STC13186-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13186-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01510-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Eduardo Zayas del Toro contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Carrera Judicial, y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abbuena fe [y] confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades accionadas en desarrollo de la convocatoria \u00abpor medio del cual se adelanta el proceso de selecci\u00f3n y se convoca al concurso de m\u00e9ritos para la conformaci\u00f3n del Registro Seccional de Elegibles para la provisi\u00f3n de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos Judiciales de Cartagena, Bol\u00edvar y San Andr\u00e9s, Isla\u00bb, seg\u00fan el Acuerdo n\u00ba CSJBOA17-609 de 6 de octubre de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, relata, en s\u00edntesis, que se inscribi\u00f3 en el referido proceso de selecci\u00f3n para el cargo denominado \u00abcitador de juzgados municipales\u00bb, superando la prueba de conocimientos. <\/p>\n
Indica que, pese a lo anterior, mediante resoluci\u00f3n n\u00ba CSJBOR21-564 de 20 de mayo de 2021, fue excluido de la convocatoria porque, supuestamente, no acredit\u00f3 los requisitos m\u00ednimos exigidos, en tanto que no demostr\u00f3 capacitaci\u00f3n en sistemas y\/o t\u00e9cnicas de oficina. <\/p>\n
Sostiene, que frente a la anterior determinaci\u00f3n formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria precisando que \u00abno podr\u00eda el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar invocar un error evidente o la ausencia de requisitos para el cargo, dado que desde el momento de la inscripci\u00f3n aport[\u00f3] los documentos que [le] exig\u00eda la referida convocatoria, los cuales fueron analizados y convalidados por la resoluci\u00f3n CSJBOR18-518 – LISTADO ADMITIDOS (\u2026) del 23 de octubre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Relata, que el 6 de julio anterior el Consejo Seccional de la judicatura de Bol\u00edvar despach\u00f3 desfavorablemente el recurso y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n ante la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, no obstante, en resoluci\u00f3n n\u00ba CJR21-0262 de 13 de agosto de 2021 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n acusada. <\/p>\n
Afirma, que \u00abno es de recibo el hecho de haber[lo] excluido por segunda vez bajo la misma causal No. 3.6.2 \u201cno acreditar los requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo de aspiraci\u00f3n\u201d amparado en las reglas de la convocatoria (\u2026) la regla antes citada es arbitraria y contraria a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que lo enunciado \u00abtronca (sic) [sus] expectativas leg\u00edtimas, bien es claro que no se puede hablar de derechos adquiridos, empero, meridiano es que este asunto supera las meras expectativas. Como se dijo, (i) siendo admitido en el periodo inicial del concurso, donde en [su] caso concreto el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar luego de estudiar [su] reclamaci\u00f3n inicial encontr\u00f3 que cumpl\u00eda con los requisitos m\u00ednimos exigidos por la convocatoria (ii) citado para la realizaci\u00f3n de la prueba competencias, aptitudes y\/o habilidades, y (iii) habiendo obtenido un puntaje aprobatorio del examen, [le] ubicaba en una posici\u00f3n leg\u00edtima para esperar ser incluido en el Registro Seccional de Elegibles en aras de ocupar un cargo de carrera judicial en vacancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se ordene a las convocadas que (i) \u00abtenga[n] como acreditada capacitaci\u00f3n en sistemas y\/o t\u00e9cnicas de oficina\u00bb, (ii) que se invaliden las resoluciones por medio de las cuales fue excluido del concurso de m\u00e9ritos convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017 para el cargo de \u00abEscribiente de Juzgado Municipal Nominado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar indic\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que, \u00abla Resoluci\u00f3n CSJBOR21-564 del 20 de mayo de 2021, no es un acto de tr\u00e1mite, toda vez que le pone fin a la situaci\u00f3n jur\u00eddica particular del actor, tanto que interpuso los recursos en sede administrativa y que lo dejaron fuera del concurso, por lo que este es un acto definitivo, perfectamente cuestionable en la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo; mismos medios de control en los que puede solicitar como medida cautelar lo aqu\u00ed pretendido, que no es m\u00e1s que dejar sin efecto o inaplicar la resoluci\u00f3n por medio de la cual se excluy\u00f3 de la convocatoria; es decir, tendr\u00eda los mismos efectos de lo aqu\u00ed pretendido como mecanismo transitorio y sin