SC4794-2021 (2012-00488-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC4794-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-03-002-2012-00488-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Marcos Aldana Casas contra la sentencia de 8 de febrero de 2017, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 el impugnante contra la sociedad Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo S.A.S. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. Pretensiones <\/p>\n
La convocante solicit\u00f3 declarar: i) la terminaci\u00f3n del subcontrato de explotaci\u00f3n de carb\u00f3n celebrado con la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo S.A.S, por \u00abhaber expirado el t\u00e9rmino de la licencia de explotaci\u00f3n desde el 22 de septiembre de 2002\u00bb. ii) el enriquecimiento sin causa de la demandada por \u00abhaber extra\u00eddo 222.417 toneladas de carb\u00f3n de la concesi\u00f3n con placas No. 2260 (\u2026) sin pagarle contraprestaci\u00f3n alguna en detrimento de las reservas a que tiene derecho el demandante como concesionario del Estado\u00bb. Consecuencialmente, pidi\u00f3 condenar al demandado al pago de ($ 10.222.964.146,oo) por concepto de lucro cesante, suma que corresponde al monto por el cual se enriqueci\u00f3 sin causa\u00bb. <\/p>\n
B. Causa petendi <\/p>\n
Como fundamentos f\u00e1cticos narra que el 22 de julio de 1992, el Ministerio de Minas y Energ\u00eda le otorg\u00f3 la licencia de explotaci\u00f3n de carb\u00f3n (placa No. 22601) sobre un predio ubicado en jurisdicci\u00f3n de los municipios de Sutatausa y Cucunub\u00e1 (Cundinamarca) por un t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os. En virtud de ello, el 12 de marzo de 1997 celebr\u00f3 subcontrato de explotaci\u00f3n minera con la demandada, aprobado por Ecocarb\u00f3n el 31 de julio de 1998 e inscrito luego en el Registro Minero. <\/p>\n
En la cl\u00e1usula tercera del aludido acto jur\u00eddico se estipul\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del subcontrato se extender\u00e1 a la vigencia de la licencia 2260, y al de la pr\u00f3rroga de la misma y si se celebrara el contrato de concesi\u00f3n, al de la pr\u00f3rroga del mismo\u00bb. Y, en la cl\u00e1usula cuarta, se pact\u00f3 como contraprestaci\u00f3n que el contratista -la empresa demandada- pagara al contratante la suma de $42.500.000, recibidos a la firma del documento contentivo del subcontrato. <\/p>\n
El 15 de febrero de 2002, antes de vencerse el decenio de la licencia de explotaci\u00f3n, el actor ejerci\u00f3 ante la autoridad minera el derecho legal de preferencia para suscribir la concesi\u00f3n sobre el \u00e1rea. Y as\u00ed, el 7 de diciembre de 2006, celebr\u00f3 con INGEOMINAS el contrato de concesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 30 a\u00f1os. El 24 de enero de 2007 fue inscrito en el registro minero. <\/p>\n
En el \u00ednterin, como el 22 de septiembre de 2002 hab\u00edan vencido los 10 a\u00f1os de la mencionada licencia de explotaci\u00f3n 2260, en resoluci\u00f3n n\u00b0. DSM No 749 del 21 de julio de 2006 INGEOMINAS consider\u00f3 que \u00aben \u00faltimo t\u00e9rmino, se le informa tanto al titular, los subcontratistas, Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo Ltda. y Venancio Silva, que el t\u00edtulo de la referencia se encuentra vencido desde el 22 de septiembre de 2002, raz\u00f3n por la cual una vez vencido el t\u00edtulo, se encuentran vencidos los subcontratos\u00bb (f. 131, c. uno). <\/p>\n
Entre la fecha de terminaci\u00f3n de la licencia de explotaci\u00f3n 2260 (22 de septiembre de 2002) y la de inscripci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n (24 de enero de 2007), el actor ten\u00eda frente a terceros derecho de preferencia en la concesi\u00f3n para continuar con la explotaci\u00f3n del carb\u00f3n en el \u00e1rea. <\/p>\n
Asegura que, desde la celebraci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n bajo la misma placa n\u00b0. 2260, se rompi\u00f3 el equilibrio contractual entre el demandante y la interpelada, \u00abdado que la concesi\u00f3n con el Estado es una modalidad nueva, con caracter\u00edsticas propias diferentes a la licencia de explotaci\u00f3n, que tiene prevista una duraci\u00f3n de 30 a\u00f1os, para la cual no se pact\u00f3 en el subcontrato una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del demandante, convirti\u00e9ndolo en leonino, dando lugar a un enriquecimiento sin causa a favor del demandado, y a un empobrecimiento, por su parte, del demandante\u00bb (f. 132, c. 1). <\/p>\n
