STC13164-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13164-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00708-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de agosto de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Silvania Cruz M\u00e9ndez en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija Shirley Mar\u00eda Sep\u00falveda Cruz, le instaur\u00f3 al Juzgado Once de Familia de esta urbe, extensiva a la Comisar\u00eda Cuarta de Familia de la misma capital, al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico asignados al estrado accionado, y dem\u00e1s intervinientes en el pleito objetado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, exigi\u00f3 el amparo de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, vida digna, integridad f\u00edsica, salud, m\u00ednimo vital y alimentaci\u00f3n equilibrada\u00bb, presuntamente transgredidas por el despacho querellado. <\/p>\n
En consecuencia, suplic\u00f3 \u00abSe declare la inaplicabilidad de la instituci\u00f3n procesal del desistimiento t\u00e1cito por cuanto el asunto del litigio no es susceptible de dicha exigencia\u00bb; dejar sin efecto el prove\u00eddo del pasado 30 de junio de 2021 y ordenar \u00abcontinuar con la ejecuci\u00f3n del proceso (\u2026) Ordenar al Despacho Decretar las medidas cautelares necesarias para garantizar de forma inmediata el pago de la Cuota de Alimentos adeudada a la fecha el embargo y retenci\u00f3n del salario, el embargo y retenci\u00f3n de las prestaciones sociales: las cesant\u00edas. (\u2026) Ordenar la intervenci\u00f3n de La Defensor\u00eda del pueblo, Ministerio Publico, Bienestar Familiar y EPS, con el fin de generar un verdadero y autentico marco de protecci\u00f3n psicosocial, que permita el desarrollo hol\u00edstico de la menor y se le garantice una alimentaci\u00f3n equilibrada\u00bb. <\/p>\n
En suma sostuvo que compareci\u00f3 ante la Comisar\u00eda Cuarta de Familia de la Localidad de San Crist\u00f3bal -Bogot\u00e1, a efectos de conciliar con Juan Jos\u00e9 Sep\u00falveda \u00c1vila la cuota de alimentos de su descendiente y en esa diligencia inform\u00f3 los gastos correspondientes y aport\u00f3 dictamen m\u00e9dico de la menor quien padece de \u00abDesnutrici\u00f3n Proteicocalorica Leve\u00bb ocasionada despu\u00e9s de su nacimiento, por lo que requiere de \u00absuplementos alimenticios\u00bb especiales para mantener estable su peso y garantizar una adecuada nutrici\u00f3n y \u00abalimentaci\u00f3n\u00bb equilibrada. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, ante la imposibilidad de llegar a un convenio, la Comisaria Cuarta de Familia declar\u00f3 fracasada esa etapa y mediante constancia de no acuerdo n\u00ba 1841\/2020 RUG: 2017\/2020, expidi\u00f3 \u00abActa de Imposici\u00f3n de Alimentos\u00bb (R.U.G. 2002\/2020), en la que fij\u00f3 \u00abcuota provisional de alimentos\u00bb y estableci\u00f3 los \u00abgastos\u00bb adicionales de educaci\u00f3n, vestuario, salud, vivienda, recreaci\u00f3n y subsidio familiar, con el correspondiente reajuste a partir del 1\u00ba de enero de cada a\u00f1o. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, a solicitud suya, la Comisar\u00eda remiti\u00f3 las diligencias a la jurisdicci\u00f3n de familia de conformidad con el n\u00fam. 2 \u00ba del art. 111 de la Ley 1098 de 2006, correspondiendo al Juzgado Once de Familia de esta capital (rad n\u00ba 2020-00738), quien lo admiti\u00f3 como verbal sumario y la exhort\u00f3 a cumplir con la carga de notificar a la pasiva en \u00abaplicaci\u00f3n de los postulados del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (28 dic. 2020); como no acat\u00f3 esa exigencia declar\u00f3 terminado el juicio por desistimiento t\u00e1cito (30 jun. 2021). <\/p>\n
2. El Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de lo rituado y adujo que \u00ab(\u2026) en el desarrollo del tr\u00e1mite adelantado por [ese] despacho no se vulner\u00f3 ni amenazo derecho fundamental alguno a la ni\u00f1a SHIRLEY MAR\u00cdA SEP\u00daLVEDA CRUZ, como quiera que la demandante contaba con las herramientas de comunicaci\u00f3n para con el Defensor de Familia quien a partir de la notificaci\u00f3n del auto que admiti\u00f3 la demanda, fung\u00eda la obligaci\u00f3n de representar los intereses de la ni\u00f1a antes mencionada; adem\u00e1s es de tener en cuenta que el derecho a los alimentos fue fijado provisionalmente por la Comisaria de Familia, desde el 26 de noviembre del a\u00f1o 2020 por $287.000, precisamente en garant\u00eda de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
El Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indic\u00f3, \u00ab(\u2026) reconoce este defensor que se escap\u00f3 a su buen cuidado tal precisi\u00f3n del asunto aludido, y sin m\u00e1s excusas, deber\u00e1 solicitar muy encomiablemente al se\u00f1or Juez de tutela sea CONCEDIDA las pretensiones para as\u00ed poder estarse a los se\u00f1alado en la demanda que se tramitar\u00e1 y atender\u00e1 con el cuidado que debe ser\u00bb. <\/p>\n
