumento \u00fatil para el comercio y el tr\u00e1fico mercantil. <\/p>\n
El nuevo Estatuto Arbitral decidi\u00f3 entonces que para que un laudo arbitral fuese ejecutable en el pa\u00eds, a solicitud de la parte interesada, se deber\u00eda presentar la decisi\u00f3n arbitral original o su copia, y en caso de que no obrase este en espa\u00f1ol, debidamente traducido. Otro es el caso de los laudos arbitrales nacionales, los cuales no est\u00e1n sujetos al reconocimiento al que si deben someterse los extranjeros y que podr\u00e1n ser ejecutados sin necesidad del procedimiento al que estamos haciendo referencia. Igualmente, se ha indicado que la competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia existe sobre aquellos laudos internacionales donde las partes involucradas sean particulares, y que en caso de que una de las partes sea una entidad p\u00fablica la competencia para conocer de la solicitud de reconocimiento estar\u00e1 a cargo de la m\u00e1xima autoridad judicial de la jurisdicci\u00f3n administrativa, el Consejo de Estado. <\/p>\n
2.5. Vale la pena hacer menci\u00f3n y explicar la causal plasmada en el literal b, secci\u00f3n II del art\u00edculo 112 de la Ley 1563 de 2012, relacionado con la negativa a la solicitud de reconocimiento con base a la puesta en peligro o la contravenci\u00f3n con el orden p\u00fablico interno o p\u00fablico internacional. Seg\u00fan el Estatuto, se podr\u00e1 denegar la petici\u00f3n cuando: \u201c(\u2026) el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n del laudo ser\u00edan contrarios al orden p\u00fablico internacional de Colombia (\u2026)\u201d. La invalidaci\u00f3n de un determinado documento jur\u00eddico por violaci\u00f3n al orden p\u00fablico nacional (e internacional) se remonta al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo Civil, que establece que en los actos o negocios jur\u00eddicos: \u201cNo podr\u00e1n derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia est\u00e1n interesados el orden p\u00fablico y las buenas costumbres\u201d. As\u00ed mismo lo establece el C\u00f3digo de Comercio, cuando formula las condiciones de validez, existencia, nulidad e ineficacia de los negocios jur\u00eddicos, que a su vez concuerda con las reglas de los art\u00edculos 1524, 1528, 1740 y subsiguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La situaci\u00f3n es similar en lo que respecta al orden p\u00fablico internacional, que es el plano en el que se dan los convenios y tratados internacionales, y que involucran a m\u00e1s de un pa\u00eds. Esta Corporaci\u00f3n ha dicho que cuanto se persigue esta protecci\u00f3n al ente abstracto es la salvaguarda de las condiciones esenciales de un determinado pa\u00eds que muchas veces van m\u00e1s all\u00e1 de lo estrictamente legal, el cual <\/p>\n
\u201c[\u2026][c]onsiste en cualquier principio indispensable para la salvaguardia de la sociedad que aquellos representan, principios referentes como se sabe a los intereses esenciales de los pa\u00edses dadas las ideas particulares en ellos imperantes en la \u00e9poca y que pueden ser intereses pol\u00edticos, morales, religiosos o econ\u00f3micos\u201d11. <\/p>\n
Algo muy similar ha dicho la Corte Constitucional, en la Sentencia C-410 de 2001, donde define el orden p\u00fablico internacional de manera an\u00e1loga. Por lo tanto, la causal que se est\u00e1 estudiando en este momento sirve como medio de protecci\u00f3n, de defensa y de preservaci\u00f3n de los postulados fundamentales de un determinado sistema jur\u00eddico, de sus intereses esenciales en materia econ\u00f3mica, pol\u00edtica, social o \u00e9tica. <\/p>\n
