STC12953-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12953-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n, interpuesta frente a la sentencia proferida la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 26 de agosto de 2021, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por Adriana Castiblanco Rozo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al trabajo, libertad de profesi\u00f3n y oficio, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. Apuntal\u00f3 su petici\u00f3n en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 que recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n de nombramiento como liquidadora en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial1 de radicado 2018-00240-00, el 8 de junio de 2021y, que su posesi\u00f3n se realizar\u00eda el 11 de junio siguiente. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, inform\u00f3 por correo electr\u00f3nico del 9 de junio de 2021, \u00abla NO aceptaci\u00f3n a la designaci\u00f3n como liquidadora del proceso de la referencia en virtud que mi domicilio, el cual es la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., m\u00e1s no la de Yopal Casanare, ello basado en el art\u00edculo 7 del Decreto 772 de 2020 y en la Sentencia de Constitucionalidad C-378 de 2020, el cual declar\u00f3 exequible dicho art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 que, en el curso de la diligencia del 11 de junio de 2021, manifest\u00f3 \u00abla imposibilidad de aceptar el cargo como liquidadora, no por capricho o por arbitrio propio, sino de conformidad a lo estipulado en el segundo inciso del art\u00edculo 7\u00ba del Decreto Legislativo 772 de 2020 [\u2026]. No obstante, lo anterior, en esta misma diligencia se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de ordenar mi exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, bas\u00e1ndose \u00fanicamente en lo estipulado en el art\u00edculo 2.2.2.11.2.3 del Decreto 1074 de 2015, dejando de lado la nueva legislaci\u00f3n vigente\u00bb. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que, comunic\u00f3 al Juzgado convocado su declinaci\u00f3n al cargo, aduciendo la normatividad citada y, que padece una enfermedad autoinmune desde el a\u00f1o 2012. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, el estrado enjuiciado, por auto de 28 de julio de 2021, decidi\u00f3 excluirla de la lista de auxiliares de la justicia, por no aceptar y tomar posesi\u00f3n del cargo de liquidadora. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, sostiene que en dicha determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente, ya que actu\u00f3 al margen del procedimiento establecido2 y, no tuvo en cuenta la jurisprudencia3 vinculante sobre dicha materia; lo que torna viable la concesi\u00f3n de la salvaguarda instada a su favor. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abcesen los efectos y sea revocado el Auto del 28 de julio de 2021, emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal sin valor ni efecto el auto del 22 de junio de 2021\u00bb. Asimismo, solicit\u00f3 \u00abse le corra traslado a la Superintendencia de Sociedades, con la finalidad de que se pronuncie respecto al inciso 2 del Art\u00edculo 7\u00ba del Decreto Legislativo 772 de 2020 y la Sentencia C-378 de 2020, toda vez que la solicitud de exclusi\u00f3n impulsada por parte del Juzgado accionado ordeno\u0301 el retiro inmediato de la lista de auxiliares de la justicia de esta Entidad\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, manifest\u00f3 que conforme al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 12 del Decreto 772 de 2020 y, el canon 2.2.2.11.2.3. del Decreto 1074 de 2020, \u00abes obligatorio el uso de los auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, en procesos de liquidaci\u00f3n, y [\u2026] que la Jurisdicci\u00f3n de Bogot\u00e1\u0300, incluye todos los municipios que no tengan jurisdicci\u00f3n espec\u00edfica, y que el domicilio del auxiliar corresponde al domicilio del auxiliar, pues si dicha norma espec\u00edfica el domicilio con la jurisdicci\u00f3n a la que opta el auxiliar, siendo claro que Bogot\u00e1\u0301, corresponde al resto del pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abesta interpretaci\u00f3n extensiva, de la norma en el sentido que domicilio es la misma jurisdicci\u00f3n a la que opto\u0301 el auxiliar de la justicia, se realiza teniendo en cuenta que si no fuera as\u00ed\u0301, se quedar\u00eda sin auxiliar de la justicia los procesos de municipios como Yopal, que no cuentan con liquidadores registrados en la Lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades; sumado a que tal tr\u00e1mite requiere un liquidador capacitado en Ley 11116 de 2006, y dem\u00e1s normas complementarias\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades4, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi bien, el Grupo de Registro de Especialistas es un grupo que ejerce funciones estrictamente administrativas y se atiene a las decisiones emanadas de los jueces, este Grupo no ha procedido a excluir a la accionante, pues estaba a la espera de la respuesta por parte del juzgado en relaci\u00f3n con los argumentos expuestos por la demandante, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, que esta Superintendencia tambi\u00e9n considera que la raz\u00f3n que se invoca para solicitar la exclusi\u00f3n de la auxiliar de la justicia de la Lista de la Superintendencia de Sociedades, es contraria a lo dispuesto en el art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto Legislativo 772 de 2020\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, \u00aba la fecha la accionante sigue estando inscrita en la Lista