El Comisario Cuarto de Familia \u2013 San Crist\u00f3bal 1 afirm\u00f3 no poder manifestarse respecto de las pretensiones, ya que hacen referencia a comportamientos de otras autoridades. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 la salvaguarda, tras evidenciar que \u00ab(\u2026) la accionante no contaba con apoderado durante la actuaci\u00f3n procesal que origina esta acci\u00f3n sin que el juez se percatara de ello, ni procurara garantizar los derechos fundamentales y procesales de la menor y pese a que notific\u00f3 la decisi\u00f3n al Defensor de Familia, este funcionario tampoco cumpli\u00f3 con su funci\u00f3n de defender los derechos de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que para aplicar \u00ab(\u2026) la figura del desistimiento t\u00e1cito (\u2026), debe analizarse de manera concreta el asunto y su naturaleza para determinar la procedencia, pues hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica puede generar una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Apel\u00f3 el juez confutado, aduciendo que \u00aba [su] juicio, el art\u00edculo 111 del CIA fue derogado t\u00e1citamente por el CGP al desaparecer el juicio especial de alimentos, (\u2026)\u00bb, que \u00abla figura del desistimiento t\u00e1cito del art. 317 del CGP, consagra dos tipos de sanciones, la sanci\u00f3n procesal consistente en la terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de las medidas cautelares es aplicable a todos los procesos, pues el legislador no excluy\u00f3 ning\u00fan proceso, pudi\u00e9ndose requerir, incluso para requerir el acto de notificar al demando el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago (\u2026)\u00bb y, que el a quo inobserv\u00f3 \u00abtal vez por falta de t\u00e9cnica jur\u00eddica y congruencia en la decisi\u00f3n al dejar sin efecto el auto del 30 de junio de 2021 (\u2026), dejando de lado que el tr\u00e1mite siguiente a la admisi\u00f3n de la demanda es justamente el de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al demandado, gesti\u00f3n que es deber procesal de parte, no del juzgado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente aleg\u00f3, que las garant\u00edas de la \u00abmenor alimentista\u00bb no se encuentran comprometidas con la decisi\u00f3n cuestionada, habida cuenta que \u00ab[ese] despacho no pudo ser m\u00e1s garante de los derecho de la ni\u00f1a SMSC, al darle curso a una demanda en virtud de una norma que considera derogada t\u00e1citamente, atribuy\u00e9ndosele al despacho la negligencia de la representante legal de la ni\u00f1a, quien sin duda no fue diligentemente garante de los derechos de su hija, por tanto, no se han vulnerado los derechos del debido proceso y el de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, puesto que, se repite, que la demanda de alimentos fue admitida, la accionante cont\u00f3 con tiempo suficiente para realizar las gestiones necesarias a fin de notificar al demandado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ab initio, se advierte el decaimiento de los reparos planteados por el iudex criticado, pues, revisado el paginario se constata el quebranto del \u00abdebido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el derecho prevalente\u00bb de Shirley Mar\u00eda Sep\u00falveda Cruz y el desafuero a \u00e9l atribuido, en raz\u00f3n de lo cual, habr\u00e1 de convalidarse el veredicto de primer grado, tal como pasa a verse: <\/p>\n
1.1. Si bien la promotora no impugn\u00f3 mediante reposici\u00f3n el interlocutorio que decret\u00f3 \u00abel desistimiento t\u00e1cito\u00bb, lo cual tornar\u00eda improcedente el socorro por incumplirse el presupuesto de subsidiariedad, el mismo se tendr\u00e1 por superado, ya que, de un lado, no contaba con representaci\u00f3n judicial en la lid reprochada y, de otro, se hallan en juego los \u00abderechos alimentarios\u00bb de la menor, condici\u00f3n que otorga una \u00abprotecci\u00f3n constitucional reforzada\u00bb (STC11430-2017 y STC5062-2021). <\/p>\n
1.2. Es cierto que las partes tienen el deber de \u00abrealizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integraci\u00f3n del contradictorio\u00bb (art. 78 CGP) y que el Juzgado Once de Familia comunic\u00f3 a Silvania Cruz M\u00e9ndez y al Defensor de Familia la obligaci\u00f3n de \u00abimpulsar el proceso\u00bb y actuar en representaci\u00f3n de los intereses de Shirley Mar\u00eda (18 dic. 2020), so pena de finiquitarlo (30 jun. 2021). <\/p>\n