Ya como titular de la concesi\u00f3n 2260, el promotor solicit\u00f3 negociar con la demandada para llegar a un justo acuerdo, pero su esfuerzo fue infructuoso. Entre tanto, el 8 de junio de 2012 la compa\u00f1\u00eda demandada solicit\u00f3, ante de la Agencia Nacional Minera, la legalizaci\u00f3n de los trabajos de explotaci\u00f3n dentro del \u00e1rea del contrato de concesi\u00f3n 2260 del cual es titular el demandante. Sin embargo, \u00abla Agencia Nacional de Miner\u00eda, expide Concepto T\u00e9cnico en el cual concluye que la solicitud de legalizaci\u00f3n No. NF4-16091, presentada por la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo NO CUMPLE T\u00c9CNICAMENTE con lo establecido en el Decreto 2715 de 2010 y por lo tanto considera que NO ES PROCEDENTE continuar con el tr\u00e1mite de Legalizaci\u00f3n Minera\u00bb. <\/p>\n
Desde el 22 de septiembre de 2002, fecha en la cual venci\u00f3 el plazo de la licencia de explotaci\u00f3n 2260, hasta el tercer trimestre de 2012, la compa\u00f1\u00eda resistente extrajo 225,417 toneladas de carb\u00f3n -equivalentes al 16.22% de las reservas estimadas en el \u00e1rea de la concesi\u00f3n 2260-, sin que Aldana recibiera alg\u00fan beneficio o contraprestaci\u00f3n. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada y tr\u00e1mite del proceso <\/p>\n
1. En su contestaci\u00f3n, la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo S.A.S no s\u00f3lo se opuso a las pretensiones, con la aclaraci\u00f3n y precisi\u00f3n de algunos hechos y la negaci\u00f3n de otros, sino que adujo como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de enriquecimiento sin causa y de los elementos que la estructuran\u00bb, \u00abincumplimiento de contrato por el actor o exceptio non adimpleti contractus\u00bb, \u00abmala fe, dolo, temeridad en el actor\u00bb y \u00abcobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
1.1. Adem\u00e1s, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n con la finalidad de que fuese condenado Marcos Aldana a que cumpliese el subcontrato de explotaci\u00f3n suscrito entre las partes con vigencia igual a la del contrato de concesi\u00f3n 2260, esto es, hasta el 24 de enero de 2037, y se le condenase a pagar perjuicios por $1.660.171.023. <\/p>\n
El demandante en reconvenci\u00f3n fundament\u00f3 su pretensi\u00f3n en que Aldana Casas \u00abcon fundamento en el art\u00edculo 46 del Decreto 2655 de 1988, en uso del derecho de preferencia, el aqu\u00ed demandado convirti\u00f3 la licencia referida en el numeral anterior (No. 2260) en el Contrato de Concesi\u00f3n No. 2260\u00bb. Memor\u00f3 que, en vigencia de la licencia, las partes suscribieron el subcontrato objeto del pleito, que posteriormente Aldana termin\u00f3 unilateralmente y de manera sorpresiva con el fin de que la autoridad minera ordenara su desanotaci\u00f3n del registro minero. Y que, simult\u00e1neamente, el demandado en reconvenci\u00f3n tramit\u00f3 amparos administrativos por considerar que la explotaci\u00f3n que ejecutaba la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo S.A.S era il\u00edcita, lo cual aparej\u00f3 el cierre y suspensi\u00f3n de los trabajos mineros adelantados por esta. <\/p>\n
1.2. Frente a la contrademanda, Marcos Aldana Casas se opuso con la formulaci\u00f3n de las excepciones de \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n de responsabilidad de cumplimiento del contrato\u201d, \u201cfalta de legitimidad por parte de la activa\u201d e \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar\u201d. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil de Circuito de Zipaquir\u00e1 profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia (fls. 813 a 822, c. 1), en la que declar\u00f3 que el subcontrato de explotaci\u00f3n minera celebrado entre las partes hab\u00eda terminado en forma unilateral por el contratante -a partir del 20 de agosto de 2009-. As\u00ed mismo, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y las de la reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
3. Ambas partes apelaron. Para el efecto, esgrimieron, en s\u00edntesis, los siguientes argumentos: <\/p>\n
Remarc\u00f3 e insisti\u00f3 que \u00aben ninguna de las pretensiones se solicit\u00f3 que se resolviera el contrato o que incumplimiento del contrato celebrado entre el se\u00f1or MARCOS ALDANA CASAS, realizado con la COMPA\u00d1\u00cdA DE MINER\u00cdA EL TRIUNFO, se solicitara alguna indemnizaci\u00f3n\u00bb. Apuntal\u00f3, adem\u00e1s, que no pidi\u00f3 que se declarara si el subcontrato estaba vigente por lo que \u00abel despacho se sale de la \u00f3rbita jur\u00eddica al plantear unas nuevas pretensiones no solicitadas\u00bb. <\/p>\n
A modo de resumen, indica que los puntos concretos de la apelaci\u00f3n se dirigieron a resaltar que el juzgado se refiri\u00f3 a un tema no planteado por las partes consistente en la vigencia del contrato y que, por el contrario, la declaratoria de enriquecimiento sin causa no fue analizada ni resuelta. <\/p>\n
