STC13161-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00374-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que la Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro -OSA instaur\u00f3 en contra del Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a la Sociedad Gigiomania S.A.S, a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia \u2013SAYCO, a la Asociaci\u00f3n Colombiana de Int\u00e9rpretes y Productores Fonogr\u00e1ficos \u2013ACINPRO- y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo n\u00ba 68001-31-03-012-2017-00001-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad y administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara invalidar \u00abla sentencia proferida el 05 de Mayo de 2021, por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del en el proceso radicado con el n\u00famero 68001-31-03-012-2017-00001-00\u00bb y, en consecuencia, \u00abproferir nueva providencia en el proceso radicado con el n\u00famero 68001-31-03-012-2017-00001-00 para que se tengan como pruebas todas las pruebas documentales recaudadas, se valore \u00edntegramente la prueba testimonial, se tenga en cuenta la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre las manifestaciones vertidas en los interrogatorios de parte, se valore la prueba indiciaria. Y que todo el acervo probatorio sea valorado en su conjunto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En suma, adujo que inco\u00f3 demanda verbal sumaria contra la Compa\u00f1\u00eda Gigiomania S.A.S. (rad n\u00ba 012-2017-00001) procurando el pago de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos generados por la infracci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales fonograbadas, el glu glu, tres canciones, experiencias vividas, La plata, 26 de mayo, cabeza de hacha, la espeluca, interpretadas por Diomedes Diaz, Silvestre Dangond y TWISTER, administradas por las Sociedades de Gesti\u00f3n Colectiva SAYCO y ACINPRO. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga neg\u00f3 las pretensiones (5 may. 2021). Por ello, lo acus\u00f3 de incurrir en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
i). \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb por estimaci\u00f3n arbitraria y caprichosa de los medios de prueba, al excluir \u00ab(\u2026) los medios de prueba consistentes en el documento de nombre \u201cvisita o autodeclaraci\u00f3n No. 417903\u201d y los videos aportados con la demanda, (\u2026) dicha decisi\u00f3n la sustento en los testimonios de los empleados de la organizaci\u00f3n SAYCO ACINPRO,MICHAEL STEVEN RIVERA CANO y GINA POLA CACERES), cuando en su declaraci\u00f3n manifestaron ser ellos quienes intervinieron en la creaci\u00f3n de las pruebas, aunado a que le resto valor probatorio al documento de nombre \u201cvisita o autodeclaraci\u00f3n No. 417903\u201d y su contenido, con el argumento seg\u00fan el cual, el se\u00f1or CECILIIO VERA representante legal de la sociedad demandada, esto es GIGIOMANIA S.A.S., a pesar de no haber tachado de falsa el plurimencionado documento de nombre \u201cvisita o autodeclaraci\u00f3n No. 417903\u201d, cuando se le puso de presente en el interrogatorio de parte manifest\u00f3 que \u00e9l no lo hab\u00eda suscrito (\u2026) el contenido de esos medios de prueba tiene respaldo y son contestes con el contenido de la prueba testimonial recaudada en el proceso a los se\u00f1ores MAICOL STEVEN RIVERA CANO Y GINA PAOLA CACEREES TPORRES, quienes de forma exacta y sin dubitaci\u00f3n alguna narran las circunstancias de tiempo modo y lugar en percibieron los actos de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de las obras el glu glu, tres canciones y el confite, interpretadas por Diomedes Diaz y Silvestre Dangond el d\u00eda 12 de Agosto de 2015\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n porque, en su sentir, omiti\u00f3 \u00abla valoraci\u00f3n de la prueba indiciaria, por lo cual decide declarar no probado los actos de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales del cat\u00e1logo de la Organizaci\u00f3n SAYCO ACINPRO, cuando exist\u00edan en el proceso m\u00faltiples hechos indicadores probados que converg\u00edan en un indicio necesario\u00bb y \u00abno valor\u00f3 en su integridad los testimonios de GINA PAOLA CACERES y MAICOL STEVEN CANO, en cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar en que percibieron los actos de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de las obras musicales, frente a los otros medios de pruebas, verbi gratia prueba indiciaria, o del interrogatorio de parte, pues el juez solo se limit\u00f3 a valorar los testimonios en cuanto a los circunstancias de tiempo modo y lugar en que se elaboraron tanto el documento de nombre \u201cvisita o autodeclaraci\u00f3n No. 417903\u201d como los videos, que corresponde a hechos diferentes\u00bb. <\/p>\n
