SC4704-2021 (2015-00805-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC4704-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-012-2015-00805-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Proctor Limitada, respecto de la sentencia de 31 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso verbal promovido por la recurrente contra la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Campesina \u201cComcaja\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. El 1\u00ba de diciembre de 2015, la actora solicit\u00f3 declarar la existencia de un contrato celebrado con la convocada para adquirir terrenos y construir el colegio Comcaja en Acac\u00edas (Meta); como consecuencia, condenar el pago de las sumas insolutas adeudadas. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El 22 de julio de 1997, Proctor Ltda., constructor, y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Campesina \u201cComcaja\u201d, beneficiaria, ajustaron el acuerdo. El costo inicial se estipul\u00f3 en $989.850.600. <\/p>\n
Los dise\u00f1os de la obra se modificaron a petici\u00f3n de la interpelada en cinco ocasiones. As\u00ed consta en actas aprobatorias posteriores. <\/p>\n
La edificaci\u00f3n requiri\u00f3 adecuaciones complementarias. El 5 de mayo y 30 de julio de 1998, se hicieron los traslados presupuestales. El total de la construcci\u00f3n, finalmente, se concert\u00f3 en $2.000.000.000. <\/p>\n
El convenio se finiquit\u00f3 por decisi\u00f3n de la accionada y el 9 de octubre de 1998, se suscribi\u00f3 el acta respectiva. La precursora result\u00f3 acreedora de $586.870.254,30. Por obras adicionales, $115.641.960.47; y por saldos de las actas 2 y 4 de 10 de julio y 1\u00ba de septiembre de 1998, en su orden, $187.070.393.25 y $64.845.747.96. <\/p>\n
La ejecuci\u00f3n adelantada para el cobro de la obligaci\u00f3n result\u00f3 infructuosa ante la falta de t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
1.3. R\u00e9plica. La convocada resisti\u00f3 las pretensiones y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Para la fecha de la demanda, dijo, hab\u00eda trascurrido m\u00e1s de quince a\u00f1os, contados desde la liquidaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
1.4. Sentencia de primera instancia. El 3 de noviembre de 2016, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, declar\u00f3 probado el medio de defensa liberatorio. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la prescripci\u00f3n invocada era la ordinaria de diez a\u00f1os de la Ley 791 de 2002. El t\u00e9rmino lo encontr\u00f3 cumplido el 9 de octubre de 2008, antes del 1\u00ba de diciembre de 2015, fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
1.5. Fallo de segundo grado. Confirm\u00f3 lo decidido, al resolver la alzada de la demandante. <\/p>\n
2. RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La prescripci\u00f3n alegada estaba en curso cuando entr\u00f3 a regir la Ley 791 de 2002. El r\u00e9gimen antiguo, art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, se\u00f1alaba el t\u00e9rmino extintivo en veinte a\u00f1os; y el nuevo, canon 8\u00ba, lo redujo a diez. <\/p>\n
El precepto 41 de la Ley 153 de 1887, facultaba al prescribiente elegir el lapso de prescripci\u00f3n, quien opt\u00f3 por la nueva. Por esto, el t\u00e9rmino despunt\u00f3 con su vigencia, el 27 de diciembre de 2002, y venci\u00f3 el 27 de diciembre de 2012. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n, por tanto, se consolid\u00f3, no el 9 de octubre de 2008, data fijada por el a quo, sino el 27 de diciembre de 2012. En todo caso, antes del 1\u00ba de diciembre de 2015, \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
3.1. Acusa la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 10, 31, 1602, 1609, 1613, 1614, 1615 y 2536 del C\u00f3digo Civil, este \u00faltimo antes de la reforma; 13, 58 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 94 del C\u00f3digo General del Proceso; 40 y 41 de la Ley 153 de 1887; y 8 de la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
3.1.1. Seg\u00fan el censor, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en el sub-j\u00fadice es el vigente a su iniciaci\u00f3n. El de veinte a\u00f1os, establecido en el original canon 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por ello, el plazo aplicado de diez a\u00f1os del precepto 8\u00ba de la Ley 791 de 2002, es equivocado. Y la norma utilizada por el Tribunal, el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, solo gobernaba la prescripci\u00f3n adquisitiva, no la extintiva. <\/p>\n
3.1.2. El canon 41 citado, en todo caso, violaba el derecho a la igualdad consagrado en el precepto 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Su contenido es discriminatorio, en tanto, sin explicaci\u00f3n alguna, concede al deudor la opci\u00f3n de elegir el t\u00e9rmino extintivo en curso. No hace lo propio con el titular del derecho afectado. <\/p>\n
La norma, adem\u00e1s, carece de \u201craz\u00f3n l\u00f3gica y objetiva\u201d. Al permitir que la parte, en forma antojadiza y caprichosa, defina el t\u00e9rmino extintivo, quebranta el orden p\u00fablico. <\/p>\n
3.1.3. Se\u00f1ala, por \u00faltimo, la prescripci\u00f3n es de naturaleza procesal. De ah\u00ed, el precepto definitorio del plazo liberatorio es el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887. En su virtud, se rige por la ley vigente cuando empez\u00f3 a correr, en el caso, por el original art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2. Solicita la censura casar la providencia recurrida, revocar el fallo apelado y acceder a las pretensiones. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. El cargo aboga por la aplicaci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo del canon 2536 del C\u00f3digo Civil, previsto por la Ley 50 de 1936, que redujo las prescripciones treintenarias a veinte a\u00f1os. Se aduce, era el precepto en vigor el 9 de octubre de 1998, fecha de la liquidaci\u00f3n del contrato de obra, y \u00e9poca cuando despunt\u00f3 la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, se observa, rechaza la aplicaci\u00f3n del t\u00e9rmino liberatorio, reducido a diez a\u00f1os por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 791 de 2002. La raz\u00f3n, cuando entr\u00f3 a regir la norma, aqu\u00e9l plazo de veinte a\u00f1os ya ven\u00eda sucediendo. <\/p>\n
Repele, como secuela, la potestad de elegir el nuevo o anterior lapso, previsto en la regla 41 de la Ley 153 de 1887, seg\u00fan convenga al interesado. El precepto, sostiene la censura, solo gobierna el modo adquisitivo y, de ser pertinente, la elecci\u00f3n para el deudor en el extintivo, discrimina al acreedor; adem\u00e1s, alude a un aspecto procesal, regido por la norma 40 ib\u00eddem. <\/p>\n
El reproche, frente a la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 2536 (veinte a\u00f1os), citado por el precepto 8\u00ba de la Ley 791 de 2002 (10 a\u00f1os), y la vigencia temporal de uno u otro sistema, impone a la Corte elucidar varias cuestiones, la eficacia temporal de las normas extintivas de la prescripci\u00f3n y, en esencia, la ratio legis del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, en funci\u00f3n, no solo del andamiaje normativo, sino de su incidencia en el tr\u00e1nsito legislativo. <\/p>\n
4.2. La paz, la felicidad y la convivencia arm\u00f3nica son bienes supremos porque atienden a prop\u00f3sitos constantes y de continua optimizaci\u00f3n para la colectividad a partir del respeto a la diversidad y al pluralismo inmanente entre los asociados. Esto se asegura gracias a un \u201cmarco jur\u00eddico\u201d que mantenga \u201cla vigencia de un orden justo\u201d (pre\u00e1mbulo y art\u00edculo 2\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
El dinamismo y actualizaci\u00f3n del ordenamiento est\u00e1 determinado por los cambios y transformaciones, por la multiplicaci\u00f3n de conflictos y, por las nuevas necesidades en el proceso evolutivo de la humanidad. Ello, demanda nuevas reglas o, la revisi\u00f3n o actualizaci\u00f3n de las existentes, pero observando como condici\u00f3n esencial el resguardo de los fines constitucionales del Estado Social de Derecho y el respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jur\u00eddicas consolidadas. <\/p>\n
La inmutabilidad y dejadez del ordenamiento, y la petrificaci\u00f3n del derecho, con frecuencia, divorcian la realidad jur\u00eddica de la realidad pr\u00e1ctica y deslegitiman el poder del Estado, engendran penurias para la sociedad, confusi\u00f3n y malestar en el individuo, azuz\u00e1ndolo a resolver las tensiones por la fuerza de la mano propia o con esquemas autocompositivos ligados con la venganza. <\/p>\n
El legislador, al expresar su voluntad en la nueva ley, espera acierto frente a los escenarios que regula; adem\u00e1s, presume justas sus soluciones y acordes con las necesidades actuales; sin embargo, el juez debe estar atento para remediar vac\u00edos, dudas o inconsistencias que no siempre prodigan las nuevas disposiciones. <\/p>\n
