STC13190-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13190-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03548-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernando Adolfo Ruiz L\u00f3pez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Barrancabermeja; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2016-00155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la omisi\u00f3n de los accionados en resolver la solicitud de suspensi\u00f3n que, por prejudicialidad penal, \u00e9l formul\u00f3 frente a la diligencia de entrega programada en el referido juicio, la cual se finc\u00f3 en la investigaci\u00f3n criminal que actualmente adelanta el ente acusador, sobre la conducta del all\u00ed demandante, quien logr\u00f3 que se dictara sentencia estimatoria en su favor, pese a no haber demostrado que detent\u00f3 en alg\u00fan momento la titularidad del predio materia del litigio. <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que se declare que \u00abla sentencia emitida por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial De C\u00facuta Sala Civil Especializada En Restituci\u00f3n De Tierras, ST 36 del 14 de diciembre de 2020, viol\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb y que se \u00abordene la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien inmueble las Rocas ubicada en el municipio de Maceo Antioquia, con el fin de que se protejan los derechos al debido proceso, por estar pendiente una investigaci\u00f3n penal y administrativa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada recalc\u00f3 que la solicitud de amparo no es m\u00e1s que un nuevo intento de la accionante por dilatar una entrega que fue ordenada mediante sentencia en firme, la cual, seg\u00fan lo dijo, ya hab\u00eda sido objeto de una demanda de tutela anterior que desestim\u00f3 La Corte. <\/p>\n
2. El juez a quo accionado hizo un recuento de todo lo acontecido en el tr\u00e1mite que ac\u00e1 interesa, y resalt\u00f3 que all\u00ed se han respetado las garant\u00edas fundamentales de los intervinientes. Enfatiz\u00f3 igualmente que en la actualidad no se ha vuelto a programar diligencia de entrega, por cuanto se est\u00e1 a la espera de que las entidades correspondientes informen sobre el estado de las v\u00edas de ingreso al predio. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Procurador 12 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras, Juan David G\u00f3mez Rubio, indic\u00f3 que el tribunal accionado ya resolvi\u00f3 la solicitud de prejudicialidad elevada por el querellante y que, por tal motivo, la demanda de tutela debe ser desestimada. <\/p>\n
5. Mar\u00eda Dolores Cata\u00f1o Valencia alleg\u00f3 una serie de documentos con los cuales, seg\u00fan lo dijo, se evidenciaban las irregularidades atribuidas al fallo de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Temeridad en cuanto a los cuestionamientos elevados frente al fallo del juicio de restituci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis \u2013al menos en lo que ata\u00f1e a las censuras esgrimidas respecto a la sentencia con la que se orden\u00f3 la cuestionada restituci\u00f3n-, ya que quien ahora funge como accionante promovi\u00f3 ante esta misma Colegiatura el tr\u00e1mite n\u00b0 2021-00345-00, con los mismos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de esta nueva actuaci\u00f3n, en la que, como \u00fanica diferencia, se reclam\u00f3 un pronunciamiento de fondo frente a la solicitud de suspensi\u00f3n por prejudicialidad elevada ante los accionados; circunstancia que, en estricto sentido, resulta irrelevante a efectos de resolver sobre la legalidad de la sentencia de restituci\u00f3n de tierras que aqu\u00ed nuevamente se censura. <\/p>\n
Cabe resaltar que esa solicitud de amparo primigenia fue desestimada mediante sentencia STC1551-2021, 22 feb., por encontrarse razonable la argumentaci\u00f3n sobre cuya base la magistratura accionada acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras ya referenciada. <\/p>\n
Conforme con ello, es claro para la Sala que las s\u00faplicas principales de estas dos tramitaciones son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a combatir los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de una misma decisi\u00f3n judicial, esto es, la sentencia estimatoria del juicio de restituci\u00f3n de tierras a que se hizo previa alusi\u00f3n; aspecto que ya fue zanjado por la Corte en el primero de los fallos que vienen de comentarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
3. De la carencia actual de objeto en cuanto a la pretendida suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega. <\/p>\n
Es posible que dentro del tr\u00e1mite constitucional finalice la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, al juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
En el decurso de esta tramitaci\u00f3n, la magistratura accionada alleg\u00f3 copia del auto de 29 de septiembre de 2021 (posterior a la formulaci\u00f3n de la solicitud de amparo), mediante el cual deneg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n formulada por el aqu\u00ed accionante, tras arg\u00fcir que \u00abesa particular figura no fue prevista en la Ley 1448 de 2011 y, por el otro, si acaso fuere necesario acudir a las normas del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que a las voces de los Art\u00edculos 161 y 162 de ese estatuto \u201cla suspensi\u00f3n del proceso\u201d \u2013 que no de una \u201cdiligencia\u201d, como lo pretende el apoderado memorialista \u2013 solo procede cuando este se encuentra pendiente de dictar sentencia, misma que aqu\u00ed ya se profiri\u00f3 y hace tiempo alcanz\u00f3 firmeza\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual mora que se le hubiera podido atribuir a la corporaci\u00f3n accionada por no pronunciarse formalmente sobre dicha prejudicialidad, ya se super\u00f3 en virtud del rese\u00f1ado prove\u00eddo, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor, m\u00e1xime cuando al juez constitucional le est\u00e1 vedado, en principio, intervenir en discusiones propias de los jueces ordinarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
4. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que en esta oportunidad no puede ser acogida la petici\u00f3n que elev\u00f3 el accionante con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad que la informa; tambi\u00e9n en consideraci\u00f3n a la improcedencia de este mecanismo para suspender diligencias judiciales y en raz\u00f3n a que en el decurso del tr\u00e1mite se super\u00f3 la mora judicial atribuida a los querellados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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