ii). \u00abDefecto sustantivo\u00bb por aplicaci\u00f3n de norma inexistente e interpretaci\u00f3n que contrar\u00eda los postulados m\u00ednimos de la razonabilidad jur\u00eddica, comoquiera que \u00abaplic\u00f3 una norma inaplicable a la litis (decreto 3492 de 2010) y con otra norma (art\u00edculo 24 del decreto 3116 de 1984), que para \u00e9poca de los hechos (2015 y 2016), se encontraba derogada, desde el a\u00f1o 1996. Pero, adem\u00e1s porque no hace una interpretaci\u00f3n razonable del art\u00edculo 163 de la ley 23 de1982, por lo que desconoci\u00f3 el sistema de la sana cr\u00edtica y libertad probatoria establecido en el ordenamiento jur\u00eddico procesal colombiano (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), al exigir una tarifa legal probatoria con la cual demostrar actos de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales, consistente dicho medio de prueba en un documento (planillas), exigencia del Juez para la prosperidad de las pretensiones (\u2026) El art\u00edculo 24 del decreto 3116 de 1984 es una norma inaplicable al proceso verbal sumario (\u2026) porque dicho art\u00edculo 24 del decreto 3116 de 1984 fue derogado de forma expresa por el art\u00edculo 59 del decreto 162 de 1996 (nueve a\u00f1os antes de los hechos narrados de la demanda), dicho decreto 162 de 1996 no fue declarado inexequible, o nulo, ni el tan mencionado art\u00edculo 24 del decreto 3116 de 1984 fue reproducido su contenido en el decreto 3942 de 2010, motivo por el cual no se encontraba vigente ni en los a\u00f1os 2015 y 2016, ni al cinco de mayo de 2021, fecha de expedici\u00f3n de la sentencia, por la sencilla raz\u00f3n que hab\u00eda desaparecido de la vida jur\u00eddica desde el a\u00f1o 1996,. As\u00ed las cosas, el argumento de la decisi\u00f3n del Juez de exigir la presentaci\u00f3n de planillas del art\u00edculo 24 del decreto 3116 de 1984, como \u00fanico requisito para que la organizaci\u00f3n SAYCO ACINPRO demostrara el uso de la m\u00fasica en el establecimiento de comercio de propiedad de la demandada (GIGIOMANIA SAS), se erige sobre una norma inexistente\u00bb. <\/p>\n
iii) \u00abDesconocimiento del precedente\u00bb, porque \u00abel juez al valorar el interrogatorio de parte y darle la calidad de prueba, en cuanto a los hechos narrados sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarroll\u00f3 la visita del 12 de Agosto de 2015, incurri\u00f3 en un yerro, pues contrario la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que se\u00f1ala que cuando una parte hace narraci\u00f3n de hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicaci\u00f3n del principio conforme al cual a nadie le es l\u00edcito crearse su propia prueba\u00bb y, si bien \u00abaplic\u00f3 para las pruebas del demandante la jurisprudencia de la Corte, sobre la pre constituci\u00f3n de la prueba, pero no hizo lo mismo frente a la pruebas del demandado (interrogatorio de parte), con lo cual tambi\u00e9n vulner\u00f3 el derecho a la igualdad, no solo frente a casos similares de precedentes judiciales, sino al trato dentro del proceso a las partes en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba, pues respecto de la sociedad demandada dio tuvo como prueba todas las manifestaciones que le favorec\u00edan y nada dijo sobre las que le perjudicaban como lo era aceptar por el representante legal de la sociedad GIGIOMANIA SAS en el interrogatorio de parte que en el establecimiento de comercio de nombre GIGIOMANIA ubicado en la carrera17 n\u00famero 17 \u2013 52 de la ciudad de Bucaramanga, exist\u00edan medios para difundir m\u00fasica, que dicho medios eran televisores y que a trav\u00e9s de los mismos se difund\u00eda m\u00fasica, inclusive el d\u00eda de la visita realizada el 12 de agosto de 2015, manifestaciones que al ser perjudiciales para dicha parte se debieron tornar como una confesi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de la actuado. <\/p>\n
Gigiomania S.A.S., se opuso al resguardo. <\/p>\n