El ejercicio de creaci\u00f3n legal ante apuros legislativos demanda innovar o contemporizar la normatividad y, por tanto, en ocasiones, inquieta el pasado, generando conflictos de leyes en el tiempo para su vigencia, de modo tal que da lugar a diversas hip\u00f3tesis: 1. Si la nueva ley cobija el pasado, dando fin a los efectos de la ley antigua, habr\u00e1 retroactividad; 2. Si la ley anterior, aunque derogada por la nueva, conserva su supervivencia y contin\u00faa gobernando los actos y hechos, sus consecuencias, o las situaciones jur\u00eddicas concretas nacidas bajo su imperio en el pasado, a pesar de su deceso, militar\u00e1 la ultraactividad; o, 3. Si hay lugar a gobernar las nuevas situaciones o los hechos en tr\u00e1nsito con las nuevas normas y hacia el futuro por virtud de su efecto inmediato, existir\u00e1 retrospectividad. <\/p>\n
Advierte la Sala, ninguna discusi\u00f3n existe, la retrospectividad es la regla general, seg\u00fan la cual, las leyes nuevas o posteriores, disponen para el porvenir generando efectos inmediatos, para regular las realidades ocurridas luego de su entrada en vigor; por consiguiente, no son retroactivas con el fin de tutelar situaciones jur\u00eddicas concretas1 o subjetivas extinguidas, o constituidas, junto con sus respectivos efectos ya causados; adem\u00e1s, para proteger los derechos adquiridos, la libertad y la seguridad jur\u00eddica, salvo excepciones puntuales dadas por el principio de favorabilidad (en lo criminal o tributario) o circunstancias espec\u00edficas de anomia legal que no agravien los derechos adquiridos, como las dadas en relaci\u00f3n con situaciones jur\u00eddicas en curso conocidas como \u201cin fieri2, en desarrollo o, de consecuencias no consumadas de hechos pasados. <\/p>\n
No obstante, la estabilidad del marco jur\u00eddico ah\u00ed no se agota. Se hace necesario, en l\u00ednea de principio, conservar la intangibilidad de las cuestiones pasadas gobernadas de manera distinta. Excepcionalmente, se deben crear mecanismos diferenciales para ciertos hechos que, por su naturaleza e incidencia en la vida humana, merecen un matiz regulatorio. <\/p>\n
4.3. Desplazar una norma por otra en una misma materia obliga a tener cuidado para evitar caos legal y social, de tal modo que la articulaci\u00f3n correcta de ambas disposiciones es la garant\u00eda de consistencia y equilibrio del sistema. Tambi\u00e9n, de convivencia arm\u00f3nica y pac\u00edfica de los asociados, para adquirir certeza en los par\u00e1metros de la conducta a seguir. <\/p>\n
La claridad del asunto es fundamental. Si hay confusi\u00f3n en las realidades que las leyes gobiernan, la zozobra, el trastorno y la inseguridad reinar\u00e1n y la tranquilidad del ciudadano ser\u00e1 socavada dr\u00e1sticamente, podr\u00e1 ser v\u00edctima de la incertidumbre por desconocer qu\u00e9 le deparar\u00e1 el futuro. En palabras de la Corte: <\/p>\n
\u201cEs sabido que los individuos, al regular sus actividades, cumplen los actos de la vida teniendo en cuenta la normaci\u00f3n legal vigente en la \u00e9poca en que act\u00faan; es preciso que cada cual conozca las condiciones que deber\u00e1 respetar y es necesario tambi\u00e9n que su estabilidad civil no se vea amenazada ante el arribo de una disposici\u00f3n posterior\u201d3. <\/p>\n
4.3.1. El derecho del tr\u00e1nsito legislativo, transitorio o intertemporal es el llamado a asumir ese quehacer normativo, entendido como el conjunto de reglas previstas por el ordenamiento para que la sucesi\u00f3n de las leyes en el tiempo, en una misma materia, sea prudente, moderada, razonable y ordenada. Como tal, dirime los conflictos surgidos del paso de la ley antigua a la ley nueva. En el punto ha expuesto la Sala: <\/p>\n
\u201c[L]a fijaci\u00f3n de los efectos temporales de las leyes se encuentra reglamentada por un conjunto de disposiciones que suele denominarse \u2018derecho transitorio\u2019, conformado prioritariamente por las disposiciones que de manera espec\u00edfica est\u00e9n contenidas en el texto de cada ley y que determinan el modo como \u00e9sta se proyecta en el tiempo frente a las distintas situaciones que comprende, y en su ausencia, por las normas generales contenidas en la ley 153 de 1887, derogatoria del art\u00edculo 13 del C\u00f3digo Civil que, a su vez, se\u00f1alaba como criterio rector en la materia el principio universal de hermen\u00e9utica seg\u00fan el cual las leyes rigen hacia el futuro (\u2026), postulado que, no obstante, palpita impl\u00edcitamente en ella con inusitado vigor, junto con el principio de la eficacia inmediata de la ley, criterio que gobierna no pocas de las hip\u00f3tesis que el aludido estatuto contempla\u201d4. <\/p>\n
Las normas intertemporales tienden a organizar de mejor manera la sustituci\u00f3n legislativa; propenden, como regla de principio, por su aplicaci\u00f3n general e inmediata, sin mirar el pasado, pero deben ser tempranas, m\u00e1s no bruscas. Es el \u201cdeseo \u00edntimo del legislador que (\u2026) se impongan sin dilaci\u00f3n las soluciones que propone\u201d5. As\u00ed se logra, como Jano, sellar el pasado y abrir las puertas al futuro. <\/p>\n
4.3.2. El principio universal de irretroactividad de la ley y la operatividad del efecto general e inmediato, gu\u00edan o concilian la soluci\u00f3n de los conflictos de eficacia temporal de las leyes. Esto, gracias a la noci\u00f3n de \u201csituaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d, desarrollada por Paul Roubier6 y acogida en gran parte por la jurisprudencia patria. <\/p>\n
La expresi\u00f3n alude a \u201c(\u2026) situaciones individuales y concretas en que pueden encontrarse colocadas las personas, unas con respecto a otras, sobre la base de reglas jur\u00eddicas (\u2026), destacando que las situaciones jur\u00eddicas, de car\u00e1cter personal y concreto solamente pueden establecerse de conformidad (\u2026)\u201d7 con aquellas normas. <\/p>\n
El car\u00e1cter de situaci\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 determinado por la ley. Calificar como tal una cuesti\u00f3n particular depende de los requisitos previstos por el canon que la regula, sin embargo, no siempre las exigencias legales se cumplen en un instante porque muchas, la mayor\u00eda, ameritan o demandan un buen tiempo. <\/p>\n
El momento en que ocurra es de capital importancia. Por una parte, permite identificar el estado de la situaci\u00f3n jur\u00eddica al darse la sucesi\u00f3n de las leyes. Por otra, a partir de la singularizaci\u00f3n, deslinda los confines temporales de cada norma y evita extender injustificadamente su dominio a \u00e1mbitos que no corresponden. <\/p>\n
La doctrina citada distingue las \u201csituaciones jur\u00eddicas consolidadas\u201d de las \u201csituaciones jur\u00eddicas en curso\u201d. Aqu\u00e9llas se entienden realizadas cuando, antes de entrar a regir la nueva ley, cre\u00f3, modific\u00f3 o extingui\u00f3 otras de igual linaje. Las \u00faltimas, si bien se originan en vigencia de la norma anterior, su formaci\u00f3n se prolonga y perpet\u00faa despu\u00e9s de la vigencia de la ley posterior, en donde se completan \u00edntegramente; se relacionan con las situaciones \u201cinfieri\u201d o \u201cfacta pendentia\u201d. <\/p>\n
Los efectos o consecuencias generados por las situaciones jur\u00eddicas consolidadas, tambi\u00e9n diferencian los \u201cefectos consumados\u201d antes del cambio de legislaci\u00f3n y las \u201cconsecuencias futuras o no cumplidas\u201d producidas con posterioridad a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Esta caracterizaci\u00f3n sirve para formular hip\u00f3tesis de eficacia temporal de las normas. Seg\u00fan la Corte, \u201csiguiendo las ense\u00f1anzas de Paul Roubier, existen \u201cdiferencias entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de una ley; aplicaci\u00f3n de la ley a hechos cumplidos antes (facta praet\u00e9rita), a hechos en curso o pendientes (facta pendentia) y a hechos por venir (facta futura)\u201d8. <\/p>\n
La ley ser\u00e1 retroactiva cuando regule los hechos agotados en tiempo anterior a su vigencia (facta praet\u00e9rita). Tendr\u00e1 efecto general inmediato cuando gobierne las realidades jur\u00eddicas consumadas en su vigor, inclusive las pendientes (facta pendentia). Y florecer\u00e1 ultraactiva cuando se aplica a situaciones acaecidas a\u00fan despu\u00e9s de estar abrogada por la disposici\u00f3n nueva (facta futura). <\/p>\n
La \u201cretroactividad y la ultraactividad de la ley tienen car\u00e1cter excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento\u201d9. El primer fen\u00f3meno, en general, conlleva inseguridad jur\u00eddica al someter a reexamen las condiciones de una relaci\u00f3n sustancial agotada al abrigo de la antigua ley. El segundo, impide el progreso del ordenamiento al evitar que la nueva ley responda inmediatamente a los cambios sociales. <\/p>\n
El l\u00edmite temporal sobre el cual no debe volver la ley nueva lo marca la irretroactividad. La vigencia inmediata, por su parte, define su aplicaci\u00f3n hacia el futuro a los hechos consumados a partir de su entrada en vigor. As\u00ed se aleja cualquier perplejidad. <\/p>\n
