STC13192-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13192-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03557-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Mart\u00ednez contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas y la Procuradur\u00eda Provincial de Bucaramanga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Refiere el quejoso que, mediante sentencia de 23 de enero de 2008, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga lo conden\u00f3 a 480 meses de prisi\u00f3n como autor responsable de doble homicidio agravado, neg\u00e1ndole los subrogados penales; determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial el 7 de mayo siguiente y que alcanz\u00f3 ejecutoria luego de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inadmitiera el recurso extraordinario el 24 de noviembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Asegura que en el referido asunto se cometieron \u00abmuchas irregularidades en la teor\u00eda del caso expuesta por la Fiscal\u00eda de la investigaci\u00f3n\u00bb pues \u00aben el expediente no hay pruebas suficientes para demostrar\u00bb su responsabilidad penal, al tiempo que no pod\u00eda atribu\u00edrsele el delito de porte ilegal de armas pues el deceso de las v\u00edctimas se perpetr\u00f3 con armas cortopunzantes y contundentes. <\/p>\n
Comenta que solicit\u00f3 al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas, la redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, pero que tal petici\u00f3n no fue acogida toda vez que para obtener una readecuaci\u00f3n \u00abpor cambio jurisprudencial, deb\u00eda acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Como consecuencia de lo narrado, solicita \u00abcorregir los yerros jur\u00eddicos en cuanto a la tazaci\u00f3n [sic] punitiva, redosificando la pena como corresponde a dos homicidios simples\u2026 [y que] el proceso pase a la justicia ordinaria [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un Magistrado de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal dio cuenta de las principales actuaciones adelantadas en el proceso objeto de escrutinio y resalt\u00f3 la inviabilidad del resguardo pues, adem\u00e1s de desatender el presupuesto de la inmediatez, \u00abel demandante no acredita que se haya incurrido en errores org\u00e1nicos, sustanciales, de procedimiento o de cualquier otro tipo en las decisiones relacionadas con la valoraci\u00f3n probatoria, la calificaci\u00f3n jur\u00eddica, la dosificaci\u00f3n punitiva y la jurisdicci\u00f3n competente, que autoricen la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Bucaramanga, por conducto de una magistrada integrante de la Sala Penal, dijo que esa corporaci\u00f3n, mediante providencia de 7 de mayo de 2008, resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo condenatorio proferido el 23 de enero anterior, en el sentido de confirmarlo, decisi\u00f3n que, a su vez, alcanz\u00f3 ejecutoria luego de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmitiera la demanda extraordinaria y la Procuradur\u00eda negara una petici\u00f3n de insistencia. <\/p>\n
Solicit\u00f3 declarar la inviabilidad del resguardo porque \u00abno se satisfacen los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de inmediatez y subsidiariedad, toda vez que la tutela se promueve sin justificaci\u00f3n transcurridos m\u00e1s de 10 a\u00f1os desde la emisi\u00f3n del fallo que se cuestiona y los reparos que se formulan en punto de la responsabilidad y la pena, debieron ser objeto o materia de los recursos ordinarios y extraordinarios\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que el actor \u00abtiene a su alcance la acci\u00f3n de revisi\u00f3n si tiene acreditado que efectivamente hubo un cambio jurisprudencial respecto del criterio que sirvi\u00f3 de base o sustento para emitir la sentencia en punto de la responsabilidad y la punibilidad\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga luego de hacer un breve recuento de las actuaciones surtidas en el proceso escrutado manifest\u00f3 que \u00abdesconoce de la etapa de vigilancia de la condena y no es el competente para resolver la petici\u00f3n de redosificaci\u00f3n de la pena\u00bb por lo que pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00abno se le han vulnerado derechos fundamentales a Armando Mart\u00ednez\u00bb. <\/p>\n
4. Una servidora del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Acac\u00edas dio cuenta de la situaci\u00f3n judicial del accionante (pena impuesta, fecha de la sentencia de primera instancia, tiempo de pena descontado entre f\u00edsico y redenciones punitivas) y resalt\u00f3 que, al encontrarse en fase de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, ese despacho carece de \u00abcompetencia para modificarla o reformarla tal como lo pretende el accionante en el escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada por Armando Mart\u00ednez al declararlo penalmente responsable de doble homicidio agravado, supuestamente, sin haber alcanzado el est\u00e1ndar de conocimiento requerido para condenar y, adem\u00e1s, imponerle una pena que no era acorde con las disposiciones legales pertinentes. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la acci\u00f3n supralegal debe ser incoada dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la salvaguarda se promovi\u00f3 por fuera del plazo precedentemente indicado, respecto de las providencias por medio de las cuales se definieron las situaciones particulares del gestor. <\/p>\n
En efecto, por una parte, el auto a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario formulado contra el fallo condenatorio de segundo grado, data del 24 de noviembre de 2008 y, por otra, la providencia en que el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas no accedi\u00f3 a la solicitud de readecuaci\u00f3n punitiva fue proferida el 4 de octubre de 2019, en tanto que la instauraci\u00f3n de esta demanda acaeci\u00f3 el pasado 31 de agosto, de acuerdo con el reporte de presentaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico anexo en formato digital; es decir, superado ampliamente el semestre establecido como razonable para proponer el resguardo. <\/p>\n
Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las actuaciones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo; sin embargo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del convocante que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo porque el gestor tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; asimismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13192-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13192-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03557-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Mart\u00ednez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58272\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}