3.2. Y la empresa resistente replic\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley minera y civil, particularmente los art\u00edculos 46 del Decreto 2655 de 1988 y 1602 del C\u00f3digo Civil, como quiera que las posibilidades que otorga el C\u00f3digo Minero al titular del derecho no afecta \u00ablos derechos del subcontratante (\u2026) salvo incumplimiento de las normas t\u00e9cnicas, ambientales y de seguridad social e integral, que no es o fue el motivo que se aduce en la demanda, toda vez que \u00e9sta se sustenta en la terminaci\u00f3n del subcontrato como presupuesto de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa\u00bb. En lo que toca con la vulneraci\u00f3n de la legislaci\u00f3n civil, adujo pues se declar\u00f3 terminado un contrato por razones distintas al \u00abmutuo acuerdo o por causas legales\u00bb. Increp\u00f3, adem\u00e1s, la apreciaci\u00f3n errada de la promesa de subcontrato, documento que pese a otorg\u00e1rsele validez, \u00abla desconoce frente a la terminaci\u00f3n UNILATERAL del subcontrato de Derecho Privado\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se doli\u00f3 de la falta de apreciaci\u00f3n del soporte documental del juramento estimatorio. De lo contrario, la juez habr\u00eda \u00abdeclarado pr\u00f3speras las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Para desatar la alzada, el Tribunal profiri\u00f3 la sentencia objeto del recurso extraordinario (fls. 10 a 29, c. 3). En esta se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado: neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y declar\u00f3 terminado el proceso. No obstante, revoc\u00f3 los otros pronunciamientos. En su lugar, accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n: declar\u00f3 que el subcontrato de explotaci\u00f3n minera celebrado sobre la licencia 2260 se encuentra prorrogado por la suscripci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n entre el se\u00f1or Marcos Aldana Casas e Ingeominas (hasta el d\u00eda 24 de enero de 2037). Por lo dem\u00e1s, neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n reclamada por el reconviniente y declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n de responsabilidad de cumplimiento del contrato propuesta frente a la pretensi\u00f3n primera de la demanda de reconvenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. Luego del usual resumen, el Colegiado comienza por establecer que el operador de primera instancia no incurri\u00f3 en incongruencia cuando defini\u00f3 si el subcontrato objeto de la causa litigiosa se encontraba vigente. En tal sentido, anot\u00f3 que la interpretaci\u00f3n de ambas demandas impon\u00eda tal dilucidaci\u00f3n: la del demandante primigenio, porque pidi\u00f3 que se declarara terminado el contrato y consecuentemente se condenara por enriquecimiento sin causa al demandado. Y la del demandante en reconvenci\u00f3n, porque pretende que se ordene que ese subcontrato sea cumplido por el demandado Aldana. Resuelta dicha consideraci\u00f3n inicial, procedi\u00f3 a resolver los recursos de la siguiente manera: <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con la vigencia del subcontrato, constat\u00f3 que en 1987 el Ministerio de Minas otorg\u00f3 al demandante Aldana licencia de exploraci\u00f3n 2260. En 1992 se orden\u00f3 el registro de la licencia de explotaci\u00f3n 2260. En abril de 1996 las partes de este pleito celebraron el contrato de promesa de celebrar ellos un subcontrato de explotaci\u00f3n, ligado a la licencias 2260. Y que el Ministerio de Minas y Ecocarb\u00f3n autorizaron el subcontrato para la licencia 2260. Se observ\u00f3 que el 12 de marzo de 1997 se suscribi\u00f3 y acord\u00f3, en primer lugar, que Aldana como contratante lo celebraba permitiendo a la sociedad contratista la continuaci\u00f3n de los trabajos de explotaci\u00f3n. Que su duraci\u00f3n se extender\u00eda a la vigencia de la licencia 2260 y su pr\u00f3rroga \u201cy si se celebra contrato de concesi\u00f3n al de la pr\u00f3rroga del mismo\u201d. Y, en fin, que como contraprestaci\u00f3n la sociedad pag\u00f3 al contratante $42.500.000. Adem\u00e1s, que en 1998, Ecocarb\u00f3n aprob\u00f3 el subcontrato y su inscripci\u00f3n en el Registro Minero, lo que se cumpli\u00f3 el 14 de septiembre de 1998. <\/p>\n
