STC13138-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13138-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03494-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Blanca Lida \u00c1lvarez Ariza le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Villavicencio, extensiva a la sociedad Consultor\u00eda y Construcciones de la Sabana S.A.S. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-00124. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la Magistratura censurada anulara y revocara sus decisiones de 6 de agosto y 14 de septiembre de 2021 y, en su lugar, profiriera una nueva conforme a las exigencias del art\u00edculo 328 del C.G.P. y, si fuera el caso, tomara las medidas disciplinarias correctivas. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que desde el a\u00f1o 2002 viene ejerciendo la posesi\u00f3n del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 230-163538, situado en el Corregimiento n\u00b0 7 Vereda Santa Helena Baja, Sector 2 de Villavicencio y que el 3 de septiembre de 2014 Albeiro Osorio Soto formul\u00f3 en su contra querella policiva de \u00abperturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb, por cuanto el titular del derecho de dominio lo tiene Consultor\u00eda y Construcciones de la Sabana S.A.S. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado acusado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia que interpuso en contra de la citada sociedad, porque \u201cla suscrita era la poseedora del predio, desde el a\u00f1o 2006, y para la presentaci\u00f3n de la demanda no hab\u00eda cumplido los 10 a\u00f1os que exige la Ley 791 de 2002\u201d y dispuso la restituci\u00f3n del fundo, \u201csin que se hubiere formulado demanda de reconvenci\u00f3n, raz\u00f3n por la que se evidencia que la sociedad no apel\u00f3\u201d (5 feb. 2018). El ad quem infirm\u00f3 lo relativo a la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb y confirm\u00f3 en todo lo dem\u00e1s el fallo impugnado (6 ag. 2021). <\/p>\n
Asegur\u00f3 que sus s\u00faplicas de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de ese prove\u00eddo, fueron desfavorables (14 sep.), y estima que la Colegiatura convocada quebrant\u00f3 lo reglado en los incisos 1\u00b0 y 4\u00b0 del precepto 328 del Estatuto Procesal, dado que Consultor\u00eda y Construcciones de la Sabana no promovi\u00f3 ning\u00fan recurso, ni se adhiri\u00f3 al suyo, por lo que el Tribunal solo deb\u00eda pronunciarse sobre los argumentos del apelante; adem\u00e1s, hizo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n al apreciar que \u201cexisti\u00f3 una interrupci\u00f3n natural de la posesi\u00f3n, originada desde el 3 de septiembre de 2014, por pasar el predio a manos de otro en virtud de la decisi\u00f3n emanada de la autoridad policiva\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Villavicencio remiti\u00f3 copia del pleito conjurado. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad dijo atenerse a lo expuesto en la providencia combatida y que actualmente no cuenta con el expediente para rendir informe. <\/p>\n
Consultor\u00eda y Construcciones de la Sabana S.A.S. resalt\u00f3 la improcedencia del resguardo, por cuanto la gestora tiene otra v\u00eda como el \u201crecurso de casaci\u00f3n y el extraordinario de revisi\u00f3n\u201d y asegur\u00f3 que no existe prueba de la violaci\u00f3n del atributo b\u00e1sico invocado. <\/p>\n
Jerry Daruyn Deaza Pulido pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se advierte la inviabilidad del ruego, porque la directriz debatida expedida por el Tribunal de Villavicencio (6 ag. 2021), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, liminarmente examin\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio y a partir de ello, defini\u00f3 el deber de la demandante de demostrar: \u201ca) La posesi\u00f3n material en el usucapiente. b) Que la cosa ha sido pose\u00edda como m\u00ednimo, por el t\u00e9rmino legal. c) Que la posesi\u00f3n haya sido de manera p\u00fablica e ininterrumpida, y d) Que la cosa o el derecho sobre la cual se ejerce la acci\u00f3n, sea susceptible de adquirirse por usucapi\u00f3n\u201d. Despu\u00e9s adver\u00f3, que <\/p>\n
\u00ablo manifestado por los testigos llamados a declarar por la demandante, en lo atinente al inicio de la posesi\u00f3n por parte de la misma sobre el predio objeto de este proceso, la cual seg\u00fan lo establecido por el Juzgado, principi\u00f3 en el 2006 y no en el 2002 como fue afirmado por aquella al reclamar la usucapi\u00f3n, la Sala no encuentra un medio de convicci\u00f3n distinto a la declaraci\u00f3n de la propia accionante, que permita concluir que la supuesta posesi\u00f3n alegada por \u00e9sta haya tenido lugar en el a\u00f1o 2002\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante esgrimi\u00f3, que <\/p>\n
\u00ablas declaraciones de los testigos LUIS NORMEN CARRILLO TORO, LUIS EVELIO ROJAS PARRADO y WILSON ARIALDO ARANGO NOVOA, quienes rindieron su testimonio en audiencia de 17 de abril del 2017, (\u2026), ubican los eventuales actos posesorios de esta \u2013m\u00e1ximo\u2013 en el a\u00f1o 2006, mientras que los dem\u00e1s deponentes ni siquiera refieren a su presencia en el lugar para dicha anualidad, o en todo caso con anterioridad al a\u00f1o 2014\u00bb. Negrillas de la Corte. <\/p>\n
Continu\u00f3 indicando que, conforme a lo anterior, se arribaba a la misma conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el a quo, esto es \u00abque la posesi\u00f3n m\u00e1s antigua de la que puede haber alg\u00fan vestigio en el expediente no va m\u00e1s all\u00e1 del a\u00f1o 2006\u00bb. <\/p>\n