Empero, no lo es menos que el fallador no ponder\u00f3: i) la posibilidad de convocar oficiosamente al Defensor o Procurador de Familia, conforme a su deber como director del proceso y a los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n (arts. 42 y 43 ib.), para que tomaran medidas en el dossier, a fin de evitar la terminaci\u00f3n del litigio, teniendo en cuenta que la precursora no contaba con mandatario judicial que velara por los \u00abderechos\u00bb de su hija y, (ii) Que las diligencias fueron remitidas por la Comisar\u00eda Cuarta de Familia, por virtud del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 111 de la Ley 1098 de 2006, norma vigente y aplicable al caso debatido. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Sala apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De ese modo, estaba obligado el juzgador, previo a declarar el desistimiento t\u00e1cito, ponderar las circunstancias relacionadas con la naturaleza del juicio ejecutivo materia del presente resguardo, cuyo prop\u00f3sito no es otro que satisfacer pecuniariamente las necesidades b\u00e1sicas de los infantes all\u00ed involucrados, para as\u00ed establecer, si era conveniente o no, aplicar de manera irrestricta la citada figura procesal, una vez gestionado el acto de parte, si bien tard\u00edo, a dicho pleito por la all\u00ed demandante, aqu\u00ed tutelante, demostrando as\u00ed su inter\u00e9s por estar en riesgo los alimentos de sus hijos. <\/p>\n
\u201cNo hizo un examen de cara a la Carta Pol\u00edtica (art\u00edculo 44) y los Tratados Internacionales de protecci\u00f3n a la infancia, los cuales sit\u00faan a los menores como sujetos constitucionales privilegiados de la sociedad, omiti\u00e9ndose concretar la regla de interpretaci\u00f3n \u201cpro infans\u201d, seg\u00fan la cual, atendiendo el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, debe darse prelaci\u00f3n a la protecci\u00f3n y salvaguarda a sus derechos dada su situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. <\/p>\n
\u201cEn esa misma direcci\u00f3n, el canon 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia precept\u00faa que \u2018en todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u2019. <\/p>\n
\u201cDentro de ese conjunto de garant\u00edas, se halla la alimentaci\u00f3n equilibrada, de la cual ha sostenido esta Corte en relaci\u00f3n con sus destinatarios que \u201c(\u2026) debe implicar la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedirles el goce efectivo (\u2026)\u201d, m\u00e1s cuando \u201c(\u2026) prev\u00e9 la regla 134 de la Ley 1098 de 2006 que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 6 de agosto de 2009, exp. 6800122130002009-00238-01, citada el 16 de diciembre de 2015, exp. 1300122130002015-00391-01, reiterado en STC5062-2021). <\/p>\n
1.3. En cuanto a la figura del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en eventos del mismo linaje, que su aplicaci\u00f3n no puede ser objetiva: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l Juzgador incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, al decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, como quiera que aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, a un caso que no era susceptible de la exigencia prevista en ese precepto, siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional, (\u2026) como pasa a explicarse. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo, sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal (\u2026). <\/p>\n
Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u2026\u00bb, (STC de 4 de diciembre de 2014, rad. 05001-22-03-000-2014-00816-01; criterio reiterado en STC5062-2021). <\/p>\n
Significa lo anterior, que aquella instituci\u00f3n fue establecida como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte activa; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes; una, ante el incumplimiento de una \u00abcarga procesal\u00bb o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del juez, y la otra, por la inactividad prolongada en el tiempo de este. <\/p>\n
No obstante, tal correctivo no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe evaluarse y analizarse de forma concreta el pleito y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, e incluso ser coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en la pugna, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que se generan por su declaratoria, hacerlo de forma mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas ocasiones, clara vulneraci\u00f3n de las \u00abgarant\u00edas fundamentales\u00bb de los ni\u00f1os. (Entre otras, pueden consultarse STC7436-2015, STC14353-2016, STC11430-2017, STC7929-2018, STC13781-2019, STC8253-2019 y STC5062-2021) <\/p>\n
Concretamente, frente a la inaplicaci\u00f3n de la citada norma por la naturaleza del \u00abproceso de alimento de menores\u00bb, esta Colegiatura ha predicado, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC8850- 2016, 30 jun. 2016 rad. 00186-01 reiterada en STC11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01 y STC5062-2021, 7 may. 2021, rad. n\u00ba 2021-00087-01) <\/p>\n
2. Como Colof\u00f3n, el veredicto refutado ser\u00e1 refrendado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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