STC13203-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13203-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00991-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julio C\u00e9sar Mart\u00ednez Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de esta Colegiatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta Laboral de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, vida en condiciones dignas, seguridad social, integridad personal y \u00abprotecci\u00f3n al adulto mayor\u00bb, presuntamente conculcados por las sedes judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abde[jar] sin valor ni efecto, las providencias emitidas el 15 de mayo de 2013 por el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, 30 de mayo de 2014 del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y 2 de febrero 2021 de la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la H. Corte Suprema de Justicia y se ordene [su] reintegro al cargo de Profesional 1 que ven\u00eda desempe\u00f1ando\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidi\u00f3 \u00abse ratifique la decisi\u00f3n de la H. Corte, con el pago de la indemnizaci\u00f3n convencional indexada\u2026 conforme a la tesis jurisprudencial seg\u00fan la cual: las deudas laborales no se pueden pagar con dinero envilecido o devaluado, por efectos de inflaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Julio C\u00e9sar Mart\u00ednez Rodr\u00edguez inco\u00f3 demanda laboral contra el Banco Popular con el fin de que se ordenara su reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad al cargo de profesional 1 que desempe\u00f1aba o a otro igual o de superior categor\u00eda, as\u00ed como al pago de salarios, seguridad social, la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; subsidiariamente, suplic\u00f3 la reliquidaci\u00f3n de las cesant\u00edas e intereses y el pago de la indemnizaci\u00f3n convencional por terminaci\u00f3n unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, prevista en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de mayo de 1992 y la indemnizaci\u00f3n moratoria prevista en el art\u00edculo 65 del CST. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien con sentencia de 13 de mayo de 2013 neg\u00f3 las pretensiones principales, al tiempo que conden\u00f3 al Banco a reconocer y pagar al promotor la indemnizaci\u00f3n convencional por despido sin justa causa por $125.228.789 y declar\u00f3 probada la compensaci\u00f3n por valor de $14.994.235,38, que recibi\u00f3 el demandante en cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela por concepto de indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; determinaci\u00f3n modificada, en sede de alzada, el 30 de mayo de 2014 por el Tribunal accionado, en punto a aumentar la indemnizaci\u00f3n convencional a $191.847.403,79. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 el quejoso que ambas partes acudieron en casaci\u00f3n, por lo que esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 el fallo seg\u00fan providencia de 2 febrero de 2021 (SL266-2021), y, con auto de 13 de abril siguiente (AL1381-2021) neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n de dicha providencia; determinaciones con las que, en su sentir, se vulneraron sus prerrogativas de primer grado, en la medida en hizo \u00abprimar la forma sobre el fondo del derecho sustancial, rehus\u00e1ndose a ordenar la indexaci\u00f3n de [su] indemnizaci\u00f3n, lo que significa que, el Banco [le] pagar\u00eda dicha suma en el a\u00f1o 2021, con dinero devaluado por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, ya que [su] despido data del 30 de septiembre de 2010, soslayando de contera la principios tuitivos del derecho laboral, entre ellos, el indubio pro operario, y la situaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador (Art. 53 C.N.)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que debe ordenarse el reintegro del cargo, por cuanto se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que la limitaci\u00f3n de una persona no puede ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, menos terminar un contrato laboral sin autorizaci\u00f3n de la Oficina de Trabajo, tal como ocurri\u00f3 en su caso, pues \u00abel empleador debi\u00f3 acudir ante el Ministerio de la Protecci\u00f3n para solicitar el permiso para despedir[lo], y como no lo hizo, concluir que se violaron [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que para cuando lo despidieron del trabajo, se \u00abencontraba en manifiesto y evidente estado de discapacidad\u00bb, tal como lo reconoci\u00f3 el Juzgado 37 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas al fallar una acci\u00f3n de tutela, con la que ampar\u00f3, de manera transitoria, la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 \u00abse declare la ocurrencia de un hecho superado por carencia actual en el objeto al interior de la acci\u00f3n de tutela\u2026 en raz\u00f3n a que, por los motivos enunciados y por las actuaciones surtidas, el expediente objeto de tutela no est\u00e1 en [su] poder, pero a\u00fan as\u00ed, se efectuaron las diligencias correspondientes en aras de que dicho proceso fuera remitido a este Juzgado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de esta Corte relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que la providencia censurada estudi\u00f3 las pruebas denunciadas, entre ellas, las sentencias de tutela; que los cargos segundo y tercero, al igual que el cuarto se ocup\u00f3 de resolver desde lo f\u00e1ctico y desde lo jur\u00eddico, a la libertad del juez frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, indicando que no existe tarifa legal sobre el particular y que por ello el Tribunal no incurri\u00f3 en ning\u00fan error; que el accionante no formul\u00f3 dentro de las pretensiones de la demanda la indexaci\u00f3n de las condenas, raz\u00f3n por la que no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n; que no se vulneraron las prerrogativas del actor; que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional para revivir controversias concluidas. <\/p>\n
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3. El Banco Popular inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; destac\u00f3 que no quebrant\u00f3 las prerrogativas invocadas, sumado a que no existe las v\u00edas de hecho endilgadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que el decurso del asunto ordinario criticado estuvo ajustado al debido proceso, adem\u00e1s, que las resultas desfavorables a la interesada no pod\u00edan dar lugar a una instancia adicional del juicio a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la determinaci\u00f3n reprochada no luce arbitraria, pues si bien el v\u00ednculo laboral hab\u00eda fenecido sin la intervenci\u00f3n previa del Ministerio, tal situaci\u00f3n no demostraba la comisi\u00f3n de los yerros f\u00e1cticos endilgados al Tribunal; adem\u00e1s que, no cualquier tipo de p\u00e9rdida de capacidad laboral del trabajador permite la protecci\u00f3n foral. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que respecto a la indexaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, es una pretensi\u00f3n que no fue esbozada en la demanda de casaci\u00f3n, sumado a que, tal como lo afirm\u00f3 el colegiado accionado con el auto que neg\u00f3 la adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n del fallo, frente a dicha petici\u00f3n no se pronunci\u00f3, toda vez que no fue reparo del promotor en las instancias. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en los argumentos del libelo introductor, a los que adicion\u00f3 que respecto a la indexaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n debe tenerse en cuenta que \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal y no se pueden pagar las deudas con dinero devaluado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente asunto el gestor pretende se declare que las decisiones proferidas el 2 de febrero y 13 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1\u00b0 de esta Colegiatura (SL266-2021 y AL1381-2021), por cuanto no se orden\u00f3 su reintegro inmediato al cargo que fue despedido sin permiso previo del Ministerio de Trabajo; y, por otra parte, no se dispuso la indexaci\u00f3n a la indemnizaci\u00f3n que le fue reconocida a su favor. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, al estudiar las probanzas allegadas al plenario, entre ellas, la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, historia cl\u00ednica, las incapacidades presentadas, el oficio expedido por Seguros de Vida Alfa S.A. sobre la p\u00e9rdida de la capacidad laboral del actor en el 66.10%, el formato de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral expedido por el Grupo interdisciplinario de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral y de origen de Seguros de Vida Alfa y de las que el promotor se doli\u00f3 de una indebida interpretaci\u00f3n, precis\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo (f.\u00b0 291). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
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2. Historia Cl\u00ednica (f.\u00b0 2 y ss., 18 y ss, 81 y ss, y 99). <\/p>\n
Al revisar la Sala la prueba denunciada, observa que ciertamente el actor estuvo hospitalizado en la Cl\u00ednica Vascular Navarra con fecha de ingreso 26 de mayo de 2006 y de egreso el 5 de septiembre del mismo a\u00f1o, lapso en el cual estuvo 42 d\u00edas en la unidad de cuidados intensivos, en donde se le efectuaron varios procedimientos hospitalarios por patolog\u00edas sufridas por el \u00abPROBABLE SINDROME DE GUILLAN BARRE DE EVOLUCI\u00d3N RAPIDA\u00bb, que demuestran que a esa fecha el actor padec\u00eda varias dolencias de salud, que fue lo que aleg\u00f3 la censura al denunciar esta prueba. Sin embargo, de la misma no se puede extraer que para la fecha en la cual el demandante fue despedido, manten\u00eda algunas de las patolog\u00edas all\u00ed identificadas, como quiera que la aludida terminaci\u00f3n del contrato de trabajo del actor ocurri\u00f3 el d\u00eda 30 de septiembre de 2010, poco m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s del diagn\u00f3stico cl\u00ednico contenido en la analizada documental. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Relaci\u00f3n de incapacidades (f.\u00b0 15). <\/p>\n