Las Sociedades de Gesti\u00f3n Colectiva SAYCO y ACINPRO solicitaron \u00abacceder a la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales invocados como vulnerados\u00bb, al destacar las mismas \u00abv\u00edas de hecho\u00bb esbozadas por la OSA. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Bucaramanga desestim\u00f3 el auxilio, al hallar \u00abrazonada\u00bb la providencia del juzgador cuestionado, en tanto, \u00ab(\u2026), se encuentra que s\u00ed fueron analizadas las pruebas arrimadas al proceso, se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de forma suficientemente motivada y la acci\u00f3n de tutela no se puede tener como un mecanismo para surtir la segunda instancia que, por disposici\u00f3n legal no tiene, as\u00ed como tampoco abre paso a un nuevo an\u00e1lisis probatorio por parte del Juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Apelaron la OSA y la Sociedad de Gesti\u00f3n Colectiva Sayco, con argumentos id\u00e9nticos a los inaugurales; agreg\u00f3 la primera que, el a quo \u00abincurre en falta de motivaci\u00f3n, el tribunal no estudi\u00f3 de manera completa todos los defectos f\u00e1cticos y sustantivos en que incurri\u00f3 el juez 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, a pesar de que la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales es arbitraria, caprichosa evidente y de bulto (\u2026) El Juzgador aplic\u00f3 el art\u00edculo 24 del Decreto 3116 de 1984 una NORMA DEROGADA, 9 a\u00f1os antes de la ocurrencia de los hechos de que trata el proceso verbal sumario, contrar\u00edan el sistema de valoraci\u00f3n de la prueba (SANA CRITICA), establecido en el ordenamiento procesal colombiano (art. 176 del C\u00f3digo General del Proceso), queriendo aplicar una TARIFA LEGAL INEXISTENTE, , la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 163 de la ley 23 de 1982 realizada por la autoridad accionada fue manifiestamente errada, no solo por incluir una norma derogada (art 24 del decreto 3116 de 1984, que desarrollaba el art\u00edculo 163 de la ley 23 de 1982), sino porque saca de los par\u00e1metros de la juridicidad y de la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica aceptable su decisi\u00f3n, en la medida en que el referido art\u00edculo 163 de la ley 23 de 1982, lo que establece son obligaciones de llevar planillas de ejecuci\u00f3n a quienes usan m\u00fasica en establecimientos de comercio, pero no establece dicha norma, que la planillas de ejecuci\u00f3n sean el \u00fanico medio de prueba id\u00f3neo para probar los actos de comunicaci\u00f3n p\u00fablica como erradamente los entiende el Juez ordinario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, ab initio se advierte el fracaso de la salvaguarda y la consiguiente convalidaci\u00f3n del veredicto confutado. <\/p>\n
2.- Se afirma lo anterior, porque de los medios suasorios obrantes en el paginario avizora la Sala que la sentencia del Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga (5 may. 2021), no luce antojadiza, \u00abcaprichosa\u00bb, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de las reglas y jurisprudencia que rigen la materia, as\u00ed como a una apreciaci\u00f3n del haz probatorio cuyos \u00abargumentos jur\u00eddicos\u00bb no se muestran contraevidentes con la realidad que fluye del dossier, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la lid de cara a la no confluencia de \u00abla infracci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n p\u00fablica de las obras musicales fonograbadas\u00bb que se relacionaron en el escrito genitor. <\/p>\n
En efecto, escuchado el audio que contiene los pormenores de la audiencia donde se dict\u00f3 la citada determinaci\u00f3n, liminarmente, cit\u00f3 apartes de la interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para deducir de ella que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) correspond\u00eda a la demandada probar que los artistas cuya m\u00fasica dice la demandante divulg\u00f3 sin autorizaci\u00f3n en el establecimiento comercial de su propiedad, en realidad no estaban afiliados a ninguna de las dos Asociaciones que representa, pues como acaba de verse, opera a favor de la actora, acogiendo la interpretaci\u00f3n del Tribunal como Sociedad de Gesti\u00f3n Colectiva que es, una presunci\u00f3n iuris tantum, o de derecho, desvirtuable, por supuesto. <\/p>\n
Eso sin embargo, no sucedi\u00f3, toda vez que en el plenario no reposa elemento de juicio alguno que desvirtu\u00e9 lo dicho en los certificados expedidos por la secretaria general de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Int\u00e9rpretes y Autores Fonogr\u00e1ficos -ACINPRO, y la coordinadora documental de la Sociedad de Autores y Compositores -SAYCO, obrantes de folios 14 a 17 del Tomo I del cuaderno principal, en los que se advierte que los Cantantes Diomedes D\u00edaz y Silvestre Dangond, a m\u00e1s de hacer parte de la Asociaci\u00f3n, tienen documentadas las obras cuya ejecuci\u00f3n p\u00fablica, afirma la demandante, evidenci\u00f3\u00bb (r\u00e9cord 00:09:30- 00:10:37) <\/p>\n