Luego, enunci\u00f3 la convalidaci\u00f3n de la sentencia de primer grado impugnada por la actora, pero por razones diferentes, ya que \u00abcon la diligencia de desalojo efectuada el 03 de septiembre de 2014, que se realiz\u00f3 antes de la instauraci\u00f3n de esta demanda, se present\u00f3 interrupci\u00f3n natural de la posesi\u00f3n, lo que conlleva la p\u00e9rdida del tiempo que eventualmente hubiera podido acumular la actora, y de contera al traste sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, constat\u00f3 que sobre la heredad anhelada se efectu\u00f3 diligencia de desalojo en virtud de querella por \u00abperturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb adelantada por Albeiro Osorio Soto, representante legal de la empresa demandada y que la autoridad de polic\u00eda competente hizo \u00ab\u2018\u2026entrega del [inmueble] Los Pavitos a Jos\u00e9 Gelasio Giraldo apoderado de HERNANDO VILLALBA HERRERA\u2019, lo anterior por cuanto para esa \u00e9poca, el citado VILLALBA HERRERA, a\u00fan aparec\u00eda como titular inscrito del derecho de dominio, no obstante que la querella fue interpuesta por OSORIO SOTO, quien hab\u00eda adquirido [la propiedad] de aqu\u00e9l por documento privado sin registrar, para ese momento; por manera que en realidad, el beneficiario del mentado desalojo fue este \u00faltimo, como as\u00ed lo refirieron algunos de los testimonios antes detallados. Asimismo, se aprecia que, en el acta de entrega respectiva, se dej\u00f3 constancia que \u2018\u2026el predio se entrega libre de semovientes, personal (invasores)\u2026\u2019\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, infiri\u00f3 que dicha actuaci\u00f3n implic\u00f3 la separaci\u00f3n f\u00edsica del inmueble en disputa por parte de Blanca Lida; ese raciocinio lo soport\u00f3 en el art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil y en que, s\u00ed con posterioridad a la \u00abdiligencia\u00bb comentada, la impulsora recuper\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n\u00bb, ello constituye \u00abel principio de un nuevo t\u00e9rmino prescriptivo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el hecho que la precursora disienta de esa valoraci\u00f3n porque, en su opini\u00f3n, debi\u00f3 d\u00e1rsele otra interpretaci\u00f3n \u00aba la sentencia de constitucional\u00bb aludida, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia supralegal implorada. <\/p>\n
2.- Ahora, frente a las inconformidades de la quejosa relacionadas con la vulneraci\u00f3n de los incisos 1\u00b0 y 4\u00b0 del 328 del C\u00f3digo General del Proceso, se aclara que m\u00e1s all\u00e1 de que se trate de un \u00fanico apelante, en virtud del tipo de proceso bajo estudio, no cabe duda que hab\u00eda lugar a revisar los presupuestos de la prescripci\u00f3n adquisitiva, en raz\u00f3n a que si el juzgador encuentra probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deba declararla de oficio. De ah\u00ed que el an\u00e1lisis de la tem\u00e1tica particular, no pod\u00eda hacerse de manera independiente al recurso interpuesto, a m\u00e1s que ello atiende a la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 282 y 328 ibidem. <\/p>\n
Esta Colegiatura, respecto de la competencia de las autoridades judiciales en el estudio de los recursos de apelaci\u00f3n dentro de los juicios de pertenencia, ha reflexionado que, <\/p>\n
\u00abpor regla general la competencia del superior est\u00e1 restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, pero existen excepciones a esa restricci\u00f3n, tales como: (i) cuando las dos partes impugnan, pues en este caso se debe resolver sin limitaciones; y (ii) en aquellas oportunidades en que debe darse un pronunciamiento de oficio atendiendo lo dispuesto en la ley, que generalmente se da cuando la determinaci\u00f3n de segunda instancia conlleva a que deba decidirse sobre temas \u00edntimamente relacionados con \u00e9sta. <\/p>\n
Justamente, es en esta \u00faltima salvedad es que se enmarca la consagrada en el art\u00edculo 282 ib\u00eddem, en relaci\u00f3n a que si el juzgador encuentra probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deba declararla de oficio, en especial cuando se observa que no se cumplen los requisitos para acceder a la pretensi\u00f3n, como en este caso, donde se evidenci\u00f3 que no se demostr\u00f3 el presupuesto del tiempo para adquirir el inmueble mediante la prescripci\u00f3n extraordinaria, por tanto al no cumplirse con tal exigencia no resultaba necesario estudiar a fondo los argumentos expuesto en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Es que no puede llegarse a una ex\u00e9gesis extrema, de reducir el estudio de la impugnaci\u00f3n a lo alegado por las partes, pues si del an\u00e1lisis del proceso el juez establece que no hay lugar acceder a la usucapi\u00f3n porque no se cumplen los requisitos legales debe as\u00ed declararlo en acatamiento de las mismas normas, actuar de forma contraria sesgar\u00eda su pronunciamiento, al punto de transgredir el derecho del debido proceso, de los extremos del litigio\u00bb. (CSJ STC9643-2019, reiterada en la STC1608-2020). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se vislumbra el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Blanca Lida \u00c1lvarez Ariza contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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