Sobre la referida prueba la censura afirma que no ha \u00abdebido valorarse por carecer de firma responsable y tratarse de un documento ap\u00f3crifo\u00bb. Para desestimar la glosa endilgada por el recurrente al Tribunal, basta con recordar que el tema atinente a la aducci\u00f3n y validez de los medios probatorios, resultan ser del \u00e1mbito jur\u00eddico, que no fue al que acudi\u00f3 la censura para derruir la sentencia; de otra parte debe advertirse que fue la misma parte actora \u2013 recurrente, la que a trav\u00e9s del escrito de demanda inicial del proceso alleg\u00f3 a \u00e9ste, como prueba documental, la relaci\u00f3n de la que en el estadio casacional se duele y acusa de ap\u00f3crifa, tal como se evidencia en el folio 216 del primer cuaderno, numeral 14. <\/p>\n
De tal suerte que no puede ser de recibo la acusaci\u00f3n enrostrada sobre ese medio de prueba, pues se itera, fue la misma parte demandante la que arrim\u00f3 al expediente dicho medio de persuasi\u00f3n y nunca, en el tr\u00e1mite del proceso, por obvias razones aleg\u00f3 la deficiencia que hoy pretende en forma desacertada poner de presente como un yerro del juez de apelaciones, puesto que s\u00ed la pidi\u00f3 como prueba, la aport\u00f3 y se decret\u00f3 como tal, sin tacha alguna, hoy no se pod\u00eda poner en tela de juicio su valor probatorio como lo pretende el impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Incapacidades de folios 83 a 86. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pruebas atacadas, esto fue lo que sobre ellas expres\u00f3 la censura en la demostraci\u00f3n del cargo: \u00abpor dificultad respiratoria, infecci\u00f3n aguda en v\u00edas respiratorias, fiebre y malestar de fechas 2010\/02\/23, 2010\/03\/10, 2010\/06\/09, 2010\/08\/10, 2010\/09\/10, 2010\/10\/06, 2010\/10\/09 y 2010\/11\/19\u00bb. Como observa la Sala, esa lac\u00f3nica referencia efectuada dej\u00f3 de lado la obligaci\u00f3n que ten\u00eda el impugnante, no solo de identificar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro valorativo endilgado, sino cu\u00e1l ha debido ser el verdadero alcance de las pruebas denunciadas y cu\u00e1l su incidencia en la sentencia gravada, aspectos que brillan por su ausencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los referidos escritos nada aportan para los fines del recurso en la medida que ellos corresponden a la \u00abHistoria Urgencias\u00bb, en las que se consigna la asistencia del demandante consultando por congesti\u00f3n nasal e infecci\u00f3n aguda de v\u00edas respiratorias, el 10 de marzo de 2010 (folio 83 y 84), y por fiebre el 9 de junio de 2010 (folio 85) la que le gener\u00f3 una incapacidad de un d\u00eda (folio 86). <\/p>\n
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5. Recurso de Apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la Sala el discurso argumentativo empleado por la censura se establece que respecto de dicho escrito no se hace precisi\u00f3n de c\u00f3mo su contenido puede evidenciar los yerros endilgados, y por ello observa que no puede la Corte adentrarse en su estudio, ante la inexistencia de los yerros demostrativos de su acusaci\u00f3n. Y aunque en la sustentaci\u00f3n se aludi\u00f3 a que el recurso de marras fue mal valorado por cuanto \u00abla p\u00e9rdida de la capacidad laboral como tema cient\u00edfico, no puede ser secreto, raz\u00f3n por la que el diagn\u00f3stico tramitado por el Banco de folio 448 debi\u00f3 al menos, ser notificado\u00bb esa situaci\u00f3n alegada es un asunto de marcado tinte jur\u00eddico, que no pod\u00eda plantearse por la senda f\u00e1ctica, a m\u00e1s de que no se cumpli\u00f3 por la censura con la obligaci\u00f3n de indicarle a la Sala cu\u00e1l era la incidencia del supuesto dislate f\u00e1ctico en el resultado vertido en la sentencia gravada. <\/p>\n
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6. Oficio del 28 de septiembre de 2007 expedido por Seguros de Vida Alfa S.A. dirigido al demandante sobre p\u00e9rdida de la capacidad laboral del actor en el 66.10% (f.\u00b0 78). <\/p>\n
Con base en la anterior prueba, el recurrente afirma que se puede colegir que al momento de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo del actor \u00e9ste se encontraba \u00aben estado de discapacidad y debilidad manifiesta\u00bb, por las irrebatibles consecuencias del s\u00edndrome Guillain Barr\u00e9, pues \u00abnunca la persona regresar\u00e1 a su estado anterior\u00bb, y que por tanto el Juzgador de la alzada err\u00f3 al considerar que el actor no se encontraba bajo la protecci\u00f3n incoada al momento del despido. <\/p>\n
Al detenerse en el estudio de la aludida prueba documental, la Sala advierte que en efecto de ella se extrae que la gerente de seguridad social de Seguros Alfa S.A. el d\u00eda 28 de septiembre de 2007, le comunic\u00f3 a Mart\u00ednez Rodr\u00edguez a prop\u00f3sito de la petici\u00f3n de pensi\u00f3n de invalidez por \u00e9l formulada a Porvenir S.A., lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] las limitaciones que generan sus patolog\u00edas han sido calificadas por el Grupo Interdisciplinario de Calificaci\u00f3n de P\u00e9rdida de la Capacidad Laboral y origen de Seguros de Vida Alfa S.A. seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 52 de la ley 692 de 2005. <\/p>\n
