STC13202-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13202-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00853-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 6 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Alonso Medina Le\u00f3n contra la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Del farragoso escrito de tutela se desprende que el solicitante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, libertad de locomoci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas al desatar la solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de la condena impuesta en los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica1 por el delito federal de narc\u00f3ticos en el a\u00f1o 2012, con la proferida por los delitos de fabricaci\u00f3n, porte y tr\u00e1fico de estupefacientes por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca en 2014. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que las autoridades fustigadas desconocieron sus derechos fundamentales al decidir negativamente su solicitud de abono o c\u00f3mputo de las penas o fracci\u00f3n de ellas cumplidas en ambos pa\u00edses como beneficio penal al cual tiene derecho en virtud del art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, adem\u00e1s, adujo que tal determinaci\u00f3n desconoce el precedente constitucional se\u00f1alado en las sentencias C-1086 de 2008 y SU-354 de 2017, as\u00ed como la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal SP4235-2017, con radicado 45072. Tambi\u00e9n reproch\u00f3 que el Tribunal tard\u00f3 m\u00e1s de seis (6) meses en resolver su solicitud, lo que vicia la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, dejar sin efectos las determinaciones que negaron su pretensi\u00f3n de acumular la pena que pag\u00f3 en el extranjero con la que est\u00e1 cumpliendo en Colombia por la condena que se le impuso en el proceso penal con radicaci\u00f3n 2014 \u2013 00936 y se ordene la acumulaci\u00f3n de estas. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 negar el resguardo por improcedente, en tanto la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una tercera instancia, por lo que la demanda no cumple con el presupuesto de subsidiariedad. Agreg\u00f3 que tampoco existe la vulneraci\u00f3n aludida, pues la decisi\u00f3n adoptada est\u00e1 respaldada plenamente en las normas penales. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca expres\u00f3 que no conoce las solicitudes de redenci\u00f3n de pena que el quejoso ha elevado, pero que en todo caso no ser\u00eda la autoridad competente para resolverlas, por lo que finalmente pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de la solicitud de abonar, sumar o computar el tiempo de la condena cumplida en Estados Unidos con la dictada en Colombia y que esta se neg\u00f3 por improcedente, por tratarse de delitos distintos dados en contextos il\u00edcitos diferentes, adem\u00e1s de tratarse de acumular una condena cumplida con otra en curso, lo que no es viable a la luz del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dio cuenta de la informaci\u00f3n que en la base de datos SPOA registra el proceso que contra el aqu\u00ed tutelante se surti\u00f3, expresando que esa entidad no tiene elementos probatorios para afirmar o desvirtuar los hechos narrados por el accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal consider\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 es razonable a la luz de la jurisprudencia de la Sala con relaci\u00f3n a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, por lo que neg\u00f3 el resguardo invocado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo reiter\u00f3 las alegaciones expuestas en su escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo a la primera de las quejas, advierte la sala la infructuosidad del reclamo, puesto que el fallador de segundo grado fustigado al analizar los presupuestos de procedencia de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de la que versa el art\u00edculo 460 de estatuto adjetivo punitivo, encontr\u00f3 que el legislador no previ\u00f3 esta figura con relaci\u00f3n a penas cumplidas, como ocurre con la que tuvo el quejoso ante las autoridades federales en Estados Unidos. <\/p>\n
En concreto esa judicatura expres\u00f3: <\/p>\n
5.1.1.- El art\u00edculo 460 de C.P.P., dispone: <\/p>\n
\u201cAcumulaci\u00f3n jur\u00eddica. Las normas que regulan la dosificaci\u00f3n de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisi\u00f3n se tendr\u00e1 como parte de la sanci\u00f3n a imponer. <\/p>\n
No podr\u00e1n acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad.\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia penal tiene establecido: <\/p>\n
\u201cLa ley le otorga al juez el poder discrecional de aumentar la pena m\u00e1s grave de la forma indicada. Ese incremento no se hace en abstracto. Tiene fundamento en la clase de delito cuya pena va a ser acumulada. Lo que en ese momento juzga el sentenciador, es un comportamiento pasado. La adici\u00f3n punitiva tiene como referentes el delito cometido, las circunstancias en que se produjo y las condiciones personales de su autor. La pena fijada al momento de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica se deduce, por remisi\u00f3n, de los fundamentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos de las sentencias que van a ser unificadas\u201d8. <\/p>\n
