STC13196-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13196-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01814-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Ropero Guerrero, en representaci\u00f3n de la sociedad Carlos Ropero Autom\u00f3viles Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n procesal censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La sociedad promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional acusada, en el juicio de protecci\u00f3n al consumidor (Ley 446 de 1998) que en su contra promovi\u00f3 Edgar Alberto Amado Saavedra y en el que fue sancionado con sentencia del 31 de mayo de 2012. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con la sentencia citada ex antes, en tanto se surti\u00f3 sin plena observancia del debido proceso puesto que no fue debidamente notificado, no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, ni se le puso en conocimiento la sanci\u00f3n all\u00ed ordenada, lo que dio origen al proceso ejecutivo que el all\u00ed demandante inco\u00f3 tiempo despu\u00e9s afectando su patrimonio, as\u00ed como su capacidad negocial, y posteriormente, a la sanci\u00f3n administrativa que la Superintendencia fustigada le impuso mediante auto de 2 de noviembre de 2018 por incumplimiento del fallo de 2012. <\/p>\n
Solicit\u00f3 en consecuencia dejar sin efectos \u00abel auto No. 110768 del 2 de noviembre de 2018, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, declar\u00f3 el incumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas mediante Sentencia proferida en la Audiencia de fecha 31 de mayo de 2012 y se le impuso \u2026 una multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MLC ($258.925.920)\u00bb <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio realiz\u00f3 un recuento detallado de las actuaciones surtidas en el proceso criticado y aport\u00f3 enlace de acceso al expediente jurisdiccional, solicit\u00f3 negar el resguardo por improcedente, en tanto no cumple con los presupuestos exigidos en las acciones de tutela promovidas contra sentencias. <\/p>\n
2. Edgar Alberto Amado Saavedra se opuso a las pretensiones del quejoso y defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones censuradas por esta v\u00eda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado por no cumplir con el requisito de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el promotor del resguardo que la colegiatura que dirimi\u00f3 la primera instancia no valor\u00f3 la sentencia T-364 de 2020 proferida por la Corte Constitucional y que anex\u00f3 al escrito de tutela, as\u00ed como la posici\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, seg\u00fan la cual no son pasibles de revisi\u00f3n por esa v\u00eda las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de las actuaciones jurisdiccionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio de entrada colige la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que carece del requisito de inmediatez, porque entre la fecha de expedici\u00f3n de la providencia censurada, 2 de noviembre de 2018, por medio de la cual se impuso multa al accionante por incumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2012 y la de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, 7 de septiembre de 2021 transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional; sin que la parte accionante hubiera demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza o encontrarse inmerso en alguno de los presupuestos de flexibilizaci\u00f3n del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC de 2 de agosto de 2007, rad. No. 2007-00188-01, reiterada en sentencia 10 de mayo de 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. En punto a la impugnaci\u00f3n, debe memorarse a la promotora que el requisito de la inmediatez es un elemento indispensable para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, sin el que es posible adelantar el estudio de estas actuaciones, especialmente cuando las quejas constitucionales cuestionan una sentencia judicial o jurisdiccional. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n recurrida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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