En virtud de esos mandatos, el r\u00e9gimen intertemporal, por regla general, resuelve la colisi\u00f3n de la siguiente manera: (i) Ordena la aplicaci\u00f3n de la ley antigua a las situaciones jur\u00eddicas consolidadas y a las consecuencias cumplidas antes de la vigencia de la nueva ley. (ii) Dispone la eficacia de la ley posterior a las situaciones jur\u00eddicas concretizadas luego de su vigor, a las pendientes o en curso y a los efectos no cumplidos de cuestiones preexistentes. Ese ha sido el entendimiento dado por la jurisprudencia al conjunto de reglas transitorias previstas en el ordenamiento patrio. <\/p>\n
El principio de irretroactividad de la ley11 est\u00e1 consagrado en el precepto 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, puesto que garantiza la \u201c(\u2026) propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u201d. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha precisado la disposici\u00f3n. Se refiere a las \u201c(\u2026) situaciones jur\u00eddicas consolidadas (\u2026)\u201d12 en vigencia de la ley antigua. En principio, dice, las \u201cnormas que integran el ordenamiento jur\u00eddico rigen con efecto general e inmediato\u201d13, tal como as\u00ed lo establece la Ley 153 de 1887 en su primera parte. Seg\u00fan esa Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cCon fundamento en las disposiciones superiores anteriormente comentadas, las cuales tambi\u00e9n estaban consignadas en la Constituci\u00f3n Nacional de 1886 y que delimitan la \u00f3rbita de libertad de configuraci\u00f3n legislativa en la materia, se desarroll\u00f3 un r\u00e9gimen legal que se\u00f1al\u00f3 los principios generales relativos a los efectos del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, respetando el l\u00edmite se\u00f1alado por la garant\u00eda de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y favorabilidad penal. Dicho r\u00e9gimen legal est\u00e1 contenido en los art\u00edculos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que, de manera general, en relaci\u00f3n con diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las situaciones jur\u00eddicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A contrario sensu, las situaciones jur\u00eddicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata de situaciones jur\u00eddicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino de aquellas que est\u00e1n en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la nueva ley es de aplicaci\u00f3n inmediata. La aplicaci\u00f3n o efecto general inmediato de la ley es la proyecci\u00f3n de sus disposiciones a situaciones jur\u00eddicas que est\u00e1n en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constituci\u00f3n, pues por consistir en su aplicaci\u00f3n a situaciones jur\u00eddicas que aun no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos\u201d (C-619 de 2001). <\/p>\n
Los criterios orientadores aludidos, se han expresado en la misma direcci\u00f3n tambi\u00e9n por esta Corte con reciedumbre hist\u00f3rica. Al resolver problemas concretos de transitoriedad, ha dicho: <\/p>\n
\u201c[N]o puede perderse de vista que si bien es cierto que el legislador descart\u00f3 en general que la ley fuera retroactiva \u2013principio que, dicho sea de paso, no es absoluto, al punto que la Ley 153 de 1887 derog\u00f3 expresamente el art\u00edculo 13 del C.C., que lo establec\u00eda-, no lo es menos que, tambi\u00e9n, por regla, consagr\u00f3 el postulado de vigencia inmediata de la ley, la cual, rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jur\u00eddicas en curso, esto es, aquellas que ven\u00edan desarroll\u00e1ndose con anterioridad a su promulgaci\u00f3n y que contin\u00faan desdobl\u00e1ndose bajo su imperio. <\/p>\n
\u201cEsa aplicaci\u00f3n de la ley nueva a las situaciones jur\u00eddicas que vienen del pasado, se concreta, claro est\u00e1, a los efectos y a la extensi\u00f3n del derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella establece, sin que ello indefectiblemente implique retroactividad. Es lo que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia han denominado retrospectividad (\u2026). <\/p>\n
\u201cPor eso, entonces, no es posible desconocer que la Ley 54 de 1990 es de vigencia inmediata, motivo por el cual regula, \u201ca partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u201d (art. 9), todas las situaciones de hecho a que ella se refiere, y no s\u00f3lo las que surjan con posterioridad, sino tambi\u00e9n las que estaban en desarrollo, o sea a \u201clos hechos in fieri\u201d y a \u201clas consecuencias no consumadas de los hechos pasados\u201d (se subraya), pues \u201cla ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos, a\u00fan anteriores a ella, sin ser retroactiva\u201d Subl\u00ednea ex texto14. <\/p>\n
4.3.3. La regla general es la irretroactividad y el efecto inmediato de la ley para solucionar los conflictos de leyes en el tiempo. Empero, ante los cambios legislativos o la sucesi\u00f3n de las leyes, se requiere un tratamiento excepcional o diferencial previsto por el \u201cDerecho transitorio\u201d. <\/p>\n
Es el caso del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, cuando estando en pendencia se modifican (ampl\u00edan o reducen) los plazos por una ley posterior. En esta circunstancia, nos hallamos con las situaciones jur\u00eddicas en curso donde se distinguen \u201csituaciones jur\u00eddicas de formaci\u00f3n continuada, que pueden ser constitutivas de un derecho (prescripci\u00f3n adquisitiva), o extintivas (prescripci\u00f3n liberatoria)\u201d15. <\/p>\n
La prescripci\u00f3n, am\u00e9n de cejar incertidumbres, cumple una doble funci\u00f3n social: 1. Posibilita adquirir las cosas ajenas cuando sus due\u00f1os las han abandonado y se han pose\u00eddo materialmente. 2. Es un modo de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s ante la falta de ejercicio por sus titulares. En com\u00fan, las dos manifestaciones, exigen un tiempo determinado, concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales. <\/p>\n
La usucapi\u00f3n o prescripci\u00f3n adquisitiva cumple su rol fundamental en el campo de los derechos reales y, de manera especial, en la propiedad. La extintiva, en el terreno de los derechos personales y en los mecanismos dispuestos para ejercerlos. En palabras de la Sala: <\/p>\n
\u201cComo la prescripci\u00f3n legalmente est\u00e1 concebida como un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s, de entrada, queda averiguada su finalidad, que no es otra que la de consolidar situaciones jur\u00eddicas concretas, en consideraci\u00f3n al transcurso del tiempo. (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
En ambos flancos, su importancia para la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas y la convivencia pac\u00edfica es superlativa: 1. Procura el dinamismo en el ejercicio de los derechos. 2. Limita la conflictividad y litigiosidad al evitar que se mantenga en interminable interinidad las posibles discusiones que sobre el reclamo de las prerrogativas se puedan suscitar. 3. Permite el avance de la humanidad, pues utiliza la medida del tiempo como una herramienta para zanjar las disputas al interior de la sociedad. En fin. <\/p>\n
La reacci\u00f3n del derecho moderno a inclinarse por la reducci\u00f3n de los plazos prescriptivos en lugar de su ampliaci\u00f3n es innegable ante la velocidad de los cambios, el ritmo acelerado de la historia y de los acontecimientos, el influjo de las comunicaciones, la incidencia de lo inform\u00e1tico, la eficacia de los sistemas virtuales y de la globalizaci\u00f3n que impone, a su vez, flexibilizar los derechos locales, y ante la transitoriedad de muchas situaciones jur\u00eddicas y la volatilidad de los bienes y derechos; la rapidez con que cambian los medios de transporte, de las comunicaciones interplanetarias, de los sistemas, de medios de pago, etc. Se entiende que, a mayor transcurso del tiempo, mayor incertidumbre en la cotidianidad se genera. <\/p>\n
Ordenamientos como el de Francia, Espa\u00f1a, Argentina, Chile y Colombia, as\u00ed lo han analizado. Se inspiran en una lectura de la din\u00e1mica social y en el impacto positivo que ese tipo de reformas puede producir en sus comunidades. <\/p>\n
El anteproyecto franc\u00e9s de reforma del Derecho de obligaciones y del Derecho de la Prescripci\u00f3n, lo consider\u00f3; a su vez, sirvi\u00f3 de antecedente para promulgar la Ley 2008-561 de 17 de junio de 2008, sobre la reforma de la prescripci\u00f3n. All\u00ed reliev\u00f3: <\/p>\n
\u201cM\u00e1s que cualquier otra instituci\u00f3n, la prescripci\u00f3n mide las relaciones del hombre con el tiempo y con el Derecho: domina todas las normas y todos los derechos. No solamente el Derecho de obligaciones, que constituye su \u00e1mbito de elecci\u00f3n, sino tambi\u00e9n todas las otras ramas del Derecho, el conjunto del Derecho privado, del Derecho p\u00fablico, del Derecho penal y del proceso. Las disposiciones del C\u00f3digo civil relativas a la prescripci\u00f3n se aplican a todos los otros C\u00f3digos y a todas las leyes, salvo las excepciones precisadas en la presente propuesta. La prescripci\u00f3n tiene para todos los pr\u00e1cticos, todos los usuarios del Derecho y todos los actores de la actividad humana una importancia considerable. <\/p>\n
