STC13160-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13160-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2021-00115-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de agosto de 2021 por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la tutela que Rafael Eduardo Guti\u00e9rrez Alfonso le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, extensiva a los involucrados en el consecutivo 003-2016-00137-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y defensa\u00bb de Arieta Luna de Roa, para que se ordenara al estrado querellado \u00ab(\u2026) decretar la nulidad de todo lo actuado en la audiencia celebrada el pasado 3 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Adujo que en el juicio de reorganizaci\u00f3n empresarial de persona natural comerciante (n\u00ba 003-2016-00137), el 20 de junio de 2017 fue nombrado promotor de Arieta Luna de Roa y al posesionarse en el mes de octubre siguiente present\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y los derechos de voto, en el que, por error involuntario, omiti\u00f3 incluir el valor correspondiente al \u00abacreedor interno\u00bb que exige el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, de lo cual se percat\u00f3 este a\u00f1o y radic\u00f3 la respectiva correcci\u00f3n (23 jul. 2021). <\/p>\n
Asever\u00f3 que el estrado acusado en la audiencia de decisi\u00f3n de objeciones prevista en el canon 30 ib\u00eddem, resolvi\u00f3 desfavorablemente el nuevo \u00abproyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto\u00bb, no accedi\u00f3 a la \u00abinclusi\u00f3n del valor correspondiente al acreedor interno\u00bb y dispuso continuar las diligencias conforme al Decreto 772 de 2020, no con la Ley 1116 de 2006, lo que en su sentir es \u00abilegal en atenci\u00f3n a que el Decreto 772 debe ser aplicado \u00fanicamente para proceso nuevos, y a pesar de que hab\u00eda convocado la misma audiencia en atenci\u00f3n al art\u00edculo 30 de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la deudora formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra las primeras determinaciones y s\u00f3lo \u00abrepuso\u00bb la segunda, solventados adversamente, por lo que, interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de queja en contra de la negativa de conceder el recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue confirmado por la se\u00f1ora Juez, informando que el proceso es de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado y pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la presente acci\u00f3n de tutela, toda vez, que no se ha vulnerado ning\u00fan derecho ni al promotor ni a la deudora de la reorganizaci\u00f3n 2016-00137\u00bb. <\/p>\n
Arieta Luna de Roa, a trav\u00e9s de abogado, reclam\u00f3 la guarda de sus garant\u00edas \u00abal debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se dejara sin efectos: (i) El prove\u00eddo de 3 de agosto de 2021, por medio del cual, se neg\u00f3 la asignaci\u00f3n del porcentaje de \u00abvotaci\u00f3n al acreedor interno (deudor solicitante)\u00bb, advertido el defecto sustantivo por violaci\u00f3n de norma sustantiva y, (ii) La inaplicaci\u00f3n del Decreto 772 de 2020, por tratarse de un defecto procedimental al emplear en el pleito una norma procesal diferente; en consecuencia, se conmine al funcionario cuestionado, \u00ababstenerse de dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 772 de 2020, dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial n\u00ba 2016-00137\u00bb. <\/p>\n
La Federaci\u00f3n Nacional de Arroceros \u2013FEDEARROZ y el Banco de Occidente se opusieron a la demanda superlativa. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Yopal declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Rafael Eduardo Guti\u00e9rrez Alfonso, advertida su falta de legitimaci\u00f3n, \u00abal no ser titular de la acci\u00f3n, ni acreditar las condiciones que la jurisprudencia ha dispuesto para agenciar el derecho que le asiste a la deudora, y mucho menos tener la condici\u00f3n de parte en el proceso (…)\u00bb; empero, como la titular de los \u00abderechos fundamentales\u00bb presuntamente transgredidos actu\u00f3 como \u00abvinculada\u00bb, dispuso que aquella \u00abratific\u00f3 la solicitud de amparo y pidi\u00f3 expresamente la protecci\u00f3n de \u00e9stos\u00bb, por lo que estudi\u00f3 de fondo el