2.6. \u201cTrat\u00e1ndose del an\u00e1lisis concreto\u201d12 seg\u00fan la Convenci\u00f3n de Montevideo se observar\u00e1 el aspecto formal del laudo, verificando, si el documento fue creado mediante los medios leg\u00edtimos, siguiendo \u201clas solemnidades externas\u201d13. No se trata entonces de un juzgamiento material del laudo arbitral extranjero, por ejemplo, exigiendo que debiera haberse juzgado con cierto derecho de determinada naci\u00f3n. La jurisprudencia ha dicho que las conclusiones a las que pueden llegar los jueces en sus respectivas naciones pueden ser tan diversas que el fondo del asunto no amerita un an\u00e1lisis profundo. \u201cNo es un an\u00e1lisis del sustratum del asunto\u201d. <\/p>\n
No compete a esta Corte revisar las normas sustanciales que abrigan una decisi\u00f3n para que coincidan de manera exacta con las colombianas porque ello significar\u00eda que para efectos del reconocimiento todas las normas deber\u00edan ser literalmente iguales a las colombianas, inspiradas en los mismos principios de nuestra nacionalidad, lo cual de paso traducir\u00eda que la Corte irracionalmente desconocer\u00eda la soberan\u00eda y autodeterminaci\u00f3n de otros Estados para otorgarse sus propias leyes, generando una intromisi\u00f3n pol\u00edtica indebida14. <\/p>\n
3. Conforme a lo discurrido se analiza el laudo materia de este pronunciamiento. <\/p>\n
3.1. La providencia aqu\u00ed estudiada, tiene la connotaci\u00f3n de laudo extranjero, toda vez que las partes vinculadas en el pacto arbitral contenido en la cl\u00e1usula de los contratos suscritos No. 704154 y No. 704216 el 26 de febrero y 18 de abril de 2018 en la ciudad de Barranquilla, al momento de suscribirlos, ten\u00edan sus domicilios en Estados diferentes. <\/p>\n
En efecto, Bradgrain Commodities Inc. con sucursal en Ontario, Canad\u00e1, ciudad Ontario, y Surtiabarrotes Internacional S.A.S., con sucursal y domicilio en Barranquilla, Colombia. <\/p>\n
3.2. A la solicitud presentada ante esta Corporaci\u00f3n por la empresa canadiense, se anex\u00f3 copia del laudo arbitral proferido por la Asociaci\u00f3n de Granos y Alimentos, GAFTA por sus siglas en ingl\u00e9s, en donde, el 20 de mayo de 2019, se decidi\u00f3 que la sociedad colombiana era culpable de la terminaci\u00f3n irregular de los contratos arriba descritos; adem\u00e1s, se dispuso condenar a la pasiva a pagar a la promotora los \u201cda\u00f1os por incumplimiento\u201d, en sumas de $61,800, $49,500 y $111,300. <\/p>\n
Al haber sido anexada una copia original del laudo, as\u00ed como una debidamente traducida del mismo, se cumplen con las exigencias previstas en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 111 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
3.3. El motivo de la controversia estudiada en el laudo objeto de reconocimiento, esto es, la declaratoria de terminaci\u00f3n anticipada de los contratos, as\u00ed como del pago de las indemnizaciones causadas por el incumplimiento de los mismos, como se indic\u00f3 debidamente en la demanda arbitral, son susceptibles de ser dirimidas a trav\u00e9s de mecanismos alternativos de soluci\u00f3n de conflictos. En este caso, el medio elevado fue el de arbitraje, herramienta v\u00e1lida para conocer de la disputa. <\/p>\n
3.4. La exigencia de que el laudo en discusi\u00f3n no contrar\u00ede ni atente contra las leyes de orden p\u00fablico nacional e internacional, como ya se dijo, se refiere a la b\u00fasqueda de la defensa de los principios esenciales \u201cen los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado\u201d15. Lo perseguido es que la sentencia extranjera no contradiga los principios fundamentales del ordenamiento jur\u00eddico. Como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c[C]uando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios (\u2026). Es decir, que la noci\u00f3n de orden p\u00fablico se evidencia en asuntos de esta \u00edndole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez o tribunal extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u201d16. <\/p>\n
