SC4703-2021 (2001-01048-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4703-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-037-2001-01048-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano, Paulina e Isabella Tamayo Mej\u00eda, c\u00f3nyuge e hijas del causante Juan Claudio Tamayo, respecto de la sentencia de 9 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por las recurrentes contra Bloch Ni\u00f1o y C\u00eda S. en C., Martha Libia Ni\u00f1o Poveda, en condici\u00f3n de socia gestora, y los herederos determinados e indeterminados de Alfred Bloch Ditzel. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Las demandantes solicitaron declarar solidariamente responsables a los convocados del siniestro a\u00e9reo ocurrido. Como consecuencia, condenarlos a pagar los perjuicios, lucro cesante y da\u00f1os morales, sufridos. <\/p>\n
La aeronave estaba autorizada para transportar cuatro personas. El fallecido Alfred Bloch, sin embargo, consinti\u00f3 que viajaran cuatro pasajeros y un tripulante. <\/p>\n
1.3. Contestaci\u00f3n de la demanda. La sociedad interpelada se opuso a las pretensiones. Acept\u00f3 los hechos invocados por aparecer demostrados con la \u201cdocumentaci\u00f3n aportada\u201d, salvo los atinentes a la causa del accidente. <\/p>\n
Los curadores ad litem de los dem\u00e1s demandados no se opusieron a las pretensiones ni formularon excepciones. <\/p>\n
1.4. Fallo de primer grado. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 24 de agosto de 2015, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones y conden\u00f3 a los accionados a indemnizar da\u00f1os materiales y morales. Adujo que respond\u00edan extracontractualmente por el ejercicio de una actividad peligrosa. Dijo que no hab\u00eda prueba de una causa extra\u00f1a como generadora del resultado da\u00f1oso. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, fallecido el agente de la conducta lesiva, sus herederos eran los llamados a resarcir a los deudos de Juan Claudio Tamayo. Lo mismo la sociedad Bloch y C\u00eda. S. en C., como guardi\u00e1n de la avioneta siniestrada. Y Libia Ni\u00f1o Poveda, por ser la socia gestora de la persona jur\u00eddica. <\/p>\n
1.5. Decisi\u00f3n de segunda instancia. Confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, al resolver la apelaci\u00f3n de la parte actora y de la demandada Libia Ni\u00f1o Poveda. <\/p>\n
2. RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. Desech\u00f3 el argumento sobre el car\u00e1cter \u201cben\u00e9volo\u201d del transporte realizado. De acuerdo con el acervo probatorio, no tuvo origen en la mera generosidad de Alfred Bloch Ditzel, sino en el inter\u00e9s que le asist\u00eda en llevar consigo al esposo y padre de las reclamantes para obtener su asesor\u00eda en una operaci\u00f3n comercial de la sociedad que dirig\u00eda como administrador y socio gestor. <\/p>\n
2.2. Ratific\u00f3 la aplicabilidad del r\u00e9gimen de responsabilidad que gobierna las actividades peligrosas y hall\u00f3 demostrados sus presupuestos axiol\u00f3gicos. En punto de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios consider\u00f3 carentes de m\u00e9rito demostrativo los medios de convicci\u00f3n allegados en copias simples para acreditar el monto de los ingresos mensuales percibidos por el se\u00f1or Tamayo, diferentes a los se\u00f1alados en la liquidaci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales. Incumpl\u00edan los requisitos previstos en el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.3. No hab\u00eda lugar a adicionar al ingreso base de la liquidaci\u00f3n los montos de prestaciones sociales por recibir. El salario bruto -desprovisto de esos rubros y de otros descuentos autorizados por el causante- es el establecido en la materia por la jurisprudencia el llamado a atender. <\/p>\n
2.4. Frustr\u00e1nea resultaba tambi\u00e9n la censura acerca de utilizar una tabla de supervivencia desactualizada a la presentaci\u00f3n de la demanda. Frente al t\u00f3pico se ten\u00eda suficientemente decantado que hab\u00eda de recurrirse a la vigente para el a\u00f1o en que ocurri\u00f3 el deceso. <\/p>\n
2.5. Indexar el perjuicio moral reconocido no era de recibo, dada su naturaleza paliativa y no indemnizatoria. Los intereses de mora sobre los otros guarismos deb\u00edan pagarse a la tasa del 6% prevista en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, atendiendo el origen de la lesi\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
El plazo se\u00f1alado para el pago de la condena, correspond\u00eda mantenerse ante lo significativo de su cuant\u00eda. Estim\u00f3, sin embargo, desacertada la falta de actualizaci\u00f3n del salario de la v\u00edctima previo a calcular el \u201clucro cesante pasado\u201d, y de acrecimiento de la cuota correspondiente a la c\u00f3nyuge del de cujus, una vez la descendiente, Isabella Tamayo Mej\u00eda, cumpliera 25 a\u00f1os. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene formulados siete cargos, sin r\u00e9plica de la contraparte. En todos se denuncia violados los art\u00edculos 1613, 1614, 2341, 2343 y 2356 del C\u00f3digo Civil; 283 del C\u00f3digo General del Proceso; y 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
Los ataques son parciales. No discuten la existencia del hecho lesivo ni la responsabilidad de los demandados. \u00danicamente, cuanto tiene que ver con la tasaci\u00f3n del lucro cesante y el da\u00f1o moral. <\/p>\n
Sustanciados bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso, la Corte los resolver\u00e1 aunados el primero, cuarto y sexto, porque am\u00e9n de encauzarse por el camino indirecto, se fundan en an\u00e1logos argumentos. Del mismo modo, el segundo, tercero y quinto, enderezados recta v\u00eda, en tanto, se complementan entre s\u00ed formando un reproche integral contra las consideraciones que condujeron al sentenciador a tasar parte del lucro cesante pasado y futuro. Por \u00faltimo, el cargo s\u00e9ptimo, atinente a la estimaci\u00f3n del da\u00f1o moral. <\/p>\n
4. CARGO PRIMERO <\/p>\n
4.1. Denuncia la comisi\u00f3n de errores de hecho, al dar por establecido, sin estarlo, que el salario actualizado del fallecido Juan Claudio Tamayo era de $6.893.200, base equivocada sobre la cual liquid\u00f3 el lucro cesante pasado. <\/p>\n
4.1.2. Si el Tribunal no hubiera incurrido en ese yerro, habr\u00eda impuesto la condena que correspond\u00eda para resarcir el lucro cesante pasado a favor de las tres actoras y no habr\u00eda desconocido, como lo hizo, los m\u00e1s elementales criterios t\u00e9cnicos que las normas invocadas reclaman para la plena reparaci\u00f3n de los perjuicios. <\/p>\n
5. CARGO CUARTO <\/p>\n
5.1. Alega que el Tribunal cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico al desconocer las normas probatorias que deben aplicarse para cuantificar y liquidar los perjuicios. <\/p>\n
Los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso, incisos segundo y cuarto, exigen actualizar la base de c\u00e1lculo, seg\u00fan el tiempo transcurrido desde la muerte de la v\u00edctima hasta la sentencia que dirima la litis. Adem\u00e1s, aplicar correctamente f\u00f3rmulas financieras y criterios t\u00e9cnicos actuariales. <\/p>\n
5.2. Las equivocaciones consistieron en no indexar el salario del difunto Juan Claudio Tamayo a la data de emisi\u00f3n del fallo de segundo grado. Sustraer el 25% al monto del ingreso base de liquidaci\u00f3n actualizado, no obstante, previo a fijar la base de c\u00e1lculo, deducir esa proporci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n percibida y liquidar el lucro cesante pasado sobre el ingreso base indexado a la fecha de la sentencia apelada y no la del Tribunal, y sin modificar el n\u00famero de meses transcurridos desde el deceso. <\/p>\n
6. CARGO SEXTO <\/p>\n
6.1. Censura que el Tribunal cometi\u00f3 yerro de iure al desatender las normas probatorias que deben aplicarse para cuantificar y liquidar los perjuicios. <\/p>\n
Los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso, incisos segundo y cuarto, en efecto, demandan indexar la base de c\u00e1lculo para tasar el lucro cesante, atendiendo intervalos entre el deceso de la v\u00edctima y las sentencias, y entre \u00e9stas hasta el final del per\u00edodo en que se cause. Exigen una acertada aplicaci\u00f3n de las f\u00f3rmulas financieras y de los criterios t\u00e9cnicos actuariales. <\/p>\n
6.2. El Tribunal, entonces, se equivoc\u00f3 desde varios frentes. <\/p>\n
6.2.1. No index\u00f3 el salario del difunto Juan Claudio Tamayo a la data de emisi\u00f3n del fallo del segundo grado de conocimiento, incidiendo en la estimaci\u00f3n del lucro cesante futuro de la c\u00f3nyuge. <\/p>\n
6.2.2. Liquid\u00f3 el perjuicio desde la sentencia de primera instancia y no a partir del fallo de segundo grado, y sobre el ingreso base actualizado a esa fecha. <\/p>\n
6.2.3. Determin\u00f3 el lapso transcurrido entre el 5 de mayo de 2019, fecha en que Isabella Tamayo Mej\u00eda cumpl\u00eda 25 a\u00f1os, y el 13 de mayo de 2037, data final de la vida probable del occiso, con base en un ingreso hist\u00f3rico. No index\u00f3 la retribuci\u00f3n a la fecha de la sentencia de segunda instancia ni calcul\u00f3 el lucro cesante a partir de esta. <\/p>\n
6.2.4. Desapercibi\u00f3 que eran tres los per\u00edodos de liquidaci\u00f3n de ese lucro cesante. El de la c\u00f3nyuge sobreviviente y el de las dos hijas del causante. <\/p>\n