asunto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, no encontr\u00f3 comprobado el defecto material o sustantivo alegado, en punto de la providencia emitida en vista p\u00fablica del pasado 3 de agosto, referente a \u00abno tener en cuenta el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos allegado por el promotor el 23 de julio de 2021\u00bb, porque entre otros argumentos, \u00abla decisi\u00f3n sobre este aspecto en particular goza de validez y se encuentra respaldada legal y jurisprudencialmente. El Juzgado hizo varios requerimientos dando un n\u00famero plural de oportunidades para que tanto el promotor como la deudora, actualizaran el informe o realizaran las manifestaciones que estimaran del caso, e incluso, otorg\u00f3 el t\u00e9rmino respectivo para que se formulara la objeci\u00f3n; sin que la deudora haya hecho pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, hall\u00f3 acreditada la v\u00eda de hecho en torno a la aplicaci\u00f3n del Decreto 772 de 2020, por desconocimiento del precedente constitucional fijado en la C- 378 de 2020, en tanto \u00abla Corte Constitucional zanj\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre la aplicabilidad del decreto 772 a los procesos en curso, que se iniciaron bajo el imperio de la Ley 1116 de 2006, limitando su aplicaci\u00f3n \u00fanicamente a aquellos en donde se encuentre demostrado que los solicitantes, desmejoraron a\u00fan m\u00e1s su condici\u00f3n econ\u00f3mica, producto de la declaraci\u00f3n del Estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica, a causa de la pandemia por Covid-19\u00bb. Por lo tanto, dej\u00f3 sin efectos el ordinal quinto de la resoluci\u00f3n fustigada, as\u00ed como todas las actuaciones derivadas de esta y mand\u00f3 continuar \u00ab(\u2026) tramitando el proceso bajo las reglas previstas en la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Apel\u00f3 la Juez Tercera Civil del Circuito de Yopal porque, en su opini\u00f3n (i) Si tuvo en cuenta el precedente constitucional, pues si bien el \u00abDecreto 772 fue expedido con ocasi\u00f3n de la emergencia econ\u00f3mica, el mismo y la sentencia de constitucionalidad establecen que las medidas de ese decreto son predicables de los procesos en curso y, adem\u00e1s, una vez establecido que los mecanismos dispuestos en el Decreto 772 de 2020 s\u00ed son aplicables a los destinatarios de la Ley 1116 de 2006, indiferentemente de las causas que dieron lugar a la insolvencia, y en aplicaci\u00f3n del Decreto reglamentario 1332 de 2020, fue que se procedi\u00f3 por parte del despacho a dar aplicaci\u00f3n al principio del efecto general inmediato de tr\u00e1nsito legislativo regulado en el art 40 de la Ley 153 de 1887, dada la ausencia de reglamentaci\u00f3n dentro del Decreto 772 de 2020\u00bb y, (ii) \u00ab[E]l nuevo tr\u00e1mite de peque\u00f1as insolvencias previsto en el art\u00edculo 11 del Decreto 772 de 2020, pues para su aplicaci\u00f3n s\u00f3lo exige cuant\u00eda de activos inferior a 5000 smlmv del reorganizado, sin importar el origen de su situaci\u00f3n, dejando claro que todo aquello que le sea aplicable a los procesos en curso, puede ser aplicado, sin que expresamente se halla restringido su utilizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, aclara la Sala que centrar\u00e1 la atenci\u00f3n \u00fanicamente en lo que fue objeto de \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, esto es, la inconformidad de la servidora judicial accionada frente a la concesi\u00f3n parcial del socorro en favor de la \u00abdeudora\u00bb Arieta Luna de Roa, debido a la confluencia de la v\u00eda de hecho \u00abdesconocimiento del precedente constitucional fijado en la C- 378 de 2020\u00bb, ya que, en su criterio, no se apart\u00f3 del precedente al disponer el tr\u00e1nsito normativo del Decreto 772 de 2020. <\/p>\n