Luego del resumen de fragmentos de los interrogatorios de parte al demandante y al representante legal de Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo S.A.S, as\u00ed como de la declaraci\u00f3n de Luz Esperanza Ball\u00e9n Moreno, el Tribunal sienta su conclusi\u00f3n: el subcontrato de explotaci\u00f3n minera cumpli\u00f3 las exigencias legales. Ha generado efectos, pues se suscribi\u00f3 por quien ten\u00eda reconocida la licencia de explotaci\u00f3n y por un contratista autorizado para subcontratar, a m\u00e1s de que fue aprobado por la autoridad e inscrito en el Registro Minero. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con su vigencia, reitera lo dispuesto en la cl\u00e1usula tercera del subcontrato, atinente a la pr\u00f3rroga. Al efecto, recuerda que el demandante la considera inaplicable y que deb\u00eda tenerse por no escrita por contradecir lo dispuesto en el art\u00edculo 69 del Decreto 2655 de 1988, pero el Tribunal lo descarta por no ver la incompatibilidad. Adem\u00e1s, acude al contrato de promesa para constatar que all\u00ed ya se acordaba la pr\u00f3rroga pactada en la aludida cl\u00e1usula tercera, con lo cual advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c\u2026las partes ten\u00edan claridad de que la licencia podr\u00eda convertirse en contrato de concesi\u00f3n, acorde con el derecho de preferencia de que trata el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 46 del Decreto 2655 de 1988 transcrito, y ello se deduce tambi\u00e9n de la aceptada condici\u00f3n de personas naturales y jur\u00eddicas dedicados a la labor de explotaci\u00f3n minera, en los interrogatorios rendidos por demandante y representante legal de la empresa demandada principal\u201d (f. 23, c. Trib.). <\/p>\n
Con base en esta conclusi\u00f3n, y en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el preindicado art\u00edculo 692, as\u00ed como en el 463 del Decreto 2655 de 1988, se\u00f1ala la autoridad judicial que al haber optado el titular del registro minero por la pr\u00f3rroga o por la suscripci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n, \u00abello cobijaba la vigencia del subcontrato de explotaci\u00f3n que se suscribi\u00f3 el d\u00eda 12 de marzo de 1997 fue aprobado por resoluci\u00f3n RUD017 de julio 31 de 1998 y se inscribi\u00f3 en el registro mero nacional el 14 de septiembre de 1998, esto es, cuatro a\u00f1os antes de que se cumple el t\u00e9rmino de vigencia de la licencia de explotaci\u00f3n, 22 de septiembre de 2002\u00bb (\u00edb.). <\/p>\n
Seguidamente, verifica que el demandante hab\u00eda optado primero por la pr\u00f3rroga de la licencia de explotaci\u00f3n (4 de diciembre de 2000) y luego ejerci\u00f3 el derecho de preferencia para suscribir la concesi\u00f3n (15 de febrero de 2002). Asimismo, que en los antecedentes del contrato de concesi\u00f3n se hace referencia a que, el 20 de marzo de 2003, la Empresa Nacional Minera (Minercol) condicion\u00f3 el tr\u00e1mite para la suscripci\u00f3n del referido contrato a la presentaci\u00f3n por parte del titular de un complemento al programa de trabajos e inversiones (PTI) con informaci\u00f3n t\u00e9cnica all\u00ed especificada y a que estuviera a paz y salvo por todo concepto. Para 2006, la entidad administrativa competente aprob\u00f3 el mencionado programa y el 12 de agosto de ese a\u00f1o inform\u00f3 que el aspirante a concesionario estaba a paz y salvo por concepto de obligaciones t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas, a ra\u00edz de lo cual, en diciembre, Ingeominas suscribi\u00f3 con Marcos Aldana el contrato de concesi\u00f3n para la explotaci\u00f3n del yacimiento de carb\u00f3n 2260. <\/p>\n
Todo este recorrido convence al Tribunal de que el subcontrato de explotaci\u00f3n objeto de la litis -ligado a la licencia de explotaci\u00f3n minera 2260 y al derecho de preferencia a que hace referencia el art\u00edculo 46 del Decreto 2655 de 1988- qued\u00f3 prorrogado por el t\u00e9rmino de vigencia del contrato de concesi\u00f3n \u201cy por ello est\u00e1 a la fecha vigente\u201d. <\/p>\n
2.3. En consecuencia, concluye que no pueden acogerse las pretensiones de la demanda principal porque se soportan en que el subcontrato de explotaci\u00f3n minera hab\u00eda terminado al vencer el t\u00e9rmino de la licencia de explotaci\u00f3n 2260. <\/p>\n
Advierte que con la adopci\u00f3n de la Ley 675 de 2001, en sustituci\u00f3n del Decreto 2655 de 1988, se previ\u00f3 de todos modos que las condiciones o t\u00e9rminos y obligaciones consagrados en este cuerpo normativo para los beneficiarios de t\u00edtulos mineros perfeccionados o consolidados deben cumplirse conforme al mismo. <\/p>\n