\u201cEn primer lugar, sus duraciones excesivas que tienen como consecuencia una paralizaci\u00f3n de la actividad humana: duraci\u00f3-debilidad. Nadie puede comprender que la prescripci\u00f3n de Derecho com\u00fan tenga aun hoy en d\u00eda una duraci\u00f3n de treinta a\u00f1os (C\u00f3digo civil., art. 2262). Muchos otros plazos son tambi\u00e9n demasiado largos. La aceleraci\u00f3n de la historia, ideolog\u00eda contempor\u00e1nea a menudo exacta, apela por una abreviaci\u00f3n de los plazos (\u2026). <\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n, que deber\u00eda ser un elemento de pacificaci\u00f3n de las relaciones humanas y de su dinamismo, ha devenido as\u00ed en raz\u00f3n de su duraci\u00f3n excesiva, de su multiplicidad y de sus incertidumbres, en una causa de estancamiento de la actividad y una fuente abundante de litigios\u201d. <\/p>\n
Similares razones contiene la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de Ley 63 de 2000. El origen de la Ley 791 de 2002. Para acortar los plazos prescriptivos, expuso: <\/p>\n
\u201cComo se observa, desde siempre se ha entendido que la raz\u00f3n de ser de la prescripci\u00f3n extintiva es la necesidad de certeza, claridad y seguridad de las relaciones jur\u00eddicas que conduce necesariamente al orden y a la paz social, toda vez que un derecho ejercido de manera extempor\u00e1nea atenta contra el orden p\u00fablico (\u2026). <\/p>\n
\u201c[E]sa importante funci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se hace inoperante con la existencia de unos t\u00e9rminos que con la evoluci\u00f3n de las relaciones sociales y la mejora sustancial en las comunicaciones se tornaron excesivos, como los previstos para una infinidad de relaciones jur\u00eddicas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La actualizaci\u00f3n normativa en aspectos como la modificaci\u00f3n de los plazos, generalmente, se decanta por acortarlos. Es el r\u00e9gimen que se muestra m\u00e1s acorde con las manifestaciones sociales contempor\u00e1neas. <\/p>\n
Empero, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la norma nueva sobre esa materia, bajo la directriz de la validez inmediata, es inapropiada para dar respuesta a esa realidad. En concreto, frente al n\u00famero de prescripciones pendientes de consolidaci\u00f3n al momento del tr\u00e1nsito de leyes. <\/p>\n
Pi\u00e9nsese en la hip\u00f3tesis de una prescripci\u00f3n decenal pendiente de dos a\u00f1os para cumplirla, reducida a un quinquenio al entrar en vigencia la nueva ley. La irretroactividad descartar\u00eda la posibilidad de cumplir el t\u00e9rmino corto de la nueva norma, teniendo en cuenta el transcurrido de la antigua. La operatividad de la nueva desde su vigencia implicar\u00eda sumar tres a\u00f1os adicionales a los dos pendientes, exigiendo entonces, un t\u00e9rmino de 13 a\u00f1os, habida consideraci\u00f3n de los ocho transcurridos con la antigua. Algo, sin duda, injusto y ajeno a la din\u00e1mica social detallada. <\/p>\n
Si bien, por la regla general, la ley nueva gobierna las situaciones en curso, pues se supone es una regulaci\u00f3n mejor para hechos no consumados, su aplicaci\u00f3n a la prescripci\u00f3n ser\u00eda contradictoria. La norma emitida para reducir plazos podr\u00eda terminar alarg\u00e1ndolos, sin raz\u00f3n. Si es as\u00ed para leyes de tiempos cortos, con mayor raz\u00f3n frente a eventuales e improbables reformas con plazos m\u00e1s largos. <\/p>\n
4.3.4. La naturaleza de la prescripci\u00f3n y la sensible incidencia en la vida en sociedad, precisa un matiz especial que regule hechos pendientes. El derecho transitorio prev\u00e9 el particular en aras de responder a esa necesidad. La soluci\u00f3n, como excepci\u00f3n, est\u00e1 guiada por la ley que en el tiempo consolide primero la situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Ese derecho permite contemplar la vigencia de la norma nueva por el efecto inmediato, pero computando el tiempo designado desde el inicio de su vigor para no incurrir en retroactividad. Privilegia, sin embargo, la eficacia ultraactiva de la ley antigua, si con su aplicaci\u00f3n al caso en concreto el plazo que fije finaliza antes que el establecido por la ley posterior. <\/p>\n
A trav\u00e9s de esa f\u00f3rmula, el derecho transitorio resuelve el especial conflicto de leyes de la siguiente manera: (i) Si la ley posterior ampl\u00eda los plazos se aplica la ley antigua. (ii) Si la norma posterior reduce t\u00e9rminos: a) se aplica la antigua, cuando el lapso en ella fijado se completa de manera \u00edntegra antes de vencer el tiempo breve contado desde la vigencia de la nueva; y (b) se aplica el precepto nuevo, en el evento de vencer primero el per\u00edodo corto. <\/p>\n
4.3.5. Ese ha sido, con diferentes redacciones del derecho comparado, el mecanismo adoptado por otras legislaciones, inclusive el colombiano, se ha acercado. Adem\u00e1s, del efecto inmediato sin retroactividad, emplean la ultraactividad de la norma con un prop\u00f3sito claro: aplicar la ley contentiva del plazo que acaezca primero, aquel que, de forma temprana, consolida la situaci\u00f3n en curso, en favor del prescribiente. <\/p>\n
4.3.5.1. En Espa\u00f1a, por ejemplo, el C\u00f3digo Civil consagra esa regla de tr\u00e1nsito, para la prescripci\u00f3n adquisitiva y extintiva en curso, en el art\u00edculo 1939: \u201cLa prescripci\u00f3n comenzada antes de la publicaci\u00f3n de este C\u00f3digo se regir\u00e1 por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en \u00e9l exigido para la prescripci\u00f3n, surtir\u00e1 \u00e9sta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo\u201d. <\/p>\n
El Tribunal Supremo espa\u00f1ol Sala de lo Civil, en reciente providencia explic\u00f3 el alcance de esa disposici\u00f3n. Lo gener\u00f3, precisamente, el conflicto surgido con la Ley 45 de 2015, la cual redujo a cinco a\u00f1os la prescripci\u00f3n de las acciones personales. En su sentir: <\/p>\n
\u201cEl transcrito art. 1939 CC establece una regla general: que la prescripci\u00f3n se rige por la ley vigente en la fecha en que se inicia el plazo prescriptivo, por lo que la ley nueva no se aplica a las prescripciones que estaban en curso a su entrada en vigor; y una excepci\u00f3n: la prescripci\u00f3n se entiende consumada si la ley nueva acorta el plazo de prescripci\u00f3n anteriormente previsto y dicho nuevo plazo transcurre por entero tras la puesta en vigor de la ley nueva. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, la regla seg\u00fan la cual la prescripci\u00f3n comenzada bajo la vigencia de las leyes anteriores se rige por estas \u00faltimas no tiene eficacia si se cumplen las dos condiciones se\u00f1aladas en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 1939: i) que el plazo de prescripci\u00f3n de la ley nueva sea m\u00e1s breve; ii) que el plazo de prescripci\u00f3n establecido en la ley nueva haya transcurrido por entero \u00abdesde que fuese puesto en observancia\u00bb, esto es, desde la fecha de la entrada en vigor de la nueva ley. <\/p>\n
\u201cPor ello, no se trata de una aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la prescripci\u00f3n m\u00e1s breve. El tiempo de prescripci\u00f3n establecido en la ley nueva tiene que transcurrir entero bajo su vigencia, es decir, no se suma el tiempo transcurrido bajo la vigencia de la ley antigua con el pasado con la ley nueva, para completar as\u00ed el plazo m\u00e1s breve\u201d17. <\/p>\n
4.3.5.2. El C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n Argentina, igualmente adopt\u00f3 esa f\u00f3rmula para ambas prescripciones. El art\u00edculo 2537, que replic\u00f3 lo reglado por el canon 4051 del anterior Estatuto de V\u00e9lez Sarsfield, estatuy\u00f3: <\/p>\n
\u201cLos plazos de prescripci\u00f3n en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el d\u00eda de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Se except\u00faa de lo prescripto anteriormente las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. <\/p>\n
La C\u00e1mara Civil de la Sala del Poder Judicial del mismo pa\u00eds sobre la hermen\u00e9utica de la citada norma, acot\u00f3: <\/p>\n
\u201cComo lo esquematiza con meridiana claridad Kemelmajer de Carlucci, las cuestiones de derecho transitorio relativas a prescripci\u00f3n y tambi\u00e9n a plazos de caducidad, quedan regidas de la siguiente manera: 1. Regla general: Si el plazo se modifica por la nueva ley, rige el establecido por la ley anterior. 2. Excepci\u00f3n: Si la nueva ley fija un plazo m\u00e1s breve, impera este \u00faltimo, contado desde la entrada en vigencia de la nueva norma; 3. Excepci\u00f3n de la excepci\u00f3n: Rige la ley anterior, aunque la nueva ley consagre un plazo m\u00e1s breve, cuando el plazo primigenio vence antes de que finalice el nuevo plazo, contado la vigencia de la nueva ley. <\/p>\n
\u201cEn definitiva, siempre tendr\u00e1 vigencia el plazo m\u00e1s corto que resulte de la siguiente combinaci\u00f3n: se privilegia el de la ley anterior, salvo que, en raz\u00f3n de la reducci\u00f3n del plazo de la nueva ley, \u00e9ste se cumpliera antes que el plazo originario. En otras palabras, si el nuevo plazo es m\u00e1s extenso, se aplica el anterior; y si es m\u00e1s breve, se aplica este \u00faltimo (contado desde el d\u00eda de la entrada en vigencia), salvo que aquello importe ampliar el plazo anterior\u201d18. <\/p>\n