Luego, puntualiz\u00f3, en cuanto al \u00abmaterial probatorio recaudado\u00bb en el expediente que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contrario a lo argumentado por la demandada en el escrito de contestaci\u00f3n, si le asiste inter\u00e9s a la demandante para reclamar el pago de los derechos patrimoniales que afirma han sido vulnerados; otra cosa, es que la demandante hubiese logrado demostrar la infracci\u00f3n que le endilga la demandada, pues a decir verdad, todas las probanzas sobre las cuales sustenta la difusi\u00f3n de las obras musicales, son de su creaci\u00f3n; las actas y los videos adosados con el libelo los elaboraron funcionarios de la organizaci\u00f3n, eso dijeron al Juzgado Gina Paola C\u00e1ceres Torres y Michael Stiven Rivera Cano (\u2026)\u00bb (mins 00:11.45 en adelante). <\/p>\n
Ese raciocinio lo soport\u00f3 en un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por sabido se tiene que: \u201ca nadie le es l\u00edcito o aceptable pre-constituir unilateralmente la probanza que a s\u00ed mismo le favorece, cuando con aquella pretende demostrar unos hechos de los cuales deriva un derecho o beneficio con perjuicio de la otra parte, pues ello ser\u00eda tanto como admitir que el demandado, \u2018mutatis mutandis\u2019, pudiera exculpar su propia prueba, en franca contrav\u00eda de granados postulados que, de anta\u00f1o, inspiran el derecho procesal\u201d (Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil sentencia del 4 de abril de 2001 expediente 5502), todo por supuesto: \u201ca partir del deber que gravita sobre aqu\u00e9llas de asumir la carga de probar, para as\u00ed evitar que el proceso se convierta en un espacio de encuentro para simples versiones y no, como debe ser, el escenario para despejar la incertidumbre con los elementos reconstructivos del pasado que sean legalmente admisibles, m\u00e1xime si estos se encuentran en posibilidad de ser acopiados\u201d (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Civil sentencia de casaci\u00f3n del 27 de junio 2007 expediente 200100015101)\u201d\u00bb (r\u00e9cord 00:12:10- 00:13:37) <\/p>\n
Continu\u00f3 dilucidando la ausencia de \u00abelementos de convicci\u00f3n\u00bb que acreditaron la \u00abinfracci\u00f3n\u00bb delimitada por la impulsora y al estudiar los testimonios y declaraci\u00f3n de parte rendidos, adujo que, <\/p>\n
\u00abDe cualquier manera, poca es la fuerza demostrativa de las pruebas en ese sentido. Es cierto, consta en el acta de visita del establecimiento de comercio de propiedad de la demandada No 417903 obrante a folio 7 del cuaderno 1 Tomo I, que quien atendi\u00f3 ese d\u00eda la diligencia, 12 de agosto de 2015, fue el mismo representante legal de la sociedad accionada, pues es su nombre el que aparece all\u00ed; empero, el mismo representante legal de la sociedad accionada dijo no haber firmado el acta al estar en desacuerdo con lo que en ella apunt\u00f3 el visitador de la organizaci\u00f3n, ya que a su llegada apag\u00f3 los equipos instalados en el local as\u00ed que no sonaba nada en el lugar. Curiosamente quien atendi\u00f3 al agente de polic\u00eda que acompa\u00f1aba al visitador ese d\u00eda, seg\u00fan lo declar\u00f3 Michael Stiven Rivera Cano, dej\u00f3 constancia en la orden de comparendo vista a folio 9 del primer cuaderno, que la persona que atendi\u00f3 la visita fue otra llamada Ximena Cuervo, y la firma impresa en ese formato no coincide con la del acta de la visita; lo que desde luego pone en entredicho el contenido de la misma; m\u00e1xime si en la cuenta se tiene que, en la copia aportada no aparece recibida por alguien del establecimiento. Vale resaltar no fue tachada de falsa el acta, lo cual a la luz de las normas procesales le da autenticidad; sin embargo, el representante legal de la demandada claramente advirti\u00f3 que no la firm\u00f3 y al ponerle de presente el documento del cual se est\u00e1 haciendo menci\u00f3n, dijo que esa no era su firma que el firmaba con una rubrica distinta\u00bb (mins. 00:13:39- 00:15:27) <\/p>\n
Aclar\u00f3, luego de concluir la \u00abfalta de pruebas\u00bb en la \u00abacci\u00f3n verbal sumaria\u00bb instaurada por la OSA, que tampoco se tuvo en cuenta la \u00abausencia\u00bb de los documentos que prescribe el art. 163 de la Ley 23 de 1982, porque, <\/p>\n
\u00abS\u00famese a lo anterior, que conforme a lo indicado en el art\u00edculo 24 del Decreto 3116 de 1984, vigente a la fecha debido a la derogatoria del Decreto 162 de 1996 a manos del Decreto 3492 de 2010 son los datos contenidos en las planillas que deben diligenciar diariamente los establecimientos de comercio a voces del art\u00edculo 163 de la ley 23 de 1982, las que sirven para determinar la utilizaci\u00f3n de las obras, luego era ese y no otra prueba la que se ten\u00eda que aportar al plenario\u00bb. (r\u00e9cord 00:15:28 – 00:16:00) <\/p>\n
