STC13193-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC13193-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03572-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bernardo Carrillo Villate contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, puntualmente contra la magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca y la Secretar\u00eda de esa corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que fungi\u00f3 como parte en una acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2011-00131), en la cual el tribunal accionado profiri\u00f3 fallo de segunda instancia el 5 de abril de 2017, pero, a la fecha, \u00abno se ha cumplido\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el 30 de agosto de 2021, en ejercicio del \u00abderecho de petici\u00f3n reglamentado en la Ley 1755 de 2015\u00bb, solicit\u00f3 ante esa autoridad informaci\u00f3n sobre el particular, pero la Secretar\u00eda de esa colegiatura le manifest\u00f3 que remiti\u00f3 el pedimento al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, aspecto que considera irregular. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse ordene a la Magistrada Doctora Liana Aida Lizarazo Vaca responda el derecho de petici\u00f3n en su totalidad y que sea dentro del imperio de la ley (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adujo que \u00abel d\u00eda 31 de agosto de 2021, la Secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 corre traslado de lo que es otro derecho de petici\u00f3n que aparentemente present\u00f3 el citado se\u00f1or BERNARDO CARRILLO VILLATE, sin embargo, no se aportaron los documentos para dar la respectiva respuesta. Por ello, ese mismo d\u00eda, la escribiente ALEXANDRA ARIAS RODR\u00cdGUEZ contest\u00f3 el anterior correo electr\u00f3nico, solicitando los documentos\u00bb, pero \u00abni el peticionario BERNARDO CARRILLO VILLATE ni la Secretar\u00eda de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 han remitido el derecho de petici\u00f3n para darle el respectivo tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda Judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad se\u00f1al\u00f3 que \u00abel d\u00eda 11 de mayo de 2021 el se\u00f1or BERNARDO CARRILLO VILLATE present\u00f3 petici\u00f3n respecto del Proceso 11001-31-03-033- 2011-00131-02 de CODENSA S.A contra NESTOR RUEDA PIMIENTO Y OTROS, el cual fue remitido al JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 el d\u00eda siguiente por haber sido DEVUELTO el Proceso a ese despacho judicial con oficio D-2749 del 22 de agosto de 2018, circunstancia que fuera informada al peticionario, debiendo resaltarse que el mismo proceder se verific\u00f3 con la petici\u00f3n presentada el 30 de agosto de 2021, puesto que versaba sobre el mismo proceso ya devuelto, evento que tambi\u00e9n se le comunic\u00f3 al peticionario\u00bb. <\/p>\n
3. El Superintendente Delegado de Supervisi\u00f3n Societaria precis\u00f3 que \u00absobre ninguno de los hechos en que se fundamenta la acci\u00f3n de tutela, los cuales hacen referencia a la posible violaci\u00f3n del debido proceso y del derecho de petici\u00f3n por parte de una Magistrada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en ejercicio de sus facultades de inspecci\u00f3n vigilancia y control tiene conocimiento espec\u00edfico, motivo por el cual no le constan\u00bb. <\/p>\n
4. El Director Jur\u00eddico de la Secretar\u00eda de Gobierno de Bogot\u00e1 expuso que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El hom\u00f3logo de Defensa Judicial de la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n de la misma ciudad destac\u00f3 que \u00abse realiz\u00f3 una b\u00fasqueda en el Sistema de Informaci\u00f3n de Procesos Judiciales-SIPROJ, herramienta digital a trav\u00e9s de la cual el Distrito Capital registra todas los procesos judiciales y administrativos en los que es parte, sin encontrar evidencia alguna del proceso ordinario identificado por el accionante, esto es el de radicado 2011-00131, que curs\u00f3 en primera instancia en el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
6. La magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 que \u00abhasta el d\u00eda de hoy, con ocasi\u00f3n a la presente acci\u00f3n constitucional, tuvo conocimiento de la petici\u00f3n objeto de la queja constitucional, como quiera que seg\u00fan lo informado por el Secretario de la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n, la solicitud no fue ingresada al despacho sino que ella se tramit\u00f3 de manera directa, ordenando su traslado al Juzgado 33 Civil del Circuito, despacho en el que se encuentra actualmente el proceso declarativo del cual conoci\u00f3 este Tribunal en el a\u00f1o 2017 y se orden\u00f3 su remisi\u00f3n al estrado de origen en el 2018\u00bb y \u00abuna vez consultado el proceso al que hace menci\u00f3n el promotor constitucional en el libelo genitor, se verific\u00f3 que el mismo fue asignado al despacho del Doctor Jos\u00e9 Alfonso Isaza, siendo proferida sentencia el 05 de abril de 2017, efectu\u00e1ndose la devoluci\u00f3n al juzgado de origen\u00bb. <\/p>\n