En este asunto, la Corte observa que lo perseguido mediante el laudo arbitral, los hechos que dieron lugar a su existencia y las consecuencias que se plasmaron en la decisi\u00f3n, no constituyen una violaci\u00f3n grave del ordenamiento jur\u00eddico colombiano; por el contrario, existen acciones legales perseguidas por el laudo arbitral, m\u00e1s concretamente en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, el cual establece que en los contratos bilaterales existe la condici\u00f3n resolutoria en caso de incumplimiento por parte de un contratante. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la parte podr\u00eda pedir, a su arbitrio, la resoluci\u00f3n del contrato o el cumplimiento forzoso del mismo, con la debida indemnizaci\u00f3n de perjuicios, de acuerdo a la argumentado en las s\u00faplicas de las partes. Por estos motivos, el laudo que se busca sea reconocido re\u00fane los requisitos exigidos por el Estatuto Arbitral. <\/p>\n
3.5. En consecuencia, se impone el reconocimiento solicitado. <\/p>\n
4. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: CONCEDER el reconocimiento al laudo arbitral dictado por los \u00e1rbitros de la Asociaci\u00f3n de Comercio de Granos y Piensos (GAFTA) del 20 de mayo de 2019, en el proceso con demanda promovido por la compa\u00f1\u00eda Broadgrain Commodities Inc, sucursal Canad\u00e1. en contra de Surtiabarrotes Internacional S.A.S., con sede en Barranquilla, respecto de los contratos de compraventa No. 704154 y No. 704216, suscritos entre las partes, que concluy\u00f3 con la condena de la empresa colombiana, por las sumas all\u00ed referidas. <\/p>\n
Segundo: sin costas en el proceso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Exequ\u00e1tur, sentencia del 20 de noviembre de 1992, Gaceta Judicial 2458, tesis reiterada en la sentencia de 27 de julio de 2011, expediente 11001-0203-000-2007-01956-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ Sala Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2016. Expediente No. 11001-02-03-000-2014-02737-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ Sala Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2016, Ib\u00edd. <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00edd. <\/p>\n
5\u0002 CSJ Sala Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2016. Expediente No. 11001-02-03-000-2014-02737-00. <\/p>\n
6\u0002 Nos referimos, entre otras, a las Convenciones sobre el Reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de las sentencias arbitrales extranjeras- New York 1958, Convenci\u00f3n Interamericana sobre eficacia territorial de las sentencia y laudos arbitrales extranjeros, Montevideo 1979; Convenci\u00f3n Interamericana sobre arbitraje Comercial Internacional, Panam\u00e1 1975. <\/p>\n
7\u0002 La jurisprudencia, en especial de la Corte Constitucional, sobre este tema, es extensa. V\u00e9ase, entre otras, C-582 de 1992, C\u2013225 de 1995, C\u2013191 de 1998, C\u2013067 de 2003, C\u2013988 de 2004, C\u2013028 de 2006. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-155 de 2007. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-750 de 2008. <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional. C – 750 de 2008. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia del 19 de julio de 1994. <\/p>\n
12\u0002 CSJ Sala Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2016. Expediente No. 11001-02-03-000-2014-02737-00.. <\/p>\n
13\u0002 CSJ Sala Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2016., ib\u00edd.. <\/p>\n
14\u0002 CSJ Sala Civil, ibid <\/p>\n
15\u0002 Sentencia Civil: 27 de octubre de 2015, rad. 2013-01527-00, reiterando fallo SC-17371-2014. <\/p>\n
16\u0002 \u00cddem; reitera fallo civil: 8 de julio de 2013, rad. 2008-02099-00. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC4481-2021 (2019-03619-00) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03619-00 (Aprobado en Sala virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la solicitud de reconocimiento de la Empresa Broadgrain Commodities […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}