2.- Cotejado el haz probatorio con los argumentos de disenso y la normatividad supracitada, se vislumbra, ab initio, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, porque emerge la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, en la modalidad de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, por los motivos que enseguida se exponen. <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 772 citado prescribe la finalidad y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de mecanismos extraordinarios de salvamento, recuperaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, en el r\u00e9gimen de insolvencia all\u00ed previstos, lo que permite concluir que su objetivo primordial, es \u00abproteger adecuadamente el orden p\u00fablico econ\u00f3mico y mitigar la extensi\u00f3n de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020\u00bb, y su alcance es aplicable a \u00ablos deudores que se han afectado como consecuencia de la emergencia antes mencionada y que buscan poder atender la proliferaci\u00f3n de procesos, procedimientos y tr\u00e1mites de insolvencia\u00bb, herramientas disponibles desde la entrada en vigencia del mismo. <\/p>\n
2.2.-En el sub-lite, lo evidenciado es que en el proceso concursal debatido, la Juez Tercero Civil del Circuito de Yopal, de manera oficiosa, dispuso que \u00aben adelante el presente asunto se tramite conforme al proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado de que trata el Decreto 772 de 2020, reglamentado por el Decreto 1332 de 2020\u00bb (3 ag. 2021), al colegir que se cumpl\u00edan los requisitos que exige el primero de tales preceptos, porque \u00aba criterio del despacho es procedente hacer tr\u00e1nsito del presente tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial regulado en la Ley 1116 de 2006 al proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado de que trata el Decreto 772 de 2020, reglamentado por el Decreto 1332 de 2020, dado que la Ley 1116 de 2006, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 772, \u00fanicamente es aplicable a los procesos de insolvencia cuyos activos sean superiores a 5000 S.M.L.M.V\u00bb (r\u00e9cord 00:20:07 \u2013 00:20:36, derivado: 27AudienciaResolucionObjeciones03-08-2021 Parte2) <\/p>\n
No obstante, se observa que su consideraci\u00f3n no concuerda con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 11 de dicha normativa, seg\u00fan el cual, para los efectos de la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado para peque\u00f1as insolvencias, \u00abel deudor o los acreedores deben presentar la solicitud de admisi\u00f3n ante el Juez del Concurso, y en los t\u00e9rminos que este establezca, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006 y el supuesto de cesaci\u00f3n de pagos\u00bb (subrayado y negrilla Adrede). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el \u00abtr\u00e1nsito normativo\u00bb adoptado por la juez se llev\u00f3 a cabo sin mediar \u00absolicitud de admisi\u00f3n al nuevo procedimiento de reorganizaci\u00f3n abreviado\u00bb de la concursada o de los acreedores, incluso, en contra de la voluntad de la deudora que puso en conocimiento su inconformidad con dicha determinaci\u00f3n (reposici\u00f3n), resuelta desfavorablemente por el estrado encartado, refulge el desafuero puesto de presente. <\/p>\n
2.3.- Aunado a lo anterior, valga aclarar, que mientras no medie la referida \u00absolicitud\u00bb, el desarrollo de la contienda reprochada radicada el 5 de febrero de 2006 (fl. 194 C-1p\/pal), sujeta a la Ley 1116 de 2006, precisamente en virtud del canon 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el art. 624 de la Ley 1564\/12, debe seguirse tramitando con base en esa preceptiva. <\/p>\n
3.- Corolario de lo pret\u00e9rito, se avizora que el despacho censurado cometi\u00f3 \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, supuesto suficiente para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, sobre el cual la Corte Constitucional ha indicado que, <\/p>\n
\u00ab(…) este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u00bb (CC T-204\/18, reiterado en STC7727-2020). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas, y se CORRIGE su ordinal tercero, en el sentido de \u00abORDENAR al juzgado accionado que contin\u00fae tramitando el proceso bajo las reglas previstas en la Ley 1116 de 2006\u00bb. En lo dem\u00e1s, la providencia quedar\u00e1 inc\u00f3lume. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13160-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13160-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2021-00115-01 (Aprobado en sala virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de agosto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58259","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58259"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58259\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}