5.2.- la defensa del se\u00f1or OSCAR ALONSO MEDINA L\u00c9ON solicita a la judicatura se le conceda la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica y el abono del tiempo que estuvo privado de la libertad por una condena cumplida en Estados Unidos. Dicho pedimento fue negado por el juzgado que vigila la pena, ya que las condenas resultan ser incompatibles entre s\u00ed, es decir, en una se fall\u00f3 en un pa\u00eds extranjero en virtud de su soberan\u00eda, luego resulta improcedente su acopio con una sentencia por una autoridad nacional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resulta improcedente el reconocimiento del tiempo que descont\u00f3 en Estados Unidos el condenado, ya que se encuentra demostrado que, la privaci\u00f3n de la libertad que sufri\u00f3 en ese pa\u00eds no fue en raz\u00f3n a la conducta punible del 21 de marzo de 2014, que origin\u00f3 la condena impuesta por el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a lo dicho por la defensa, que se debe realizar la conexidad de las conductas que se investigan y se juzgan bajo una misma cuerda procesal, para que d\u00e9 lugar a que se dicte una sola sentencia. Raz\u00f3n le asiste al postular tal argumento. Sin embargo, en lo relacionado con la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, no ha tenido en cuenta el apelante, que la condena que le fue impuesta a su prohijado en el exterior y que pretende acumular, no corresponde a los mismos hechos, por lo cuales fue condenado por el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y, al ser aquellas independientes, no hay m\u00e9rito para su acumulaci\u00f3n, estudio que fue realizado en su oportunidad por la Sala Penal de la C.S.J. al momento de avalar la extradici\u00f3n del condenado. <\/p>\n
Es as\u00ed, que el juzgado que vigila la pena se encuentra ante la imposibilidad jur\u00eddica de acumular dos condenas independientes, por diferentes hechos y, proferidas, en primer lugar, por un juzgado extranjero de Estados Unidos, y la otra por la condena impuesta en Colombia, m\u00e1xime, que dif\u00edcilmente podr\u00eda vigilar la pena impuesta en el extranjero, adem\u00e1s, la misma, ya que se encuentra cumplida, por lo que no se cumple el requisito establecido en el art\u00edculo 460 del C.P.P. Raz\u00f3n suficiente, para desestimar el planteamiento realizado por la defensa, frente a la acumulaci\u00f3n de penas. <\/p>\n
Situaci\u00f3n similar ocurre, con el argumento que se le abone el tiempo de privaci\u00f3n de la libertad por la condena que cumpli\u00f3 su prohijado en Estado Unidos correspondiente a 46 meses de prisi\u00f3n, que lo vincula a una organizaci\u00f3n criminal, a la pena actual impuesta en Colombia, ya que no se cumpli\u00f3 con los presupuestos establecidos en los art\u00edculos 515 y siguientes del C.P.P., como tampoco, es viable y, se reitera, que los hechos que dieron lugar a esa condena, datan del 2 al 14 de diciembre de 2010 y, al no ser los mismos por los que se encuentra cumpliendo la pena de 10 a\u00f1os y 8 meses, es decir, por tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, en hechos ocurridos el 21 de marzo del 2014; las condenas son independientes, lo que no permite acceder a la solicitud del apelante. <\/p>\n
En este orden de ideas, el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el juzgador natural valor\u00f3 los presupuestos f\u00e1cticos que son aplicables al caso concreto a la luz del art\u00edculo 460 del CPP, encontrando que no se cumplen de conformidad con la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Penal sobre la materia; en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, con independencia de que la Sala la comparta, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC de 11 ene. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, con relaci\u00f3n a la queja por tardanza injustificada que invalida la decisi\u00f3n fustigada aqu\u00ed, se encuentra que no existe mayor argumentaci\u00f3n del actor con relaci\u00f3n a cu\u00e1les ser\u00edan las nulidades de las que estar\u00eda viciada la decisi\u00f3n, m\u00e1xime atendiendo al principio de especificidad que impone el deber de se\u00f1alar, al menos de manera sucinta, los vicios de los que adolecen las providencias. En todo caso, se recordar\u00e1 que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para alegar prima facie tales circunstancias, para ello el legislador consagr\u00f3 los recursos ordinarios y los incidentes de nulidad, vigentes en cada especialidad ordinaria. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia proferida en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acusaci\u00f3n No. 12- 829(SDW), dictada el 17 de diciembre de 2012 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. <\/p>\n
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