afectar la continuidad de la convocatoria No.4\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que el interesado no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, y agreg\u00f3 que \u00abexiste otro mecanismo de defensa como lo es el proceso contencioso administrativo, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo de exclusi\u00f3n, pudiendo adem\u00e1s dentro del mismo proceso solicitar la medida cautelar de suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos, consagrada en el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, la decisi\u00f3n adoptada por la seccional goza de presunci\u00f3n de legalidad hasta tanto sea declarada la nulidad por el juez competente, que para el caso es el juez contencioso administrativo, sin que haya lugar de controvertir el referido acto administrativo ante el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura precis\u00f3 que el Acuerdo CSJBOA17-609 de 6 de octubre de 2017 es norma obligatoria y reguladora del proceso de selecci\u00f3n, destac\u00f3 que en el art\u00edculo 2 numeral 12 ib., se prev\u00e9 la exclusi\u00f3n del proceso \u00aben cualquier etapa\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que \u00abal verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo, se evidencia que no acredita conocimientos en t\u00e9cnicas de oficina y\/o sistemas, encontramos que, ni el Diploma de Bachiller y ni el t\u00edtulo de Tecn\u00f3logo en Administraci\u00f3n Empresarial, ni el certificado acad\u00e9mico del programa de Derecho, permiten acreditar su cumplimiento, por cuanto estos documentos no son indicativos de ello, para lo cual se debi\u00f3 certificar de manera puntual y exacta tal requisito, obligaci\u00f3n que estaba en cabeza del concursante, dentro del t\u00e9rmino determinado para el efecto\u00bb , por lo que \u00abcontrario a lo manifestado por el accionante, el certificado del t\u00edtulo en Tecn\u00f3logo en Administraci\u00f3n Empresarial, acredita los conocimientos tecnol\u00f3gicos en esa materia, y cuenta con la respectiva validez, pero a partir de este no se pueden presumir conocimientos no certificados en t\u00e9cnicas de oficina y\/o sistemas, que correspond\u00eda acreditar en el momento de la inscripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se opuso a la prosperidad del auxilio afirmando que el convocante no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, y porque incumple el requisito de la subsidiariedad, por lo tanto, el interesado \u00abdebe acudir a las v\u00edas ordinarias para discutir estos actos, pues la acci\u00f3n constitucional no puede ser utilizada como mecanismo paralelo de protecci\u00f3n cuando la legislaci\u00f3n tiene establecidas las v\u00edas adecuadas para salvaguardar sus derechos; acci\u00f3n que adem\u00e1s, le permite solicitar como medida provisional la suspensi\u00f3n de sus efectos, habida cuenta que fue \u00e9ste el mecanismo establecido por el constituyente y el legislador para debatir judicialmente asuntos como el que aqu\u00ed se propone, a trav\u00e9s del ejercicio del correspondiente medio de control judicial previsto en el CPACA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas reclamadas por el promotor al proferir las resoluciones n\u00ba CSJBOR21-564, y CJR21-0262 de 20 de mayo y 13 de agosto de 2021, respectivamente, que dispusieron su exclusi\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos destinado a proveer la lista de elegibles para cargos de empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los Distritos Judiciales de Cartagena, Bol\u00edvar y San Andr\u00e9s, Isla, convocado mediante Acuerdo No. CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala declarar\u00e1 la improcedencia del amparo invocado, pues se advierte que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que la demanda de tutela bajo estudio se dirige frente los actos administrativos de car\u00e1cter particular por medio de los cuales se resolvi\u00f3 excluir de la precitada convocatoria a Jos\u00e9 Eduardo Zayas del Toro, esto es contra las resoluciones n\u00ba CSJBOR21-564, y CJR21-0262 de 20 de mayo y 13 de agosto de 2021, cuyo control corresponde, a los jueces contenciosos administrativos, siempre y cuando el interesado cumpla con los requisitos propios del medio de control que estime pertinente (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
Lo anterior, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de quien ejerce el amparo agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
4. En cuanto a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone declarar la improcedencia del auxilio implorado, puesto que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, aunado a que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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