7. CONSIDERACIONES <\/p>\n
7.1. Las acusaciones plantean la existencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en la valoraci\u00f3n de un medio probatorio aportado y un yerro de iure por la inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7.2. La violaci\u00f3n indirecta de una norma sustancial se estructura cuando el juzgador incurre en manifiestos y trascendentes errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, en cuanto a su contemplaci\u00f3n material u objetiva, o en lo relativo a su diagnosis jur\u00eddica. <\/p>\n
Los primeros se relacionan con la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n de medios de convicci\u00f3n o su tergiversaci\u00f3n. Los segundos tienen lugar cuando se contrar\u00edan las normas que gobiernan su producci\u00f3n, aducci\u00f3n, eficacia, asunci\u00f3n y evaluaci\u00f3n. De all\u00ed, la importancia de una adecuada discriminaci\u00f3n entre ambos conceptos. <\/p>\n
La Corte ha resaltado las etapas de apreciaci\u00f3n de los elementos de juicio. La primera encaminada a constatar su existencia material en el plenario y a fijar su contenido (contemplaci\u00f3n f\u00edsica y objetiva). La siguiente, su complemento, dirigida a verificar la aplicaci\u00f3n de las reglas que gobiernan lo atinente a la forma en que se produce la prueba, todo, a fin de verificar si es eficaz y adjudicarle el m\u00e9rito de convicci\u00f3n respectivo (contemplaci\u00f3n jur\u00eddica). <\/p>\n
7.2.1. El yerro de hecho probatorio, tiene dicho, \u00abacaece cuando el Tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba, raz\u00f3n por la que se ha explicado que su estructuraci\u00f3n s\u00f3lo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hip\u00f3tesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u00bb. <\/p>\n
Es imperativo para el censor demostrar el equ\u00edvoco. El recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia del proceso, en tanto, es la sentencia, no el litigio, la materia sobre la cual recae; de ah\u00ed que la Corte parte de lo decidido y apreciado en las etapas ordinarias del proceso. Lo \u00fanico que verifica es si la fijaci\u00f3n material u objetiva realizada por el juzgador de segundo grado es o no acertada. <\/p>\n
7.2.2. El error de derecho, a su turno, \u00abtiene lugar cuando el juez interpreta erradamente las normas que regulan su producci\u00f3n o eficacia, o su evaluaci\u00f3n. De manera que su ocurrencia, tal cual se ha indicado, por lo general puede tener lugar en uno cualquiera de estos eventos: a) cuando se aprecia un medio que fue aducido sin la observancia de los requisitos necesarios para su producci\u00f3n, es decir, cuando se infringe el principio de legalidad; b) cuando no se eval\u00faa el medio de convicci\u00f3n allegado por estimar erradamente que fue obtenido en forma ilegal; c) cuando a la prueba se le confiere un valor persuasivo prohibido en la ley; d) cuando se le niega el m\u00e9rito probatorio a pesar de la ley otorgarle esa virtud; e) cuando se valora siendo una prueba inconducente; y, f) cuando se exige para probar determinado hecho o acto una prueba especial que la ley no requiere para ese efecto\u00bb1. <\/p>\n
7.2.3. El desacierto, entonces, se presenta en cualquiera de los cuatro momentos que integran la actividad probatoria2: (i) en la solicitud, incorporaci\u00f3n o conformaci\u00f3n del conjunto de pruebas; (ii) durante el acto de su decreto, pr\u00e1ctica o evacuaci\u00f3n; (iii) en la calificaci\u00f3n o la valoraci\u00f3n; o (iv) en la etapa decisional sobre los hechos comprobados. <\/p>\n
La primera fase, vinculada a la aducci\u00f3n, aportaci\u00f3n, petici\u00f3n o solicitudes de las pruebas, se contempla los sujetos procesales que pueden postularlas. Ante qui\u00e9n, c\u00f3mo, cu\u00e1ndo, y cu\u00e1les son los medios autorizados. Se rige por criterios de sistemas procesales: dispositivo, inquisitivo o mixto; o seg\u00fan sea el caso, en las facultades otorgadas por el legislador a las partes para ofrecer pruebas. <\/p>\n
La segunda, ata\u00f1e a la instrucci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n. Abarca el decreto y pr\u00e1ctica de los peticionados y decretados de oficio. Atiende requisitos extr\u00ednsecos e intr\u00ednsecos generales y particulares para admitirlos o rechazarlos motivadamente, mir\u00e1ndolos desde su pertinencia (congruencia f\u00e1ctica), conducencia (congruencia normativa) y utilidad. Tambi\u00e9n su licitud (constitucionalidad) o ilegalidad. <\/p>\n
El tercero se contrae a evaluar el acervo demostrativo solicitado, incorporado, decretado y practicado. Se trata de la asunci\u00f3n judicial del medio de convicci\u00f3n como etapa previa a la valoraci\u00f3n o m\u00e9rito, entendida como la \u201cpercepci\u00f3n sensorial y la aprehensi\u00f3n mental de la prueba por el juez\u201d3. Labor\u00edo que asume al admitirla o practicarla directamente, o cuando la recibe del comisionado, y asimila cognitivamente su contenido. No se trata del hecho f\u00edsico de admitir o practicar la prueba, sino del fen\u00f3meno s\u00edquico o mental para conocer y entender el medio persuasivo. <\/p>\n
En este tercer estadio, luego de la asunci\u00f3n, busca establecer el m\u00e9rito o convicci\u00f3n de las pruebas recaudadas. Es el razonamiento judicial expuesto en la motivaci\u00f3n de la providencia. Se gobierna seg\u00fan sea el r\u00e9gimen respectivo: \u00edntima convicci\u00f3n, tarifa legal, la probabilidad racional o l\u00f3gica, o la sana cr\u00edtica. Este \u00faltimo, prevalente en el sistema procesal patrio, se halla sometido a criterios generales de la l\u00f3gica, de la ciencia y las reglas de la experiencia o del sentido com\u00fan. Analiza el grado de apoyo de cada medio y en su conjunto, a efectos de establecer el nivel de confirmaci\u00f3n de las distintas hip\u00f3tesis que solucionan el problema del caso. <\/p>\n
7.3. Aplicados los precedentes lineamientos, los errores probatorios denunciados no se estructuran. <\/p>\n
7.3.1. Las impugnantes recriminan un notorio y trascendente yerro al apreciar la \u201cLiquidaci\u00f3n Final de Prestaciones Sociales\u201d del fallecido Juan Claudio Tamayo. Sostienen que se tuvo por establecido, sin estarlo, su salario actualizado en $6\u2019893.200. Con esa base equivocada se efectuaron los c\u00e1lculos requeridos para tasar el lucro cesante pasado a favor de las demandantes. <\/p>\n
Ello, producto de no indexarse la suma de dinero contenida en la mencionada prueba, sino la resultante de deducirle un 25%. Todo, por cuenta de los gastos personales que, se presume, ten\u00eda el interfecto. <\/p>\n
El documento obra al folio 136 del cuaderno primero del expediente. En \u00e9l se consigna el salario base de la liquidaci\u00f3n y los rubros pendientes de pago a la fecha de deceso. Adem\u00e1s, las deducciones realizadas. <\/p>\n
Para el Tribunal, \u201c[c]on relaci\u00f3n al v\u00ednculo laboral entre el se\u00f1or Tamayo y la Constructora Bol\u00edvar S.A., se alleg\u00f3 al expediente documento denominado ‘liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales’ expedida por la comentada sociedad, en la que consta que el salario devengado por el se\u00f1or Juan Claudio Tamayo hasta el mes de febrero de 1.996 era de $2.500.000 M\/cte.\u201d. <\/p>\n
En el contraste, ninguna duda cabe sobre que, el juzgador acusado verific\u00f3 la existencia f\u00edsica del documento. Tambi\u00e9n, extrajo su verdadero alcance objetivo, sin cercenarlo, adicionarlo, ni tergiversarlo. Extract\u00f3, justamente, la cantidad que en el mismo se consignaba como \u201csalario base de liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
El error probatorio denunciado, por tanto, es inexistente. Se advirti\u00f3 su presencia material. Se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n y no se le dio una inteligencia enfrentada a su real contenido, o una interpretaci\u00f3n visiblemente contrapuesta. Se valor\u00f3 en su exacta dimensi\u00f3n material. <\/p>\n
7.3.2. Concerniente al error de derecho, la t\u00e9cnica en casaci\u00f3n exige enunciar las normas medio transgredidas y explicar la violaci\u00f3n. En este tipo de falencia, el impacto se dirige primero contra tales preceptos y, a trav\u00e9s suyo, frente a los preceptos sustanciales transgredidos. <\/p>\n
Las normas deben catalogarse como de disciplina probatoria. Su objeto debe reglar la producci\u00f3n, eficacia y valoraci\u00f3n de las pruebas. Se trata de hacer notar la desarmon\u00eda entre aquellas y el criterio del juzgador y, por contera, el quebranto de normas sustantivas. Citadas solo estas o las rectoras de los medios de convicci\u00f3n, el cargo es incompleto, circunstancia que frustra su buen suceso. <\/p>\n
Se impone igualmente evidenciar la trascendencia del dislate, verificable con la incidencia del yerro de iure en la violaci\u00f3n de las disposiciones de naturaleza sustancial. Esto significa que, soslayando las motivaciones del sentenciador, la opci\u00f3n exhibida por el impugnante es la \u00fanica alternativa posible para solucionar el caso controvertido. <\/p>\n
\u201cEs preciso, sin embargo, no caer en el error grav\u00edsimo de confundir la flexibilidad de las facultades que al juez asisten en el sistema de la prueba libre, con la ausencia de toda norma rectora, que en bien del proceso como instituci\u00f3n y a\u00fan de las partes mismas, se\u00f1ale, con amplias f\u00f3rmulas, los l\u00edmites en que han de contenerse, en com\u00fan provecho, las actividades de las partes; en ocasiones, las probanzas utilizables, y, en alg\u00fan caso, el valor singular que, en determinados eventos, ha de otorgarse a cada una\u201d4. <\/p>\n