2.4. En referencia a la demanda de reconvenci\u00f3n, y seg\u00fan lo que lleva concluido el Tribunal, halla avante la declaraci\u00f3n de que dicho subcontrato est\u00e1 vigente. Y, por tanto, el demandado Marcos Aldana est\u00e1 obligado a respetarlo por el t\u00e9rmino de la concesi\u00f3n 2260. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el reclamo indemnizatorio, el Tribunal lo niega por no hallar prueba de que en las acciones promovidas por el se\u00f1or Aldana hayan ocasionado perjuicios a la empresa contra demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda con la que se sustenta el recurso se plantea un solo cargo por violaci\u00f3n de normas sustanciales. Mas, con antelaci\u00f3n a toda consideraci\u00f3n en relaci\u00f3n con el mismo y los fundamentos de la decisi\u00f3n que la Corte habr\u00e1 de tomar en este asunto, es preciso se\u00f1alar que es el C\u00f3digo General del Proceso el que rige el tr\u00e1mite de este recurso extraordinario. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente los art\u00edculos 27, 60 y 350 del C\u00f3digo de Minas, 831 del C\u00f3digo de Comercio y 176 y 178 del C\u00f3digo General del Proceso, porque -fundamentalmente- el subcontrato perdi\u00f3 fuerza obligatoria con posterioridad a su celebraci\u00f3n por las circunstancias previstas en la ley minera, en la medida en que: i) no es aplicable el derecho a la pr\u00f3rroga; ii) en sus cl\u00e1usulas se han subrogado derechos y obligaciones emanadas del t\u00edtulo minero; y iii) fue terminado unilateralmente. <\/p>\n
a. En relaci\u00f3n con el primer aserto (no es aplicable el derecho a la pr\u00f3rroga) indica el recurrente que el juzgador viol\u00f3 directamente el art\u00edculo 27 de la Ley 685 de 2001 (C\u00f3digo de Minas) porque a partir de su vigencia el titular minero no puede subrogar en el subcontratista los derechos y obligaciones emanados del t\u00edtulo minero y no le confiere derechos a participar en los minerales por explotar. <\/p>\n
En particular, explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cTeniendo en cuenta que el art\u00edculo 27 de la Ley 685 de 2001 derog\u00f3 el art\u00edculo 22 del Decreto 2655 de 1988, la explotaci\u00f3n por ser un derecho exclusivo de los titulares mineros no le es aplicable a los subcontratistas a menos que se tratara de una cesi\u00f3n de derechos. La vigencia del subcontrato estaba sujeta a la condici\u00f3n de que se celebrara el Contrato de concesi\u00f3n. Celebrado el contrato de concesi\u00f3n, se encontraba en vigencia el art\u00edculo 27 de la ley 685 de 2001 que proh\u00edbe al titular que el subcontratista se subrogue en sus derechos, es decir, al subcontratista no le es aplicable el derecho a la pr\u00f3rroga establecida en la cl\u00e1usula tercera del subcontrato de explotaci\u00f3n. En ese orden, el derecho a la pr\u00f3rroga del subcontrato se extingue por ministerio de la ley minera\u201d (f. 17, c. Corte). <\/p>\n
Explica que, seg\u00fan los art\u00edculos 22 y 23 del C\u00f3digo Minero, \u00fanicamente se subrogan derechos y obligaciones del titular a trav\u00e9s de la figura de la cesi\u00f3n. Y en refuerzo de tal afirmaci\u00f3n, transcribe concepto de la oficina asesora jur\u00eddica de Ingeominas. <\/p>\n
c. En cuanto al tercer punto (el subcontrato fue terminado unilateralmente), indica que el sentenciador cometi\u00f3 yerro en la apreciaci\u00f3n de las pruebas (cita y transcribe en pie de p\u00e1gina el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso). Y en concreto, en la solicitud de que el subcontrato se \u201cdesanotara\u201d del Registro Minero Nacional. <\/p>\n
Para el recurrente, no haber elevado la solicitud hubiera permitido a la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo S.A.S continuar con la ocupaci\u00f3n y perturbaci\u00f3n, con el despojo y la explotaci\u00f3n il\u00edcita dentro del contrato de concesi\u00f3n -actividades que ven\u00eda ejerciendo antes de que Aldana celebrara ese contrato-. Arguye que el subcontratista s\u00f3lo ten\u00eda una expectativa que se desvaneci\u00f3 con la decisi\u00f3n de terminar unilateralmente el subcontrato, cuyos motivos no fueron analizados por el Tribunal y m\u00e1s bien los interpret\u00f3 como un incumplimiento del subcontrato. <\/p>\n
Pero las razones para esa terminaci\u00f3n unilateral obedecieron a que el subcontratista explotaba el carb\u00f3n por fuera del plazo contractual establecido y se neg\u00f3 a renegociar el acuerdo que ten\u00eda cl\u00e1usulas desequilibradas. Agrega que, adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda demandada se hizo pasar por minero tradicional para legalizar explotaciones dentro del \u00e1rea de la concesi\u00f3n, indujo a error al juez al manifestar que la administraci\u00f3n minera y Aldana le condujeron a presentar la legalizaci\u00f3n, \u201ccuando lo pretendido por la compa\u00f1\u00eda fue la de ampararse en una ley que le permit\u00eda continuar explotando carb\u00f3n mientras se resolv\u00eda su solicitud de legalizaci\u00f3n, a sabiendas de que no le prosperar\u00eda\u201d (f. 19), pues en la que estaba era ocupada por el actor con su t\u00edtulo 2260. <\/p>\n