de Auxiliares de la Justicia y esta\u0301 siendo tenida en cuenta para la asignaci\u00f3n de procesos de esta Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Yopal, neg\u00f3 el resguardo, por considerar que \u00abante el incumplimiento de uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la solicitud de amparo se torna improcedente, m\u00e1xime si, no se demostr\u00f3\u0301 si quiera sumariamente la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable que habilite la intervenci\u00f3n constitucional del Juez de forma inminente, en tanto, si bien se acoto\u0301 que la exclusi\u00f3n afectar\u00eda su derecho fundamental a ejercer una profesi\u00f3n u oficio, lo cierto es que no indico\u0301 que fuera su \u00fanica fuente de ingreso como profesional, o que existan a su cargo familiares que se encuentren en imposibilidad de proveerse personalmente sus necesidades b\u00e1sicas; siendo en todo caso que a la fecha, la Superintendencia no ha procedido a excluirla e incluso, contin\u00faa design\u00e1ndola como liquidadora o promotora en otros procesos de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. En concreto, expres\u00f3 que, \u00abel recurso de reposici\u00f3n del art\u00edculo 318 del c\u00f3digo general del proceso fue agotado y tan es as\u00ed\u0301 que el accionado en ning\u00fan momento argumento\u0301 que el recurso no hubiese sido interpuesto, por el contrario el auto del 28 de julio del 2021 emitido por parte del aqu\u00ed\u0301 accionado reconoci\u00f3\u0301 los fundamentos de derecho y de forma verbal y escrita neg\u00e1ndolos y excluy\u00e9ndome de la lista de auxiliares de la justicia, con ello se observa que si proced\u00eda la acci\u00f3n de tutela como remedio procesal para evitar la afectaci\u00f3n del derecho al trabajo, ya que despu\u00e9s de que con mucho esfuerzo tanto econ\u00f3mico como de tiempo de dedicaci\u00f3n logre acceder a la lista de auxiliares de la justicia cumpliendo con todos los requisitos exigidos y teniendo en cuenta que es la \u00fanica oportunidad de trabajo y fuente de ingresos con los que cuento actualmente para mi sustento y cubrimiento de las obligaciones econ\u00f3micas que tengo a mi cargo\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende sean amparados sus derechos fundamentales al trabajo, libertad de profesi\u00f3n y oficio, los que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto proferido por la autoridad accionada el 28 de julio de 2021, con el cual se orden\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades la exclusi\u00f3n de su nombre de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, no se advierte que la accionante haya agotado los medios impugnatorios dispuestos por el ordenamiento para elevar la inconformidad que hoy plantea. <\/p>\n
Pues bien, analizadas las probanzas obrantes en el plenario, se constata que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, dict\u00f3 prove\u00eddo el 28 de julio de 2021, con el cual se resolvi\u00f3 la solicitud elevada por la gestora de reconsiderar su remoci\u00f3n como auxiliar de la justicia. <\/p>\n
Al respecto, decidi\u00f3, <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Se ordena a la Superintendencia de Sociedades para que proceda a dar cumplimiento al numeral PRIMERO del auto del 11 de 06 de 2021, esto es, proceda la exclusi\u00f3n de la se\u00f1ora ADRIANA CASTIBLANCO ROZO identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 51.905.878 de la lista de auxiliares de la justicia, de conformidad con las consideraciones de esta providencia. <\/p>\n
Por secretar\u00eda, of\u00edciese oportunamente a la Superintendencia de Sociedades y a la auxiliar en menci\u00f3n, adjuntando copia aut\u00e9ntica del acta de la audiencia del 11\/06\/2021 y del presente prove\u00eddo con la respectiva constancia de ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, la actora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. De lo narrado, esta Corporaci\u00f3n concluye que la querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer al Juzgado accionado las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es ineludible que desperdici\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que ten\u00eda a su alcance, medio que era viable de acuerdo con lo contemplado en el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias y tutelares. <\/p>\n
Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que la gestora contaba con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer la oportunidad para contradecir la determinaci\u00f3n del 28 de julio de 2021, que orden\u00f3 la exclusi\u00f3n de su nombre de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
En tal sentido, la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, las inconformidades planteadas en esta instancia respecto a la p\u00e9rdida de su fuente de ingresos con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n rebatida, constituyen hechos nuevos dado que no fueron objeto de proposici\u00f3n en el escrito inicial. Por consiguiente, esta colegiatura debe abstenerse de pronunciarse sobre aquellos, a riesgo de amenazar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los contendientes (CSJ STC, 27 may.2020, rad.00470). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite que le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal. <\/p>\n
2\u0002 Inciso 2\u00ba del art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 772 de 2020. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional C-621 de 2015. <\/p>\n
4\u0002 Por conducto de la Coordinadora del Grupo de Registro de Especialistas, Mar\u00eda Paula Sala C\u00e1rdenas. <\/p>\n
<\/p>\n
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