4.3.5.3. En el Per\u00fa, el art\u00edculo 1222 del C\u00f3digo Civil acogi\u00f3 el dispositivo intertemporal: \u201cLa prescripci\u00f3n iniciada antes de la vigencia de este C\u00f3digo, se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia transcurre el tiempo requerido en \u00e9l para la prescripci\u00f3n, \u00e9sta surte efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor\u201d. <\/p>\n
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Per\u00fa, en sinton\u00eda con lo expresado por los precitados tribunales, en un asunto relativo a la sucesi\u00f3n de leyes sobre prescripci\u00f3n extintiva, refiri\u00f3 <\/p>\n
\u201cQue (\u2026) los art\u00edculos tercero del T\u00edtulo Preliminar y dos mil ciento veintiuno del citado C\u00f3digo Sustantivo consagran el principio de la aplicaci\u00f3n inmediata de la ley, el que cuenta con la posici\u00f3n dominante en doctrina y se conoce con el nombre de teor\u00eda de los hechos cumplidos. <\/p>\n
\u201cQue, sin embargo, la aplicaci\u00f3n de normas en el tiempo supone una relaci\u00f3n dial\u00e9ctica entre el principio de seguridad y del principio de innovaci\u00f3n legislativa dentro del sistema jur\u00eddico; para este efecto se ha establecido, en v\u00eda excepcional y transitoria, la aplicaci\u00f3n ultraactiva de algunas normas del C\u00f3digo Civil derogado en moderada inclinaci\u00f3n hacia la seguridad jur\u00eddica a fin de lograr la mayor equidad posible en cada caso que se someta al conocimiento de la tutela jurisdiccional. <\/p>\n
\u201cQue una de estas excepciones es la referida a la aplicaci\u00f3n temporal del plazo de prescripci\u00f3n, cuyo art\u00edculo dos mil ciento veintid\u00f3s dispone que la prescripci\u00f3n iniciada antes de la vigencia de este C\u00f3digo se rige por las leyes anteriores. Sin embargo, si desde que entr\u00f3 en vigencia transcurre el tiempo requerido en \u00e9l para la prescripci\u00f3n, este surte todos sus efectos, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
4.3.5.4. En Chile y Ecuador se incorpor\u00f3 en textos similares la regla transitoria, tambi\u00e9n para la prescripci\u00f3n extintiva y adquisitiva, pero con un rasgo particular. Se le concedi\u00f3 la opci\u00f3n de elegir al prescribiente la ley a aplicar, seg\u00fan \u201cle convenga\u201d20. En aqu\u00e9l, la Ley sobre Efecto Retroactivo de 7 de octubre de 1886, art\u00edculo 25, precept\u00faa: <\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aun al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente, pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que aquella hubiese empezado a regir\u201d. <\/p>\n
4.3.5.5. El ordenamiento patrio reprodujo literalmente el texto chileno. El art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 incorpor\u00f3 la soluci\u00f3n transitoria en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera \u00f3 la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u201d. <\/p>\n
Se trata, como en las otras legislaciones, de un dispositivo transitorio previsto como excepci\u00f3n en nuestro sistema jur\u00eddico. Resuelve el conflicto de leyes en el tiempo, originado por la modificaci\u00f3n de plazos prescriptivos en curso de constituci\u00f3n o de extinci\u00f3n. <\/p>\n
Consagra con igual prop\u00f3sito, la vigencia de la norma nueva por el efecto inmediato sin incurrir en retroactividad. Tambi\u00e9n da eficacia ultraactiva a la ley antigua, y concede al prescribiente la posibilidad de optar por el r\u00e9gimen que debe gobernar la situaci\u00f3n en pendencia. \u00c9l \u201celige de acuerdo con lo que considere m\u00e1s favorable (\u2026)21\u201d. En \u00faltimas, por sentido com\u00fan elige la prescripci\u00f3n que le interesa, consistente en la que se consolide primero en el tiempo. <\/p>\n
La regulaci\u00f3n transitoria adoptada por el legislador colombiano es adecuada y razonable de cara a la especial realidad que representa la prescripci\u00f3n. Resuelve, adem\u00e1s, la colisi\u00f3n de manera tal que el paso de las leyes se muestra prudente y ordenado. En efecto, aplicar la ley del plazo pr\u00f3ximo contribuye al progreso del ordenamiento jur\u00eddico. Es una soluci\u00f3n acorde con la din\u00e1mica social actual que demanda tiempos prescriptivos menos extensos para la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
La operatividad excepcional de la ultraactividad genera la menor afectaci\u00f3n al equilibrio del sistema. Se mantiene, como es natural, el efecto inmediato de la ley, y se limita al m\u00e1ximo la eficacia temporal de aquella figura. Esto \u00faltimo, en tanto, la supervivencia de la ley antigua esta reducida a la hip\u00f3tesis que ofrezca el tiempo m\u00e1s corto, respecto del dispuesto por la ley nueva (coherencia del ordenamiento). <\/p>\n
La certidumbre ofrecida es ponderada, dados los intereses en disputa. Para el titular del derecho, la ley posterior no extingue s\u00fabitamente su facultad de ejercerlo al no ser retroactiva; no le es sorpresiva, pues conoce con claridad el inicio del nuevo t\u00e9rmino desde su vigencia, no antes. Para el prescribiente, concreta cu\u00e1l es el plazo requerido para consolidar su situaci\u00f3n jur\u00eddica y lo favorece claramente, apoyado por el abandono del derecho por parte de su oponente, superando entonces, la inestabilidad, la incertidumbre o la interinidad de su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
De esa manera el \u201cr\u00e9gimen transitorio\u201d evita un caos legal y social, al paso que permite que la actualizaci\u00f3n de la ley garantice la vigencia de un orden justo. <\/p>\n
4.4. Conforme a lo explicado, en el sub-j\u00fadice, pronto se advierte, la denunciada violaci\u00f3n directa de la ley sustancial no se estructura. <\/p>\n
4.4.1. El alcance del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, sobrepasa el limitado entendimiento afirmado por el casacionista. La operatividad de la norma, es evidente, no se encuentra atada a las particularidades de la prescripci\u00f3n adquisitiva, para decir que solo a esta regula. Su presencia y eficacia en el ordenamiento jur\u00eddico va m\u00e1s all\u00e1, pues cobija tambi\u00e9n la extintiva. <\/p>\n
Como se expuso con suficiencia, integra una serie de reglas especialmente dise\u00f1adas por el legislador colombiano para responder a los problemas generados por el paso de las leyes. El 41 es un precepto edificado en funci\u00f3n del estado en que se encuentre la situaci\u00f3n jur\u00eddica al momento del cambio regulatorio por la incidencia que tienen en la sociedad. <\/p>\n
Se trata de una norma transitoria especial que resuelve conflictos entre leyes que modifican situaciones jur\u00eddicas \u201cde formaci\u00f3n continuada\u201d o en \u201ctr\u00e1nsito\u201d; que de ning\u00fan modo distingue, entre prescripci\u00f3n constitutiva (adquisitiva) o liberatoria (extintiva), como err\u00f3neamente lo cree el censor, recortando, irrazonadamente, los alcances del texto. Tiene sentado esta Corte22. <\/p>\n
Nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia C-398 de 2006, de ninguna manera limit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del precepto a la prescripci\u00f3n adquisitiva. Llanamente, el an\u00e1lisis gir\u00f3 en torno a esa figura, pues fue la demandada. En esa decisi\u00f3n, por el contrario, afirm\u00f3 con nitidez: \u201c[E]l art\u00edculo 41 establece una norma para que se puedan aplicar entre otros, los art\u00edculos 2512 (\u2026) del C\u00f3digo Civil, en tanto estos establecen el derecho a la prescripci\u00f3n\u201d. Para esta Sala, siempre lo ha sostenido, el precepto 2512 regula tanto la adquisitiva como la extintiva. <\/p>\n
4.4.2. De igual manera, la disposici\u00f3n no es incompatible con otras de mayor rango. Ordena, equilibra y le da coherencia al ordenamiento, seg\u00fan se analiz\u00f3. <\/p>\n
La opci\u00f3n dada al prescribiente no genera un trato discriminatorio. Esto fue ya decidido por el Tribunal Constitucional en el fallo aludido cuando adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c[R]especto a la violaci\u00f3n del principio de igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, y sobre el cual, el actor menciona que la norma viola en tanto el derecho de acogerse a la nueva ley sobre prescripci\u00f3n le es inherente a todo ciudadano por su mera condici\u00f3n de tal, pero la norma acusada pretende restringirlo a determinada clase de personas que cumplen un requisito meramente formal, debe anotarse tal como se se\u00f1al\u00f3 de manera precedente, la norma no restringe un derecho, establece una regulaci\u00f3n que prev\u00e9 una opci\u00f3n para que las personas que consideren que cumplen los requisitos establecidos en la ley puedan ejercer un derecho que las misma les concede. En tal sentido la norma no establece clasificaci\u00f3n alguna entre personas que poseen un derecho llevando a la discriminaci\u00f3n de las mismas\u201d. <\/p>\n