Finalmente, al analizar las grabaciones aportadas y definir la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica de las mismas, coligi\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no admite discusi\u00f3n que la demandada no tach\u00f3 de falsos los videos, pero a decir verdad, no se tiene certeza de quien los elabor\u00f3, ni tampoco de la fecha y la hora de los mismos, menos del lugar porque no se puede apreciar con nitidez que se trate del local ubicado en la Carrera 17 No 57 32 del Barrio la Victoria- Bucaramanga; y aunque Gina Paola C\u00e1ceres Torres, declar\u00f3 haberlos realizado ella, porque eso dijo en su declaraci\u00f3n, no se le ve en las im\u00e1genes, se escucha la voz de una mujer, pero tampoco se puede decir que es la de ella, y porque sea esa voz femenina no puedo advertir que se trate de la misma Gina Paola C\u00e1ceres Torres; luego a ese video no puede d\u00e1rsele valor probatorio. <\/p>\n
Y eso que estoy dejando de un lado que, ese video se realiz\u00f3 sin la autorizaci\u00f3n del titular de la titular o de la propietaria del establecimiento de comercio. Es cierto se estaban haciendo im\u00e1genes de un sitio p\u00fablico, pero v\u00e9ase que el video se practic\u00f3 soterradamente, la misma declarante, la se\u00f1ora Gina Paola, admiti\u00f3 que lo hizo de esa manera, porque como los propietarios de los establecimientos no les dejan entrar al advertir que ellos ahora le pagan esos derechos patrimoniales de autor y conexos a otras organizaciones pues no les permiten acceder al lugar. <\/p>\n
Ese video tiene un fin probatorio, el fin de ese video es traerlo al proceso, hacerlo a espaldas de la parte contra la cual se pretende aducir, por supuesto afecta el derecho al debido proceso; luego no puede d\u00e1rsele un valor probatorio. Eso significa razonadamente que la demandante no acredit\u00f3 que la demandada estuviese ejecutando p\u00fablicamente las obras musicales de las que hace menci\u00f3n en el libelo genitor, omisi\u00f3n que da al traste con las pretensiones, las cuales en ese orden ser\u00e1n negadas imponiendo el pago de las costas a la demandante\u00bb. (r\u00e9cord 00:16:01- 00:18:17). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, con independencia de la vigencia o derogatoria del Decreto 3116 de 1984, lo cierto es que el precepto citado por el iudex natural no tuvo un \u00abefecto decisivo o determinante en la sentencia objeto de embate\u00bb, contrario al \u00abhaz probatorio\u00bb antes citado y analizado en conjunto por el sentenciador criticado a la luz de las \u00abreglas\u00bb de valoraci\u00f3n probatoria dispuestas por la ley adjetiva civil. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, su convicci\u00f3n de requerirse un \u00abmedio probatorio\u00bb id\u00f3neo para \u00abpara determinar la utilizaci\u00f3n de las obras musicales\u00bb, como el concebido en el art\u00edculo 163 de la Ley 23 de 1982, que prescribe el deber de la persona que tenga a su cargo la direcci\u00f3n de las entidades o establecimientos en donde se realicen actos de ejecuci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales, en \u00abAnotar en planillas diarias, en riguroso orden, el t\u00edtulo de cada obra musical ejecutada, el nombre del autor o compositor de las mismas, el de los artistas o int\u00e9rpretes que en ella intervienen, o el del director del grupo u orquesta, en su caso, y del nombre o marca del grabador cuando la ejecuci\u00f3n p\u00fablica se haga a partir de una fijaci\u00f3n fonomec\u00e1nica\u00bb, resulta ser una interpretaci\u00f3n \u00abrazonable\u00bb. <\/p>\n
Que la precursora disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, el juez realiz\u00f3 una \u00abestimaci\u00f3n arbitraria y caprichosa de los medios de prueba, al omitir valorar las pruebas indiciarias y los testimonios de Gina Paola C\u00e1ceres y Maicol Steven Cano\u00bb, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia supralegal implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se convalidar\u00e1 el veredicto refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13161-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00374-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58260","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58260"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58260\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}