Arguye el censor que la terminaci\u00f3n unilateral es una causa legal establecida en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil. En tal sentido, el juez debi\u00f3 analizar si la terminaci\u00f3n unilateral fue producto de mala fe, abuso del derecho o si, de acuerdo con la naturaleza del subcontrato, pod\u00eda ser prorrogado. Considera que el Tribunal no aplic\u00f3 la \u00faltima parte de ese precepto en cuanto a que el contrato puede no producir efectos por causa legal, como la terminaci\u00f3n unilateral ante las caracter\u00edsticas del contrato, a saber, \u00abde derecho privado, oneroso, de tracto sucesivo, es accesorio y es aleatorio\u00bb. <\/p>\n
Luego de reproducir las razones expuestas en un memorial en el que Aldana informa a la autoridad minera la raz\u00f3n de la terminaci\u00f3n unilateral del subcontrato, insiste la censura en que no fue este quien lo incumpli\u00f3. <\/p>\n
El Tribunal no analiz\u00f3 el comportamiento de la compa\u00f1\u00eda demandada que explot\u00f3 ilegalmente el carb\u00f3n en el interregno entre el vencimiento de la licencia de explotaci\u00f3n y la celebraci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n. Aduce que no se percat\u00f3 de que la empresa se resisti\u00f3 a renegociar pues el precio pactado en el subcontrato fue desequilibrado y eso le conven\u00eda a ella. Por tanto, considera que \u00absi se encuentran causas legales para que el subcontrato haya quedado invalidado, estas son la terminaci\u00f3n unilateral y la prohibici\u00f3n de subrogar derechos emanados del t\u00edtulos a los subcontratistas\u00bb. <\/p>\n
Argumenta que el sentenciador cometi\u00f3 yerro en la apreciaci\u00f3n de los interrogatorios de parte que demuestran la costumbre en los subcontratos de explotaci\u00f3n de pactar el pago de la contraprestaci\u00f3n con base en la tonelada de carb\u00f3n extra\u00edda. Adicionalmente, omiti\u00f3 que prorrogar el subcontrato sin contraprestaci\u00f3n alguna quebranta el equilibrio econ\u00f3mico y la equidad contractual. <\/p>\n
Estima que el Tribunal viol\u00f3 el art\u00edculo 350 del C\u00f3digo de Minas en tanto que \u00aben ning\u00fan momento esta disposici\u00f3n otorga derecho alguno a los Subcontratos de Explotaci\u00f3n celebrado entre particulares\u00bb. En tal sentido, precis\u00f3 que \u00ablas condiciones, t\u00e9rminos y obligaciones consagrado en leyes anteriores son \u00fanicamente para los beneficiarios de t\u00edtulos mineros perfeccionados y consolidados conforme con el Decreto 2655 de 1988\u00bb, no siento el subcontrato un acto definido por el legislador por \u00abt\u00edtulo minero perfeccionado y consolidado\u00bb y al cual, por tanto, no le es aplicable la aludida disposici\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, se refiere a la violaci\u00f3n del art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio, atinente al enriquecimiento sin causa, pues el Tribunal \u00abno tuvo en cuenta en su decisi\u00f3n judicial los momentos aducidos de enriquecimiento sin causa en los que la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo SAS indici\u00f3 ello es: 1) lo comprendido entre el vencimiento de la licencia de explotaci\u00f3n, 22 de septiembre de 2002, fecha en la que el sr. Marcos Aldana no ten\u00eda t\u00edtulo. 2) tiempo de explotaci\u00f3n entre el 24 de enero de 2007, fecha de inscripci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n en el Registro Minero Nacional hasta el 06 de junio de 2014 fecha de cierre de trabajos y obras mineras realizada por la aqu\u00ed demandada\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, reprocha que tampoco se hubieran considerado las pruebas referidas a los formulario oficiales de declaraci\u00f3n de regal\u00edas presentadas en la autoridad minera para el pago de regal\u00edas a nombre de la Compa\u00f1\u00eda Minera el Triunfo, con lo cual se subroga en los derechos y obligaciones que le concede la ley al titular minero Marcos Aldana. <\/p>\n
De entrada, se anticipa que la sentencia del Tribunal no ser\u00e1 casada por la Corte. Esto se debe a la existencia de defectos de orden t\u00e9cnico que impiden la prosperidad del cargo esgrimido, como pasa a verse. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, se advierte que, en la demanda genitora del proceso, Marcos Aldana pretendi\u00f3 que se declarara terminado el contrato desde una fecha -22 de septiembre de 2002- a partir de la cual deb\u00eda cuantificarse la extracci\u00f3n de carb\u00f3n que la demandada hizo en el \u00e1rea de la licencia, con miras a pedir que fuese condenada la interpelada a pagar al demandante por enriquecimiento il\u00edcito o sin causa (debido a esa explotaci\u00f3n en la aludida \u00e1rea). Sin embargo, aleg\u00f3 asimismo que esa terminaci\u00f3n deb\u00eda operar \u201cdado que la concesi\u00f3n con el Estado es una modalidad nueva, con caracter\u00edsticas propias diferentes a la licencia de explotaci\u00f3n, que tiene prevista una duraci\u00f3n de 30 a\u00f1os, para la cual no se pact\u00f3 en el subcontrato una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del demandante, convirti\u00e9ndolo en leonino, dando lugar a un enriquecimiento sin causa a favor del demandado, y a un empobrecimiento, por su parte, del demandante\u201d. <\/p>\n