La constitucionalidad es abrazadora en este punto. El juicio de exequibilidad y de supremac\u00eda normativa de la Corte, descarta por entero la pretensi\u00f3n del censor, frente al art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887. No se restringe un derecho en el caso, pues cuanto se otorga es el ejercicio de la opci\u00f3n de escoger o de elegir una prerrogativa para quienes crean tenerla; por supuesto, los prescribientes, cuando consideran haberla consumado. Por esto, ayuno se encuentra de la posibilidad de resguardo por la regla de igualdad quien carezca del derecho a obtener la declaraci\u00f3n de una u otra prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Para el casacionista, la norma \u201ccarece de toda raz\u00f3n l\u00f3gica y objetiva\u201d al permitirle al prescribiente de forma \u201ccaprichosa\u201d y \u201cantojadiza\u201d decidir cu\u00e1l es el precepto que gobierna el asunto. Ello, en su sentir, quebranta directamente el orden p\u00fablico. <\/p>\n
El embate concita la atenci\u00f3n de la Corte en aras de precisar el sentido de la opci\u00f3n que consagra el precepto en cuesti\u00f3n. El correcto entendimiento, por supuesto, dista diametralmente de lo expresado por el recurrente. <\/p>\n
La elecci\u00f3n, en tanto beneficia al prescribiente, se articula en sincron\u00eda con la soluci\u00f3n dada por la regla de tr\u00e1nsito mentada. El Derecho Transitorio con rigor, orden, claridad y seriedad, define el conflicto que genera la ley modificatoria de plazos en las prescripciones en curso, y se acompasa del todo con la interpretaci\u00f3n constitucional inserta en la sentencia C-398 de 2006. <\/p>\n
4.4.2.1. Es inobjetable bajo una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica de la norma que la voluntad del prescribiente all\u00ed descrita, se dirige a escoger el precepto que consolide lo m\u00e1s pronto la prescripci\u00f3n en curso. En efecto, la preceptiva debatida apunta a la soluci\u00f3n \u00e1gil de la incertidumbre del accionante o, eventualmente, del excepcionante, cual ocurre aqu\u00ed, como a la consolidaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Es contrario al sentido com\u00fan que la opci\u00f3n le est\u00e9 dada para que se incline porque su situaci\u00f3n se mantenga en pendencia, o para decidirse en juicio por la v\u00eda que se la niega. En fin, para perjudicarse. <\/p>\n
4.4.2.2. El dispositivo transitorio utilizado en el art\u00edculo 41, am\u00e9n del efecto inmediato sin retroactividad, emplea la ultraactividad de la norma con un prop\u00f3sito claro: aplicar la ley contentiva del plazo que en el caso en concreto acaezca primero, aqu\u00e9l que de forma temprana consolida la situaci\u00f3n en curso en favor del prescribiente. <\/p>\n
La voluntad del prescribiente anidada en la norma y la regla transitoria excepcional, se complementan. La opci\u00f3n de aqu\u00e9l es por la ley favorable. Y las hip\u00f3tesis que plantea aquella como soluci\u00f3n a la colisi\u00f3n, se decanta por descartar la disposici\u00f3n en sentido adverso. <\/p>\n
En suma, tanto la ley antigua como la ley nueva pueden regular situaciones jur\u00eddicas en curso. Es la voluntad del prescribiente, acorde con la soluci\u00f3n dada por la regla de tr\u00e1nsito, la que define cu\u00e1l es el precepto llamado a gobernar su prescripci\u00f3n. No es otra diferente sino la que, en concreto, la consolide primero. <\/p>\n
Es esa la intelecci\u00f3n correcta de la opci\u00f3n contenida en la norma y, por consiguiente, ajena por completo al capricho o arbitrariedad. La voluntad reconocida al prescribiente se ajusta con el dispositivo transitorio y resuelve la colisi\u00f3n en forma adecuada, razonable y ponderada. Contribuye al progreso del ordenamiento, le da consistencia y seguridad, tal cual como fue explicado en detalle. <\/p>\n
Por lo dicho, la elecci\u00f3n del prescribiente en el sentido precisado se incorpora plenamente a la regla intertemporal, conformando la unidad normativa consagrada en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887. Esta, para todos los casos en que una ley nueva modifique los plazos de prescripciones en curso, dirime el conflicto de la siguiente forma: (i) Si la ley posterior ampl\u00eda los plazos, se aplica la ley antigua. (ii) Si la norma posterior reduce t\u00e9rminos: a) se aplica la antigua, cuando el lapso en ella fijado se completa de manera \u00edntegra antes de vencer el tiempo breve contado desde la vigencia de la nueva. Es decir, si a pesar de la reducci\u00f3n del t\u00e9rmino, el plazo de la nueva ley resulta mayor para el prescribiente, como cuando la ley antigua consagra una prescripci\u00f3n veintenaria, y la nueva ley la reduce a diez, pero el prescribiente lleva dieciocho a\u00f1os bajo el r\u00e9gimen de la antigua y la nueva ley que en teor\u00eda lo recorta, termina ampli\u00e1ndole el plazo, porque al exigir diez desde su vigencia, resulta el prescribiente finalmente gravado en ocho a\u00f1os m\u00e1s, consistentes en los dos faltantes m\u00e1s los ocho adicionales que le exige la nueva para completar los diez del nuevo t\u00e9rmino; y (b) se aplica el precepto nuevo, en el evento de vencer primero el per\u00edodo corto que incorpora la nueva ley, como cuando el prescribiente en el r\u00e9gimen antiguo lleva cinco a\u00f1os, rest\u00e1ndole quince a\u00f1os, pero la nueva ley reduce a diez a\u00f1os, se aplicar\u00e1 la nueva por resultar m\u00e1s beneficioso a la elecci\u00f3n del prescribiente. <\/p>\n
Esto significa que la falta de manifestaci\u00f3n de voluntad del prescribiente en su favor, en un determinado caso no crea inseguridad. Tampoco le da derecho al juez del conflicto para resolverlo discrecionalmente, sino conforme al prop\u00f3sito del legislador favoreciendo al prescribiente. Adem\u00e1s, esa elecci\u00f3n que acepta la norma es la acorde con la soluci\u00f3n dada por el dispositivo transitorio, que, en ausencia de la opci\u00f3n, aplica sin reticencia, la interpretaci\u00f3n favorable al prescribiente. <\/p>\n
La precisi\u00f3n efectuada se enmarca en los mandatos del derecho transitorio. El ordenamiento define claramente y con rigor la soluci\u00f3n. Se concretan los l\u00edmites de eficacia temporal de las normas en conflicto. Y el ciudadano tiene certidumbre de las reglas que regulan su proceder. <\/p>\n
Por fuera de esa comprensi\u00f3n dada de la opci\u00f3n otorgada al prescribiente en forma favorable, una soluci\u00f3n contraria a sus intereses cuando \u00e9ste guarda silencio, sin duda, falsea el marco jur\u00eddico. En el mismo sentido, el escogimiento del ordenamiento refractario a los intereses del prescribiente implica la desestabilizaci\u00f3n del andamiaje normativo; porque generar\u00eda, del mismo modo, inseguridad y zozobra en el ciudadano al no estar su comportamiento precedido de reglas claras. En adici\u00f3n, pone en tela de juicio la opci\u00f3n que brinda el legislador y los caros derechos de defensa y contradicci\u00f3n, as\u00ed como el Estado Constitucional y Social de Derecho. <\/p>\n
El legislador dispone las formas de vigencia de la ley en el tiempo, como acontece con la regla 41 multicitada, donde ha deferido al prescribiente acogerse al mejor r\u00e9gimen o al juzgador interpretarlo en ese sentido. No queda al arbitrio de sujetos diferentes. En este prop\u00f3sito expresa la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador [es quien] tiene competencia para mantener en el ordenamiento las leyes hasta el momento en que encuentra conveniente derogarlas, modificarlas o subrogarlas, de igual manera puede determinar el momento hasta el cual va a producir efectos una disposici\u00f3n legal antigua, a pesar de haber proferido otra nueva que regula de manera diferente la misma materia\u201d23. <\/p>\n
En consecuencia, en ese escenario cuando se decide por la ley que es perjudicial para el prescribiente, por ejemplo, aplicando la ley que requiere m\u00e1s tiempo para la consolidaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se contrar\u00eda no solamente la opci\u00f3n del prescribiente, tambi\u00e9n el \u201cderecho transitorio\u201d y los designios del legislador. <\/p>\n
En esa hip\u00f3tesis la afectaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 del inter\u00e9s de aqu\u00e9l, trasciende al orden p\u00fablico. Si se opta por la ley antigua, no obstante, ser m\u00e1s corto el plazo de la ley nueva, injustificadamente se da paso a una forma equivocada de ultraactividad, que es excepcional, solo para cuando su tiempo vence primero. <\/p>\n
De esa manera, como la ultraactividad para el prescribiente puede ser ben\u00e9fica cuando el plazo para la consolidaci\u00f3n de su derecho resulta menor o, perjudicial cuando resulta aumentado el t\u00e9rmino para el prescribiente, se quebrantar\u00eda en este \u00faltimo caso, el deseo del legislador de que la nueva norma rija lo m\u00e1s temprano posible, con las \u201cconsecuencias nocivas, como es impedir el avance jur\u00eddico\u201d24. Mem\u00f3rese, frente a esa opci\u00f3n desfavorable, en el paso de las leyes debe primar la vigencia inmediata, no la supervivencia de la ley antigua, pues \u201csi la norma anterior debe prevalecer, las normas posteriores ser\u00edan un acto in\u00fatil, sin finalidad\u201d25. <\/p>\n
