STC13162-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13162-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00316-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que Claudia Berm\u00fadez Salazar le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 y la Comisar\u00eda de Familia de Sop\u00f3. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abvida\u00bb, \u00abintegridad personal\u00bb, \u00abigualdad y no discriminaci\u00f3n\u00bb, \u00abseguridad\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abdignidad humana\u00bb, para que, en consecuencia, se ordenara a las autoridades querelladas: (i) \u00abDeclar[ar] de manera coordinada las medidas de protecci\u00f3n necesarias (\u2026) contempladas en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008 (\u2026) para cesar la violencia econ\u00f3mica y psicol\u00f3gica que padece (\u2026), para lo cual velar\u00e1n por el restablecimiento de su nivel econ\u00f3mico y el de sus hijos mayores dependientes econ\u00f3micos conforme a las sumas confesadas por el victimario y en todo caso que cubran la totalidad de las obligaciones derivadas del nivel de vida\u00bb; (ii) \u00abAdelantar las gestiones para verificar si el victimario ha cumplido con las obligaciones derivadas de la medida de protecci\u00f3n o reincidi\u00f3 en las conductas violentas [en su contra,] a fin de que se inicie con el tr\u00e1mite administrativo de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n\u00bb; (iii) \u00abConvo[car] a otros profesionales que permitan determinar [sus] condiciones f\u00edsicas, emocionales, psicol\u00f3gicas y adem\u00e1s realicen el acompa\u00f1amiento durante el tr\u00e1mite que deba surtirse\u00bb; (iv) \u00abDecret[ar] la prueba testimonial del joven Steven Vargas Berm\u00fadez (\u2026) ten[iendo] en cuenta su condici\u00f3n de v\u00edctima intrafamiliar, por lo que se deber\u00e1n adoptar las medidas necesaria para no ser confrontado con el victimario, con una valoraci\u00f3n sociol\u00f3gica previa de las preguntas a formularse\u00bb; (v) \u00abResolv[er] con una perspectiva de g\u00e9nero los recursos impetrados (\u2026), a fin de propender por la salvaguarda [de sus] derechos fundamentales y evitar la insolvencia del demandado (\u2026), teniendo en cuenta que las medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar y de violencia de g\u00e9nero, son innominadas\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que promovi\u00f3 juicio de \u201cdivorcio\u201d (rad. 2021-00259) con el prop\u00f3sito de que se declarara la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que contrajo con Alberto Vargas Perea, en el que invoc\u00f3 como causal \u201cla violencia psicol\u00f3gica, f\u00edsica y econ\u00f3mica\u201d que vivi\u00f3 durante 22 a\u00f1os y solicit\u00f3 las siguientes cautelas: \u00ab(i) Las medidas de protecci\u00f3n contempladas en los art\u00edculos 4\u00ba y 5\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 1257 de 2008 por los actos de violencia intrafamiliar; (ii) El desalojo del demandado de la casa; (iii) La custodia y cuidado personal provisional de los dos hijos menores Santiago y Jacobo Vargas Berm\u00fadez; (iv) La contribuci\u00f3n econ\u00f3mica por el monto de $20\u2019000.000 por parte de Alberto Vargas Perea para la subsistencia de ella y de los cuatros descendientes, porque siempre se ha desempe\u00f1ado como \u201cama de casa\u201d y aunque Daniel y Steven Vargas Berm\u00fadez son mayores de edad, requieren del dinero para la universidad; (v) El \u201cembargo y secuestro\u201d de los bienes a nombre de Alberto Vargas sobre: -Derechos contractuales en cuentas de participaci\u00f3n y t\u00edtulos valores \u201ca la orden\u201d en cinco sociedades comerciales; -Cinco inmuebles identificados con M.I. N\u00ba 50N-20767410, 50N-105548, 50N-44354, 176-24780, 176-115564; derechos fiduciarios, rendimientos, contratos y\/o cualquier t\u00edtulo, derivados de patrimonios aut\u00f3nomos; los emolumentos depositados en todas las entidades bancarias; treinta y cuatro predios que se encuentran en cabeza de sociedades comerciales y entidades prestadoras de servicios financieros \u201cen las que el demandado ejerce control\u201d. <\/p>\n
