STC13184-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13184-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03488-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Antonio Restrepo Rinc\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2000-00897. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por la autoridad convocada al desatar la apelaci\u00f3n formulada frente al auto que rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad interpuesto al interior del hipotecario n\u00ba 2000-00897. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
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2. El gestor, aduciendo la calidad de poseedor del precitado inmueble se opuso a su entrega y solicit\u00f3 que se declarara la nulidad de lo actuado arguyendo que \u00ab(\u2026)el apoderado judicial de la demandante solicito (sic) el relevo del secuestre HECTOR FRANCISCO DIAZ DIAS (sic), el Juzgado procedi\u00f3 a nombramiento, que recay\u00f3 en la Se\u00f1ora ROSMIRA ORDO\u00d1EZ, quien acepto (sic) el cargo el d\u00eda tres de abril de 2017. El apoderado judicial del demandante, procedi\u00f3 a jugar con la buena fe del Juzgado, inclusive enga\u00f1ando la justicia, ya que el hab\u00eda solicitado el relevo del secuestre y el Juzgado Primero hab\u00eda accedido a lo solicitado, procedi\u00f3 a solicitar se requiriera al Secuestre HECTOR FRANCISCO DIAZ DIAZ, que ya no era secuestre para la entrega del inmueble, pues hab\u00eda otra posesionada, que nunca ejerci\u00f3 el cargo de secuestre, se ve la mala fe del apoderado de la demandante, para enga\u00f1ar al Juzgado y las partes, pues con artima\u00f1as y actuaciones desleales procedi\u00f3 a conseguir una entrega, que no deb\u00eda darse por las circunstancias de haber notificado una persona que no hace parte del expediente, que no tiene ni tuvo que ver nunca con el proceso hipotecario. Pues ademas (sic) de estar sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura, jamas (sic) ejerci\u00f3 su nombramiento, por lo tanto es nulo todo lo actuado, a partir del Requerimiento al secuestre\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El incidente de nulidad fue rechazado de plano el 6 de diciembre de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el interesado, no obstante, fue confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Inconforme con lo decidido, Restrepo Rinc\u00f3n formula la presente solicitud de amparo reiterando los argumentos aducidos en su solicitud de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se disponga (i) declarar la nulidad de todo lo actuado en el hipotecario n\u00ba 2000-00987 a partir del 4 de octubre de 2018 \u00ab\u00e9poca en que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 (\u2026) ordeno (sic) la entrega del Inmueble, habiendo requerido a una persona que no es parte en el proceso\u00bb, (ii) se ordene al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogot\u00e1 suspender la diligencia de entrega del inmueble. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por conducto de una de sus magistradas, asegur\u00f3 que el prove\u00eddo emitido el 24 de agosto hoga\u00f1o al interior del hipotecario n\u00ba 2000-00897 se ci\u00f1\u00f3 a las normas que consagran las nulidades procesales, \u00abpues lo fundamentos f\u00e1cticos no se enfilaron en ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, por lo tanto, se opuso a la prosperidad del auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras -Fogafin-, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n -DNP-, y Central de Inversiones S.A., mediante escritos separados, adujeron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y solicitaron que fuesen desvinculados del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el convocante, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el auto de 24 de agosto de 2021, por medio del cual confirm\u00f3 el rechazo de plano de la nulidad propuesta en virtud del litigio n\u00ba 2000-00897-01. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el gestor, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por Francisco Antonio Restrepo Rinc\u00f3n, es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3, adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la magistratura acusada en el prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021, que confirm\u00f3 el rechazo de plano de la nulidad invocada por el aqu\u00ed accionante en virtud del hipotecario n\u00ba 2000-00897, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el accionante. <\/p>\n
En efecto, la motivaci\u00f3n expuesta en dicha providencia se ciment\u00f3 en que \u00ab(\u2026) un proceso civil es nulo en los eventos en los cuales el legislador consagr\u00f3, en forma taxativa, como aquellos hechos que s\u00f3lo pueden configurar la nulidad de los procesos civiles, acogiendo as\u00ed el principio de especificidad, al determinar que \u201cEl proceso es nulo en todo o en parte, solamente\u201d en los casos previstos en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan sea la codificaci\u00f3n aplicable al respectivo asunto\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, adujo que \u00absi bien la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que \u201cadem\u00e1s de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual \u2018es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u2019\u201d, lo cierto es que la citada Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n precis\u00f3 que ello es as\u00ed, solamente cuando la prueba fuese recaudada \u201csin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producci\u00f3n de la prueba, especialmente en lo que ata\u00f1e con el derecho de contradicci\u00f3n por la parte a la cual se opone \u00e9sta\u201d\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00ab(\u2026) los supuestos que soportan la nulidad ac\u00e1 deprecada no encasillan en la causal de nulidad consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, como quiera que la referida petici\u00f3n anulatoria nada tiene que ver con la obtenci\u00f3n de una prueba con violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, siendo este el \u00fanico motivo de nulidad dispuesto en el citado canon constitucional, y no otro, como bien lo anot\u00f3 la juez de primer grado (\u2026) frente a los argumentos expuestos por el incidentante denota el despacho que no se cumplieron los requisitos para alegar la nulidad, tal como lo prev\u00e9 el inciso primero del art\u00edculo 135 de C\u00f3digo General del Proceso, que establece \u201cLa parte que alegue la nulidad deber\u00e1 tener legitimaci\u00f3n para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretende hacer valer\u201d\u00bb (Negrilla en texto). <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abel procurador judicial del opositor arguy\u00f3 que no se notific\u00f3 al secuestre actual de la diligencia de entrega del inmueble adelantada el 10 de junio de 2019, por lo que considera viciada toda la actuaci\u00f3n, sin referir la causal invocada de acuerdo a lo rese\u00f1ado en el art\u00edculo 133 ibidem, sin que tales actuaciones, con una interpretaci\u00f3n extensiva, se puedan enmarcar en alguna de las causales contempladas en el precitado art\u00edculo, menos a\u00fan como ya se precis\u00f3, en la causal consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3, que \u00abning\u00fan reproche puede merecer el rechazo all\u00ed dispuesto de la nulidad deprecada en este asunto, si se memora que el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, claramente dispone que \u201cEl juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo\u201d\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para suspender diligencias. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n encaminada a que se ordene la suspensi\u00f3n de la entrega ordenada en el referido litigio tampoco se abre paso la concesi\u00f3n del auxilio, ni siquiera de manera transitoria, pues en el presente asunto no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, aunado a que no es esta herramienta constitucional el mecanismo id\u00f3neo para pretender la interrupci\u00f3n de este tipo de diligencias, que por dem\u00e1s, se presumen emitidas en el marco de un juicio ajustado al debido proceso. <\/p>\n
En un caso similar, en el que se cuestion\u00f3 una orden de entrega, esta Sala indic\u00f3 que este tipo de actuaciones \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALV <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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