La vigencia del sistema de persuasi\u00f3n racional, por tanto, no supone el destierro del error de derecho. <\/p>\n
7.3.2.1. Los cargos cuarto y sexto reclaman aplicar los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso. En sentir de las impugnantes, son adecuados para la \u201ccuantificaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de los perjuicios\u201d5. Desatendido su tenor, dicen, incidi\u00f3 en el quebranto de preceptos de naturaleza sustancial, puesto que el sentenciador termin\u00f3 justipreciando la condena por lucro cesante pasado (ataque cuarto) y lucro cesante futuro (acusaci\u00f3n sexta), sin contar con un ingreso base de liquidaci\u00f3n correcto. Ello, con absoluto desprecio del tiempo transcurrido, por un lado, entre \u201cla muerte de la v\u00edctima directa\u201d y el \u201cfallo correspondiente\u201d; y, por otro, desde la sentencia hasta \u201cel final del per\u00edodo en que se causa el lucro cesante futuro\u201d. <\/p>\n
Las disposiciones precitadas no son del linaje de las que se conocen como de car\u00e1cter probatorio. En efecto, el canon 16 de la Ley 446 de 1998, establece que \u201cdentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 283 del estatuto procesal, por su parte, precept\u00faa: <\/p>\n
\u201cLa condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se har\u00e1 en la sentencia por cantidad y valor determinados. <\/p>\n
\u201cEl juez de segunda instancia deber\u00e1 extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado. <\/p>\n
\u201cEn los casos en que este c\u00f3digo autoriza la condena en abstracto se liquidar\u00e1 por incidente que deber\u00e1 promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidaci\u00f3n motivada y especificada de su cuant\u00eda, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento al superior. Dicho incidente se resolver\u00e1 mediante sentencia. Vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado sin promoverse el incidente se extinguir\u00e1 el derecho. <\/p>\n
\u201cEn todo proceso jurisdiccional la valoraci\u00f3n de da\u00f1os atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u201d. <\/p>\n
Los textos anotados, como se aprecia, no regulan la aducci\u00f3n, pertinencia o eficacia de ninguna prueba. Simple y llanamente, enuncian las directrices y principios a seguir en el monto de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios con miras a procurar una reparaci\u00f3n plena. Rectamente entendidas, si bien son de aquellas que gobiernan la actividad judicial y de ah\u00ed su car\u00e1cter instrumental, no ata\u00f1en a la labor evaluativa de los medios de prueba y, por consiguiente, no imponen pautas a seguir en esa materia. <\/p>\n
7.3.2.2. Se suma a lo anterior, el incumplimiento de las recurrentes de singularizar los medios probatorios objeto de una errada diagnosis jur\u00eddica. Seguramente, por cuanto, cual acaba de resaltarse, las normas no aluden a ning\u00fan elemento de juicio en espec\u00edfico. <\/p>\n
7.4. Las acusaciones primera, cuarta y sexta, en consecuencia, est\u00e1n llamadas al fracaso. <\/p>\n
8. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
8.1. Recriminan las impugnantes al ad quem por no actualizar el ingreso salarial del extinto esposo y padre a la fecha de la sentencia de segunda instancia. Se index\u00f3 a la data del fallo de primer grado. Y as\u00ed se liquid\u00f3 el lucro cesante pasado. En adici\u00f3n, omiti\u00f3 adecuar el per\u00edodo de c\u00e1lculo al n\u00famero de meses transcurrido entre la muerte del se\u00f1or Tamayo y el fallo que dict\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
8.2. La trascendencia del yerro, dicen, reside en asignar un valor inferior al real. Se vulner\u00f3 as\u00ed el principio de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
9. CARGO TERCERO <\/p>\n
9.1. Las recurrentes endilgan al fallador, incurrir en error al liquidar el lucro cesante pasado. <\/p>\n
9.2. No actualiz\u00f3 el monto base de la liquidaci\u00f3n hasta la sentencia de segundo grado. Descont\u00f3 el 25% a la suma indexada a t\u00edtulo de gastos personales del difunto, sin parar mientes en una primera deducci\u00f3n realizada por el mismo concepto. Y omiti\u00f3 el n\u00famero de meses a actualizar entre la muerte de Tamayo y el fallo de segundo grado. <\/p>\n
9.3. Concluyen, lo dicho condujo a una tasaci\u00f3n de los perjuicios mucho menor a la integral. <\/p>\n
10. CARGO QUINTO <\/p>\n
10.1. Denuncian el desacierto del ad quem al tasar el lucro cesante futuro. Soslay\u00f3 que deb\u00eda indexar el ingreso salarial de Juan Claudio Tamayo a la fecha de su sentencia y no a la data del fallo de primera instancia. Esto incidi\u00f3 en el c\u00e1lculo de los per\u00edodos de indemnizaci\u00f3n correspondientes a Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano. <\/p>\n
10.2. Fuera de lo anterior, los estadios de liquidaci\u00f3n de ese lucro cesante para la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite no eran dos, como indic\u00f3 el sentenciador, sino tres. <\/p>\n
Entre el fallo de segundo grado y el 3 de diciembre de 2016, cuando Paulina Tamayo Mej\u00eda, la hija mayor, cumpli\u00f3 25 a\u00f1os. Esto, tomando el 50% de los ingresos del fallecido. <\/p>\n
A partir de la fecha anterior y hasta el 4 de mayo de 2019, \u00e9poca en que Isabella, la hija menor, llegaba a los 25 a\u00f1os. Esta vez, con los acrecimientos respectivos, sobre el 75% del ingreso salarial del occiso. Tambi\u00e9n, atendiendo la correcci\u00f3n monetaria sobre el 25% de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Desde la data anterior, hasta el fin de la vida probable del causante, el 13 de mayo de 2037. En esta ocasi\u00f3n, acrecentado, con el 100% de su ingreso salarial. <\/p>\n
10.3. El lucro cesante futuro de las hermanas Tamayo Mej\u00eda, tampoco fue corregido monetariamente hasta la decisi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
10.4. Concluyen las recurrentes, el Tribunal, pese a acertar en la valoraci\u00f3n de las pruebas sobre la edad de la v\u00edctima, c\u00f3nyuge e hijas, y los ingresos y la dependencia econ\u00f3mica, se equivoc\u00f3 en las operaciones matem\u00e1ticas y financieras para cuantificar el lucro cesante futuro. <\/p>\n
11. CONSIDERACIONES <\/p>\n
11.1. En la dogm\u00e1tica jur\u00eddica de la responsabilidad civil, da\u00f1o y perjuicio no responden a lo mismo, son categor\u00edas diferentes pero complementarias. En t\u00e9rminos castizos precisos, la palabra da\u00f1o se deriva del verbo da\u00f1ar que significa: \u201cCausar perjuicio, deterioro, color o molestia (\u2026) maltratatar o echar a perder algo\u201d6, al paso que perjuicio es el \u201c[e]fecto de perjudicar (\u2026). Detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa (\u2026) indemnizaci\u00f3n que se debe pagar por este detrimento\u201d7. Por lo tanto, el primero es resultado de la conducta da\u00f1osa, es la p\u00e9rdida, el deterioro, la vulneraci\u00f3n o detrimento de un derecho subjetivo que sufre la v\u00edctima, el cual puede ser material (da\u00f1o emergente y lucro cesante) o inmaterial (perjuicios morales, da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n o alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia, sumados a la eventual reparaci\u00f3n simb\u00f3lica); mientras tanto, el perjuicio es el efecto, consistente en la obligaci\u00f3n de indemnizar al da\u00f1ado o perjudicado, es la compensaci\u00f3n que se exige a quien ha causado el da\u00f1o con el fin de repararlo; por consiguiente, en la relaci\u00f3n causa-efecto, al paso que, el da\u00f1o es la causa, el perjuicio es consecuencia o derivaci\u00f3n. <\/p>\n
El da\u00f1o es \u201cla vulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacci\u00f3n a manera de reparaci\u00f3n o, al menos, de satisfacci\u00f3n o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparici\u00f3n del agravio\u201d8. Es el menoscabo o detrimento de un derecho subjetivo. <\/p>\n
El perjuicio, en cambio, es la consecuencia derivada del da\u00f1o. Se traduce en el resarcimiento o pago del \u201c(\u2026) perjuicio que el da\u00f1o ocasion\u00f3 (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
11.2.1. Comprobados los elementos axiol\u00f3gicos de la responsabilidad civil, entre ellos, el da\u00f1o, compete al juez cuantificar el valor de la indemnizaci\u00f3n. Ello, conforme a distintas tipolog\u00edas materiales e inmateriales debidamente acreditadas. Siempre en la mira del principio de reparaci\u00f3n integral consagrado en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
Significa que, en lo posible, el agraviado debe ser restituido al estado anterior de la conducta da\u00f1osa. Ese ha sido el pensamiento de la Corte. Propende dejar a la v\u00edctima en forma \u201csimilar al que preced\u00eda a la ocurrencia de los hechos perjudiciales. De todas maneras, como las secuelas pueden diferirse en el tiempo, la providencia debe proyectar la indemnizaci\u00f3n hacia el futuro, comprendiendo cualquier rezago pendiente de causarse al momento en que se profiere\u00bb10. <\/p>\n
