STC12952-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12952-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00395-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n, interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 12 de agosto de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Mayor General Hugo Alejandro L\u00f3pez Barreto, en calidad de Director General de Sanidad Militar del Ej\u00e9rcito Nacional, contra el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a \u00abla presunci\u00f3n de inocencia, principio de legalidad, debido proceso y buen nombre\u00bb, presuntamente transgredidos por la autoridad accionada en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2015-01240-00, con ocasi\u00f3n a la sanci\u00f3n impuesta en el incidente de desacato contra el Mayor General Julio Roberto Rivera Jim\u00e9nez, quien fung\u00eda como Director General de la Direcci\u00f3n de Sanidad al momento de la orden impartida en el fallo del 24 de noviembre de 2015. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la revisi\u00f3n de las pruebas allegadas, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 9 de noviembre de 2015, Rub\u00e9n Dar\u00edo Monsalve Rodr\u00edguez, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ejercito Nacional, en raz\u00f3n a que al finalizar la prestaci\u00f3n del servicio militar, le \u00abdetectaron varias anomal\u00edas m\u00e9dicas que obligaron al Departamento de Sanidad del Ejercito Nacional a ordenar una serie de ex\u00e1menes m\u00e9dicos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 3 de febrero de 2016, el accionante interpuso incidente de desacato contra la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar, al cual se le dio apertura el 22 de febrero posterior. <\/p>\n
2.4. El 24 de febrero siguiente, la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar solicit\u00f3 ante el despacho accionado la nulidad del tr\u00e1mite referido. Ello pues, adujo que \u00abla entidad p\u00fablica en contra de quien se dirige esta acci\u00f3n de amparo constitucional es de orden nacional (\u2026) y la competencia radica en los Tribunales Superiores del Distrito Judicial (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00ab(\u2026) el tr\u00e1mite surtido por este Despacho se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional\u00bb e indic\u00f3 que \u00abdentro del escrito del incidente de desacato que la orden emitida recae sobre la Direcci\u00f3n de Sanidad Ejercito Nacional, sin que la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar se encuentre vinculada al contradictorio\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abno fue notificada de admisi\u00f3n, ni del fallo en primera instancia de la tutela referenciada\u00bb. <\/p>\n
2.5. En prove\u00eddo de 9 de marzo de 2016, el Juzgado convocado, consider\u00f3 que \u00abEl incidente iniciado en esta oportunidad, buscaba determinar si existi\u00f3 o no incumplimiento por parte de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, representado por su director, mayor general del aire Julio Roberto Rivera Jim\u00e9nez, a la orden proferida por este juzgado en fallo de tutela de 24 de noviembre del 2016, en el cual se le orden\u00f3 que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo proceda a autorizar unos procedimientos m\u00e9dicos(\u2026)\u00bb. Por tal raz\u00f3n, dispuso que \u00ab(\u2026) teniendo en cuenta que dicho ente se mostr\u00f3 renuente al acatamiento de la orden dada (\u2026) Sancionar al mayor general del aire JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ, Director General de Sanidad Militar, con multa de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, debiendo cancelar la sanci\u00f3n monetaria, una vez ejecutoriada esta providencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, con respecto a la nulidad propuesto, manifest\u00f3 que \u00ab\u2026debi\u00f3 proponerse dentro de los tres d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este y no dentro del incidente de desacato formulado por la parte actora. Cabe anotar que el fallo de tutela fue debidamente notificado a la parte accionada (\u2026)\u00bb. As\u00ed las cosas, remiti\u00f3 tal determinaci\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, para que se surtiera el respectivo tr\u00e1mite de consulta. <\/p>\n
