STC13194-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC13194-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03460-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00099. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, y sin indicar cu\u00e1l de sus garant\u00edas esenciales estima trasgredidas, el actor censur\u00f3 que en el fallo de segunda instancia dictado en la referida tramitaci\u00f3n constitucional (con el cual se revoc\u00f3 la sentencia desestimatoria de primer grado y se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos colectivos por \u00e9l invocados), no se hubiera condenado en costas a la all\u00ed querellada, ni tampoco se le hubiera impuesto la obligaci\u00f3n de constituir p\u00f3liza judicial para garantizar el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene al accionado que \u00abimponga LO QUE MANDA Y ORDENA EL ART 42 LEY ESPECIAL Y AUT\u00d3NOMA 472 DE 1998, ORDENANDO EN SENTENCIA UNA P\u00d3LIZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DADA EN LA ACCION POPULAR DE LA REFERENCIA. Y se aclare a la tutelada que la \u00fanica forma de negar costas en una acci\u00f3n popular en favor del actor es que la acci\u00f3n no prospere, PERO DE MILAGRO PROSPER\u00d3\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
Hasta la fecha en que se discuti\u00f3 el asunto, no se hab\u00eda recibido ning\u00fan informe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela evidencia la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Temeridad en cuanto a la censura concerniente a la no imposici\u00f3n de costas. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis \u2013al menos en lo que ata\u00f1e al reparo de la ausencia de una condena en costas-, ya que la parte actora promovi\u00f3 ante esta misma Corporaci\u00f3n el tr\u00e1mite n\u00b0 2021-03278 (al que se acumul\u00f3 el n\u00b0 03279), en el que tambi\u00e9n se censur\u00f3 a la magistratura encartada, por no haberlo favorecido con una condena en costas, pese al \u00e9xito de sus pretensiones. <\/p>\n
Cabe resaltar que esa solicitud de amparo primigenia fue desestimada mediante sentencia STC12407-2021, 22 sep., por encontrarse razonable la argumentaci\u00f3n sobre la que se finc\u00f3 dicha negativa. <\/p>\n
Al respecto, estim\u00f3 la Sala que \u00abno se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo por esta v\u00eda reclamado, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, ya que la Colegiatura convocada sustent\u00f3 su determinaci\u00f3n a ese respecto, simplemente, en que las costas no se hab\u00edan causado, motivo que expresamente autoriza el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, que al respecto establece que \u201csolo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u201d, y dentro del proceso o si se quiere, en este escenario, no se demostr\u00f3 la generaci\u00f3n de tales gastos. 5. En un asunto de contornos similares expuso la Sala que, \u201cen lo atinente a que \u201c\u2026No hay lugar a condenar en costas en segunda instancia porque no se causaron\u2026\u201d, se advierte que tal determinaci\u00f3n no luce arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se adopt\u00f3 a partir de los postulados normativos que regulan la materia, en especial las previsiones del canon 365 del C\u00f3digo General del Proceso. No puede olvidarse que la condena en costas est\u00e1 prevista por el legislador como un mecanismo sancionatorio a cargo de la parte vencida en el juicio o que, entre otros eventos, se le resuelva desfavorablemente la apelaci\u00f3n, para restituir al vencedor aquellos costos que hubiera tenido que asumir con ocasi\u00f3n del pleito y en la medida de su comprobaci\u00f3n. En ese orden, si en la segunda instancia el colegiado determin\u00f3 que no se causaron costas, resulta razonable la no imposici\u00f3n de las mismas. Proceder que no comporta defecto alguno con entidad suficiente para trasgredir los derechos fundamentales del convocante, que imponga la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de tutela, al obedecer a la interpretaci\u00f3n de las probanzas allegadas al plenario y las disposiciones que regulan la materia\u201d (STC4369-2021)\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, es claro para la Sala que las s\u00faplicas de estas dos tramitaciones son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a combatir los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de una misma decisi\u00f3n judicial, esto es, la negativa a imponer condena en costas al convocado; aspecto que ya fue zanjado por la Corte en el fallo que viene de comentarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la decisi\u00f3n en cuanto a la negativa de exigir la constituci\u00f3n de una garant\u00eda para el cumplimiento del fallo de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
En cuanto a este segundo t\u00f3pico, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, luego de exponer, a espacio, las razones por las cuales las pretensiones deb\u00edan salir avante, la magistratura sostuvo que \u00abAtendiendo a que el accionado, antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, adopt\u00f3 una medida para la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n sorda y sordociega que requer\u00eda el servicio que presta la notar\u00eda accionada, y aunque no se consider\u00f3 por esta Sala como completamente id\u00f3nea para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de manera eficiente y oportuna, dicha medida conlleva a que no se evidencie la necesidad de imponer como carga, la constituci\u00f3n de una garant\u00eda bancaria o p\u00f3liza de seguros para el cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda, porque de las dos decisiones que aqu\u00ed censura la querellante, la Corte ya desestim\u00f3 una solicitud de amparo anterior fincada en la primera de ellas, y la segunda se fundamenta en una argumentaci\u00f3n seria y razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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