La doctrina lo destaca: \u201c[L]a plenitud del resarcimiento no quiere decir plenitud material sino, como es obvio, jur\u00eddica, es decir, siempre dentro de los l\u00edmites que la ley ha fijado, con car\u00e1cter general, para la responsabilidad en derecho\u201d11. <\/p>\n
El art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso materializa el principio. El resarcimiento debe ser concreto, pleno y en equidad. Adem\u00e1s, debe extenderse hasta el momento del pago y reclama aplicar los criterios t\u00e9cnicos actuariales en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Pretende el legislador restablecer el equilibrio aniquilado por el hecho lesivo y dejar al \u00absujeto perjudicado en una situaci\u00f3n lo m\u00e1s parecida posible a aqu\u00e9lla en la que se encontrar\u00eda de no haber ocurrido el da\u00f1o\u00bb. Acreditada la responsabilidad civil, el juez \u00abtendr\u00e1 que cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n en concreto, esto es que habr\u00e1 de tomar en consideraci\u00f3n todas las circunstancias espec\u00edficas en que tuvo lugar el da\u00f1o, su intensidad, si se trata de da\u00f1os irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio\u00bb12. Todo, sin excederse, por cuanto la indemnizaci\u00f3n no es fuente de enriquecimiento. <\/p>\n
Es necesario, entonces, atender las condiciones espec\u00edficas del damnificado y la magnitud del da\u00f1o resarcible. Por lo mismo, \u00abcomo se encuentre al momento de dictar sentencia y no simplemente en la fecha en que se produjo el menoscabo, toda vez que es factible que entre uno y otro instante la materializaci\u00f3n del perjuicio sufra alguna variaci\u00f3n o que sus efectos se extiendan en el tiempo\u00bb13. <\/p>\n
11.2.2. El art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil establece que la indemnizaci\u00f3n de perjuicios comprende \u201cel da\u00f1o emergente y lucro cesante\u201d. Este \u00faltimo concita en esta oportunidad la atenci\u00f3n de la Sala. Se define como la \u201cganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n, o cumpli\u00e9ndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
La estimaci\u00f3n de ese detrimento debe armonizarse con el postulado de la reparaci\u00f3n integral. Para la Corte \u00abuna vez demostrada la afectaci\u00f3n negativa del ejercicio de una actividad productiva, debe procederse al restablecimiento patrimonial del agraviado, para lo cual basta la prueba de su aptitud laboral y, para fines de cuantificaci\u00f3n, la remuneraci\u00f3n percibida, sin perjuicio de que esta sea suplida por el salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb14. <\/p>\n
En la sentencia de 28 de agosto de 2013, radicado 6630, tambi\u00e9n lo destac\u00f3. Se hace necesario, dijo, \u00abdiferenciar el perjuicio denominado actual en contraposici\u00f3n del distinguido como futuro, seg\u00fan el momento en el que se le aprecie, que corresponde, por regla, a la fecha de la sentencia. Aquel equivale al da\u00f1o efectivamente causado o consolidado y \u00e9ste al que con certeza o, mejor, con un \u2018alto grado de probabilidad objetiva\u2019 sobre su ocurrencia, seg\u00fan expresi\u00f3n reiterada en la jurisprudencia de la Sala, habr\u00e1 de producirse. En trat\u00e1ndose del lucro cesante, el actual es la ganancia o el provecho que, se sabe, no se report\u00f3 en el patrimonio del afectado; y el futuro es la utilidad o el beneficio que, conforme el desenvolvimiento normal y ordinario de los acontecimientos, fundado en un estado actual de cosas verificable, se habr\u00eda de producir, pero que, como consecuencia del hecho da\u00f1oso, ya no se presentar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
El reconocimiento anticipado del lucro cesante esperado, en la condena tiene justificaci\u00f3n. Por ejemplo, cuando uno de los miembros de una familia fallece y sus deudos se ven privados del apoyo econ\u00f3mico recibido de \u00e9l para su sostenimiento. La reparaci\u00f3n debe estimarse para cada beneficiario \u00abtomando como base lo que equivaldr\u00eda para la fecha del fallo esa participaci\u00f3n y descontando un componente financiero de rendimiento estimado por las sumas peri\u00f3dicas que se ve compelido a desembolsar abruptamente el obligado, que en condiciones normales ser\u00edan diferidas\u00bb. <\/p>\n
Supone constatar varios hechos: El monto de los ingresos de la v\u00edctima al momento del deceso, actualizado a la fecha del fallo; el porcentaje destinado para sus gastos personales; la vida probable y el per\u00edodo durante el cual los damnificados se beneficiar\u00edan de la ayuda pecuniaria15. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de los criterios actuariales en la valuaci\u00f3n del lucro cesante futuro ha sido pac\u00edfica para la Sala. En la sentencia de 24 de abril de 200916, explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) para indemnizar esta especie de da\u00f1o se verifica mediante el pago de un capital que se entregar\u00e1 en forma antelada, de \u00e9l se deduce el inter\u00e9s puro o lucrativo (6% anual) que podr\u00eda devengarle a la persona llamada a responder si la reparaci\u00f3n no se realizara de manera anticipada, sino a medida en que el lucro cesante se genera. Por tanto, para establecer el valor de la ganancia futura dejada de percibir, la f\u00f3rmula utilizada en el procedimiento elegido tiene como bases, de una parte, el ingreso mensual actualizado, y, de la otra, la deducci\u00f3n de los intereses por el anticipo de capital, obtenido a su vez mediante otra cuyo resultado lo refleja la tabla financiera n\u00famero cinco -aplicada por la Corporaci\u00f3n, entre otros, en los fallos \u00faltimamente referidos-, de acuerdo con el m\u00e9todo atr\u00e1s se\u00f1alado, fijado mediante un \u00edndice en exacta correspondencia con el n\u00famero de meses de duraci\u00f3n del perjuicio expresado en esa unidad de tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la aproximaci\u00f3n o reducci\u00f3n a la unidad entera m\u00e1s cercana. La multiplicaci\u00f3n de los dos factores (monto indemnizable por el \u00edndice referido de deducci\u00f3n de intereses del 6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado. <\/p>\n
11.3. En los reproches conjuntados, las impugnantes reclaman la actualizaci\u00f3n del ingreso base del c\u00e1lculo del lucro cesante pasado y futuro. Critican el descuento del 25% correspondiente a los gastos personales del causante antes de actualizar la remuneraci\u00f3n y tambi\u00e9n despu\u00e9s de indexada. Solicitan igualmente corregir los meses corridos entre el fallecimiento y el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En adici\u00f3n, reprochan los per\u00edodos indemnizables hacia el futuro, respecto de la c\u00f3nyuge Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda. Indican un tercer per\u00edodo y no dos, como se asent\u00f3, en atenci\u00f3n a las \u00e9pocas en que las hijas de la pareja llegaban a los 25 a\u00f1os. La modificaci\u00f3n, dicen, ser\u00eda sustancial en el lucro cesante futuro de Isabella Tamayo Mej\u00eda. <\/p>\n
11.3.1. El an\u00e1lisis de las motivaciones de la sentencia acusada sobre la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante consolidado y futuro, permite vislumbrar la afrenta a los principios y criterios consagrados en las normas invocadas en la censura. Ri\u00f1e con los criterios t\u00e9cnicos actuariales orientadores de la labor y desatiende el fin \u00faltimo de lograr un resarcimiento satisfactorio, justo y pleno. <\/p>\n
Para empezar, la base de la liquidaci\u00f3n, am\u00e9n de desactualizada, se redujo a la mitad. Lo \u00fanico que deb\u00eda restarse era la cuarta parte estimada como gastos personales del fallecido Juan Claudio Tamayo. La proporci\u00f3n no fue discutida por los contendientes. <\/p>\n
La infracci\u00f3n provino de la falta de aplicaci\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. El precepto impone al superior \u201cextender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia\u201d. Ese proceder debe ser observado as\u00ed la parte beneficiada no haya interpuesto apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El sentenciador acusado, en efecto, atribuy\u00f3 la equivocaci\u00f3n al juzgado. Dijo, \u201csolo trajo a valor presente el salario que tom\u00f3 en cuenta para liquidar el lucro cesante futuro\u201d. Y la falencia la subsan\u00f3 partiendo del \u201csalario actualizado\u201d, fijado en $6.893.200. No obstante, la depreciaci\u00f3n monetaria correspond\u00eda hacerla para el momento de resolver la alzada. Esto, por supuesto, incidi\u00f3 en la estimaci\u00f3n del lucro cesante pasado y futuro. <\/p>\n
11.3.2. Los postulados de reparaci\u00f3n integral y de Equidad, del mismo modo, quedaron maltrechos. Los criterios t\u00e9cnicos actuariales aceptados por la jurisprudencia imponen aplicar la correcci\u00f3n monetaria previamente a la deducci\u00f3n del porcentaje de gastos propios del causante. Adem\u00e1s, en una sola oportunidad. <\/p>\n
El ingreso actualizado provino de tomar el dato de $2\u2019500.000, como \u00faltimo salario percibido por el fallecido Juan Claudio Tamayo en la Constructora Bol\u00edvar, conforme a la liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales. Sin embargo, la indexaci\u00f3n la aplic\u00f3 despu\u00e9s y no antes de restar el 25% destinado por el occiso \u201cpara sus gastos personales\u201d. En adici\u00f3n, sin percatar que el a quo ya hab\u00eda deducido el 25% de la base salarial. <\/p>\n