Coment\u00f3 que los gastos del hogar devienen de dos empleadas de servicio, el conductor, el jardinero, la mascota, la administraci\u00f3n del conjunto cerrado, el mantenimiento y arreglos de la vivienda, mercado, colegios, universidades, vestuario, celulares, galenos no cubiertos por el seguro, medicamentos, afiliaci\u00f3n a salud, mantenimiento de los tres veh\u00edculos, \u201ccarro golf\u201d, viajes familiares, extraordinarios e imprevistos. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado querellado inadmiti\u00f3 el libelo (11 jun. 2021) y, al subsanar \u201cdentro del t\u00e9rmino legal\u201d los errores, lo admiti\u00f3 y decret\u00f3 algunas de las \u201ccautelas\u201d rogadas (23 jul.); raz\u00f3n por la que inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n frente a esa directriz. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en el mes de abril de este a\u00f1o acudi\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia de Sop\u00f3, quien expidi\u00f3 \u201cmedida de protecci\u00f3n provisional de desalojo\u201d contra Vargas Perea y le prohibi\u00f3 \u201cviolentar[la de forma] verbal, psicol\u00f3gica, f\u00edsica, econ\u00f3mica o patrimonial\u201d (9 jul.); sin embargo, a la fecha, no ha emitido \u201corden\u201d para que aquel cumpla, espec\u00edficamente lo relacionado con el \u201crestablecimiento del nivel econ\u00f3mico\u201d. <\/p>\n
Dijo que en la diligencia presidida por la Comisaria (15 jul.), uno de sus hijos testific\u00f3 \u201catemorizado\u201d por su padre y \u201cno pudo contar toda la verdad\u201d de los hechos, situaci\u00f3n que puso en conocimiento de ese organismo para que de nuevo se decretara \u201cla prueba testimonial\u201d, pero le contest\u00f3 con \u201cexceso de rigor procedimental\u201d que esa oportunidad feneci\u00f3 y se hab\u00eda evacuado con el \u201clleno de las garant\u00edas\u201d. <\/p>\n
Expres\u00f3 que desde el momento de entablar el litigio, Alberto Vargas \u201credujo significativamente el dinero para los gastos de la casa\u201d a $3\u2019000.000, los cuales debe repartir para su sostenimiento, el de sus hijos y dos empleadas de servicio, por lo que no tiene los recursos para \u201csolventar las necesidades y, menos, proporcionar\u201d la suma correspondiente al estudio de sus descendientes, habida cuenta de que uno de ellos est\u00e1 en Cartagena realizando la pr\u00e1ctica de una carrera profesional, quien adicionalmente se encuentra enfermo de una \u201cafecci\u00f3n en los pies\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su salud f\u00edsica y ps\u00edquica est\u00e1 en \u201cdeterioro\u201d, mientras que Vargas Perea controla los activos incluidos en la sociedad conyugal \u201cvalorados en m\u00e1s de $80\u2019000.000\u201d y aunque es una mujer \u00abprofesional\u00bb y con \u201cgrandes cualidades culinarias (\u2026), durante 23 a\u00f1os de matrimonio se dedic\u00f3 a la atenci\u00f3n de su esposo e hijos, raz\u00f3n por la que no cuenta con experiencia y (\u2026) no goza de reconocimiento que le permita generar dinero\u201d. <\/p>\n
2.- La alcald\u00eda de Sop\u00f3 se opuso al ruego por \u201cinexistente la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u201d, en tanto la Comisar\u00eda \u201cfij\u00f3 medida de protecci\u00f3n provisional\u201d en presencia de la Personer\u00eda, la que contin\u00faa vigente hasta tanto se resuelva de fondo la controversia; el 29 de abril de 2021 se realiz\u00f3 el desalojo del implicado y el 9 de agosto program\u00f3 la audiencia notific\u00e1ndole a la interesada a su e-mail. <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 inform\u00f3 que el 23 de julio de 2021 admiti\u00f3 la demanda promovida por la impulsora y, en auto de la misma fecha se pronunci\u00f3 respecto de las \u201cmedidas cautelares provisionales\u201d, prove\u00eddos recurridos en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, pendientes de soluci\u00f3n. Por lo esbozado, suplic\u00f3 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pues no ha quebrantado las garant\u00edas superiores; adem\u00e1s la tutelante tiene los mecanismos para controvertir las decisiones adoptadas por ese despacho y que le generan inconformidad. <\/p>\n
La Defensora de Familia adscrita al ICBF Zonal Zipaquir\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u201cno existe ni la competencia, ni la omisi\u00f3n\u201d por esa entidad. <\/p>\n
El Defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales exterioriz\u00f3 su preocupaci\u00f3n, puesto que, en el sub examine, \u201cse est\u00e1 presentando uno de los muchos ejemplos de violencia econ\u00f3mica contra la mujer que ocurre diariamente en el pa\u00eds, donde la v\u00edctima es presionada a manos de su pareja o expareja sentimental para coartar su autonom\u00eda e independencia\u201d; as\u00ed las cosas, anot\u00f3 la necesidad de que \u00abel juez de tutela aborde la cuesti\u00f3n planteada desde un enfoque de g\u00e9nero\u201d y, por tanto, requiri\u00f3 que se ordene a las autoridades accionadas adoptar las medidas correspondientes para evitar la ocurrencia de \u201cactos de violencia y discriminaci\u00f3n\u201d y, tambi\u00e9n, para que tramiten con \u201cceleridad y urgencia\u201d los decursos que tienen a su cargo. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el amparo, tras no advertir la \u00abvulneraci\u00f3n denunciada por la gestora, comoquiera que resultaba prematura\u00bb. Explic\u00f3 que \u00ablas solicitudes est\u00e1n al despacho para resolver los recursos de reposici\u00f3n y, pronunciarse respecto a la concesi\u00f3n o no, del recurso de apelaci\u00f3n que la actora formul\u00f3\u00bb y la Comisar\u00eda \u00abel 9 de agosto de 2021, (\u2026) fij\u00f3 fecha para el 24 de agosto de 2021 \u201ccon el fin de continuar la audiencia de violencia intrafamiliar\u201d, lo que significa que a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la sedicente con argumentos similares a los expuestos en el escrito genitor y reliev\u00f3 que, aun cuando en los infolios existe \u201cun amplio material probatorio que evidencia todos los maltratos a los que ha sido sometida (\u2026), le fue negada la medida provisional de alimentos y no se ha decidido la medida de protecci\u00f3n frente a la violencia econ\u00f3mica\u201d; ello, sumado a que las dependencias acusadas \u201cvienen dilatando la toma de decisiones de fondo que pongan fin al flagelo\u201d. Por ello, reiter\u00f3 la clama \u201cdirigida a que se tomen las determinaciones de manera inmediata y coordinada\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se avizora que la queja medular de la recurrente se reduce a la obtenci\u00f3n, de manera tempestiva, de una \u201ccuota alimentaria provisional\u201d que se acompase con su necesidad y la capacidad e ingresos percibidos por Alberto Vargas Perea, en aras de poner fin a la \u201cviolencia econ\u00f3mica\u201d que aquel ha ejercido desde resolvi\u00f3 acabar con el matrimonio; empero, de la evidencia allegada al plenario, delanteramente se anuncia el fracaso del resguardo y la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, porque para cuando la actora acudi\u00f3 a este dispositivo especial (10 ag. 2021), se hallaban en tr\u00e1mite las solicitudes elevadas ante el juez natural de la causa con ese objetivo. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 se neg\u00f3 a decretar la \u201ccautela\u201d requerida por la precursora -23 jul. 2021-, consistente en la \u201cfijaci\u00f3n de alimentos provisionales\u201d a cargo del demandado, al apreciar que no \u201cexist[\u00eda] fundamento plausible\u201d. Ese pronunciamiento fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n y, para cuando se ejerci\u00f3 esta acci\u00f3n excepcional, no se hab\u00eda adoptado una resoluci\u00f3n definitiva en ese sentido. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, de la contestaci\u00f3n que adjunt\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia se observ\u00f3 que en auto de 9 de agosto de 2021 program\u00f3 audiencia para el 24 de agosto, en la que solucionar\u00eda la \u201cmedida de protecci\u00f3n n\u00ba 282-2021\u201d que propuso la peticionaria. <\/p>\n
Esas particulares incidencias, sumadas a la identidad que existe entre las rogativas de \u201cfijaci\u00f3n de cuota alimentaria provisional\u201d y de \u201cviolencia econ\u00f3mica\u201d aducidas en esas actuaciones y las aqu\u00ed expuestas por la querellante, suponen un presuroso ejercicio de esta senda constitucional. Es claro, entonces, que mientras no se desentra\u00f1en las referidas etapas procesales no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, pues ello indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC1985-2018). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con las cr\u00edticas de Berm\u00fadez Salazar por la \u201cdilaci\u00f3n\u201d de los pleitos debatidos y su anhelo encaminado a que \u201cde manera inmediata (\u2026) se adopten las decisiones de fondo que pongan fin al flagelo\u201d, se destaca que, con independencia de que, en principio, las c\u00e9lulas convocadas pudieron haberse demorado en culminar tales labor\u00edos \u2013si se admitiera que existi\u00f3\u2013, en la actualidad no tiene relevancia en la \u00f3rbita constitucional. <\/p>\n