No se desconoce, en sentencia de casaci\u00f3n, del 10 de agosto de 2020, radicado 00228, esta Corte asent\u00f3, en un dicho de paso, que para que operara la ley nueva era necesario que se hiciera manifiesta la elecci\u00f3n. Ello, es cierto y ha de entenderse por virtud de la elecci\u00f3n de la opci\u00f3n que le otorga el legislador al prescribiente; empero, su silencio, no da lugar, para que el juez en forma opuesta decida en contra de la favorabilidad que para el prescribiente consagra la norma en ejercicio de la voluntad del Estado Constitucional, siguiendo el derecho transitorio del sistema normativo comparado. <\/p>\n
Es tambi\u00e9n cierto que, en la sentencia de tutela de 15 de febrero de 2019, expediente, 03740, se afirm\u00f3: <\/p>\n
\u201cSi la prescripci\u00f3n \u2013se memora- inici\u00f3 bajo el imperio del art\u00edculo 2536 de la codificaci\u00f3n civil, y el excepcionante no eligi\u00f3 si quer\u00eda que se le aplicara dicha regulaci\u00f3n o la que posteriormente la modific\u00f3, el modo extintivo necesariamente se reg\u00eda por la normatividad que se encontraba vigente al momento en que comenz\u00f3 a correr el aludido lapso\u201d. <\/p>\n
Esa tesis, de acuerdo a lo razonado, que cobija la ultraactividad de la ley anterior en tr\u00e1nsito legislativos ha de comprenderse y aplicarse cuando su gobierno favorezca al prescribiente, porque ese es el esp\u00edritu del legislador; m\u00e1s no deviene eficaz, cuando resulte ominosa o desfavorable para \u00e9l, caso en el cual debe preferirse el nuevo sistema normativo por ser m\u00e1s beneficioso. La eficacia temporal diferida de la ley antigua, es excepcional para el evento de beneficiar al prescribiente, m\u00e1s no cuando extiende el tiempo amplio del sistema precedente por encima del nuevo plazo breve consagrado en la ley posterior por perjudicar al prescribiente, por cuanto trastoca el ordenamiento, al no permitir que la nueva y ben\u00e9fica norma, regule el asunto26. <\/p>\n
4.4.3. En consecuencia, ning\u00fan error iuris in iudicando emerge. La aplicaci\u00f3n por el Tribunal del plazo contenido en el art\u00edculo 8 de la Ley 791 de 2002, elegido por el prescribiente, fue acertada. Corresponde al consolidado primero para la prescripci\u00f3n invocada, de acuerdo con la regla del \u201cDerecho de tr\u00e1nsito\u201d legislativo del precepto 41 de la Ley 153 de 1887. Tampoco se estructura el denunciado agravio porque el art\u00edculo 41 rige la prescripci\u00f3n adquisitiva como la extintiva, en los t\u00e9rminos aqu\u00ed razonados. <\/p>\n
4.5. El cargo, en consecuencia, est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 31 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la sociedad recurrente contra la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Campesina \u201cComcaja\u201d. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo del demandante recurrente, en tanto, lo discurrido no comporta una rectificaci\u00f3n doctrinaria al Tribunal. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo casacional fue replicado. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo pertinente, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-012-2015-00805-01 <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de no casar la sentencia proferida el 31 de julio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 aclaro mi voto respecto de una parte de la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
1.- De manera puntual considero que el segmento del numeral 4.4.2.2 referente a que \u00abla falta de manifestaci\u00f3n de voluntad del prescribiente en su favor, en un determinado caso no crea inseguridad. Tampoco le da derecho al juez del conflicto para resolverlo discrecionalmente, sino conforme al prop\u00f3sito del legislador favoreciendo al prescribiente\u00bb27, deviene impertinente e innecesario, por cuanto el problema que all\u00ed se plantea es ajeno a lo acontecido en el curso de las instancias ordinarias y a los reproches que el impugnante propuso por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
La cr\u00edtica del casacionista al acusar violaci\u00f3n directa de normas sustanciales se centr\u00f3 en tres aspectos: que el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 gobierna la prescripci\u00f3n adquisitiva y no la extintiva; que esa norma viola el principio de igualdad porque le concede al deudor la opci\u00f3n de elegir el t\u00e9rmino extintivo, y que el precepto definitorio del plazo en este caso era el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, vigente para cuando empez\u00f3 a correr. De ah\u00ed, lo impertinente del giro argumentativo enfilado a aquellos eventos en los cuales, quien puede salir favorecido, no invoca el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n reducido por virtud del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- El argumento que sostiene la tesis de ese apartado del fallo, presenta serias falencias que me impiden compartirla, como son: i) desconoce de tajo la literalidad y vigencia del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, porque aplica indebidamente un criterio de interpretaci\u00f3n finalista y refiere un sistema normativo comparado sin parar mientes en que \u00e9ste regula el mismo asunto de manera distinta; ii) se afianza en un concepto de \u00abfavorabilidad\u00bb que ampara al prescribiente, ajeno a las relaciones jur\u00eddicas entre particulares que se rigen por el principio de igualdad, tambi\u00e9n basti\u00f3n del procedimiento civil, y, iii) pasa por alto los efectos de la prescripci\u00f3n extintiva respecto del acreedor. <\/p>\n
Al tenor del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, \u00ab[l]a prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u00bb, esta norma rige cuando est\u00e1 de por medio un tr\u00e1nsito legislativo por el advenimiento de un precepto que modifica los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y su repercusi\u00f3n en los que ya empezaron a correr. Trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria que es la que interesa en este asunto, es importante efectuar algunas cavilaciones respecto al alcance de esta exigencia, con miras a definir cu\u00e1l es la consecuencia jur\u00eddica que se deriva para quien, pudiendo alegar el fen\u00f3meno extintivo para beneficiarse del t\u00e9rmino inferior no lo hace. <\/p>\n
Lo primero que debe destacarse es que no solo la alegaci\u00f3n en s\u00ed de la prescripci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la expresi\u00f3n de la voluntad del prescribiente que quiere beneficiarse con el t\u00e9rmino modificado por la nueva ley, constituyen cargas procesales, ello significa que siendo tal alegaci\u00f3n un imperativo legal para su propio beneficio, su desatenci\u00f3n da a entender la renuncia a esa prerrogativa, pues seg\u00fan lo tiene decantado la doctrina especializada, la carga procesal es una \u00absituaci\u00f3n jur\u00eddica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realizaci\u00f3n facultativa, normalmente instituida en inter\u00e9s del propio sujeto, y cuya omisi\u00f3n trae aparejada una consecuencia gravosa para \u00e9l\u00bb28 <\/p>\n
Desde esa perspectiva, dada la claridad del citado dispositivo transitorio cuya autoridad y vigencia son incuestionables, no es dable aplicar en este caso una interpretaci\u00f3n finalista afianzada en la \u00abinterpretaci\u00f3n favorable al prescribiente\u00bb, so pena de desconocer \u00abel derecho transitorio\u00bb y \u00ablos designios del legislador\u00bb, por cuanto si bien existe una tendencia contempor\u00e1nea a reducir los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que si la finalidad del legislador colombiano era que al acortar tales plazos mediante la Ley 791 de 2002 todos los interesados se vieran favorecidos autom\u00e1ticamente por esa reducci\u00f3n, habr\u00eda podido se\u00f1alarlo as\u00ed expl\u00edcitamente, o modificar el precepto que deja a elecci\u00f3n de quien quiera sacar provecho de ella la posibilidad de alegarla, todo lo cual era factible en ejercicio del poder de configuraci\u00f3n que tiene en la materia; como no lo hizo, tampoco le es dable al int\u00e9rprete valerse de un forzado criterio finalista para hacer decir a la norma lo que no emana de ella. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, esa soluci\u00f3n va en contra del principio de igualdad que, por regla general, rige las relaciones jur\u00eddicas entre particulares y debe ser garantizado por el juez en los procedimientos civiles (art. 4\u00b0 C. G. P.29), toda vez que la hermen\u00e9utica as\u00ed planteada solo se preocupa por salvaguardar los intereses del deudor beneficiado con la prescripci\u00f3n extintiva, en franco desconocimiento de que ese efecto liberatorio apareja, a la vez, el fenecimiento de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, en tanto extingue las acciones y derechos del acreedor, compelido as\u00ed a soportar una consecuencia adversa que no estuvo precedida por la obligada elecci\u00f3n normativa que el ordenamiento le exig\u00eda a su contradictor. <\/p>\n
En otra palabras, se est\u00e1 desconociendo que las implicaciones de la prescripci\u00f3n liberatoria se dan en la esfera del derecho sustancial30, pues aunque es cierto que la prescripci\u00f3n se hace valer dentro del proceso judicial y es all\u00ed donde es exigible su alegaci\u00f3n por v\u00eda de acci\u00f3n o de excepci\u00f3n, y es en ese mismo \u00e1mbito que el prescribiente debe expresar su voluntad de acogerse a la nueva ley, de all\u00ed no se deriva que este fen\u00f3meno sea de car\u00e1cter eminentemente procesal. <\/p>\n