11.3.3. El dislate, por \u00faltimo, tambi\u00e9n se observa en la estimaci\u00f3n del lucro cesante futuro de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano. Omiti\u00f3 acrecer la cuota una vez sus hijas alcanzaran la edad hasta la cual habr\u00edan de recibir la ayuda de su padre. <\/p>\n
Si bien consider\u00f3 el punto, cierto es, lo dividi\u00f3 en dos partes. El primero, desde el fallo de primer grado hasta el 4 de mayo de 2019 (44 meses), cuando Isabella Tamayo Mej\u00eda cumplir\u00eda 25 a\u00f1os. El segundo, entre esta \u00faltima data y la probabilidad de vida del causante, el 13 de mayo de 2037 (216 meses), con la totalidad de la base salarial. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n es errada. En realidad, eran tres per\u00edodos a liquidar, cada uno con una proporci\u00f3n diferente del ingreso base de liquidaci\u00f3n. Cuando fallece el progenitor, la indemnizaci\u00f3n del lucro cesante a favor de los hijos se extiende hasta la edad de 25 a\u00f1os. <\/p>\n
11.3.3.1. Normalmente, para ese momento, tiene dicho la Corte, \u201cse culmina la educaci\u00f3n superior, y la persona ya se halla en capacidad de valerse por s\u00ed misma\u201d17. Claro est\u00e1, salvo que por las condiciones particulares de los beneficiarios sea improbable que adelanten estudios18. <\/p>\n
La figura del acrecimiento corresponde al incremento de un derecho sobre una cosa asignada a varias personas, desaparecida la causa de concurrencia de otros titulares. No se trata de un instituto extra\u00f1o al ordenamiento jur\u00eddico. La codificaci\u00f3n civil lo admite en la fiducia (art. 809); el usufructo, el uso, la habitaci\u00f3n y las pensiones peri\u00f3dicas (839 y 1213); la herencia (arts. 1206 a 1214 y 1249); las donaciones entre vivos (art. 1473); la sociedad conyugal (arts. 1783, 1828, 1841) y la renta vitalicia (art. 2888). La proh\u00edbe en la transmisi\u00f3n de derechos sucesorales (arts. 1014 y 1213) y cuando as\u00ed sea dispuesto por el testador (art. 1214). <\/p>\n
En el marco de la familia, el ius adcrescendi se encuentra presente desde el Derecho Romano, pues muerto el paterfamilias, si no comparec\u00eda uno de los herederos \u201c-por premoriencia, renuncia o incapacidad- a la adquisici\u00f3n, el poder de los concurrentes se expande autom\u00e1ticamente al solidum (\u2026). Todos los llamados se consideran, cual si fueran una sola persona, y el llamamiento mira virtualmente al todo; la divisi\u00f3n s\u00f3lo tiene lugar por el hecho de que cada uno es llamado al mismo todo. De no adquirir uno de los llamados deriva el que los dem\u00e1s, legitimados por el llamamiento al mismo objeto, reciban algo m\u00e1s de lo que hubieran conseguido en el caso de concurrir todos a la adquisici\u00f3n\u201d19. <\/p>\n
En el sistema americano de protecci\u00f3n de los derechos humanos, la Corte Interamericana dio v\u00eda al acrecimiento desde 2002. En las condenas a indemnizar los perjuicios ocasionados con la violaci\u00f3n de las garant\u00edas salvaguardadas, cuando son varios los deudos de las v\u00edctimas, al precisar que si los beneficiarios son los progenitores20, se le asigna a cada uno un porcentaje. Empero, si uno de ellos muere, su parte acrecer\u00e1 a la del otro, y en caso de no existir hijos, c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, padres ni hermanos, la cuota que hubiese correspondido a alguno de los citados, incrementar\u00e1 la que haya de adjudicarse a otros parientes21. <\/p>\n
En materia indemnizatoria, el acrecimiento, se trata de una garant\u00eda frente a los integrantes del n\u00facleo familiar que perdieron su soporte econ\u00f3mico debido al deceso del progenitor. Responde al principio de solidaridad parental, a la equidad y al resarcimiento integral de quien a\u00fan conserve su derecho a percibir la ayuda pecuniaria arrebatada con el hecho da\u00f1oso. Lo normal en una familia, una vez los hijos mayores alcancen independencia econ\u00f3mica o el l\u00edmite de edad en que se presume deben hacerlo, las necesidades de los hijos menores se satisfagan con los recursos que estar\u00edan destinados a los primeros. Y cuando a los de menor edad se les deje de procurar esa contribuci\u00f3n econ\u00f3mica, los ingresos ser\u00edan compartidos por la pareja. <\/p>\n
La tesis de considerar extinguida la ayuda proporcionada al descendiente directo, una vez alcanza la edad l\u00edmite, implica propiciar una situaci\u00f3n injusta para quienes contin\u00faan con derecho a recibirla. El patrimonio familiar se ver\u00eda mermado despu\u00e9s de la muerte del proveedor. En caso de sobrevivir, nada de ello ocurrir\u00eda. <\/p>\n
11.3.3.2. En el sub ex\u00e1mine, el a quo acreci\u00f3 el lucro cesante futuro a favor de Isabella Tamayo Mej\u00eda, una vez su hermana Paulina cumpli\u00f3 25 a\u00f1os, el 3 de diciembre de 2016. Sin embargo, como no dijo nada cuando aquella alcanzara dicha edad, el Tribunal modific\u00f3 lo decidido y se\u00f1al\u00f3 que, llegado ese momento, lo correspondiente a dicha descendiente \u201cacrecer\u00eda la cuota de su progenitora\u201d. <\/p>\n
Determin\u00f3, entonces, el lucro cesante futuro de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite en dos per\u00edodos. Desde la sentencia de primera instancia hasta el 4 de mayo de 2019, sobre un ingreso base equivalente al 50% del salario del fallecido Juan Claudio Tamayo; y entre el 5 de mayo de 2019 y el 13 de mayo de 2037 (fin de la vida probable del causante), \u201ccon la totalidad del salario del occiso\u201d. <\/p>\n
El razonamiento sobre el acrecimiento, en s\u00ed mismo considerado, es acertado. El error imputado en el segmento final de la acusaci\u00f3n sexta, por tanto, es inexistente. <\/p>\n
Con todo, los \u00edtems liquidados por dicho concepto son incorrectos. El Tribunal no extendi\u00f3 la condena hasta la sentencia de segunda instancia. Y para esa calenda, deb\u00eda indexar el \u00faltimo salario percibido por Juan Claudio Tamayo como empleado de Constructora Bol\u00edvar, y al monto resultante sustraerle por una sola vez el 25% como gastos personales del causante. Tambi\u00e9n aplicarlo al numero de meses de cada per\u00edodo. Nada, al respecto, tuvo ocurrencia. <\/p>\n
11.3. El Tribunal, por tanto, cometi\u00f3 la mayor\u00eda de los desaciertos iuris in iudicando denunciados en los cargos estudiados conjuntamente, conduciendo a su prosperidad, dado que el Tribunal no actualiz\u00f3 el salario para la fecha de la sentencia de segunda instancia, con miras, entre otras cosas, para cuantificar el lucro cesante pasado. <\/p>\n
12. CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
12.1. Increpa la suposici\u00f3n de un principio o norma jur\u00eddica que proscriba la indexaci\u00f3n del perjuicio moral. Aunque el juzgador se fundament\u00f3 en su car\u00e1cter paliativo, no resarcitorio, esto no se justifica frente a una reclamaci\u00f3n de diecis\u00e9is a\u00f1os antes de sellarse las instancias. <\/p>\n
12.2. El valor pretendido era el m\u00e1ximo reconocido por la jurisprudencia en 2001. As\u00ed se solicit\u00f3 sin prever la duraci\u00f3n del litigio hasta la emisi\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
12.3. Se pasaron por alto las normas que gobiernan la estimaci\u00f3n de los perjuicios y los criterios para su determinaci\u00f3n. En el caso del da\u00f1o moral, el principio de equidad. Su aplicaci\u00f3n impone utilizar herramientas para actualizar las sumas fijadas por el sentenciador para el momento de resoluci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
Carece de sentido, por tanto, imponer una condena de $30.000.000 para reparar los perjuicios morales de la c\u00f3nyuge y su progenie, en una \u00e9poca en la cual el resarcimiento de da\u00f1os semejantes asciende, por lo menos, a $70.000.000, dada su actualizaci\u00f3n por la jurisprudencia. <\/p>\n
12.4. Solicitan las impugnantes, en consecuencia, casar el fallo recurrido y, en sede de instancia, proceder de conformidad. <\/p>\n
13. CONSIDERACIONES <\/p>\n
13.1. La valoraci\u00f3n del da\u00f1o moral subjetivo, por su car\u00e1cter inmaterial o extrapatrimonial, se ha confiado al discreto arbitrio de los falladores judiciales. Esto, por s\u00ed, lejos de autorizar interpretaciones antojadizas, les impone el deber de actuar con prudencia, vali\u00e9ndose de los elementos de convicci\u00f3n que obren en el plenario y atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la magnitud del da\u00f1o. <\/p>\n
Esta clase de da\u00f1o, se ha dicho, \u201cincide en la \u00f3rbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos m\u00e1s \u00edntimos, pues consiste en el pesar, en la aflicci\u00f3n que padece la v\u00edctima por el comportamiento doloso o culposo de otro sujeto, por cuanto sus efectos solamente se producen en la entra\u00f1a o en el alma de quien lo padece, al margen de los resultados que puedan generarse en su mundo exterior, pues en \u00e9stos consistir\u00edan los perjuicios morales objetivados\u201d22. <\/p>\n
13.2. El prop\u00f3sito de su reconocimiento en el juicio es, como ha se\u00f1alado la jurisprudencia, reparar las aflicciones al alma. Claro est\u00e1, siguiendo el ponderado arbitrio iudicis, \u00abcon sujeci\u00f3n a los elementos de convicci\u00f3n y las particularidades de la situaci\u00f3n litigiosa, sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartici\u00f3n de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador\u00bb23. <\/p>\n