En el recurso de apelaci\u00f3n, el actor insisti\u00f3 en el enriquecimiento sin causa o il\u00edcito y en la terminaci\u00f3n del contrato, ya no tanto por expiraci\u00f3n del t\u00e9rmino de la licencia de explotaci\u00f3n, sino m\u00e1s bien por la celebraci\u00f3n de un nuevo contrato, el de concesi\u00f3n, por 30 a\u00f1os, plazo quiz\u00e1s no contemplado cuando acord\u00f3 la contraprestaci\u00f3n de $42.500.000 -que tilda entonces de leonina-. <\/p>\n
Ahora, en la casaci\u00f3n, pone la mira en ciertas cl\u00e1usulas del subcontrato para resaltar su incompatibilidad con las normas del C\u00f3digo de Minas que rigen el contrato de concesi\u00f3n, en pos de se\u00f1alar otra causa para pedir la terminaci\u00f3n del mentado subcontrato. Y, como si fuera poco, agrega una causa m\u00e1s: la terminaci\u00f3n unilateral por decisi\u00f3n del titular minero Marcos Aldana, la cual califica de v\u00e1lida al ser una \u00abcausa legal\u00bb contemplada en el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4.2. De tal discurrir, lo que enseguida emerge es que el ataque, inicialmente encasillado en la v\u00eda directa, comienza a transitar por la indirecta pues la acusaci\u00f3n pone de presente ciertas probanzas que, de haber sido valoradas adecuadamente, hubieran conducido el Tribunal a concluir lo que la censura reclama en casaci\u00f3n. En tal sentido, se duele constantemente de la falta de apreciaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas contractuales (f. 22), la inequidad de los t\u00e9rminos estipulados en el subcontrato frente a la concesi\u00f3n, las costumbres en la forma de subcontratar en el sector minero, los interrogatorios de parte (f.22), los oficios de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de INGEOMINAS (f. 17), el comportamiento de la minera (f. 21) y el memorial mediante el cual se termin\u00f3 unilateralmente el contrato (f.19). <\/p>\n
En tal sentido, se advierte una mixtura de causales pues el actor expuso argumentos de car\u00e1cter f\u00e1ctico cuando el reparo debi\u00f3 circunscribirse \u00fanica y exclusivamente a la presencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha explicado que la causal primera de casaci\u00f3n se presenta \u00abcuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que deb\u00eda sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u00bb (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun. de 2017, Exp. n.\u00b0 2014-00173-01). <\/p>\n
Consecuente con esto, compete al recriminador \u00abcentrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del fallador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb. (CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. n\u00b0 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. n\u00b0 2000-00896-01). <\/p>\n
Significa lo anterior, que cuando se censure una sentencia por la causal primera, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deber\u00e1 el recurrente demostrar qu\u00e9 textos legales sustanciales resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados. <\/p>\n
De manera que, atendiendo a la argumentaci\u00f3n planteada, lo correcto era encauzar la acusaci\u00f3n por la senda indirecta consagrada en la causal segunda, que refiere, entre otros, al error de hecho por err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de determinada prueba, lo que hace frustr\u00e1neo el cargo examinado. <\/p>\n
4.3. Tal circunstancia resulta a\u00fan m\u00e1s gravosa pues si se interpretara que lo que quiso exponer el censor fue la violaci\u00f3n indirecta a causa de errores probatorios (causal segunda), tropieza la Corte con la falta de desarrollo acerca de lo que, seg\u00fan la censura, dicen los medios de convicci\u00f3n frente a lo que el Tribunal infiri\u00f3, con miras a resaltar los yerros probatorios. <\/p>\n