Seg\u00fan los par\u00e1metros establecidos por el Decreto 917 de 1999 (Manual \u00danico para Calificaci\u00f3n de la Invalidez) se ha calificado una PCL de 66.10% de origen Enfermedad com\u00fan y fecha de estructuraci\u00f3n 18 de junio de 2007. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y de acuerdo con lo establecido en el Art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, esta PCL SI le permite acceder a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica correspondiente. <\/p>\n
Debe entonces acercarse a la oficina de PORVENIR S.A. m\u00e1s cercana e iniciar los tr\u00e1mites pertinentes para gestionar el proceso de pensi\u00f3n por invalidez. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
El an\u00e1lisis de este documento, dada la \u00edntima relaci\u00f3n que existe con los dos siguientes, se har\u00e1 conjunto. <\/p>\n
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7. Formato de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral expedido por el Grupo interdisciplinario de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral y origen de seguros de Vida Alfa S.A. (f.\u00b0 80 y 446 a 447). <\/p>\n
Frente a este medio de convicci\u00f3n, el censor se\u00f1ala que es la \u00ab\u00fanica prueba elocuente de la discapacidad del trabajador del 66.10% milita de folios 78 a 80; tan contundente, que hasta se le exhorta a acercarse a la Oficina de Porvenir para \u201ciniciar los tr\u00e1mites pertinentes para gestionar el proceso de pensi\u00f3n por invalidez\u201d\u00bb y que por tanto se acreditan los errores enunciados en el cargo. <\/p>\n
Tiene raz\u00f3n el recurrente en la contundencia de lo consignado en las documentales enjuiciadas, y habr\u00eda que se\u00f1alar que el juzgador de la alzada se equivoc\u00f3 al decir que, a pesar del contenido del dictamen m\u00e9dico, no contaba con la prueba de la \u00abdiscapacidad o limitaci\u00f3n f\u00edsica en los porcentajes establecidos en el art\u00edculo 7 del Decreto 2463 de 2001\u00bb. <\/p>\n
8. Oficio del 13 de noviembre de 2007 (f.\u00b0 449). <\/p>\n
Con esta comunicaci\u00f3n, la EPS Cafesalud a trav\u00e9s de su auditor m\u00e9dico de la regional Cundinamarca, le informa al banco demandado que, con relaci\u00f3n a la solicitud elevada por esa entidad financiera, sobre el trabajador y en relaci\u00f3n con \u00abla evoluci\u00f3n del caso la informaci\u00f3n del m\u00e9dico fisiatra y para colaborar en proceso de readaptaci\u00f3n al trabajo que viene realizando el se\u00f1or Mart\u00ednez en lo que respecta a qu\u00e9 tipo de secuela presenta el trabajador, qu\u00e9 porcentaje de la perdida de la capacidad laboral le representa, y establecer si las recomendaciones dadas anteriormente se mantienen y de ser as\u00ed por cu\u00e1nto tiempo y si existen recomendaciones definitivas\u00bb, para lo que le anexaban la certificaci\u00f3n emitida por la doctora Olga Mar\u00eda Garc\u00eda Guerrero, m\u00e9dica especialista en salud ocupacional, la cual reposa a folio 448 y en la que textualmente se indica que la p\u00e9rdida de la capacidad laboral del accionante \u00abser\u00eda actualmente del 11.0%. Sin embargo, este porcentaje puede incluso llegar a ser de 0% en un tiempo que no se puede estimar con precisi\u00f3n dado el car\u00e1cter de la patolog\u00eda que padece y teniendo en cuenta su recuperaci\u00f3n consistente y progresiva\u00bb. <\/p>\n
La censura aduce que la anterior documental no era prueba eficaz para demostrar la discapacidad del demandante en la medida que tambi\u00e9n fue emitida antes de la fecha del despido por un \u00abente particular fletado por el mismo Banco y para disipar dudas (Fl. 449), con el que se pretende suplir a la propia EPS y a las Juntas calificadoras establecidas en la ley, lo que es cient\u00edfica y probatoriamente desacertado\u00bb y que por ende, no era la llamada a probar la situaci\u00f3n f\u00edsica del accionante al momento en que se culmin\u00f3 la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Con independencia del an\u00e1lisis sobre de la validez del documento denunciado, que por ser un tema jur\u00eddico no puede abordarse en la v\u00eda de ataque seleccionado, la Sala advierte que en efecto el sentenciador, aun bajo las facultades del art\u00edculo 61 del CPTSS, incurri\u00f3 en error al dar preponderancia a un concepto emitido el 2 de octubre de 2007 por uno de los m\u00e9dicos de la EPS a la que estaba afiliado el demandante, antes que al dictamen proferido el 26 de septiembre del mismo a\u00f1o por un grupo interdisciplinario de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral, y afirmar que de ninguno de ellos se generaba el amparo solicitado. <\/p>\n
Con dicha posici\u00f3n el juzgador desconoci\u00f3 que los referidos documentos fueron emitidos, ambos, en fechas distantes de aquella en que se dio por terminado el v\u00ednculo contractual, adem\u00e1s dej\u00f3 de sopesar que uno se le dirigi\u00f3 al demandante sin que aparezca prueba del env\u00edo de copia al empleador, y el restante dirigido al Banco sin constancia de ser conocido por el trabajador; as\u00ed mismo que el elaborado en septiembre de 2007 obedec\u00eda al examen f\u00edsico realizado al paciente por expertos en el tema, en tanto que para el expedido por la EPS no hab\u00eda mediado la revisi\u00f3n f\u00edsica del trabajador y correspond\u00eda a un concepto m\u00e9dico expedido por alguien ajeno a los llamados a calificar la p\u00e9rdida de la capacidad laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo ser\u00eda fundado, sin embargo, en instancia la Sala llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria, a la que arrib\u00f3 el juzgador de segundo grado, respecto a esta pretensi\u00f3n, pues al estudiar en conjunto todo el caudal probatorio se establece que el trabajador s\u00ed recuper\u00f3 su capacidad de trabajo al punto que fue reintegrado a sus labores, y que, de manera expl\u00edcita una vez fue despedido, insisti\u00f3 en que se le reincorporara, lo que descarta de plano su discapacidad en dicho momento, por lo menos con el porcentaje del 66.6% fijado por el grupo interdisciplinario. <\/p>\n