Ello, por cuanto el Juzgado el 24 de septiembre de 2021 solvent\u00f3 el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d entablado por la accionante contra la providencia de 23 de julio de 2021 y revoc\u00f3 el \u201cliteral d\u201d para, en su lugar, \u201cfijar alimentos provisionales\u201d a favor de Silvana Berm\u00fadez Salazar y, asimismo, la Comisar\u00eda celebr\u00f3 la diligencia de 24 de agosto de 2021 y decret\u00f3 los medios suasorios necesarios para dictar el fallo en el juicio de \u201cviolencia intrafamiliar\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas, si alguna inconformidad tiene la impulsora frente a los ritos en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal de esos decursos donde deber\u00e1 exponerla, sin que pueda soslayar las herramientas id\u00f3neas de defensa que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipot\u00e9ticas circunstancias como las enunciadas. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la \u201cmora judicial\u201d tiene lugar cuando es producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, subjetiva o caprichosa del funcionario que desconoce los plazos legales y carece de un motivo probado y razonable para excusarla, situaci\u00f3n que no se eval\u00faa en el sub examine, ya que las dependencias reprochadas est\u00e1n adelantando las gestiones tendientes a ese objetivo. <\/p>\n
Esta Sala ha cavilado en pret\u00e9ritas oportunidades que <\/p>\n
\u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb, [de manera que] \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (STC438-2021; reiterada en STC7559-2021). Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
2.1.- Importa destacar que los alimentos exigidos por la interesada para sus dos hijos mayores de edad, Daniel y Steven Vargas Berm\u00fadez en las contiendas combatidas, no tiene prosperidad, comoquiera que, si bien el derecho alimentario no se extingue inmediatamente por el cumplimiento de los dieciocho (18) a\u00f1os, dicha discusi\u00f3n debe ser ventilada, por sus descendientes, dentro del procedimiento reglado en el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, tr\u00e1mite en el cual pueden exponer las razones de esa petici\u00f3n, como la de estar cursando los estudios universitarios. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el ordenamiento ha previsto el proceso verbal sumario de que trata el art\u00edculo 435 par\u00e1grafo 1\u00b0 numeral 3\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy canon 397 del C\u00f3digo General del Proceso], norma que prev\u00e9 que se tramitar\u00e1n por dicha v\u00eda procesal la \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, y restituci\u00f3n de pensiones alimenticias.\u201d (subrayas no son del texto). De tal suerte que, as\u00ed como sucede en este caso, no por el simple hecho de adquirir el hijo menor, la mayor\u00eda de edad, se le puede privar sin m\u00e1s de la condici\u00f3n de acreedor de los alimentos a que tenga derecho. Derecho este que, como es apenas obvio, existir\u00e1 hasta tanto a trav\u00e9s del tr\u00e1mite pertinente, no se demuestre que han cesado las circunstancias que estructuran la obligaci\u00f3n de dar alimentos, cuales son, en esencia, la necesidad que de ellos tiene el alimentario y la capacidad en que est\u00e9 el demandante de suministrarlos. Negrilla fuera de texto (CSJ STC, 11 mar. 2004. rad. 00001-01 y STC8178-2015, 25 jun. rad, 00209-01)\u00bb (se resalta) (CSJ STC11594-2015, 31 ag., rad. 2015-00345-01, Reiterada en STC 3052-2020). <\/p>\n
3.- En s\u00edntesis, se avalar\u00e1 el fallo apelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALV <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC13162-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13162-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00316-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58261","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58261\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}