13.3. La reparaci\u00f3n debe procurar una relativa satisfacci\u00f3n para no dejar inc\u00f3lume o impune la agresi\u00f3n; sin que represente una fuente de lucro injustificado que acabe desvirtuando la funci\u00f3n asignada por la ley. Es posible establecer su quantum, sostuvo recientemente la Sala, \u00aben el marco f\u00e1ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci\u00f3n o posici\u00f3n de la v\u00edctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi\u00f3n a los sentimientos, dolor, aflicci\u00f3n o pesadumbre y dem\u00e1s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador\u00bb24. <\/p>\n
13.4. Si bien por las caracter\u00edsticas propias, la fijaci\u00f3n del quantum de la reparaci\u00f3n no es cuesti\u00f3n f\u00e1cil, ni puede sujetarse a estrictos criterios matem\u00e1ticos, ello no es \u00f3bice para su tasaci\u00f3n acudiendo a la prudencia racional del juez. <\/p>\n
La Corte de cuando en cuando ha establecido unos par\u00e1metros para fijar la cuant\u00eda del da\u00f1o moral y se\u00f1alado los topes m\u00e1ximos. Sirven de gu\u00eda en la valuaci\u00f3n acometida por los jueces de las instancias, dentro de las cuales es admisible que ejerzan su prudente arbitrio26. <\/p>\n
La Corte no ha considerado necesaria la indexaci\u00f3n de ese rubro. En el fallo de 17 de agosto de 2001, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en raz\u00f3n de ser la cuant\u00eda del da\u00f1o moral un asunto que queda reservado al justo criterio del fallador, y como quiera que no se trata en este evento m\u00e1s que de mitigar el dolor que sufre el demandante a consecuencia del hecho da\u00f1oso, y no en estricto sentido, de una reparaci\u00f3n propiamente dicha, no tendr\u00eda sentido acudir a patrones (correcci\u00f3n monetaria, oro, upac, d\u00f3lar, uvr) cuya utilidad pr\u00e1ctica consiste en mantener en el tiempo la tasaci\u00f3n del da\u00f1o, en servir de correctivo de la desvalorizaci\u00f3n de la moneda nacional, que con el paso del tiempo pierde su valor adquisitivo y por tanto hace irrisoria una suma fijada en pesos, a modo de indemnizaci\u00f3n por equivalente27. <\/p>\n
En providencia de 15 de abril de 2009, en el mismo sentido asent\u00f3: <\/p>\n
\u201cAhora, puesto que la parte demandante solicit\u00f3 el reconocimiento de correcci\u00f3n monetaria sobre todas las condenas que se impusieran, es menester ordenarla frente al da\u00f1o emergente y al lucro cesante, porque el detrimento moral es intangible en este asunto seg\u00fan se vio (\u2026)28. <\/p>\n
Igual postura exterioriz\u00f3 en prove\u00eddo de 17 de noviembre de 2011, al decir: <\/p>\n
\u201cAdvi\u00e9rtase que no se trata de aplicar correcci\u00f3n o actualizaci\u00f3n monetaria a las cifras se\u00f1aladas por la Corte de anta\u00f1o, por cuanto el da\u00f1o moral no admite indexaci\u00f3n monetaria, sino de ajustar el monto de la reparaci\u00f3n de esta lesi\u00f3n, como par\u00e1metro de referencia o gu\u00eda a los funcionarios judiciales, a las exigencias de la \u00e9poca contempor\u00e1nea (\u2026)\u00bb29. <\/p>\n
En fallo de 12 de enero de 2018, sin embargo, la Corte procedi\u00f3 a indexar las condenas impuestas. Consider\u00f3 para el caso la duraci\u00f3n del proceso y su fijaci\u00f3n por el juez de instancia en moneda legal corriente, no en otra unidad de cuenta que, en principio, erradique la devaluaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisamente el aludido fallo, con an\u00e1logas circunstancias al actual, index\u00f3 la condena impuesta por perjuicios morales, porque se estableci\u00f3 en una cantidad fija de moneda legal corriente, de modo que no utiliz\u00f3 por ejemplo, salarios m\u00ednimos o gramos oro, u otra unidad de cuenta o de valor que recogiera la actualizaci\u00f3n de la moneda y por tanto de la condena; por ello, aqu\u00ed como all\u00e1 resulta procedente la actualizaci\u00f3n en relaci\u00f3n con lo fijado inicialmente y el fallo que ahora se profiere. <\/p>\n
Se aclara, cosa diferente acontece cuando la medici\u00f3n viene en t\u00e9rminos de salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes o en unidades de valor actualizadas, equivalentes a los topes dinerarios que en moneda legal corriente fija normalmente la Sala, de acuerdo a los baremos que prudentemente fija, seg\u00fan su racional criterio y las circunstancias en caso cuando lo considera pertinente. <\/p>\n
En el fallo aludido, se expres\u00f3 y cuantific\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u201cLas dem\u00e1s cantidades reconocidas en el fallo de segunda instancia quedar\u00e1n igual, y s\u00f3lo habr\u00e1n de actualizarse hasta la fecha de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en los incisos segundo y tercero del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
\u201cLas dem\u00e1s cantidades reconocidas en el fallo de segunda instancia quedar\u00e1n igual, y s\u00f3lo habr\u00e1n de actualizarse hasta la fecha de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en los incisos segundo y tercero del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En ese contexto, en lo tocante con el perjuicio moral de la se\u00f1ora Rita Saboy\u00e1, cual all\u00ed aparece la Sala procedi\u00f3 a indexarlo desde la fecha de la sentencia hasta el momento de la liquidaci\u00f3n por no venir actualizado, junto con los intereses del 6 por ciento anual. <\/p>\n
13.6. Limitar el pago de lo se\u00f1alado por concepto de perjuicios inmateriales a una suma nominal no responde al principio de reparaci\u00f3n integral y en equidad ni a la mitigaci\u00f3n del dolor. Si bien carecen de la caracter\u00edstica de resarcitorios, la actualizaci\u00f3n no los convierte en tales. Se pretende que, sin dejar de ser paliativos, se satisfagan a valor presente. El pago en valor hist\u00f3rico, en lugar de atenuar el sufrimiento padecido, lo incrementa y pone en desventaja a las v\u00edctimas. <\/p>\n
Se debe dejar, s\u00ed, claro, la indexaci\u00f3n \u00fanicamente procede respecto de las cantidades se\u00f1aladas en los casos concretos. No sucede respecto de los topes fijados por la Sala, en el sentido de llevarlos actualizados y solicitarlos as\u00ed en determinado proceso. Como se indic\u00f3 en uno de los fallos citados, \u201cno se trata de aplicar correcci\u00f3n o actualizaci\u00f3n monetaria a las cifras se\u00f1aladas por la Corte de anta\u00f1o\u201d, las cuales, peri\u00f3dicamente modifica la Sala, cuando toma la alternativa de actualizar el monto de tales cuant\u00edas en forma gen\u00e9rica como criterio reparador, cuando se alteran gravemente las circunstancias reales, o cuando se trata de casos especiales por el consenso de la Sala30. <\/p>\n
13.7. De acuerdo con lo expuesto, el error estrictamente jur\u00eddico se encuentra estructurado. El Tribunal, en este \u00edtem, tambi\u00e9n omiti\u00f3 extender hasta su decisi\u00f3n la condena impuesta por el a quo. <\/p>\n
14. La casaci\u00f3n parcial del fallo confutado se impone, sin lugar a imponer costas en casaci\u00f3n. Esto por cuanto el resultado del recurso no fue totalmente adverso. <\/p>\n
15. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
15.1. En sede de instancia, la decisi\u00f3n complementaria se circunscribe alrededor del lucro cesante y el perjuicio moral. Se entienden, por tanto, incorporados a esta decisi\u00f3n, los aspectos de la sentencia del ad-quem relacionados con la existencia del da\u00f1o, la responsabilidad de quien lo ocasion\u00f3, la prueba de los hechos cardinales para la valoraci\u00f3n de los perjuicios causados a las demandantes y por superadas las discusiones relativas a la tabla de mortalidad aplicable y la \u00faltima retribuci\u00f3n salarial que deveng\u00f3 Juan Claudio Tamayo. <\/p>\n
15.2. Lo primero a determinar es el salario actualizado de la v\u00edctima, para as\u00ed liquidar los perjuicios reconocidos a sus familiares. <\/p>\n
Para la \u00e9poca del accidente, seg\u00fan se acredit\u00f3 en el proceso a trav\u00e9s de la prueba legalmente recaudada, el \u00faltimo salario devengado ascend\u00eda a $2.500.000. <\/p>\n
Para indexar esa suma se recurrir\u00e1 a la siguiente f\u00f3rmula: <\/p>\n
VP = VA x IPC final <\/p>\n
IPC inicial <\/p>\n
Donde: <\/p>\n
VP = valor presente <\/p>\n
VA = valor actualizado <\/p>\n
IPC final: \u00daltimo \u00cdndice de Precios al Consumidor certificado por el DANE a la fecha (octubre de 2020). <\/p>\n
IPC inicial: \u00cdndice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el mes en que falleci\u00f3 la v\u00edctima (febrero de 1996). <\/p>\n
Aplicada al caso, se obtiene: <\/p>\n
VP= $2.500.000 x 105,23 <\/p>\n
33,31 <\/p>\n
VP= $7.897.778 <\/p>\n
Del anterior valor debe sustraerse el porcentaje correspondiente a los gastos personales del causante, estimados, sin discusi\u00f3n alguna, en el 25%. Ello arroja como resultado la cantidad de $1.974.445. La base de la liquidaci\u00f3n queda, entonces, en $5.923.333. <\/p>\n
Esta \u00faltima cantidad se distribuye en el 50% para la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y el 25% para cada una de las hijas comunes. La base salarial para calcular el lucro cesante pasado de Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano es de $2.961.667; la de Paulina Tamayo Mej\u00eda, $1.480.833, y la de Isabella Tamayo Mej\u00eda, $1.480.833. <\/p>\n