En efecto, encuentra la Sala la comunicaci\u00f3n emitida por Cafesalud, que era la EPS a la que estaba afiliado el actor, fechada el 1\u00b0 de diciembre de 2006, (f.\u00b0 1) que relata que aquel se encontraba en tratamiento m\u00e9dico y que su rehabilitaci\u00f3n ten\u00eda un pron\u00f3stico \u00abBUENO\u00bb y que \u00abNO CUMPLE CRITERIO DE PENSI\u00d3N POR INVALIDEZ, POR EL MOMENTO\u00bb recomend\u00e1ndosele entre otras cosas, continuar con el manejo m\u00e9dico por parte de la EPS, mantener la incapacidad temporal de conformidad con el Decreto 2436 de 2001, art\u00edculo 23, informar a la AFP y efectuar valoraci\u00f3n cada 3 meses por medicina laboral. <\/p>\n
Y la comunicaci\u00f3n que milita a folio 6, expedida por Cafesalud EPS fechada el 18 de julio de 2007, consigna la franca mejor\u00eda del demandante al punto que refleja que se encontraba en la \u00abfase final de rehabilitaci\u00f3n\u00bb, y como ya se enunci\u00f3, que fue reincorporado al trabajo, aunque con algunas limitaciones, por lo que se suger\u00eda disminuci\u00f3n en su jornada de trabajo, lo que significa que aquel dej\u00f3 de estar incapacitado no obstante el seguimiento de algunas recomendaciones. <\/p>\n
En el mismo sentido, a trav\u00e9s del escrito que reposa a folio 11, fechado el 8 de septiembre de 2008, emitido por la EPS Cafesalud la m\u00e9dica especialista en salud ocupacional reporta que el actor contin\u00faa prestando servicios a su empleador, con algunas recomendaciones \u00abPOR UN PERIODO ADICIONAL DE 6 MESES\u00bb; en igual sentido la que obra a folio 14 calendada 19 de marzo de 2009. <\/p>\n
Igualmente, la relaci\u00f3n de incapacidades m\u00e9dicas del accionante reportadas al Banco, que reposa a folio 15 del expediente, da cuenta que aquel fue incapacitado por s\u00edndrome de Guillain \u2013 Barr\u00e9 desde el 26 de mayo de 2006 hasta el 18 de junio de 2007, y de all\u00ed en adelante no volvi\u00f3 a serlo sino hasta el 10 de marzo de 2010 por dos d\u00edas y por infecci\u00f3n aguda. <\/p>\n
El anterior escenario m\u00e9dico le permite a la Sala inferir que, aunque el trabajador sufri\u00f3 el s\u00edndrome a ra\u00edz del cual se le calific\u00f3 por parte del grupo interdisciplinario con p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 66.10%, evolucion\u00f3 favorablemente, al punto que pudo volver a reintegrarse a sus actividades laborales, lo que le gener\u00f3 al empleador la certeza de su rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, no se puede afirmar en contra de lo demostrado, que el trabajador continuaba con la misma PCL establecida el 18 de junio de 2007 (fecha de la estructuraci\u00f3n de esta), al momento de la terminaci\u00f3n del contrato, pues de no otra forma hubiera peticionado, el 25 de octubre de 2010, que en atenci\u00f3n a la \u00abinvitaci\u00f3n\u00bb del Banco, \u00abgustosamente le manifiesto que acepto, porque efectivamente mi despido dispuesto por carta del 30 de septiembre de 2010, fue injusto. Queda claro que dicho reintegro se acepta de manera incondicional y a partir de la fecha que disponga la entidad\u00bb (negrillas fuera de texto) como da cuenta la documental de folio 97. <\/p>\n
No est\u00e1 por dem\u00e1s memorar que no es cualquier tipo de p\u00e9rdida de la capacidad laboral del trabajador la que permite la protecci\u00f3n foral que aqu\u00ed se persigue, como se indic\u00f3 en la providencia CSJ SL, ago. 2017, rad. 67595\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El anterior precedente fue reiterado en la sentencia 35606 de 2009, donde sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con la sentencia en precedencia [32532 de 2008] para que un trabajador acceda a la indemnizaci\u00f3n estatuida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hip\u00f3tesis: a) con una limitaci\u00f3n \u201cmoderada\u201d, que corresponde a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) \u201csevera\u201d, mayor al 25% pero inferior al 50% de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, o c) \u201cprofunda\u201d cuando el grado de minusval\u00eda supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relaci\u00f3n laboral \u201cpor raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n f\u00edsica\u201d y sin previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, en la sentencia 38993 del 3 de noviembre de 2010, esta Sala le dio la raz\u00f3n al tribunal en haber negado la protecci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 en comento, no solo porque el actor ten\u00eda una discapacidad dentro del rango de moderada (21.55%), sino tambi\u00e9n porque \u201c\u2026la desvinculaci\u00f3n del actor no se produjo por raz\u00f3n de la p\u00e9rdida de su capacidad