4.4. Igual situaci\u00f3n se predica con respecto a las inconformidades planteadas en torno al art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio, las cuales se circunscriben a denunciar la ausencia de apreciaci\u00f3n de los \u00abmomentos de enriquecimiento sin causa a cargo de la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo\u00bb, as\u00ed como de las pruebas anexas \u00abcomo lo son las copias de los formularios en formato oficial de declaraci\u00f3n de regal\u00edas presentadas a la Autoridad Minera que del trimestre del a\u00f1o explotado, cantidad, precio base de liquidaci\u00f3n para el pago de regal\u00edas y valor que se pag\u00f3 a la autoridad minera por la explotaci\u00f3n, a nombre de la Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo SAS\u00bb. Y, por \u00faltimo, la omisi\u00f3n del interrogatorio de su contraparte, del cual, a su juicio, \u00abse pudo establecer que durante la explotaci\u00f3n se extrajo m\u00e1s de 18 mil toneladas usufructuando la reserva correspondiente \u00fanicamente al concesionario\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo expuesto, respecto de esta norma se presenta una situaci\u00f3n particular: no es una norma sustancial. Mem\u00f3rese que esta Sala ha reiterado que la norma sustancial es aquella que \u00abfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella contempla, declara crea, modifica o extingue derechos subjetivos o impone obligaciones4\u00bb. Se complementa tal descripci\u00f3n, se\u00f1alando que no tienen tal calidad aquellas que \u00absin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo5\u00bb <\/p>\n
En ese sentido, en CSJ AC741-2020 se expuso, en un caso en que fue invocada la misma disposici\u00f3n, que: <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta al segundo cargo\uff0cque se endereza a la demostraci\u00f3n de una infracci\u00f3n directa de las normas sustanciales\uff0cel recurrente se\u00f1al\u00f3 que fueron transgredidos dos art\u00edculos que no ostentan tal car\u00e1cter\uff0c pues el 1564 del C\u00f3digo Civil que establece que toda obligaci\u00f3n debe tener una causa y el 831 del C\u00f3digo de Comercio que consagra el enriquecimiento sin justa causa\uff0c no crean\uff0cmodifican ni extinguen derechos u obligaciones entre sujetos de derecho concreto\u00bb. <\/p>\n
4.5. En suma, el entremezclamiento de las causales y la ausencia de desarrollo de las inconformidades, aunado al hecho de que el art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio no es una norma sustancial, demuestran graves falencias del instrumento que no pueden ser suplidas por esta Corporaci\u00f3n. Por tanto, el embate debe fracasar. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero.- NO CASA la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el proceso de Marcos Aldana Casas contra Compa\u00f1\u00eda Minera El Triunfo SAS. <\/p>\n
Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de casaci\u00f3n al recurrente. Por concepto de agencias en derecho incl\u00fayase la suma de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) M\/cte. <\/p>\n
Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Inscrita en la Oficina de Registro Minero Nacional el 22 de septiembre de 1992. <\/p>\n
2\u0002 \u00abT\u00e9rmino del contrato. La duraci\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n ser\u00e1 de 30 a\u00f1os contados a partir de su inscripci\u00f3n en el registro minero. Los trabajos y obras de desarrollo y montaje, se realizar\u00e1n en los plazos se\u00f1alados en el programa de trabajos e inversiones aprobados y deber\u00e1n estar terminados dentro de los cuatro primeros a\u00f1os. Es entendido que el tiempo no utilizado en las obras y trabajos mencionados se agregar\u00e1 al per\u00edodo de explotaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
3\u0002 \u00abPLAZO DE LA LICENCIA DE EXPLOTACI\u00d3N. Durante la licencia de explotaci\u00f3n, los trabajos, obras de desarrollo y montaje se deber\u00e1n realizar dentro del primer a\u00f1o, pero se podr\u00e1 iniciar la explotaci\u00f3n en cualquier tiempo, dando aviso al Ministerio. La licencia tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de diez (10) a\u00f1os que se contar\u00e1n desde su inscripci\u00f3n en el registro como t\u00edtulo de explotaci\u00f3n. <\/p>\n
Dos (2) meses antes del vencimiento, su beneficiario podr\u00e1 solicitar su pr\u00f3rroga por una sola vez y por un t\u00e9rmino igual al original, o hacer uso del derecho de preferencia para suscribir contrato de concesi\u00f3n. <\/p>\n
4\u0002 CSJ.S.C de 30 oct. 1970, G.J CXXX, P\u00e1gina. 68. <\/p>\n
5\u0002 CSJ S.C del 24 de octubre de 1975, G J Tomo CLI p\u00e1gina 254. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC4794-2021 (2012-00488-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente SC4794-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25899-31-03-002-2012-00488-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Marcos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}