Muy cuestionable resulta tambi\u00e9n la tesis que obliga al juzgador a interpretar la norma \u00aba favor del prescribiente\u00bb aun cuando \u00e9ste permanezca silente y haga caso omiso de la ventaja que para \u00e9l puede derivarse del nuevo t\u00e9rmino extintivo, por cuanto desconoce que trat\u00e1ndose de una carga procesal, no puede ser suplida por el juez porque ello ir\u00eda en contra del principio de confianza leg\u00edtima, que en estos eventos se traduce en la convicci\u00f3n del acreedor de que el deudor de manera deliberada o por descuido no hizo uso de ese privilegio, por lo tanto, no puede verse sorprendido con una decisi\u00f3n judicial que, pasando por alto ese mandato, se centra en un criterio hermen\u00e9utico fuera de contexto, para favorecer a su oponente, en claro desconocimiento de que esa omisi\u00f3n comporta una renuncia al beneficio (art. 2514 C.C.). <\/p>\n
Por otra parte, las referencias a la legislaci\u00f3n y jurisprudencia de pa\u00edses como Espa\u00f1a, Argentina y Per\u00fa a manera de derecho comparado, son inadecuadas para estudiar el caso colombiano, comoquiera que en esos pa\u00edses, conforme a las rese\u00f1as efectuadas en el fallo, las disposiciones que rigen la materia difieren sustancialmente de lo normado en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, en la medida que definen la soluci\u00f3n en esos casos, sin necesidad de que medie la expresi\u00f3n de voluntad del prescribiente. <\/p>\n
3.- En s\u00edntesis, estimo que las elucubraciones contenidas en el segmento de la sentencia del cual me aparto, son extra\u00f1as al debate jur\u00eddico que suscita la resoluci\u00f3n de este asunto. De ah\u00ed, que ese raciocinio solo constituya obiter dictum del fallo por ser complementario, pero en modo alguno hace parte de su ratio decidendi al no concernir al thema decidendum propio de la controversia. <\/p>\n
La anterior precisi\u00f3n es importante, por cuanto, en las condiciones descritas, la argumentaci\u00f3n cuestionada en esta aclaraci\u00f3n, no tiene trascendencia para erigirse como fundante de doctrina probable en esa materia con car\u00e1cter vinculante en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 169 de 189631, toda vez que, se insiste, no sirvi\u00f3 de soporte para la resoluci\u00f3n de un problema espec\u00edfico planteado en casaci\u00f3n, por lo que constituye un dicho de paso que resulta completamente prescindible al no tener incidencia alguna en el sentido de la decisi\u00f3n. Habr\u00e1 seguramente otra oportunidad en que sea menester abordar el estudio de la situaci\u00f3n aqu\u00ed planteada como obiter dictum, porque as\u00ed lo exija la resoluci\u00f3n del embate, que ameritar\u00e1 reflexionar con mayor detenimiento al respecto. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos dejo plasmada mi aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Se trata de situaciones jur\u00eddicas concretas o subjetivas consolidadas, pero no abstractas. <\/p>\n
2\u0002 Locuci\u00f3n latina que seg\u00fan la RAE indica que \u201c(\u2026) algo est\u00e1 en v\u00edas de hacerse o haci\u00e9ndose\u201d. Diccionario esencial de lengua espa\u00f1ola, edic. 22, Madrid: Espasa, 2006 p. 821. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 24 de mayo de 1976 ( G.J. No. 2393, p\u00e1ginas 156 y siguientes, <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2003, expediente 6726, reiterada en sentencia de 12 de febrero de 2018, radicado 2008-00331-01. <\/p>\n
5\u0002 Moisset de Espan\u00e9s, L. (2015). La irretroactividad de la ley y el art. 7 del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial. Art\u00edculo. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de C\u00f3rdoba. <\/p>\n
7\u0002 Moisset de Espan\u00e9s, L. (2015). La irretroactividad de la ley y el art. 7 del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial. Art\u00edculo. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de C\u00f3rdoba. Cita literal de Roubier, P. Droits subjectifs e situation juridiques, p. 2, manifiesta textualmente: \u201c (…) tandis que les regles juridiques ont un caractere g\u00e9n\u00e9ral et abstrait, les situations juridiques ont, elles, un caracter individual et concret\u201d. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional C-377 de 2004. <\/p>\n
10\u0002 Moisset de Espan\u00e9s, L. (1976). La Irretroactividad de la Ley y el Nuevo Art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil (Derecho Transitorio). (p. 142). C\u00f3rdoba. Universidad Nacional de Cordoba. Direcci\u00f3n General de Publicaciones. <\/p>\n
11\u0002 Se autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el inter\u00e9s p\u00fablico o social (art\u00edculos 29 y 58 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
12\u0002 Corte Constitucional C – 619 de 2001. <\/p>\n
13\u0002 Corte Constitucional SU – 309 de 2019. <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01. La posici\u00f3n se reiter\u00f3 en sentencia de 12 de febrero de 2018, radicado 2008-00331-01. <\/p>\n
15\u0002 Moisset de Espan\u00e9s, L. (1976). La Irretroactividad de la Ley y el Nuevo Art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil (Derecho Transitorio). (p. 16). C\u00f3rdoba. Universidad Nacional de Cordoba. Direcci\u00f3n General de Publicaciones. Cita literal Roubier P. Droit transitoire, Dalloz, Par\u00eds, 1960. (p. 294). \u201cHay tambi\u00e9n situaciones jur\u00eddicas que se forman por un estado de hecho continuo, cuya duraci\u00f3n se prolonga a veces largo tiempo. Para razonar mediante un ejemplo pr\u00e1ctico, coloqu\u00e9monos frente a una prescripci\u00f3n adquisitiva o extintiva\u201d. <\/p>\n
16\u0002 CSJ. Civil, sentencia de 3 de mayo de 2002, expediente 6153. <\/p>\n
17\u0002 ESPA\u00d1A. Tribunal Supremo Sala de lo Civil, sentencia de 20 de enero de 2020. STS 21\/2020 – ECLI:ES:TS:2020:21. <\/p>\n
18\u0002 Argentina. Poder Judicial de la Naci\u00f3n C\u00e1mara Civil Sala L, sentencia de 26 de febrero de 2019. Expediente 242\/18. <\/p>\n
19\u0002 Per\u00fa. Corte Suprema de Justicia Sala Civil, resoluci\u00f3n de 19 de agosto de 1997. Casaci\u00f3n 300-96, Ucayali. <\/p>\n
20\u0002 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes (p. 7). <\/p>\n
21\u0002 Corte Constitucional C – 398 de 2006. <\/p>\n
22\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 26 de octubre de 2020, expediente 2011-00635-01, reiterada en sentencia de 10 de agosto de 2020, radicado 2008-00228-01 y en sentencia de tutela de 21 de agosto de 2012, radicado 2012-01184-01, entre otras. <\/p>\n
23\u0002 Corte Constitucional C-512 de 2013. <\/p>\n
24\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de febrero de 2018, radicado 2008-00331-01. <\/p>\n
25\u0002 Bobbio, N. (2002). Teor\u00eda General del derecho. Segunda edici\u00f3n. (p. 192). Bogot\u00e1. Editorial Temis. <\/p>\n
26\u0002 Del mismo modo se precisa la aclaraci\u00f3n de voto sobre la improcedencia de aplicar el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, a la prescripci\u00f3n extintiva pues conforme a lo considerado, tambi\u00e9n gobierna el modo liberatorio, pues en realidad, si el legislador no hizo distinci\u00f3n, el juzgador no puede hacerla. <\/p>\n
27\u0002 P\u00e1gs. 32 – 36 del fallo. <\/p>\n
28\u0002 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3\u00b0 ed. Depalma, Buenos Aires, 1978. P\u00e1g. 211. <\/p>\n
29\u0002 C\u00f3digo General del Proceso. Art\u00edculo 4\u00b0: El Juez debe hacer uso de los poderes que este c\u00f3digo le otorga para lograr la igualdad real de las partes. <\/p>\n
30\u0002 Respecto de los efectos de la prescripci\u00f3n el C\u00f3digo Civil en su art\u00edculo 1625 se\u00f1ala que es una forma de extinguir las obligaciones; el 2512 que \u00abes un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos\u00bb; el 2535, dispone que la prescripci\u00f3n que \u00abextingue las acciones y derechos ajenos\u00bb exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido las acciones, y el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1527 ib\u00eddem, incluye en las obligaciones naturales, \u00ablas obligaciones civiles extinguidas por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
31\u0002 \u00abTres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en C-836-2001, siempre y cuando se entienda \u00abque la Corte Suprema de Justicia, como juez de casaci\u00f3n, y los dem\u00e1s jueces que conforman la jurisdicci\u00f3n ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, est\u00e1n obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia\u00bb <\/p>\n
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SC4704-2021 (2015-00805-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC4704-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-012-2015-00805-01 (Aprobado en Sala virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Proctor Limitada, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58235"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58235\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}