laboral, sino en virtud de haberse prolongado la incapacidad por m\u00e1s de 180 d\u00edas sin que hubiera sido posible su recuperaci\u00f3n, causal que se encuentra prevista como justa causa de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, en el numeral 15 del aparte a) del art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2351 de 1965\u201d. Si bien en las consideraciones se anot\u00f3 \u201c\u2026en efecto, ya esta Corporaci\u00f3n ha fijado su criterio en torno al tema relacionado con la aplicaci\u00f3n de la Ley 361 de 1997, en el sentido que ella est\u00e1 dise\u00f1ada para garantizar la asistencia y protecci\u00f3n necesaria de las personas con limitaciones \u2018severas y profundas\u2019, pues as\u00ed lo establece el art\u00edculo 1\u00ba, al referirse a los principios que la inspiran y al se\u00f1alar sus destinatarios, en cuanto son las personas consideradas discapacitadas, esto es, aquellas que tengan un grado de minusval\u00eda o invalidez superior a la limitaci\u00f3n moderada, pues la sola circunstancia de que el trabajador sufra alguna enfermedad que lo haya incapacitado temporalmente para laborar, no lo hace merecedor a esa especial garant\u00eda de estabilidad reforzada\u201d, el \u00e1nimo de la Sala no fue el de apartarse del precedente 32532 de 2008 precitado, pues, justamente, a rengl\u00f3n seguido, se aludi\u00f3 a \u00e9l, para reforzar su decisi\u00f3n, sin hacer salvedad alguna, as\u00ed: \u201cPrecisamente, la Corte en Sentencia del 15 de julio de 2008, radicaci\u00f3n 32532, reiterada en las del 25 de marzo de 2009, rad. 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235, entre otras, al fijar el alcance del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, expres\u00f3\u2026\u201d <\/p>\n
En todo caso, para despejar cualquier duda que puede suscitar la precitada sentencia en cuanto al nivel de limitaci\u00f3n requerido para el goce de la protecci\u00f3n en cuesti\u00f3n, esta Sala reitera su posici\u00f3n contenida en la sentencia 32532 de 2008, consistente en que no cualquier discapacidad est\u00e1 cobijada por el manto de la estabilidad reforzada previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; dicha acci\u00f3n afirmativa se justifica y es proporcional en aquellos casos donde la gravedad de la discapacidad necesita protecci\u00f3n especial para efectos de que los trabajadores afectados con ella no sea excluidos del \u00e1mbito del trabajo, pues, hist\u00f3ricamente, las discapacidades leves que podr\u00eda padecer un buen n\u00famero de la poblaci\u00f3n no son las que ha sido objeto de discriminaci\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, considera la Sala que el legislador fij\u00f3 los niveles de limitaci\u00f3n moderada, severa y profunda (art\u00edculo 5\u00ba reglamentado por el art\u00edculo 7\u00ba del D. 2463 de 2001), a partir del 15% de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, con el fin de justificar la acci\u00f3n afirmativa en cuesti\u00f3n, en principio, a quienes clasifiquen en dichos niveles; de no haberse fijado, por el legislador, este tope inicial, se llegar\u00eda al extremo de reconocer la estabilidad reforzada de manera general y no como excepci\u00f3n, dado que bastar\u00eda la p\u00e9rdida de la capacidad en un 1% para tener derecho al reintegro por haber sido despedido, sin la autorizaci\u00f3n del ministerio del ramo respectivo. De esta manera, desaparecer\u00eda la facultad del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente, lo que no es el objetivo de la norma en comento. <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, la Corte ha precisado que no es necesario que el trabajador est\u00e9 previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que se le identifique de esa manera en un carn\u00e9, como el que regula el art\u00edculo 5 de la Ley 361 de 1997, pues lo importante es que padezca una situaci\u00f3n de discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador, para que se activen las garant\u00edas que resguardan su estabilidad. \u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pruebas no valoradas: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sentencias de primero y segundo grado proferidas por los Jueces Constitucionales (f.\u00b0 139 a 155) y (f.\u00b0. 156 a 163). <\/p>\n
En dos apartes del escrito de sustentaci\u00f3n del cargo, el recurrente alude a las sentencias de tutela denunciadas como inestimadas por el Tribunal, la cita de folio 15, primer inciso e igualmente primer inciso folio 21 del cuaderno de la Corte. <\/p>\n
Dice el recurrente que con base en ellas se reconoci\u00f3 el estado de discapacidad del trabajador al momento del despido. Al revisar la Corte dichas providencias en particular la de segunda instancia, constata que, si bien el juez constitucional de segundo grado se\u00f1al\u00f3 que, aunque inicialmente se dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del actor del 66.10%, \u00abdada la recuperaci\u00f3n presentada\u00bb por el demandante recurrente, pod\u00eda rebajarse la PCL al 11% lo que de todas maneras \u00absignificaba una disminuci\u00f3n en su capacidad org\u00e1nica y de trabajo\u00bb, que obligaba previamente la autorizaci\u00f3n del ente gubernamental para despedirlo. <\/p>\n