Con todo, resalt\u00f3 que \u00abeste despacho procedi\u00f3 el d\u00eda de hoy a dar respuesta a la petici\u00f3n base de la queja constitucional, la cual fue remitida al correo informado por el se\u00f1or Bernardo Carrillo Villate. Ante tal panorama, se advierte que la suscrita en calidad de Magistrada de la Sala Civil no ha vulnerado las garant\u00edas ius fundamentales deprecadas por el actor constitucional\u00bb. <\/p>\n
7. El togado Jos\u00e9 Alfonso Isaza D\u00e1vila del citado \u00f3rgano colegiado tambi\u00e9n explic\u00f3 que \u00abel proceso de Bernardo Carrillo Villate contra Industrias y Cr\u00e9ditos S.A., ha venido al Tribunal en dos ocasiones. La \u00faltima para el recurso de apelaci\u00f3n del demandante contra la sentencia de primera instancia, resuelto en prove\u00eddo de 1\u00ba de febrero de 2018, con ponencia del magistrado que en ese momento ocupaba el cargo. Contra esa decisi\u00f3n se formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n que fue concedido en auto de 14 de marzo de 2018. El expediente regres\u00f3 de la Corte Suprema el 15 de octubre de 2019 y el 24 siguiente se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen, por lo cual Tribunal no tiene ninguna competencia en torno a ese proceso, que se agot\u00f3 con la terminaci\u00f3n de los tr\u00e1mites a su cargo (arts.328, 329 y conc. del CGP)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que \u00abno hay vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, ni de otro por el Tribunal, porque ninguna solicitud est\u00e1 pendiente de soluci\u00f3n. Al parecer, la solicitud relacionada en el escrito de tutela se radic\u00f3 en el correo de la Secretar\u00eda de este Tribunal y estaba dirigida a la magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca, aunque no fue ponente. Pero adem\u00e1s, la Secretar\u00eda del Tribunal dio traslado de la petici\u00f3n del accionante, al juzgado de primera instancia que es quien tiene a su cargo el proceso, de lo cual avis\u00f3 a dicho promotor, de tal manera que se considera que no hay nada pendiente por resolver. Se ordenar\u00e1 remitir copias de esas actuaciones a esa Alta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
8. El Director T\u00e9cnico de Gesti\u00f3n Judicial del Instituto de Desarrollo Urbano \u2013IDU dijo que \u00abno hay injerencia alguna con la Instituci\u00f3n frente a lo que en este proceso constitucional se pueda fallar, toda vez que se advierte una falta de competencia por parte de este Instituto para resolver lo solicitado por el accionante pues el IDU no tiene injerencia en las decisiones tomadas por el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho por, supuestamente, no tramitar ni responder la petici\u00f3n formulada por el convocante, en la cual requiri\u00f3 informaci\u00f3n sobre el cumplimiento del fallo de segunda instancia dictado en el asunto de la referencia. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo), en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; y 20 mar. 2000, rad. 4867, reiterada, en otras, en STC2408-2019, 28 feb.) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul.). <\/p>\n
En consecuencia, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis, y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Conforme a lo indicado, la Sala precisa que cuando el contenido y prop\u00f3sito de la petici\u00f3n involucran aspectos propios de un tr\u00e1mite procesal, se aviene claramente improcedente su reclamo por esta senda excepcional, como es el caso del escrito que present\u00f3 el 30 de agosto de 2021 el aqu\u00ed convocante ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en tanto, a trav\u00e9s del referido memorial, lo que se pidi\u00f3 puntualmente fue el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia de segunda instancia dictada por la colegiatura querellada, aspecto que corresponde a una actuaci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
De manera que, requerimientos de ese tenor no es posible asimilarlos a la garant\u00eda del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ni con los presupuestos jurisprudenciales y normativos que la reglamentan, por lo que, en esa medida, no es posible atribuirle a la agencia judicial encartada omisi\u00f3n alguna respecto al pedimento aludido por el gestor. <\/p>\n
3.2. En todo caso, se le recuerda al interesado que, si lo pretendido es la observancia de los mandatos que se dispusieron en el asunto cuestionado \u2013con independencia de que estos hayan sido adoptados en primera o segunda instancia\u2013, su conocimiento corresponde al a quo, tal como le se\u00f1al\u00f3 la c\u00e9lula denunciada; de modo que, si en su criterio hay lugar a ello, podr\u00e1 comparecer ante el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esa urbe para lo pertinente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se establece la inviabilidad de este mecanismo excepcional, en tanto, se itera, resulta improcedente invocar el derecho de petici\u00f3n cuando la solicitud versa sobre un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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