2.6. El 5 de abril del mismo a\u00f1o, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, consider\u00f3 que \u00ab(\u2026) hay lugar a la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n por desacato a la entidad acusada y representada legalmente por el Mayor (\u2026), como quiera que la demandada y el representante legal responsable de cumplir el fallo de tutela, no han desplegado las acciones suficientes para su acatamiento. En raz\u00f3n a ello, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el a quo y modific\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta \u00ab(\u2026) en multa de 5 s.m.l.m y pena de arresto por tres (3) d\u00edas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, el tutelante, adujo que no fue notificado de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2015. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que remiti\u00f3 en el que solicit\u00f3 \u00abla desvinculaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar del tr\u00e1mite incidental (\u2026), puesto que \u00ab(\u2026) esta Direcci\u00f3n carece de competencia funcional para dar cumplimiento a lo solicitado por el accionante ya que la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar SOLO CUMPLE CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS y NO ASISTENCIALES\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, por correo electr\u00f3nico del 14 de marzo de 2016, elev\u00f3 \u00absolicitud de consulta-inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, argumentando y reiterando la violaci\u00f3n del debido proceso, la violaci\u00f3n del derecho fundamental a la contradicci\u00f3n y defensa, la falta de notificaci\u00f3n de los autos y las providencias, el desconocimiento por parte del Despacho de las facultades y funciones de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar\u00bb. Y arguy\u00f3 que \u00abel perjuicio causado al Mayor General Rivera a causa de la omisi\u00f3n del A-quo (\u2026) respecto de la correcta identificaci\u00f3n de las partes vinculadas en la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb, vulnera las prebendas invocadas. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abse amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre del se\u00f1or Mayor General Julio Roberto Rivera Jim\u00e9nez, quien fungi\u00f3 como director de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar para la \u00e9poca de los hechos\u00bb. En consecuencia, se ordene \u00abla suspensi\u00f3n definitiva de los efectos jur\u00eddicos de la sanci\u00f3n de desacato proferida el 09 de octubre de 2016, por el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiples UPJ El Bosque, en contra del Director General de Sanidad Militar (\u2026) teniendo en cuenta que (\u2026) el Director General de Sanidad Militar carece de competencia legal y funcional para acatar la orden impartida, dentro del proceso de acci\u00f3n de tutela en comento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Medell\u00edn, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite incidental, manifest\u00f3 que \u00abse han realizado los tr\u00e1mites pertinentes, con las prioridades legales como en el presente caso, y por lo tanto esta judicatura se atiene a lo que resulte probado dentro de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, adujo no haber vulnerado derecho fundamental alguno del accionante. En consecuencia, solicit\u00f3 no conceder el amparo constitucional. Igualmente, advirti\u00f3 que \u00ablas peticiones de acreditaci\u00f3n de cumplimiento de fallo de tutela e inaplicaci\u00f3n de sanci\u00f3n est\u00e1n dirigidas al Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia, declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n, tras advertir que \u00ab\u2026en este caso no se da el requisito de inmediatez que reviste este tipo acciones, fundado en que, pese a que se alega el no tr\u00e1mite de varios escritos, no existe constancia que los mismos hubiesen sido recibidos por el Juzgado accionado y as\u00ed lo manifiesta en su respuesta. Tampoco se acredit\u00f3 la existencia de razones que justificaran la inactividad del accionante en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n, pues resulta evidente que la supuesta vulneraci\u00f3n se dio en el a\u00f1o 2016 y solo hasta el 2021 acciona para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sin que se pueda advertir la vulneraci\u00f3n en el tiempo, pues se repite los escritos referidos no fueron entregados en el Despacho accionado y en todo caso, no se entiende por parte de \u00e9sta Sala la inactividad tan prolongada de la Direcci\u00f3n respecto de las solicitudes realizadas\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que \u00aben el a\u00f1o 2016, quien fung\u00eda como Director General de Sanidad Militar del Ej\u00e9rcito Nacional era el Mayor General JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ, legitimado para el ejercicio de la acci\u00f3n, pues fue \u00e9ste al que se le impuso la sanci\u00f3n que hoy se pretende sea revisada mediante la acci\u00f3n de amparo. Sin