15.3. Relativo al lucro cesante consolidado, tasado desde el momento del siniestro, 14 de febrero de 1996, hasta el 14 de febrero de 2021, data aproximada del fallo sustitutivo, equivale a un per\u00edodo indemnizable de trescientos (300) meses31. <\/p>\n
VA = LCM x Sn <\/p>\n
Donde: <\/p>\n
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos los intereses del 6% anual. <\/p>\n
LCM es el lucro cesante mensual actualizado. <\/p>\n
Sn es el valor acumulado de la renta peri\u00f3dica de un peso que se paga n veces a una tasa de inter\u00e9s i por per\u00edodo. <\/p>\n
De otro lado, la f\u00f3rmula matem\u00e1tica para Sn es: <\/p>\n
Sn= (1 + i)n – 1 <\/p>\n
i <\/p>\n
Siendo: <\/p>\n
i = la tasa de inter\u00e9s por per\u00edodo (corresponde al 6% anual, equivalente a 0,5% mensual). <\/p>\n
n = el n\u00famero de meses a liquidar. <\/p>\n
15.3.2.1. Al reemplazar la ecuaci\u00f3n respecto de la c\u00f3nyuge Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano, se tiene: <\/p>\n
LCM= $2.961.667 <\/p>\n
Sn= (1 + 0.005)300 \u2013 1 <\/p>\n
0.005 <\/p>\n
VA= $2.961.667 x 692 <\/p>\n
VA= $2.049\u00b4473.564 <\/p>\n
15.4. En relaci\u00f3n con Paulina e Isabella Tamayo Mej\u00eda Campuzano, debe tenerse en cuenta que, de no haber fallecido su progenitor solo les hubiera procurado ayuda econ\u00f3mica hasta los 25 a\u00f1os, edad en la que se presume habr\u00edan culminado sus estudios superiores y adquirido suficientes bases intelectuales y competencias para lograr una independencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Lo anterior se traduce en que el lucro cesante consolidado a favor de cada una de ellas se extiende hasta que alcanzaron la edad preanotada, y no a la fecha de esta sentencia. Adem\u00e1s, a la menor se le reconocer\u00e1 el acrecimiento de la proporci\u00f3n correspondiente a su hermana (25% en la base del ingreso), desde el momento en que se entiende dej\u00f3 de recibir el aporte econ\u00f3mico paterno. <\/p>\n
15.4.1. La operaci\u00f3n y resultados frente a Paulina Tamayo Mej\u00eda, quien cumpli\u00f3 25 a\u00f1os el 3 de diciembre de 2016, son los siguientes: <\/p>\n
LCM= $1.480.833 <\/p>\n
Sn= (1 + 0.005)250 \u2013 1 <\/p>\n
0.005 <\/p>\n
Sn= 348 <\/p>\n
VA= $1.480.833 x 348 <\/p>\n
VA= $515\u00b4329.884 <\/p>\n
15.4.2 Respecto de Isabella Tamayo Mej\u00eda, deben estimarse dos per\u00edodos: i) Desde la muerte de su padre (14 de febrero de 1996), hasta el 3 de diciembre de 2016 (data en que su hermana cumpli\u00f3 25 a\u00f1os); y ii) entre el 4 de diciembre de 2016 (fecha del efectivo acrecimiento), y el 4 de mayo de 2019 (cuando Isabella cumpli\u00f3 25 a\u00f1os). <\/p>\n
La operaci\u00f3n y resultados frente son los siguientes: <\/p>\n
Primer per\u00edodo: <\/p>\n
LCM= $1.480.833 <\/p>\n
Sn= (1 + 0.005)250 \u2013 1 <\/p>\n
0.005 <\/p>\n
Sn= 348 <\/p>\n
VA= $1.480.833 x 348 <\/p>\n
VA= $515\u00b4329.884 <\/p>\n
Segundo per\u00edodo: <\/p>\n
LCM= $2.961.667 <\/p>\n
Sn= (1 + 0.005)29 \u2013 1 <\/p>\n
Sn= 1,16 <\/p>\n
VA= $2.961.667 x 1,16 <\/p>\n
VA= $3.435.534 <\/p>\n
15.5. El lucro cesante futuro se computa a partir de la fecha de la providencia proferida como sustitutiva de la impugnada ante la Corte, hasta el cumplimiento de la expectativa de vida probable del de cuius, dado que es inferior a la esperanza de existencia de la c\u00f3nyuge. Se adoptar\u00e1n los mismos par\u00e1metros contenidos en las f\u00f3rmulas empleadas por esta Sala. Se reducir\u00e1 aritm\u00e9ticamente a un n\u00famero entero de meses desde la fecha del pronunciamiento judicial, previa deducci\u00f3n del valor del inter\u00e9s civil por la anticipaci\u00f3n de dicho capital. <\/p>\n
15.5.1. Como Paulina e Isabella Tamayo Jaramillo, a la fecha de la presente providencia superaron la edad de 25 a\u00f1os, no les ser\u00e1 reconocido el rubro en comento. <\/p>\n
15.5.2. Para la c\u00f3nyuge sobreviviente se tasar\u00e1 entre la fecha estimada de esta decisi\u00f3n y el 13 de mayo de 2037, data final de la vida probable del causante seg\u00fan la tabla de mortalidad vigente para el momento del hecho lesivo32, con el acrecimiento de la proporci\u00f3n de sus hijas, sobre la base del 100% del ingreso actualizado de la v\u00edctima. <\/p>\n
En la fecha del accidente a\u00e9reo, el 14 de febrero de 1996, Juan Claudio Tamayo ten\u00eda 32 a\u00f1os. Su \u201cexpectativa de vida\u201d, seg\u00fan la resoluci\u00f3n n\u00ba 996 de 29 de marzo de 1990, era de cuarenta y tres a\u00f1os adicionales, equivalentes a quinientos diecis\u00e9is (516) meses. <\/p>\n
Restados a los 516 meses, los 300 que van hasta la emisi\u00f3n de esta sentencia, dicha cifra corresponde a doscientos diecis\u00e9is (216) meses. <\/p>\n
La f\u00f3rmula financiera para tasar la indemnizaci\u00f3n corresponde a la utilizada por la Corte: <\/p>\n
VA= LCM x Ra <\/p>\n
Donde: <\/p>\n
VA es el valor del lucro cesante futuro. <\/p>\n
LCM es el lucro cesante mensual (ingreso actualizado correspondiente a la c\u00f3nyuge, teniendo en cuenta el acrecimiento de la proporci\u00f3n antes asignada a sus hijas -$5.923.333). <\/p>\n
De otro lado, la f\u00f3rmula matem\u00e1tica para Ra es: <\/p>\n
\u20131 <\/p>\n
(1+i)n <\/p>\n
Siendo: <\/p>\n
i= tasa de inter\u00e9s por per\u00edodo. <\/p>\n
n= n\u00famero de meses a liquidar. <\/p>\n
Despejando la ecuaci\u00f3n se obtiene lo siguiente: <\/p>\n
LCM= $5.923.333 <\/p>\n
Ra= (1 + 0.005)216 \u2013 1 <\/p>\n
0.005 (1+0.005)216 <\/p>\n
Ra= 131,97 <\/p>\n
VA= $5.923.333 x 131,97 <\/p>\n
VA= $781.702.256 <\/p>\n
15.3.4. La cantidad reconocida en el fallo de primera instancia como perjuicio moral se indexar\u00e1 a la fecha de esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicando la misma f\u00f3rmula con base en la cual se efectu\u00f3 la correcci\u00f3n monetaria del ingreso salarial de la v\u00edctima. <\/p>\n
En el caso, desde luego, el ajuste monetario sobre los montos solicitados y reconocidos no constituye una limitaci\u00f3n para decidir, por la simple circunstancia de no haberse pedido. El punto es superable, en tanto, la parte demandante acudi\u00f3 al baremo que para la \u00e9poca se ten\u00eda como justo. Sin embargo, no habi\u00e9ndose cubierto la indemnizaci\u00f3n por los demandados, hoy resulta ser un importe que desconoce y vulnera el principio de reparaci\u00f3n integral a cuya satisfacci\u00f3n debe aspirarse <\/p>\n
A cada una de las demandantes les fue reconocida la suma de $30.000.000 por concepto de perjuicios morales. La cantidad queda actualizada de la siguiente forma: <\/p>\n
VP = VA x IPC final <\/p>\n
IPC inicial <\/p>\n
Donde: <\/p>\n
VP = valor presente; VA = valor actualizado; IPC final: \u00daltimo \u00cdndice de Precios al Consumidor certificado por el DANE a la fecha (octubre de 2020), e IPC inicial: \u00cdndice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (15 de noviembre de 2001). <\/p>\n
Entonces: <\/p>\n
VP= $30.000.000 x 105,23 <\/p>\n
66,50 <\/p>\n
VP= $47.472.181 <\/p>\n
En total, la suma a pagar por este rubro ser\u00e1 de cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento ochenta y un pesos ($47\u00b4472.181) a cada una de las demandantes. <\/p>\n
15.6. En segunda instancia no se impondr\u00e1 el pago de costas. La raz\u00f3n, el fallo apelado fue modificado. Esto indica que no fue ni condenatorio ni absolutorio, totalmente. <\/p>\n
16. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, casa parcialmente la sentencia de 9 de septiembre de 2016, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso incoado por Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano, Paulina e Isabella Tamayo Mej\u00eda, contra la sociedad Bloch Ni\u00f1o y C\u00eda. S. en C., Martha Libia Ni\u00f1o Poveda y los herederos determinados e indeterminados de Alfred Bloch Ditzel. En sede de instancia: <\/p>\n
16. RESUELVE <\/p>\n
16.1. Modificar la sentencia de 24 de agosto de 2015, proferida por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
16.2. Sustituir los numerales segundo y tercero, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSegundo: Condenar solidariamente a los demandados a pagar la suma de $47.472.181 a cada una de las demandantes, por concepto de perjuicios morales\u201d. <\/p>\n
\u201cTercero: Condenar solidariamente a los demandados al pago de las sumas de $2.049\u00b4473.564 y $781.702.256 a favor de Mar\u00eda Cecilia Mej\u00eda Campuzano por concepto de lucro cesante pasado y futuro; el monto de $515\u00b4329.884 para Paulina Tamayo Mej\u00eda a t\u00edtulo de lucro cesante consolidado y el importe de $518\u2019765.418 a favor de Isabella Tamayo Mej\u00eda por concepto de lucro cesante pasado. <\/p>\n
16.3. Adicionar el numeral cuarto, para precisar que la tasa sobre la cual se liquidar\u00e1n los intereses moratorios es del 6% anual. <\/p>\n
16.4. Confirmar en lo dem\u00e1s la providencia recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
16.5. Sin costas en casaci\u00f3n ni en segunda instancia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y en su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de febrero de 1998, exp. 4730. En el mismo sentido: CSJ SC 13 de abril de 2005, exp. 1998-0056-02; 24 de noviembre de 2008, exp. 998-00529-01; 15 de diciembre de 2009, exp. 1999-01651-01; 2 de noviembre de 2011, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 FERRER BELTR\u00c1N, Jordi. \u201cLa valoraci\u00f3n racional de la prueba\u201d. Madrid. Marcial Pons, 2007, p. 66 a 144. <\/p>\n