En consecuencia, si bien es cierto que para la jurisdicci\u00f3n constitucional pudo existir esa discapacidad, lo cierto es que como ella misma lo se\u00f1al\u00f3, lo era en el 11%, que fue ciertamente lo que encontr\u00f3 acreditado el Tribunal, quien agreg\u00f3 que \u00abno presentaba una discapacidad o limitaci\u00f3n f\u00edsica en los porcentajes establecidos en el art\u00edculo 7\u00b0 del decreto 2463 de 2001\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no sobra advertir que no es cierto que el juez de apelaciones no hubiera valorado las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por la jurisdicci\u00f3n constitucional, pues basta remitirse al folio 39 del cuaderno de segunda instancia para verificar lo contrario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Evoluci\u00f3n hist\u00f3rica consulta externa de folios 100 y 104 a 106. <\/p>\n
En los folios acusados cuya fecha en su orden es 19 de noviembre de 2010 y 5 de febrero de 2011, se evidencia en relaci\u00f3n con la primera, la concurrencia del trabajador al servicio de urgencias por una infecci\u00f3n sin especificar cu\u00e1l, y con la segunda, que el actor fue a consulta externa por control de hipotiroidismo y arritmia cardiaca que se presenta desde \u00abhace una semana\u00bb, adem\u00e1s de registrar los antecedentes del s\u00edndrome de Guillain Barr\u00e9; de suerte que de esas documentales no acreditan la discapacidad en los porcentajes necesarios de que trata el art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2463 de 2001, que fue la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el Tribunal, como se dej\u00f3 visto en el inciso inmediatamente anterior. <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando el recurrente menciona otras pruebas por fuera de las que list\u00f3 como mal apreciadas y no valoradas, a las que ya se refiri\u00f3 la Corte, sin embargo, al revisar las de folios 10 a 18, se observa que todas ellas reflejan las secuelas que dej\u00f3 el s\u00edndrome Guillain Barr\u00e9, pero tambi\u00e9n que aquellas se han venido tratando con rehabilitaci\u00f3n; incluso se menciona en el folio 11, que est\u00e1 en la \u00abFASE FINAL DE REHABILITACI\u00d3N\u00bb, documentos que en todo caso tienen como fecha una muy distante a la de la extinci\u00f3n del contrato de trabajo, lo que no permite objetivamente verificar si para 30 de septiembre de 2010, esas secuelas y deficiencias en la salud del actor, persist\u00edan y menos la gravedad o complejidad de las mismas. <\/p>\n
Cuando en la documental de folio 14 del primer cuaderno, de fecha 19 de marzo de 2009 se alude que las recomendaciones all\u00ed contenidas son \u00abPOR UN PERIODO INDEFINIDO DADO EL ESTABLECIMIENTO DE SECUELAS Y PARA PERMITIR EL ADECUADO DESEMPE\u00d1O Y LA MEJORIA DEL DOLOR ASI COMO CONTINUIDAD DE REHABILITACI\u00d3N POR EPS\u00bb, esa circunstancia no acredita que 18 meses despu\u00e9s, cuando se termin\u00f3 el contrato, todav\u00eda estuvieran presentes, m\u00e1xime si como all\u00ed se plasm\u00f3 se segu\u00eda en la rehabilitaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
A igual conclusi\u00f3n que la vertida en el inciso anterior, se llega del estudio de los folios 63 y 64, cuya fecha es 15 de julio de 2006 y que contienen el estudio de electro diagn\u00f3stico expedido por la Cl\u00ednica Juan N Corpas Ltda. <\/p>\n
Seguidamente, al estudiar en conjunto los cargos segundo y tercero formulados por el actor, con los que pretende demostrar errores de hecho y de derecho, pues alega que para el momento de su despido presentaba una disminuci\u00f3n de su capacidad laboral o limitaci\u00f3n del 66.10%, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026ya esta Corporaci\u00f3n en el numeral 6. contenido en las consideraciones para resolver el primer cargo, se detuvo en el an\u00e1lisis del mismo documento que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, sobre el que concluy\u00f3 que el mismo no lograba evidenciar, contrario a lo afirmado por la censura, que al momento de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo del demandante el 30 de septiembre de 2010, la PCL del actor correspond\u00eda al 66.10%, raz\u00f3n por la cual a esa misma conclusi\u00f3n se remite la Sala para resolver el embate formulado. <\/p>\n
Ahora bien, al margen de lo anterior, tambi\u00e9n el censor aduce que el juez de apelaciones err\u00f3 al darle mayor valor probatorio al documento suscrito por la \u00abm\u00e9dica particular\u00bb que al emitido por el comit\u00e9 interdisciplinario insistiendo en que el primero fue expedido a petici\u00f3n de la demandada y elaborado por un particular, aspectos que tambi\u00e9n fueron ya resueltos en el numeral 7 del ac\u00e1pite anterior y que como se anot\u00f3, no logr\u00f3 acreditar la censura. <\/p>\n