embargo, quien hoy acude a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales es el mayor HUGO ALEJANDRO L\u00d3PEZ BARRETO en su calidad de Director General de Sanidad, sin que mediara poder o autorizaci\u00f3n para obrar en nombre del mayor Rivera Jim\u00e9nez, pese que se indica en el escrito que se ataca la sanci\u00f3n impuesta a este \u00faltimo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, quien insisti\u00f3 en los argumentos y pretensiones invocadas en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor censura la presunta vulneraci\u00f3n de los \u00abderecho a la presunci\u00f3n de inocencia, al principio de legalidad, al debido proceso, al buen nombre entre otros, y de igual manera al se\u00f1or Mayor General JAVIER ALONSO D\u00cdAZ G\u00d3MEZ, quien se desempe\u00f1\u00f3 como Director General de Sanidad Militar hasta el pasado mes de enero de 2021\u00bb con ocasi\u00f3n de la providencia proferida por el juzgado accionado el 09 de marzo de 2016, en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2015-01240-00, con la cual se resolvi\u00f3 imponer sanci\u00f3n por desacato en contra del Mayor General Julio Roberto Rivera Jim\u00e9nez. En consecuencia, pretende se ordene \u00abla suspensi\u00f3n definitiva de los efectos jur\u00eddicos de la sanci\u00f3n de desacato proferida el 09 de octubre (SIC) de 2016\u00bb. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia del ruego incoado y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del gestor para cuestionar las providencias y actuaciones surtidas en la causa referida. <\/p>\n
Pues bien, analizadas las probanzas obrantes en el plenario, se advierte que el juzgado accionado en providencia de 9 de marzo de 2016, resolvi\u00f3 imponer sanci\u00f3n por desacato al Mayor General Julio Roberto Rivera Jim\u00e9nez -como Director General de Sanidad Militar-, por no cumplir \u00abla orden proferida por este juzgado en fallo de tutela de 24 de noviembre del 2016, en el cual se le orden\u00f3 que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo proceda a autorizar unos procedimientos m\u00e9dicos(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, en grado de consulta, el 5 de abril de 2016. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al respecto, en lo tocante a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela de una persona que no es parte ni est\u00e1 reconocida como tercero dentro de una actuaci\u00f3n judicial, se ha dicho que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC4497-2017, 30 mar. 2017, rad. 00050-01, entre otras). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha entendido que cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial s\u00f3lo puede acudir a este medio excepcional para debatirla quien fungi\u00f3 como parte o tercero reconocido con inter\u00e9s en la misma. En tal sentido, esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp. 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, se establece que el accionante no est\u00e1 facultado para impetrar esta reclamaci\u00f3n constitucional en su favor o en favor del se\u00f1or Rivera Jim\u00e9nez, ya que, la legitimaci\u00f3n para invocar la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales radica en cabeza de las partes e intervinientes en el juicio debatido de radicado 2015-01240-00. Esto es, quienes fueron reconocidos en la acci\u00f3n de tutela referida y, cuya vinculaci\u00f3n fue expresamente ordenada en el admisorio de la demanda, de lo cual no se avizora la participaci\u00f3n del tutelante. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, es necesario resaltar que, si el quejoso propend\u00eda por la defensa de los intereses de Julio Roberto Rivera Jim\u00e9nez y Javier Alonso D\u00edaz G\u00f3mez, debi\u00f3 allegar poder especial o acreditar la calidad para actuar como agente oficioso de aquellos, situaci\u00f3n que no se constata en el plenario. <\/p>\n
En el punto, se ha dicho que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la \u00abtutela\u00bb, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ya que en observancia del art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se sostiene que \u00e9sta: <\/p>\n
\u00abSe refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07 citada en STC1148-2021). (Se subraya). <\/p>\n
En consecuencia, la Sala, insiste, en la improcedencia del amparo incoado por el promotor, debido a que no se advierte el cumplimiento del requisito general de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, como lo es la legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y origen prenotada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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