3\u0002 DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando \u201cTeor\u00eda General de la Prueba Judicial\u201d, Tomo 1, Quinta edici\u00f3n. Bogot\u00e1. Temis, 2002, p. 222. <\/p>\n
4\u0002 DE LA PLAZA, Manuel. La casaci\u00f3n civil, Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1944, p. 246. <\/p>\n
5\u0002 Folios 27 y 35, cno. Corte. <\/p>\n
6\u0002\u0002 RAE, Real Academia Espa\u00f1ola. Diccionario esencial de la lengua espa\u00f1ola. Ed. 22. Madrid: Espasa Calpe, 2006, p. 455. <\/p>\n
7\u0002 RAE, Real Academia Espa\u00f1ola. Diccionario esencial de la lengua espa\u00f1ola. Ed. 22. Madrid: Espasa Calpe, 2006, p. 1133. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC 6 de abril de 2001, rad. 5502. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. SC. \u00cddem. Ver adem\u00e1s: SC5025-2020; SC5193-2020; SC12063-2017; SC282-2021; SC2107-2018 SC16690-2016; SC397-2021; SC397-2021; SC10297-2014; SC2758-2018. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de diciembre de 2017, exp. 2008-00497-01. <\/p>\n
11\u0002 ORGAZ, Alfredo. El da\u00f1o resarcible. Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 121. CAZEAUX, P. \u2013 TRIGO REPRESAS, F., Derecho de las obligaciones, Librer\u00eda Editora Platense, La Plata, 1976, p. 899 y ss. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2012, exp. 2004-00172-01 y SC22036 de 19 de diciembre de 2017, exp. 2009-00014-01. <\/p>\n
13\u0002 Ibidem. <\/p>\n
15\u0002 Este criterio lo ha expresado la Sala de manera reiterada. V\u00e9ase las sentencias de 7 de diciembre de 2000, exp. 5651; 21 de junio de 2005, exp. 1998-00020-01; 18 de octubre de 2005, exp. 14.491; 29 de junio de 2007, exp. 1993-01518-01; 28 de octubre de 2011, exp. 1993-01518-01; 22 de marzo de 2007, exp. 1997-5125-01; 9 de julio de 2010, exp. 1999-02191-01 y 9 de julio de 2012, exp. 2002-00101-01. <\/p>\n
16\u0002 Exp. 2001-00055-01. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC 11149 de 21 de agosto de 2015, exp. 2007-00199-01, reiterada en SC15996 de 29 de noviembre de 2016, exp. 2005-00488-01. En el mismo sentido: CSJ SC 18 de octubre de 2001 rad. 4504; 5 de octubre de 2004, exp. 6975; 30 de junio de 2005, exp. 0650; 19 de diciembre de 2006, exp. 2000-00483-01; SC 078 de 31 de julio de 2008, exp. 2001-00096-01; 18 de diciembre de 2009, exp. 1998-00529-01; 9 de julio de 2010, exp. 1999-02191-01; 17 de noviembre de 2011, exp. 1999-00533-01; 8 de agosto de 2013, exp. 2001-01402-01; 11 de septiembre de 2013, exp. 2001-00096-01; SC13925 de 30 de septiembre de 2016, exp. 2005-00174-01, entre otras. <\/p>\n
18\u0002 CSJ SC 9193 de 28 de junio de 2017, exp. 2011-00108-01. <\/p>\n
19\u0002 IGLESIAS, Juan; Derecho Romano-Historia e Instituciones, Ariel Derecho, Barcelona, 1993, p. 536. <\/p>\n
20\u0002 Se les reconoce la reparaci\u00f3n a estos, en ausencia de hijos e hijas, y de c\u00f3nyuge o compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente de la persona fallecida. <\/p>\n
21\u0002 Sentencia de 29 de agosto de 2002, Caracazo vs. Venezuela, p\u00e1rr. 91; 5 de julio de 2006, Montero Aranguren y otros (Ret\u00e9n de Catia) vs. Venezuela, Serie C No. 150, p\u00e1rr. 122; 22 de septiembre de 2006, Goibur\u00fa y otros vs. Paraguay, supra nota 11, p\u00e1rr. 148. <\/p>\n
22\u0002 CSJ Civil. S-454 de 6 de diciembre de 1989, exp. 0612. <\/p>\n
23\u0002 CSJ SC de 9 julio de 2010, exp. 1999-02191-01. <\/p>\n
24\u0002 CSJ SC de 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-00406-01. Cfr. SC665 de 7 de marzo de 2019, exp. 2009-00005-01. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC de 5 de mayo de 1999, exp. 4978. <\/p>\n
26\u0002 CSJ SC de 28 de febrero de 1990, G.J. No. 2439, p. 79; 20 de enero de 2009, exp. 993 00215 01; 13 de mayo de 2008, reiterada en pronunciamiento de 9 de diciembre de 2013, exp. 2002-00099; 17 de noviembre de 2011, exp. 1999-533; 9 de julio de 2012, exp. 2002-00101-01; SC13925-2016, exp.2005-00174-01; SC5686 de <\/p>\n
27\u0002 Exp. 6492. Cfr. Sentencia de19 de noviembre de 2011, exp. 00533. <\/p>\n
28\u0002 Exp. 1995-10351-01. <\/p>\n
29\u0002 Exp. 1999-00533-01. <\/p>\n
30\u0002 La sala as\u00ed ha procedido por ejemplo, forjando una s\u00f3lida doctrina probable en materia de perjuicios morales teniendo en cuenta diferentes circunstancias modales de tiempo, modo, lugar, \u00e9poca hist\u00f3rica, intensidad del da\u00f1o, sentimientos afectados, naturaleza del derecho infringido en decisiones tales, como: CSJ SC 18 sep. 2009, rad. 2005-00406-01, CSJ SC 8 ago. 2013, rad. 2001-01402-01, CSJ SC5885-2016, 6 may. 2016, rad. 2004-00032-01 y CSJ SC12994-2016, 15 sep. 2016, rad. 2010-00111-01. Muchos otros aluden a \u00e9stos topes admisibles siguiendo el prudente arbitrio judicial: CSJ SC064, 28 feb. 1990, G.J. No. 2439, p. 89; CSJ SC035, 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01; CSJ SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01; CSJ SC 17 nov. 2011, rad. 1999-00533-01; CSJ SC 9 dic. 2013, rad. 2002-00099; CSJ SC13925-2016, 30 sep., rad. 2005-00174-01; SC5686-2018, 19 dic., rad. 2004-00042-01). En materia de alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia o da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n ha se\u00f1alado algunas pautas en las siguientes providencias: CSJ AC2923-2017, 11 may., rad. 2017-00405-00; CSJ AC3265-2019, 12 ago., rad. 2019-02385-00; CSJ AC1323-2020, 6 jul., rad. 2020-00686-00; CSJ AC188-2021, 1\u00b0 feb., rad. 2020-02990-00), pero tambi\u00e9n la ha deferido al arbitrium iudicis: CSJ SC 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01, reiterada en CSJ SC21828-2017, 19 dic. 2017, rad. 2007-00052-01. <\/p>\n
<\/p>\n
En los prejuicios morales la Corte estableci\u00f3: en SC 30 jun. 2005, rad. 1998-00650-01 la suma de $20.000.000 por el fallecimiento de madre en accidente de transito; Sent. sustitutiva 20 ene. 2009 \u2013 rad.1993-00215-01 la suma de $40.000.000 a persona con lesiones cerebrales por disparo imprudente de arma de fuego; Sent. sustitutiva 17- nov. 2011, rad. 1999-00533-01 la suma de $53.000.000 a los familiares de persona fallecida en cirug\u00eda de septoplastia; SC 12 jul. 2012 rad. 2002-00101-01 la suma de $55.000.000 por fallecimiento de padre; SC 8 ago. 2013 rad. 2001-01402-01 la suma de $55.000.000 por fallecimiento de padre; SC12994-2016 la suma de $56.670.000 confirma decisi\u00f3n del a quo. Lesiones en accidente de transito; SC15996-2016 y SC13925-2016 la suma de $60.000.000 A padres, hijos y c\u00f3nyuge de fallecido; SC16690-2016 la suma de $50.000.000 da\u00f1o neurol\u00f3gico de neonato; SC9193-2017 la suma de $60.000.000 deficiencia de atenci\u00f3n medica en parto causante de par\u00e1lisis cerebral y cuadriplej\u00eda; SC21898-2017 la suma de $40.000.000 da\u00f1o por extracci\u00f3n de ojo; SC5686-2018 la suma de $72.000.000 a familiares de personas fallecidas en tragedia de Machuca (se otorg\u00f3 un mayor valor ante la magnitud, alcance y gravedad del hecho); SC665-2019 la suma de $60.000.000 por muerte de peat\u00f3n en accidente de transito; SC562-2020 la suma de $60.000.000 a victima y padres por ceguera total, extracci\u00f3n globo ocular, par\u00e1lisis medio lado corporal y retraso mental por mala atenci\u00f3n medica a neonato; SC780-2020 la suma de $30.000.000 para victima y familiares por lesiones de mediana gravedad en accidente de tr\u00e1nsito; SC5125-2020 la suma de $55.000.000 Fallecimiento del padre; SC3943-2020 la suma de $40.000.000 A favor del menor y padres por par\u00e1lisis cerebral por negligencia en la atenci\u00f3n m\u00e9dica a neonato; SC3728-2021 la suma de $60.000.000 a menor con par\u00e1lisis cerebral por negligencia en la atenci\u00f3n m\u00e9dica al momento del nacimiento. <\/p>\n
En da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n a determinado: Sent. Sustitutiva 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01 la suma de $90.000.000 lesiones cerebrales por disparo imprudente de arma de fuego; SC 9 dic. 2013, rad. 2002-00099-01, la suma de $140.000.000 a persona que perdi\u00f3 el 75% de su capacidad laboral; SC16690-2016, la suma de $50.000.000 por da\u00f1o neurol\u00f3gico a reci\u00e9n nacido en responsabilidad m\u00e9dica; SC9193-2017 la suma de $70.000.000 cuadriplej\u00eda y par\u00e1lisis cerebral por mala atenci\u00f3n en el parto; SC5686-2018 la suma de $50.000.000 por voladura de oleoducto (Machuca); SC665-2019, la suma de $30.000.000 a c\u00f3nyuge de peat\u00f3n fallecido en accidente de tr\u00e1nsito; SC562-2020, la suma de $70.000.000 a victima y padres por ceguera total, extracci\u00f3n globo ocular, par\u00e1lisis medio lado corporal y retraso mental por mala atenci\u00f3n m\u00e9dica a neonato; SC780-2020, la suma de $40.000.000 a victima de accidente de tr\u00e1nsito por deformidad f\u00edsica permanente. <\/p>\n
31\u0002 CSJ SC sentencia de 20 de noviembre de 2013. <\/p>\n
32\u0002 Punto pac\u00edfico en el recurso de casaci\u00f3n, dado que no fue objetado en ninguna de las acusaciones formuladas. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC4703-2021 (2001-01048-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4703-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-037-2001-01048-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Cecilia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58234"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58234\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}