En cuanto al supuesto error de derecho en el que habr\u00eda incurrido la segunda instancia por haber dado por demostrado un hecho con un medio probatorio no permitido por la ley, es pertinente recordar que tal dislate se configura cuando el juzgador da por acreditado un hecho con una prueba ordinaria o simple, a pesar de que la ley exija una solemne y cuando existiendo en el expediente tal medio de convicci\u00f3n no la considera. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior y como la censura alega que para acreditar la limitaci\u00f3n o discapacidad del trabajador se debi\u00f3 tener en cuenta el documento emitido por el comit\u00e9 interdisciplinario \u00abpor imperativo legal\u00bb, para luego se\u00f1alar que esa prueba es exclusivamente el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez y en segunda instancia la Nacional, es preciso decir que se equivoca el censor puesto que como se ha adoctrinado, por regla general en trat\u00e1ndose de demostrar la discapacidad o p\u00e9rdida de la capacidad laboral del trabajador, existe libertad probatoria, lo que desecha la posibilidad de haberse incurrido en un yerro de derecho como el que dice la censura, sin desconocer la importancia t\u00e9cnica del dictamen, que se itera, no lo convierte en exclusivo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, al poder demostrarse con cualquier medio probatorio la limitaci\u00f3n o discapacidad del trabajador, y no a trav\u00e9s de la existencia de tarifa legal al respecto, no incurri\u00f3 el Tribunal en el error de derecho que se endilg\u00f3, como tampoco en los f\u00e1cticos enrostrados, como ya se dej\u00f3 claro. <\/p>\n
Finalmente, respecto del cargo cuarto expuesto por el promotor, de cara a la valoraci\u00f3n dada a la certificaci\u00f3n m\u00e9dica que indic\u00f3 que para el momento de su despido su disminuci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral era de un 11%, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
la preeminencia probatoria de un medio de convicci\u00f3n sobre otro, que fue tambi\u00e9n en lo medular lo que la Corte resolvi\u00f3 al estudiar el tercer embate y concluir que no existe tarifa legal de prueba para demostrar la p\u00e9rdida de la capacidad laboral del trabajador, haci\u00e9ndose alusi\u00f3n a la regla general en trat\u00e1ndose de demostrar la discapacidad o p\u00e9rdida de la capacidad laboral, sobre la existencia de la libertad probatoria y desechando all\u00ed, haberse incurrido en el yerro de derecho que se le endilg\u00f3 al Tribunal en ese cargo. <\/p>\n
Por manera que esas mismas consideraciones, sirven ahora a la Sala para concluir que no err\u00f3 el sentenciador al haberle dado valor probatorio al documento con origen en la EPS en la que estaba afiliado el actor, que establec\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 11%, por sobre el que establec\u00eda una del 66.10%; m\u00e1xime si de conformidad con el art\u00edculo 61 del CPTSS, el juzgador goza de libertad para privilegiar un medio de persuasi\u00f3n sobre otro. (\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por otra parte, frente a la indexaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n reconocida a favor del gestor, el colegiado querellado, al estudiar la petici\u00f3n de adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n del fallo, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026si la Sala no se pronunci\u00f3 sobre la indexaci\u00f3n, ello se debi\u00f3 a que no fue un tema sometido a su consideraci\u00f3n, habida cuenta que no hizo parte del planteamiento en ninguno de los cargos del recurso extraordinario que se definieron. <\/p>\n
De otro lado no puede olvidarse que tal y como se destac\u00f3 al precisar las pretensiones que dieron origen al conflicto, en ellas no se consagr\u00f3 la que hoy echa de menos el apoderado, ni tampoco se hizo alusi\u00f3n a ella en la apelaci\u00f3n y mucho menos, se itera, en el recurso extraordinario, lo que imped\u00eda que la Corte se pronunciara sobre el particular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea el promotor del amparo es una diferencia de criterio acerca de la manera en la que la Corporaci\u00f3n enjuiciada analiz\u00f3 e interpret\u00f3 los cargos formulados, concluyendo que si bien el v\u00ednculo laboral demandado feneci\u00f3 sin la intervenci\u00f3n previa del Ministerio del Trabajo, lo cierto es que para el momento del despido no pod\u00eda ser considerado sujeto de protecci\u00f3n, pues, adem\u00e1s de que no cualquier tipo de p\u00e9rdida de capacidad laboral del trabajador permite la protecci\u00f3n foral, tambi\u00e9n qued\u00f3 demostrado que para el momento de la desvinculaci\u00f3n laboral el promotor hab\u00eda evolucionado favorablemente a su diagn\u00f3stico m\u00e9dico, al punto que se reintegr\u00f3 a sus actividades laborales, con lo que se demuestra que la p\u00e9rdida de capacidad laboral dictaminada en 2007, es diferente a la de 2010; por otra parte, no hab\u00eda lugar a emitir pronunciamiento respecto a la indexaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n reconocida, pues, no fue planteada en los cargos del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sumado a que no fue expuesto como pretensi\u00f3n inicial, as\u00ed como tampoco se plante\u00f3 en el remedio de alzada; de ah\u00ed que, imped\u00eda a la Corte emitir pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC13203-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13203-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00991-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de octubre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-58282","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58282"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58282\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}